Rafael Uzcátegui
Las declaraciones de Carlos Sierra, presidente de la Federación Bolivariana de Estudiantes (FBE) y miembro de la Comisión Presidencial de la Misión Ribas, sobre el llamado a paro convocado por el gremio de maestros para el pasado 25 de marzo establecen un triste precedente en la lucha sindical del país y el papel de los estudiantes ante las luchas de los trabajadores y trabajadoras. Como se difundió por varios medios de comunicación, el vocero estudiantil criminalizó la acción al calificarla como “ilegal” y “guarimbera” (Agencia Bolivariana de Noticias, 25.03.09, http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=175010&lee=1). Asimismo, afirmó que los maestros que se sumaran a la paralización serían suplantados por estudiantes y profesores jubilados: “Donde falte un docente se sustituirá y se realizará un acta para que le caiga todo el peso de la ley”, declaró. El que un dirigente estudiantil defina medidas para contrarrestar una acción reivindicativa de trabajadores y trabajadoras tiene pocos ejemplos en la historia venezolana. Parecen otros tiempos cuando las luchas estudiantiles, alejadas de la acción gubernamental, se solidarizaban con otros sectores en lucha por sus derechos. En su Informe Anual 2008 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Provea mostraba su preocupación por el desdibujamiento de la autonomía e identidad del movimiento estudiantil, el cual se había mimetizado con las demandas políticas partidistas abandonando su propia agenda de peticiones, la cual debe priorizar los temas relacionados con el disfrute al derecho a la educación.
