Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

La existencia de un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos energéticos y minerales para la exportación, el extractivismo, constituye uno de los factores que más incide en la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Este es el problema de fondo detrás de los diferentes episodios registrados en diferentes estados del país, incluyendo la reciente detención de indígenas y líderes pemones en el estado Bolívar.

La noción de desarrollo legitimada por el extractivismo, constante para los diferentes gobiernos venezolanos de las últimas décadas, es que el desarrollo supone crecimiento económico, en primer lugar, lo cual se alcanza por medio del aumento de las exportaciones y la atracción de la inversión extranjera ligada a los sectores más dinámicos de nuestra economía, los hidrocarburos y minerales. Este crecimiento, según esta lógica, generará efectos de derrame en el bienestar de la población por medio del empleo y el consumo. En nuestro caso este crecimiento es mediado por la apropiación intensa y eficiente de los recursos energéticos. La razón economicista, en los hechos, se jerarquiza sobre otras dimensiones, como el impacto sobre la naturaleza y las poblaciones que viven alrededor de los diferentes yacimientos. La mayoría de las iniciativas extractivas en el país se adelantan sin ningún tipo de consulta popular previa a quienes se verán afectados y afectadas. Tampoco se realizan los necesarios estudios de impacto ambiental.
Los 35 pueblos indígenas del país viven en tierras caracterizadas por una amplia diversidad biológica y mineral, lo cual las hace apetecibles tanto para desarrollar grandes proyectos de agricultura y ganadería como de sustracción petrolera, gasífera y de otros recursos como carbón, oro, coltán y diamantes, entre otros. Esta es una de las razones de peso por la cual el proceso de demarcación de tierras, una obligación a corto plazo establecida enla Carta Magna, se encuentra literalmente paralizada. De acuerdo a fuentes oficiales a octubre de 2009, sólo se han otorgado 40 títulos que benefician a 73 comunidades ubicadas en Anzoátegui, Apure, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia, de seis pueblos indígenas (Kariña, Pumé, Jivi, Cuiva, Warao y Yukpa). Esto significa que en once años de vigencia dela Constitución, sólo se ha demarcado aproximadamente 2,4% de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas del país, quedando pendiente 97,6% de las demarcaciones.

La paralización de este proceso por falta de voluntad política es lo sustantivo en el conflicto que diferentes comunidades indígenas dela Sierradel Perijá, estado Zulia, han venido protagonizando en los últimos años, y que incluso ha generado víctimas fatales y líderes yukpa encarcelados. Las organizaciones no gubernamentales que han acompañado las demandas, comola Sociedad Homoet Natura, están siendo sometidas al hostigamiento y la criminalización.

Además de la paralización en la titularización de tierras indígenas y la negativa a respetar el precepto constitucional que faculta a las comunidades originarias de legislarse según sus propias tradiciones, un segundo problema tiene que ver con la contaminación de los suelos, el agua y el aire a consecuencia de los procesos industriales extractivos. Un ejemplo de esta situación es la comunidad Kariña de Tascabaña, estado Anzoátegui, cuya principal fuente de agua está contaminada por emisiones de gas metano residuales de pozos petroleros. La comunidad resiste entre el estoicismo y el chantaje, pues como hemos corroborado en visita al poblado, la gente tiene temor que la denuncia de la contaminación genere las represalias de PDVSA, quitando los beneficios que la estatal ha venido brindando a sus habitantes.

Una tercera situación, no menos dramática, es el impacto cultural y económico que supone la existencia de yacimientos cerca de las comunidades indígenas. Ante la erosión de los suelos, mermando la producción de los conucos, y la contaminación de las aguas, limitando la pesca, las minas aparecen como la única fuente estable de ingresos económicos la cual, además, permitirá el acceso simbólico a la civilización mediante el consumo. El enfrentamiento de los pemones contra los militares que trabajaban la minería de manera ilegal tiene, como una de las demandas, dar la posibilidad que las comunidades aborígenes se beneficien de la comercialización del oro. No podemos olvidar que la posibilidad que pemones y otras etnias ejerciten la minería de manera artesanal traería aparejada, con alta probabilidad, la contaminación por mercurio. Morir de hambre o por intoxicación es el dilema a resolver ante la ausencia de reales políticas oficiales para garantizar sus derechos.

