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Cinco -primeras- impresiones sobre la Ley de Educación Universitaria

diciembre 23, 2010

Rafael Uzcátegui

En el momento que este texto se escribe, la Asamblea Nacional realizaba la segunda discusión del proyecto de Ley de Educación Universitaria, un instrumento jurídico de importancia pues norma el sistema de educación superior en el país. El proyecto tiene múltiples aspectos positivos, como el mantenimiento de la gratuidad para las instituciones públicas, sin embargo adolece de muchas inconsistencias de forma y fondo que la hacen una ley inaceptable.

01
La primera es que ha sido un proyecto de ley que ha sido promovido, discutido y finalmente aprobado de manera elitesca y excluyente, contradiciendo cualquier noción acerca de la democracia participativa y protagónica. Su primera y segunda discusión se ha realizado en medio de una paralización de universidades como consecuencia de las lluvias en el país y, además, en fechas previas a los feriados de fin de año. El universo de interesados e interesadas directos de la ley no ha sido debidamente consultado por un lado, y por el otro, no se ha promovido un clima que permitiera una ley universitaria producto de un consenso entre sus diferentes actores. La falta de transparencia y opacidad ha creado el caldo de cultivo para la gran mayoría de las especulaciones sobre las motivaciones y objetivos de la ley. Además, en si misma, la metodología utilizada dista mucho de las idílicas nociones pedagógicas presentes en su redacción. Al mismo tiempo, la aprobación de la ley se realiza en un momento en que otros cuerpos normativos están siendo aprobados de manera atropellada y antidemocrática, aparejado a la aprobación de una Ley Habilitante que desconoce la voluntad popular expresada en las elecciones del 26 de septiembre. No se puede obviar que la Ley de Educación Universitaria se ha aprobado en el contexto de atribuciones dictatoriales por parte del Presidente de la República y una interrupción del hilo constitucional tan grave como el ocurrido en el año 2002.

02
La ley de educación universitaria impone inconstitucionalmente el socialismo. Y esto siguiendo la argumentación producto de la consigna difundida en el pasado por el presidente Chávez: “Dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada”. En la Carta Magna aprobada en el año 1999 no aparece por ninguna parte la palabra socialismo, y la propuesta realizada a fines del 2007 para adjetivar de “socialista” al Estado venezolano fue rechazada por los votos. En la propuesta de Ley de Educación Universitaria discutida por segunda vez aparecía el término “socialista” 9 veces, en diferentes sectores álgidos del texto. Por ejemplo cuando se define la educación universitaria como “un bien irrevocablemente público (…) en el marco de la construcción de una sociedad socialista”. O en el título de la sección tercera del articulado: “Desempeño, Servicio Comunitario y Contribución de la Educación Universitaria con el Modelo Productivo Socialista”. Y aquí no se trata de tenerle especial animadversión al adjetivo “socialista” –el mismo caso sería si el adjetivo fuera “libertario”-, sino que la imposición de este modelo en particular se ha realizado cupular y subrepticiamente, contrariando lo que se encuentra establecido en la Carta Magna de 1999, “la mejor constitución del mundo” según el propio Hugo Chávez y negando, de facto, la diversidad presente en la sociedad venezolana. Al establecer el “socialismo” como paradigma de la educación universitaria se termina empobreciendo el propio conocimiento generado en una comunidad que de por sí debería promover el debate y la confrontación entre las diferentes corrientes de pensamiento. Conocimiento que no dialoga con otros, necesariamente diferentes, es pensamiento que se estanca.

03
La ley introduce conceptualizaciones discrecionales y más propias del campo político que del propiamente pedagógico. ¿Qué significa una pedagogía universitaria “crítica”?, ¿Qué denota el “potencial liberador del ser humano”?, ¿De qué se emancipa la educación “emancipadora”?

04
La ley crea, por decreto y de manera artificial, nuevas instancias de gobierno en las universidades que hasta la ley no existían en ninguna parte, las cuales socavan la autonomía universitaria. Además impone a los estudiantes una serie de “deberes”, dentro de los cuales existen dos que no tienen nada que ver con su experiencia de aprendizaje: 1) “Contribuir con el fortalecimiento y defensa integral de la soberanía nacional” y 2) “Contribuir con el desarrollo de los planes estratégicos de la Nación”.

05
Una ley no crea mágicamente un proceso social –En el promedio de los casos son los procesos sociales los que son institucionalizados a posteriori por una reglamentación-. La Ley de Educación Universitaria, que regirá a todas las universidades del país públicas y privadas, un universo estimado de XX personas, describe una situación que ni existió en los centros de estudiantes, escuelas, facultades o universidades controladas en el pasado por la izquierda, ni tampoco en micro en los centros de educación superior creados por el gobierno (UNEFA, UBV). Esta ley ideologiza un proceso complejo como es el educativo, desconociendo por ello cualquier experticia que intente resolver sus taras y limitaciones concretas en el mundo real. Lo que no pudo hacer la izquierda venezolana en su larga estadía en el mundo de educación superior, desarrollar emprendimientos pedagógicos progresistas o ganarse a la mayoría de la comunidad universitaria para un proyecto de este tipo, se intenta imponer con una ley salida de un laboratorio burocrático y cuyos contornos no han sido validados en ninguna parte.

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