Tras participar en una protesta por falta de condiciones de seguridad laboral en el año 2006, un grupo de 14 trabajadores de la contratista Transportes Camila de Sidor pueden ser condenados este 29 de abril a penas de entre 5 y 10 de prisión.
El 05 de septiembre del año 2006 un grupo de trabajadores y dirigentes sindicales realizaron una protesta contra la empresa transportista Camila, una compañía contratista de SIDOR, la compañía siderúrgica bandera de las empresas básicas ubicadas en Puerto Ordaz, estado Bolívar, en Venezuela. Los trabajadores protestaban por el incumplimiento del salario, higiene y seguridad laboral, así como por la falta de implementos para cumplir con su trabajo. La protesta fue respaldada por dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y Similares (Sutiss), realizando una paralización de equipos cuyos desperfectos y falta de mantenimiento representaban un peligro para la integridad de los trabajadores, siguiendo los procedimientos de seguridad laboral establecidos en las normativas laborales. Los patrones acudieron a las autoridades regionales, logrando que se emitiera, por parte del Ministerio Público una orden de aprehensión contra tres líderes sindicales y un grupo de trabajadores, labor que realiza la Guardia Nacional, originando en su momento la protesta de los trabajadores de la siderúrgica.
De esta manera fueron detenidos Leonel Grisett, miembro de la Comisión Paritaria de Sutiss; Juan Valor, secretario de Prensa y Propaganda; y Jhoel Hernández, secretario de Cultura y Deporte del referido sindicato. Los cargos contra ellos eran de apropiación indebida calificada y restricción a la libertad de trabajo. De esta manera se inicia un juicio por hechos definidos como delitos tras la reforma del Código Penal Venezolano (artículos 358 al 363), realizado en el año 2005, y la promulgación de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (artículo 56) en el año 2002: ambos instrumentos aprobados durante el gobierno bolivariano y lesivos del derecho a huelga,. Estos tres líderes sindicales, junto a 11 trabajadores más, los 14 de Sidor, han sido sometidos desde el año 2006 a un régimen de presentación en tribunales, mientras que su juicio finalizará este miércoles 29 de abril de 2009, con la posibilidad de que se les imponga una pena entre 5 y 10 años de prisión.
Hay que recordar que SIDOR fue la empresa metalúrgica nacionalizada por el presidente Hugo Chávez en abril del año 2008, tras la revocación del contrato con la trasnacional argentina Techint. Sin embargo, un año después dicha estatización no ha significado una mejora en la calidad de vida de sus trabajadores. En declaraciones a El Libertario, Leonel Grisett afirmó que “Es falso que se ha eliminado la tercerización laboral; las condiciones de trabajo de los flexibilizados son tales que originan una proporción de accidentes laborales de 4 a 1 con respecto a los trabadores fijos. La discusión de la contratación colectiva se encuentra congelada y a pesar de que no existen técnicos de seguridad laboral, ineludibles según la ley, obligan a trabajar en condiciones irregulares”. Por otra parte, la estatización ha neutralizado a la actual junta directiva de SUTISS, la cual le ha dado la espalda a los 14 trabajadores enjuiciados, por lo que han tenido que costear de sus propios bolsillos el pago de los honorarios de sus abogados defensores, los cuales se remontan a 100 millones de bolívares (más de 44.000 dólares).
Diversas organizaciones de Derechos Humanos y laborales han venido denunciando la criminalización de la protesta en Venezuela, así como la activación de dispositivos judiciales para cercenar el derecho a huelga, tales como la aplicación de regímenes de presentación en tribunales y la amenaza de la aplicación del Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Para los y las anarquistas dicha arquitectura jurídica de represión se enmarca dentro de la ofensiva gubernamental para acabar con la autonomía beligerante de las organizaciones sociales, con la excusa del combate al golpismo y bajo la máscara del retórico socialismo bolivariano, cuyas consecuencias están siendo padecidas por los y las de abajo. Si bien las propias organizaciones sindicales -divididas y partidizadas dentro del enfrentamiento interburgués ocurrido en el país en los últimos años- no llevan las estadísticas de los casos similares a los 14 de Sidor, se han reportado trabajadores en los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Táchira sometidos a regímenes de presentación. En este sentido, declaraciones del movimiento campesino Jirajara, ubicado en el estado Yaracuy, han contabilizado 103 casos de campesinos que tras haber participado en protestas y ocupaciones de tierras, han sido pasados a tribunales. Para los activistas sindicales de los 14 de Sidor dichos procedimientos tienen como objetivo descabezar el movimiento sindical beligerante, por lo que su posible penalización a 5 ó 10 años de prisión será un aviso para el resto de los activistas y defensores de derechos laborales y sociales.
Desde siempre los libertarios y libertarias hemos afirmado que el pueblo no se sentirá mejor si el garrote que le pega lleva el nombre de palo del pueblo. Alertamos a las organizaciones de base y colectivos de Venezuela y del Mundo acerca de la potencial condena contra los 14 de Sidor. Los y las anarquistas miembros del periódico El Libertario nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras venezolanas en lucha por sus derechos, apoyamos a las organizaciones sindicales autónomas, honestas y beligerantes y seguiremos denunciando las contradicciones de un gobierno autoritario y servil a los intereses de la globalización económica capitalista, en la lucha por una alternativa, autogestionada, revolucionaria y desde abajo, a la falsa polarización existente en nuestro país.
Caracas 27 de abril 2009
Periódico El Libertario
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