Diferentes organizaciones de derechos humanos han visibilizado el hecho que los pemones, tras desarmar a funcionarios dela Guardia Nacionalel pasado mes de mayo, estén siendo juzgados bajo el fuero militar constituyendo un golpe ala Constitución, la cual claramente establece que la justicia militar es para los uniformados. Por ello lo inmediato es denunciar y detener el proceso de criminalización a las comunidades indígenas que resisten las consecuencias del extractivismo.

Si usted es asiduo del transporte público para viajar por las ciudades de Venezuela, como lo es este servidor, conoce perfectamente el estado de los terminales de pasajeros a lo largo y ancho del país. Salvo excepciones (como Punto Fijo), la situación de las paradas de buses y camionetas extraurbanos no sólo es deplorable, sino que refleja el nivel de desprecio que han tenido las clases gobernantes, de antes y ahora, con los sectores populares, quienes constituyen el porcentaje mayoritario de sus usuarios. Los terminales de las principales ciudades del país (Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto), y de algunos de sus destinos turísticos (Mérida, Tucacas o playas del litoral central) poseen una infraestructura con escaso mantenimiento y en proceso de franco deterioro, instalaciones y servicios sanitarios escabrosos,  y un importante rezago tecnológico que convierte en una pesadilla viajar en fines de semana o temporadas altas, caldo de cultivo para todo tipo de triquiñuelas. Elemento para el género “comedia bufa” lo constituye que lo único nuevo y realmente limpio en estos terminales son las pancartas publicitarias con el rostro de las y los gobernantes de turno. Otra dimensión la constituye el estado de los autobuses, que distan mucho de poder compararse con las flotillas de otros países latinoamericanos,  ni siquiera los servicios mercadeados como “Ejecutivos”.

Es coherente, en un país de paradojas como el nuestro, que teniendo los precios de la gasolina más baratos de la región tengamos sistemas de transporte masivo colapsados, obsoletos y en crisis. En una tendencia que no ha sido revertida en los últimos  años, lo privado sigue siendo más atesorado que lo público. En Venezuela, país de cultura modelada por la renta petrolera, es castigado simbólica y socialmente no poseer artículos de “status”, entre los más preciados el automóvil personal. Para el año 2009 se calculaba el parque automotor venezolano en cuatro millones de unidades, y no es un secreto que los modelos de lujo como la camioneta Hummer tuvieron, en tiempos de “socialismo”, un inusitado éxito en ventas.
No es fácil encontrar la gama y mezcla de condicionamientos culturales que permiten que esta situación permanezca: La secreta impotencia por no ser propietaria o propietario de uno de los íconos de éxito reconocidos socialmente; la falta de referencias mejores y puntos de comparación sobre todo de quienes asiduamente padecen los servicios públicos; la indolencia y corrupción gubernamental, la complicidad parasitaria, la perpetuación de la maquila energética y la servidumbre voluntaria, entre otras.

A contracorriente de esta situación, algunas iniciativas en Caracas intentan promover el uso de transportes alternativos, como la bicicleta. Los verdaderos cambios han empezado por la terquedad de algunos locos y locas soñadoras. @fanzinero (Tal Cual 23.01.12)

