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Razones para ser un romántico del papel

julio 23, 2014

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El mañana hoy

julio 21, 2014

Rafael Uzcátegui

En su reciente libro “Anarquismo es movimiento” el pensador ibérico Tomás Ibañéz hace una interesante reflexión sobre los dilemas y potencialidades de un cambio social que, tomando en cuenta los errores del pasado, enfrente los retos del presente. Varios de sus desarrollos son pertinentes para asumir la transición postchavista entre nosotros. Tras hacer un repaso de algunos de los movimientos sociales contemporáneos, Ibáñez afirma que su carácter “prefigurativo” es una de sus características más resaltantes. Por “prefigurativo” entiende que dichos emprendimientos intentan funcionar, aquí y ahora, con los valores y principios que proponen para lo que entienden como mejor sociedad. El inventario comprende los principios antijerárquicos, las prácticas no autoritarias. Las formas de organización horizontal, la capacidad de emprender luchas con tonalidades libertarias y el recelo a todos los dispositivos de poder. “Estos movimientos –nos detalla- reinventan en sus luchas unas formas políticas antijerárquicas, anticentralistas y antirepresentativistas, tanto respecto a los métodos de decisión, formas de organización y las modalidades que revisten sus acciones”.

El autor contrapone esta vocación a esos movimientos que prometiendo un futuro para todos, garantizan un presente lleno de penurias para muchos con privilegios para unos pocos. Sus argumentos cuestionan el corazón de eso que denominan en Venezuela “El Proceso”. En palabras de Ibáñez “una escatología que se esfuerza por supeditar la vida a la promesa de vivir y por justificar todos los sufrimientos y todas las renuncias en nombre de una abstracción”. Sin embargo en este punto específico Chávez y Maduro son diferentes. Mientras el caudillo de Sabaneta prometía un horizonte llamado “Socialismo del Siglo XXI” –Como se leyó en una pared “Con hambre y sin empleo con Chávez me resteo”- el ex sindicalista del Metro de Caracas sólo tiene un ayer para ofrecer: La vuelta a los supuestos días paradisíacos cuando gobernaba Hugo Chávez. El madurismo no intenta seducir con utopías sino con nostalgias. Por eso el bolivarianismo hoy es un movimiento lleno de pasado. A los replicantes nos ha quedado el futuro.

Las iniciativas que promovamos para reconstruir los tejidos y vínculos entre la gente deben funcionar, en pequeño, con los principios y valores que propongamos para lo grande: Ser “prefigurativos” de la nueva sociedad que deseamos para nuestros afectos. Se acabaron los tiempos en que las demandas quedaban “para el día después” –de la “revolución” o de ganar las elecciones-. Todas y cada una de las agendas parciales y sectoriales (estudiantiles, de mujeres, indígenas, campesinas, urbanas, lúdicas y contraculturales) deben expandirse y ponerse en movimiento hoy: los fines deben estar contenidos en los medios. Los resultados de aplicar la fórmula contraria son suficientemente conocidos. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

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Mujeres rechazan minería en la Gran Sabana

julio 21, 2014

women-shareRafael Uzcátegui

El 10 de febrero de 2013 se realizó en la Gran Sabana una trascendental reunión de 5 horas. Sus asistentes fueron el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez; el comandante de la FANB, Wilmer Barrientos; La ministra de pueblos Indígena, Aloha Núñez y varios capitanes indígenas de la zona, quienes son las autoridades tradicionales de las comunidades, mayoritariamente de la etnia pemón. Uno de los acuerdos del cónclave fue la promoción de la actividad minera “artesanal” en territorios indígenas bajo la supervisión de los capitanes generales. En la reunión los propios indígenas se comprometieron a trabajar de forma responsable, recuperando las áreas intervenidas y trabajando con equipos de “baja cilindrada” para sustentarse y alimentar a sus familias sin dañar la naturaleza. Desde ese día cada vez más indígenas han abandonado sus economías tradicionales para incorporarse a la búsqueda de oro y diamante. No obstante, las evidencias de la destrucción ambiental son evidentes, pues la pequeña minería sólo se diferencia de la grande por sus volúmenes de extracción. La deforestación y el uso de mercurio, en menos intensidad, siguen estando presentes.

