Bolivia: La mascarada del poder

Evo y Linera

Rafael Uzcátegui

En junio de 2011 un grupo de 38 intelectuales y luchadores populares bolivianos, anteriormente ligados a Evo Morales (EM), firmaron el manifiesto “Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo”, en el que hacían una serie de duras críticas al gobierno del país. Un mes después el vicepresidente Alvaro García Linera publicó su respuesta, “El ‘oenegismo’, enfermedad infantil del derechismo”, la cual se imprimió como libro de 168 páginas y se regaló en la edición dominical del diario “Cambio”. Casi 6 meses después, en diciembre de 2011, los aludidos respondieron con otra publicación: “La mascarada del poder. Una respuesta a Alvaro García Linera”.

Lo interesante de este debate es que, sorteando la polarización en Bolivia, se ha constituido un espacio de izquierda, en donde confluyen moderados y radicales, que complejiza el maniqueísmo en donde, como en el caso venezolano, se quiere entrampar el posicionamiento político sobre la coyuntura en curso.

La versión digital de “La mascarada del poder” se compone de 5 largos textos en donde se profundizan los cuestionamientos a las contradicciones, ineficacias y autoritarismos en los que ha incurrido el gobierno de EM. El primero, y particularmente significativo, es el de Alejandro Almaraz, viceministro de Tierras durante los primeros años de la gestión de EM. Algunas de las malas políticas enumeradas son: Desvirtuación de la nacionalización de hidrocarburos y frustración de la refundación de la estatal petrolera; Inversión de las reservas internacionales en la banca transnacional y el Tesoro de Estados Unidos; Designación de las autoridades judiciales “a dedo” y ausencia de cambios en el sistema de administración de justicia; Brutalidad policial y criminalización contra las movilizaciones populares; Violación “descarada” de los derechos constitucionales indígenas; Loteamiento sindical y partidario de los cargos públicos; Prebendalización de la función pública y obsecuencia “servil” a las jefaturas y “falaz doble discurso”.

Otro texto, firmado por Oscar Olivera y desde el activismo de base, describe las irregularidades alrededor dela Asamblea Constituyente, al que califica de “parte de ese proceso de simulaciones y mentiras”. En otro Omar Fernández, miembro de la “Asociación Nacional de Regantes” y promotor de la llamada “Agenda del Agua”, relata cómo después de una serie de avances jurídicos las presiones privatizadoras del recurso vuelven a ganar terreno. Los autores no dudan en responsabilizar de los descalabros al propio Evo Morales

Lejos de ceder a los chantajes y de las ambigüedades del “apoyo crítico”, este grupo de opinión ha decidido llamar las cosas por su nombre y convocar a la constitución de una alternativa social y política en Bolivia. Hay mucho que aprender de lo que pasa en el Altiplano. @fanzinero (Tal Cual, 02.04.12)

11 de abril: 10 años de impunidad

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Cuando se cumplen 10 años de los sucesos de abril del 2002, interrupción del hilo constitucional y asesinatos de casi una veintena de manifestantes, habría que preguntarse cuáles han sido los mecanismos que han permitido la impunidad en ambos acontecimientos. Los hechos de una década atrás han sido utilizados como parte de la retórica confrontacional polarizada, sin consecuencias efectivas en el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Como ha sido insistentemente recordado, ni el Ministerio Público nila Defensoríadel Pueblo tienen la voluntad política ni la imparcialidad y transparencia, para estimular una investigación que sancione a los responsables de violaciones a los derechos humanos en aquellos días aciagos.

Pocos días después de la reversión del golpe de Estado se promovió la creación de una Comisión dela Verdad(CV), una experiencia que ha sido realizada en otros países de la región para, mediante un grupo de personas plurales, calificadas y de íntegra actitud moral, realizar una investigación con apoyo institucional para informar al país sobre los hechos que verdaderamente habían ocurrido. Sin embargo aquella propuesta, por razones veladas e inconfesables, no prosperó. Como se recordará, en un temprano 15 de abril del 2002 emergió del consenso parlamentario la propuesta de crear una iniciativa que allanara la transparencia sobre la cadena de acontecimientos que desembocaron en la interrupción del hilo constitucional. Esa Asamblea Nacional, conformada en un 55% por diputados y diputadas pertenecientes al partido oficialista Movimiento V República (MVR), convocó a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y académicos y académicas en la materia, quienes “comprometidos ante el cuerpo legislativo y ante el país, en función de la búsqueda de la verdad, la justicia y los mecanismos que nos permitan, como pueblo, alcanzar una convivencia democrática duradera, en el marco que nos brindala Constituciónvigente” respondieron al llamado, 14 días después, con una serie de observaciones por escrito al proyecto inicial para “contribuir a la creación de un mecanismo creíble, autónomo e imparcial para indagar de manera independiente sobre los hechos acaecidos entre el 07 y el15 de abril de 2002”.