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En junio de 2012 se realizará, convocada por la Asamblea Generalde las Naciones Unidas, una conferencia cumbre en Río de Janeiro, Brasil, como continuación dela Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, popularizada como “Cumbre dela Tierra”. Algunos de los acuerdos históricos adoptados en el cónclave fueron el consenso acerca de la promoción del desarrollo sustentable, así como los convenios internacionales sobre cambio climático, desertificación y diversidad biológica. En su momento se definió el “desarrollo sustentable” como el conjunto de políticas que “garantiza las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Generalmente esto se ha entendido como la satisfacción de las necesidades sociales y la erradicación de la pobreza, al tiempo que se favorece el crecimiento económico y se respeta el medio ambiente.
Diferentes organizaciones y activistas esperan que Río+20 –cómo se conoce a la nueva reunión por los 20 años transcurridos desde la primera reunión- produzca nuevos acuerdos en pos de la preservación del medio ambiente y para la materialización del desarrollo sustentable. Estas expectativas están ligadas a los compromisos y promesas no cumplidos desde hace dos décadas. Algunos datos, incluso, pueden incitar el pesimismo. Hoy en día están generalizadas las inequidades de ingresos entre los diferentes Estados y las diferentes poblaciones de los países. Mientras las exportaciones mundiales han aumentado casi cinco veces, el ingreso per capita mundial apenas se ha duplicado. Paralelamente, el 20% superior de la población mundial disfruta más del 70% del ingreso total, mientras que quienes se encuentran ubicados en la quinta parte inferior sólo reciben el 2% del ingreso mundial. Como ha planteado Chee Yoke dela Reddel Tercer Mundo, desde Malasia, “Esta distribución distorsionada de la riqueza económica es el resultado de un sistema financiero internacional desregulado y desestabilizado, y un sistema multilateral de comercio caracterizado por reglas que no son equilibradas y cuyo financiamiento perjudica a los países en desarrollo. Cuando llegan las crisis financieras y económicas, las mayorías –especialmente los pobres- cargan con efectos totalmente desproporcionados”. Por su parte el mexicano Alejandro Chanona afirma que “El concepto de sustentabilidad examina la relación entre el desarrollo económico, la calidad ambiental y la equidad social. Incluye una perspectiva de largo plazo y un enfoque integral de la acción, con el reconocimiento de que es necesario que todos participen en el proceso”.

A pocos meses antes de la realización dela ConferenciaRio+20 la discusión sobre las implicaciones del desarrollo sostenible vuelven a protagonizar las preocupaciones de decenas de organizaciones en todo el mundo. Este es el tema central, por ejemplo, del Informe 2011 de Social Watch, una red internacional de organizaciones ciudadanas para erradicar la pobreza y sus causas, así como para poner fin a todas las formas de discriminación y de racismo. Entre los 66 capítulos nacionales recopilados se encuentra el de Venezuela, titulado “Los infortunios del extractivismo”, cuyo sumario lo resume así: “El modelo implementado por la administración Chávez es una continuación y ampliación del extractivismo, que incurre en fuertes impactos ambientales y supone una impronta instrumental y neoliberal. Es, además,  insuficiente a la hora de atender las urgencias de la sociedad. Pese a algunas mejoras en educación, ha habido retrocesos en otras áreas de derechos básicos, como salud y vivienda.  Los programas de desarrollo social son cancelados o desatendidos, mientras el Gobierno, que desdeña el diálogo con la oposición y la sociedad civil,  atenta contra la democracia implementando cambios sustanciales a la constitución aprobada en 1999. El país necesita diseñar  un modelo de desarrollo realmente sostenible”.

Como plantea el texto desde comienzos del siglo XX, los modelos de desarrollo aplicados en Venezuela han estado basados en la economía extractiva y exportadora de recursos energéticos. Si bien el presidente Hugo Chávez, en el poder desde 1998, hacuestionado a los gobiernos del pasado afirmando que su modelo es, en contraposición, “sustentable” y “endógeno”, ha resumido su proyecto como un “Socialismo petrolero”. Por lo anterior diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han alertado que la sostenibilidad de las políticas destinadas a los sectores populares, denominadas “misiones”, dependen de los ingresos extraordinarios producto de los altos precios petroleros en el mercado mundial. El capítulo completo puede descargarse en http://www.socialwatch.org/es/node/14122