Mientras los hombres han sido seducidos por las minas, que les permitirían acceder al estilo de vida y consumo de los citadinos, las mujeres indígenas han sido testigos de las consecuencias: Aparición de enfermedades antes inexistentes, aumento de la violencia en las comunidades (agresiones, homicidios y violaciones), tráfico de drogas y acentuación del alcoholismo, así como la prostitución de mujeres y niñas. Los cambios culturales y sociales experimentados dentro de las comunidades, hoy aledañas a las minas, escandalizaría a un estudiante de antropología de primer semestre. El progresivo asentamiento de mineros profesionales y garimpeiros es otra realidad. Y hay quienes afirman en voz baja, por temor a las represalias, que los indígenas que defienden la minería en realidad son sus trabajadores, contratados en condiciones que recuerdan los días de colonización. La estrategia ha sido efectiva: Para poder escudriñar las entrañas de las tierras de pueblos originarios, convierte a los indígenas en mineros.

Las mujeres son las que han resistido el avance de la minería en la Gran Sabana, pero las retaliaciones y amenazas han sido tantas, que no podemos revelar sus nombres. Ellas nos contaron como una se levantó y expresó en una reunión “Vengo aquí a hablar como mujer, como madre del sector 7 porque me duele lo que estoy oyendo de nuestros capitanes. Hablo por el sector 7 donde vivo y allí no veo que la minería sea la gran maravilla que dicen. Allí veo contaminación de los ríos donde los niños ya no se pueden bañar y no podemos tomar agua. Allí veo paludismo y contaminación por mercurio, prostitución, asesinatos. Lo que dicen estos capitanes ni siquiera ha sido consultado a sus comunidades, no hubo consulta previa”. Si no bastan estas razones, lo que ocurre allí viola la Constitución, leyes de fronteras, aguas y la propia Ley de Pueblos Indígenas (LOPCI).  (Publicado en Diario 2001)

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Niños migrantes y Barack Obama

julio 16, 2014

Rafael Uzcátegui

Durante la crisis humanitaria originada en el 2005 por las consecuencias del Huracán Katrina en Nueva Orleans, Barack Obama fue uno de los críticos más agudos de la administración Bush. El futuro presidente en aquel momento acusó al Ejecutivo de abandonar a su suerte a las familias sin techo, lo cual avivó la polémica por la respuesta gubernamental a la tragedia. Hoy, la propuesta sobre aumentar las competencias oficiales para deportar rápidamente a niños migrantes detenidos en suelo estadounidense, ha originado un revuelo que ha comenzado a conocerse como el “Katrina de Obama”.

La llegada al poder de un presidente de origen afroamericano en Washington despertó expectativas sobre la implementación de políticas con enfoque en derechos humanos. Obama planteó durante su campaña la necesidad de cerrar la base militar de Guantánamo, oferta que como ha recordado Amnistía Internacional sigue sin cumplirse. El trato a los inmigrantes debe incluirse en la lista de falsas esperanzas de la administración norteamericana. Según las estimaciones 11,5 millones de inmigrantes sin papeles viven y trabajan actualmente en Estados Unidos. A pesar que en el 2011 anunció reformar al sistema inmigratorio y medidas para suavizar las políticas de deportación, en la campaña para su reelección, en su primer período presidencial expulsó del país casi la misma cantidad que su predecesor lo había hecho en ocho años, 1.57 millones de personas.

Los latinos, la mayor minoría y de crecimiento más rápido en Norteamérica, actualmente superan los 50,5 millones de personas, un 16,3% de la población, según el censo del 2010. La Casa Blanca ha difundido que 90.000 niños migrantes no acompañados cruzarán la frontera entre Estados Unidos y México en 2014, 10 veces más el número que cruzó en 2011. Además, afirman que miles de niños más han cruzado acompañados de un solo padre, lo que también supone un aumento respecto a años anteriores. Esta sería la razón por la cual, el pasado 08 de julio, el presidente Obama solicitó al Congreso $3,700 millones para responder de forma integral a lo que calificó como crisis humanitaria en su frontera sur. Según las autoridades, el paquete de fondos adicionales solicitado se sustentaría en cuatro pilares: la “disuasión” de la inmigración ilegal; la interdicción y enjuiciamiento de redes criminales; mejoras en los programas de repatriación de los indocumentados, y un incremento en los centros de detención, cuidado y transporte de los niños indocumentados no acompañados.