A diferencia de 20 años atrás, cuando las organizaciones ambientales del país constituían un rico tejido social con una capacidad notoria de autonomía e incidencia pública, en la actualizada el movimiento verde venezolano parece carecer de la iniciativa de aquellos tiempos y de una agenda propia. Sin embargo, nunca es tarde para retomar el camino en pos de, como dice Social Watch, construir el derecho a un futuro mediante un tipo de desarrollo amable con la naturaleza y los seres humanos. (Correo del Caroní, 23.01.12)

Por John Holloway

La revolución es un caldo que sólo puede cocinarse a fuego lento. Este comentario, hecho por uno de los jóvenes miembros dela Cooperativa Cecosesola en ocasión de su visita a Puebla hace algunos años, se quedó grabado en mi mente.

Pareciera contradictorio. Estamos acostumbrados/as a pensar las revoluciones como eventos espectaculares.La Revolución Francesa,La Revolución Rusa: reúnen intensos cambios dramáticos. Inclusive cuando vislumbramos los acontecimientos recientes, lo que atrae nuestra atención e impulsa nuestro entusiasmo son: la plaza Tahrir, Sintagma, Puerta del Sol. Existe tanto sentido de urgencia, tanta profunda necesidad de destruir el capitalismo antes que nos destruya a nosotros/as mismos/as. Entonces, ¿Cómo es eso que la revolución sólo puede ser cocinada a fuego lento?

Sin embargo, no existe contradicción. Hay que pensar la revolución en dos tiempos diferentes. Por un lado, la aguda explosión de nuestro No absoluto: No aceptaremos las medidas de austeridad que imponen los gobiernos; No, no vamos a aceptar la dictadura – ni la dictadura de los dictadores, ni la dictadura del dinero disfrazado de democracia; No, nosotros no continuaremos aceptando la obscenidad del capitalismo.  Esas explosiones de ira, tan bellas en los últimos meses, son necesarias para romper con la tiranía del actual sistema. ¿Pero qué hacemos después? Si después de un fin de semana dedicado a darle un golpe de estado al sistema, tenemos que volver el lunes en la mañana al trabajo o a hacer la cola para cobrar el seguro de desempleo, o a volver a vender chicles en los semáforos, entonces, habremos hecho muy poco para transformar la sociedad.
Nos encontramos ante el viejo dilema de las fuerzas de producción. El punto de vista tradicional-ortodoxo concebía  la revolución como si las fuerzas de producción desbaratarían  unas relaciones de producción ya fuera de moda  que representaban un obstáculo al desarrollo de  esas fuerzas productivas. El problema con este  punto de vista yace en que muy a menudo se entendían  las fuerzas de producción como el potencial tecnológico del proceso productivo, de manera que esta visión tendía a llevarnos a un determinismo que poco tiene que ofrecer a la lucha anti-capitalista.

Y el problema continúa. Podemos acabar con tantos gobiernos que queramos, podemos acabar con Merkel, y Sarkozy  y Cameron, pero si no creamos una alternativa, una manera no capitalista de producir y reproducir nuestras vidas, no vamos a llegar muy lejos. Si concebimos las fuerzas productivas, no como tecnologías inherentes a las máquinas sino como nuestro propio poder creativo, entonces podemos decir que nuestra capacidad de cambiar el mundo depende radicalmente no sólo de explosiones de ira sino también del desarrollo de nuestras fuerzas productivas, eso es de nuestro poder creativo, de hacer las cosas de manera distinta. Este fue el problema que  enfrentó el levantamiento enormemente importante y creativo de  Argentina  en los años 2001/2002. Este es el dilema que confrontan miles y miles de rebeldes hoy en día en Grecia. Para poder quebrar el poder del capital, para poder decirle al capital que se vaya al carajo, debemos construir nuestro propio poder, no un poder sobre el otro como el de ellos, sino un poder-hacer, nuestro propio poder creativo.

Este es el otro  momento  de la revolución, y  es ésta la substancia central de la revolución que sólo puede ser cocinada a fuego lento. La transformación  de nuestro modo de vida, de cómo producimos y creamos no se puede lograr  por decreto: necesariamente implica un proceso cuidadoso, un movimiento implacable de abajo hacia arriba, presionando constantemente por hacer las cosas de maneras diferentes, preguntando mientras caminamos, siempre inventando la innovación y  re-innovación de hacia donde vamos. Está claro que las explosiones y las rupturas son importantes para darle fuerza a la revolución y para abrir espacios, pero detrás de las revueltas espectaculares deben haber, y existen, múltiples revueltas silenciosas, presionando diariamente hacia otra dirección, creando nuevas maneras de hacer las cosas, construyendo relaciones sociales diferentes. Esto no se logra a través de leyes u otras medidas tomadas desde arriba sino sólo, silenciosamente, desde abajo.

Es dentro de este contexto que vislumbro a Cecosesola como una experiencia enormemente importante e inspiradora. No se trata de un modelo. No se trata de una Manera Correcta que debe ser reproducida en otros espacios. No se trata de un modelo, se trata de una inspiración. Y lo que nos inspira no es simplemente el hecho del largo tiempo durante el cual viene desarrollándose la experiencia (¡ya va por 44 años!) sino su preocupada dedicación por hacer las cosas de maneras diferentes, por crear algo que    emerge en y desdela base. Cuandohace algunos años visité por primera vez a Cecosesola me costó mucho comprender que los miembros de una organización, que cada fin de semana le suple alimentos a alrededor de 55.000 familias, tuviera que dedicar  tanto tiempo conversando en grupos sobre los más diversos tópicos (claro está, contando con la presencia de niños y bebés) y resolviendo todo por la vía del consenso. Todavía hoy en día me cuesta mucho comprenderlo pero he visto que funciona. Discutiendo sobre todo lo que acontece, rotando las tareas, y funcionando con base en la confianza (por ejemplo, no existen cajas registradoras con el objetivo de controlar a las personas que manejan dinero)- todo esto forma parte de la construcción, aquí y ahora, de un mundo diferente. Para aquellos/as de nosotros/as que vivimos de cerca la experiencia Zapatista, esta experiencia  se puede vislumbrar como un  Zapatismo urbano, un  “preguntando  caminamos” a gran escala y en un contexto urbano.

El hecho de que la experiencia de Cecosesola se esté desarrollando en Venezuela es interesante debido al contraste  con el proceso de transformación radical promovido desde el Estado. Es particularmente interesante el contraste entre la construcción de una cooperativa a fuego lento y la promoción de cooperativas desde el Estado por la vía del decreto, las cuales a menudo, como reseña este libro, terminan en estructuras vacías de contenido al ser creadas con la única intención de recibir subsidios gubernamentales. No se trata de un rechazo a-priori o dogmático del Estado, no se trata de que el Estado tenga malas intenciones: Se trata más bien de que el Estado, como una forma organizativa particular, tiene sus propias maneras de hacer las cosas, sus propios tiempos y la minuciosa transformación de las relaciones sociales necesarias para crear un mundo diferente no se logra por esta vía, simplemente no funciona. La conversación  y la discusión permanente en grupo, la transformación con paciencia desde abajo- estas son maneras de actuar anti-estado: no  en el sentido que confrontan directamente al Estado pero sí en el sentido de que quedan fuera de lo que el Estado es capaz de hacer e inclusive comprender.

Para mí, visitar a Cecosesola en Barquisimeto fue un gran aprendizaje. Me mostró cosas que jamás había visto, abrió mi pensamiento en nuevas direcciones, llevó nuevas preguntas a mis labios. También para ti, que has llegado a este epílogo (ya sea porque leíste ya todo el libro o solo lo abriste por detrás), la visita a la experiencia ofrecida por este libro debiera ocasionarte algo similar.