Diferentes organizaciones y activistas han cuestionado la solicitud de celeridad para devolver a niños migrantes a sus países, debido los riesgos que supone. Clara Long, investigadora de Human Rights Watch declaró: “La política del gobierno de EE.UU. de detener a niños en grandes cantidades perjudica a los menores e incumple las normas internacionales. El Congreso debería explorar alternativas a la detención como las que emplean con éxito otros países que tienen experiencia en auges de cruces fronterizos de este tipo”. Cualquiera que sea el resultado final de este debate, se deben respetar los principios internacionales que protegen a este tipo de infantes: El interés superior del niño y la niña; Igualdad y no discriminación –que incluye violaciones a las garantías al debido proceso-; El derecho a expresar su opinión y ser oído así como las debidas protecciones a su derecho a la vida.  (Publicado en Contrapunto)

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Infografía: 10 argumentos en DDHH para rechazar la militarización dde Venezuela

julio 16, 2014

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Militarismo y extractivismo

julio 14, 2014

sarayRafael Uzcátegui

En la actualidad América Latina tiene gobiernos de todo el espectro ideológico: De derecha, centro e izquierda. No obstante, todos comparten un mismo modelo de desarrollo: El “progreso” basado en una intensiva industrialización de sus países como consecuencia de profundizar la economía extractivista.

Extractivismo es una forma de organizar la economía de un país basada principalmente en 4 características: 1) Alta dependencia de la extracción intensiva de Recursos Naturales (pueden ser minerales o naturales) 2) Es realizada en grandes volúmenes (tendencia a la monoproducción / monocultivo), 3) Con muy bajo procesamiento (valor agregado, en inglés “commodities”) y 4) destinado para su venta en el exterior (exportación).

La expansión actual del extractivismo en la región ocurre independientemente de la ideología de los gobiernos nacionales, los cuales han revigorizado el papel de los Estados como reguladores de los capitales dentro de sus territorios. Entonces, junto a las compañías transnacionales los Estados nacionales son un actor importante en el estímulo del extractivismo en la región.

Algunos datos. Para el año 2013, según el ranking realizado por la revista America Economía, de las 10 empresas más grandes de América Latina 7 realizaban actividades extractivas (Petróleo, gas, minería y agroindustria) y 5 eran de propiedad estatal. Las tres primeras eran empresas energéticas estatales, en orden 1) Petrobras (Brasil), 2) Pemex (México) y 3) PDVSA (Venezuela). Para el 2011 el mayor volumen de exportación de las 500 mayores empresas de la región era para minería, un 28%, seguido por las agroindustrias en 12%, la industria automotriz en 12% y el sector petróleo-gas en 10%. Como consecuencia de la demanda de sus recursos naturales y energéticos según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el 2012 la región mostró su porcentaje de pobreza más bajo de sus últimos 30 años, un 28,8%.

El extractivismo en Latinoamérica necesita la militarización de los territorios ricos en recursos a ser explotados por la megaminería o la agroindustria. Es fácilmente constatable la presencia física de los ejércitos para “cuidar” los negocios, declarando las industrias como de “interés nacional” y aplicando una lógica de ocupación de guerra en los espacios. Por ello es que en todos y cada uno de los países se viola el derecho a que las comunidades indígenas y campesinas sean consultadas previamente sobre estas actividades de alto impacto sobre sus tierras. La mexicana Ana Cerceña dice: “hay que entender que la militarización no es sólo poner un soldado o una base militar en algún lugar, sino convertir las políticas en políticas con visión militarista, en políticas con visión de enemigo”. Y estas políticas con visión de enemigo han traído consigo la criminalización de la protesta, que es un proceso común a casi todos los países de la región. Para que el extractivismo exista debe existir una militarización que discipline a la sociedad en su rol de maquila energética.  (Publicado en Diario 2001)

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¿Qué pasa en la Guajira venezolana?

julio 8, 2014

 

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira emitió un pronunciamiento denunciando excesos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en territorios indígenas del Zulia. La situación en este pedazo de la frontera colombo-venezolana, no obstante, se repite actualmente en todos los límites nacionales, en Táchira y Bolívar, relacionados con la extracción de alimentos y otros bienes de consumo masivo. Debido a los desajustes de la economía nacional respecto a la de sus vecinos, transportar un producto de un lado a otro de la línea limítrofe puede significar venderlo por 10 veces su valor. Por ello el gobierno ha responsabilizado a los contrabandistas del desabastecimiento de productos en zonas de frontera. Como han señalado diferentes analistas no es el contrabando al menudeo a quien hay que controlar, sino las grandes remesas que transitan por carreteras con la anuencia de las autoridades, en una cadena de corrupción que dejando “propinas” en todos sus eslabones sigue siendo rentable para sus promotores. El foco puesto en los “peces chicos” deja una sombra indeleble de violaciones a los derechos humanos y diferentes abusos de poder.