 Puebla, México, Enero del 2012

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 11 de enero se cumplieron 10 años del primer traslado de un grupo de detenidos en Afganistán a la base naval estadounidense, en suelo cubano, de Guantánamo. El operativo fue consecuencia directa de la orden emitida por el entonces presidente George Bush, acerca de la “detención, tratamiento y enjuiciamiento de determinados extranjeros en la guerra contra el terrorismo” que encargó a su secretario de Defensa para la localización de un “lugar adecuado” en el cual recluir a ciudadanos extranjeros bajo custodia indefinida sin cargos. Como bien lo ha registrado Amnistía Internacional, dicho mandato significaba la vulneración del estado de Derecho, pues prohibía que las personas detenidas en aplicación de sus disposiciones interpusieran recursos de cualquier índole en cualquier procedimiento ante cualquier tribunal estadounidense, extranjero o internacional. El oprobio no terminaba aquí. En febrero de 2002, el presidente Bush firmó un memorando en el que afirmaba que ningún detenido talibán o de Al Qaeda podía ser considerado prisionero de guerra y que tampoco se les podía aplicar el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Entre otras cosas, este artículo prohíbe los juicios sin garantías, la tortura, la crueldad y los “atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”. En agosto, un memorando del Departamento de Justicia al entonces asesor de la Casa Blanca, Alberto Gonzales (documentado por Amnistía Internacional), señala que “el presidente podía autorizar la tortura y que los interrogadores podían causar dolor intenso”. Afirma también que existía una amplia variedad de actos que podrían constituir trato cruel, inhumano o degradante sin llegar a considerarse “tortura, por lo que no serían objeto de procesamiento en virtud de la legislación estadounidense que la prohíbe a agentes estadounidenses fuera de su territorio”. El memorando sostenía que, aun en el caso de que se infligiese tortura, podría recurrirse a la doctrina de la “necesidad” o la “legítima defensa” para eliminar cualquier responsabilidad penal. En 2011 murieron dos detenidos, ambos ciudadanos afganos. Desde 2002, ocho detenidos han muerto en la base de Guantánamo, seis de ellos por presunto suicidio y otros dos por causas naturales.

Los horrores de Guantánamo comenzaron a filtrarse y a generar el repudio de la comunidad internacional. Por esta razón, Barack Obama prometió, al llegar a la Casa Blanca en 2009, que la cerraría en un año, lo cual generó amplias expectativas acerca del tren ejecutivo por instalarse en la Casa Blanca. Tres años después no ha cumplido su promesa. Al contrario, la detención de cientos de sospechosos de terrorismo sin derecho a juicio en dicho penal no ha cesado. Además, recientemente aceptó, como le pedía el Congreso, prohibir el uso de medios militares para trasladar a estos presos a EE UU o a algún otro país, y autorizar al Ejército a detener, por tiempo indefinido y sin juicio, dentro o fuera de EE UU, a cualquier presunto terrorista. Como recuerdan los activistas alrededor del mundo, la cuestión no es sólo Guantánamo, sino otros centros de detención que EE UU usa en el mundo, en Afganistán u otros lugares remotos. Guantánamo es una afrenta a la vigencia de los derechos humanos, constituyendo una vergüenza no sólo para los Estados Unidos, sino para los países europeos que han colaborado con los traslados secretos de los detenidos a ese Gulag moderno.

Sin embargo, las graves violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad no es patrimonio exclusivo de los Estados Unidos. En Venezuela faltan los calificativos para describir la situación de las cincuenta mil personas recluidas en las diferentes cárceles. Con un hacinamiento cercano al 300 por ciento y un increíble retardo procesal que mantiene en un limbo jurídico al 60 por ciento de los internos e internas, la violencia y la degradación de la condición humana son unas constantes dentro de los muros carcelarios. Según reportó el Observatorio Venezolano de Prisiones, solamente entre los meses de enero a julio de 2011 se reportaron 309 muertos y 836 heridos, y leyes no escritas han institucionalizado prácticas como las denominadas “Coliseos”, de las cuales, sólo en Uribana se realizaron 14 en el primer trimestre del 2011, con un saldo de 58 heridos y un muerto. De manera similar a las promesas de Obama sobre Guantánamo, el llamado “plan de humanización carcelaria” ha incumplido todo su cronograma, y como ratifican los hechos recientes, ni siquiera la creación de un nuevo ministerio ha logrado revertir o amortizar el horror. Cuando se conocen las historias intramuros, los hechos le dan la razón al filósofo ruso Pedro Kropotkin, que alguna vez propuso que la solución del problema penitenciario era, simplemente, la abolición de las cárceles.

El modelo implementado por la administración Chávez es una continuación y ampliación del extractivismo, que incurre en fuertes impactos ambientales y supone una impronta instrumental y neoliberal. Es, además,  insuficiente a la hora de atender las urgencias de la sociedad. Pese a algunas mejoras en educación, ha habido retrocesos en otras áreas de derechos básicos, como salud y vivienda.  Los programas de desarrollo social son cancelados o desatendidos, mientras el Gobierno, que desdeña el diálogo con la oposición y la sociedad civil,  atenta contra la democracia implementando cambios sustanciales a la constitución aprobada en 1999. El país necesita diseñar  un modelo de desarrollo realmente sostenible.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Rafael Uzcátegui

Desde comienzos del siglo XX, los modelos de desarrollo aplicados en Venezuela han estado basados en la economía extractiva y exportadora de recursos energéticos. Si bien el presidente Hugo Chávez, en el poder desde 1998, ha cuestionado a los gobiernos del pasado afirmando que su modelo es, en contraposición, “sustentable” y “endógeno”, ha resumido su proyecto como un “Socialismo petrolero”: “Ese es nuestro modelo, contar con esta riqueza petrolera (…) el Socialismo petrolero no se puede concebir sin la actividad petrolera… (este recurso) le da una configuración peculiar a nuestro modelo económico”[1].

Ahora bien, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han alertado que la sostenibilidad de las políticas destinadas a los sectores populares, denominadas “misiones”, dependen de los ingresos extraordinarios producto de los altos precios petroleros en el mercado mundial. Según la Ley de Presupuesto 2011[2] los ingresos energéticos representarían el 27,6% del total de dinero disponible para gastos, asumiendo un precio de USD 40 (similar al del presupuesto del año anterior) para el barril de petróleo. Sin embargo, expertos como el ex presidente del Banco Central José Guerra plantean que dicha estimación no se ajustó a la realidad, pues los precios oscilaban alrededor de los USD 100, por lo cual el Ejecutivo Nacional dispone de una considerable suma de dinero adicional con manejo discrecional y de difícil contraloría social.

La recuperación actual de los precios internacionales del crudo ocurre después de un período de crisis económica durante el cual Venezuela experimentó, según cifras oficiales[3], 18 meses consecutivos de decrecimiento económico. A excepción del sector educativo, la contracción económica ocasionó que se redujera el presupuesto destinado a las políticas sociales, incidiendo en el estancamiento de las misiones y en el aumento de la conflictividad en el país. Según los datos recopilados por dos organizaciones de venezolanas de derechos humanos, Espacio Público y Provea, durante el año 2010 se realizaron por lo menos 3114 protestas en Venezuela, consolidándose la tendencia del aumento sostenido de la cantidad de manifestaciones[4].

Desarrollo basado en el petróleo

El modelo de desarrollo implementado por el Gobierno se fundamenta en grandes proyectos de desarrollo petrolero, gasífero, minero y de infraestructura, que ocasionan importantes impactos socio-ambientales y que, basados en preceptos extractivos, no son sostenibles a largo plazo. La posibilidad de explotar las riquezas energéticas presentes en el suelo venezolano ha interferido, además, en políticas que beneficiarían a diferentes sectores sociales en el país. Un claro ejemplo lo constituye la demarcación de territorios indígenas establecida en el artículo 119 de la Constitución y que, aunque debió haber finalizado en el año 2002, se encuentra estancada.