De manera similar a lo que ocurre todos los días en Santa Elena de Uairén o San Antonio del Táchira, el Comité denunció como la GNB realiza operativos en comunidades wayúu violando el debido proceso, realizando detenciones arbitrarias y extorsionando a los habitantes. En el caso del estado Zulia, el profesor universitario José Quintero Weir advirtió que se ha venido profundizando un proceso de criminalización directa contra el pueblo wayuu bajo la justificación del combate al “bachaquerismo” –como se denomina en la zona la venta de productos de un lado a otro de la frontera estatal-. En su opinión el fenómeno del contrabando forma parte de una realidad producida por una economía nacional deprimida, que posibilita la aparición de mafias asociadas al tráfico de alimentos y gasolina. “Los wayuu no son los responsables de la situación, el responsable es la economía. Aquí hay grupos de poder involucrados, sin embargo, el Estado criminaliza a priori a los indígenas” dijo Weir. “Para el gobierno todo wayuu es sospechoso de ser un criminal. Van más de una treintena de muertos por esta situación” denunció. Weir apuntó que detrás de este acelerado proceso de criminalización y persecución, se esconde la intención de despojarlos del territorio que habitan, para entregarlos en concesión a las transnacionales carboníferas. “Tenemos que llamar la atención sobre esta arremetida contra el pueblo wayuu, que es el pueblo que está ocupando los territorios en donde se pretende explotar dos grandes minas de carbón, para la creación de carboeléctricas en el estado Zulia, en eso es que hay que llamar la atención” enfatizó.

Una de las consecuencias de esta situación ha sido la militarización de la media y alta guajira, bajo el argumento de controlar los productos que circulen por el territorio. Tras la decisión las historias sobre extorsión, maltratos a la población y detenciones indiscriminadas se han multiplicado. Por ello, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha solicitado una investigación a los funcionarios militares en los siguientes términos: “A la Fiscalía 45 del Estado Zulia de los derechos fundamentales , que aperture una investigación exhaustiva al Grupo de Caballería Motorizada G/D Francisco Esteban Gomez, con sede en Cojoro , comandado por el Teniente Coronel Orlando Romero Bolívar por abuso excesivo de poder, discriminación racial , hostigamiento, y por la violencia frecuente a los derechos humanos y constitucionales del Pueblo Wayuu, y que dé respuestas públicamente sobre la investigación como reparación a la moral e integridad de la sociedad wayúu”.

En un pronunciamiento conjunto la Asociación de Consejos Estudiantiles Indígenas de LUZ (ACEINLUZ) y la Organización Intercultural para la Educación Autónoma Wainjirawa señalaron: “Hoy, a nosotros los wayuu, nos matan de frente, tal como sucedió con nuestro hermano Nelson González, asesinado abiertamente por el Ejército bolivariano con sus fusiles rusos comprados con dineros que favorecen al enriquecimiento de la mafia militar y a los “perros de la guerra”. Su comunicado termina con una exigencia contundente: “Fuera el Ejército Bolivariano del Territorio Wayuu!”.

En opinión de Provea deben atenderse las causas reales del fenómeno de extracción de alimentos, gasolina y otros artículos de consumo masivo para elaborar medidas de consenso, con la participación de los diferentes actores involucrados y afectados, con respeto a los DDHH, y apegadas a la Constitución Nacional y la legislación venezolana, que permitan avanzar en una solución al problema. El Estado venezolano debe investigar las denuncias de atropellos por parte de efectivos militares contra ciudadanos, y las acusaciones acerca de la presunta participación de altos funcionarios militares en el delito de contrabando, así como de diferentes violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad personal.

CUERPO V

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Lo que leerán a continuación es parte de un trabajo de investigación o tesis que se realizo durante algún tiempo en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y que se culmina en junio del 2012. Se han obviado para este blog algunos extractos relacionados al ámbito académico (marco teórico, aspectos técnicos de la carrera). Este blog se publica con la intención de colaborar con la preservación de nuestra historia y nuestro legado musical. Quien quiera consultar la tesis completa puede hacerlo a partir del mes de mayo de 2013 en la biblioteca de humanidades de la UCV bajo el nombre de "Las letras de las canciones de la banda Sentimiento Muerto".

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