Para García Gaudilla, si bien a nivel discursivo el presidente Chávez y alguna vocería institucional reniega del capitalismo y del neoliberalismo, el modelo de desarrollo bolivariano previsto sigue siendo una continuación y ampliación del extractivismo, lo que incurre en fuertes impactos ambientales y supone una impronta desarrollista, instrumental y neoliberal.[5] Esta situación se ve agravada por la clara intención de cancelar el diálogo con la sociedad civil y con la oposición; no puede haber desarrollo sostenible sin la posibilidad de que sean oídas y tenidas en cuenta las voces ciudadanas que alerten sobre las consecuencias sociales y para el medio ambiente de la explotación de hidrocarburos. A diferencia de otros países petroleros de la región, ninguna organización ecologista del país trabaja sobre la contaminación petrolera que afecta a diferentes zonas del país[6]. Otros desafíos ambientales que enfrenta Venezuela incluyen deforestación [7] y la severa contaminación del Lago de Valencia [8] y de Maracaibo.

Inquietud social

El 36% de las protestas realizadas en el 2010 tienen como motivación la exigencia de derechos laborales. Ha sido señalado por algunos críticos del Gobierno que la administración Chávez intentó hacer pesar la recesión vinculada a la crisis económica global sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que mantuvo la paralización en la discusión sobre la contratación colectiva en el sector público y en las empresas del Estado[9]. Por segundo año consecutivo el incremento del salario mínimo –actualmente alrededor de 462 dólares – no logró cubrir el costo de la canasta alimentaria ni tampoco la pérdida del poder adquisitivo debido a la persistencia de la tasa inflacionaria más alta de la región, 30.9% para el año 2010 según datos oficiales[10]. A su vez, luego de varios años consecutivos de reducción de la cantidad de personas sin trabajo, se produjo una tendencia al alza desde finales de 2009. El desempleo, que culminó en 2009 en 6,8%, se remontó para agosto de 2010 en 9,6%.[11]

Esta situación debería motivar la revisión y el reimpulso de la Misión Ché Guevara, creada originalmente en el año 2004 – con el nombre de “Misión Vuelvan Caracas” – para ayudar a volver al mercado laboral a las personas que fueron excluidas de este y reducir el desempleo hasta el 5%. Sin embargo, aunque su meta no fue alcanzada seis años después de su lanzamiento, esta misión ha sufrido una drástica reducción presupuestaria para el 2011, pasando de USD 59 millones a USD 7 millones[12].

Retrocesos en salud y vivienda

En el año 2006, la puesta en marcha de la Misión Barrio Adentro generó expectativas acerca de la garantía del derecho a la salud para amplios sectores de la población. La presencia de 13.000 médicos de origen cubano y la construcción de 8.573 módulos de atención en todo el país incidieron positivamente en los índices de atención primaria en los sectores populares[13]. Sin embargo, han sido señaladas fallas en la atención de los módulos, y 2000 de estos fueron cerrados en 2009, hasta el punto que en septiembre de ese año Chávez reconoció la crisis en la salud y declaró una emergencia sanitaria[14]. Para el 2011,  luego del anuncio gubernamental de un “Plan de reimpulso a la Misión Barrio Adentro”, ésta recibe un aporte presupuestario de 195 millones de dólares; sin embargo la política no es coordinada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, como correspondería dada la naturaleza de la misión, sino por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, evidenciando una descoordinación institucional en materia sanitaria.

En la red hospitalaria tradicional, constituida por 299 centros en todo el país, persisten las fallas estructurales, entre ellas ausencia de insumos médicos, déficit de profesionales y graves deficiencias en la infraestructura que impiden la plena satisfacción del derecho a la salud. A pesar que la Constitución ordenaba en el año 1999, en un plazo no mayor de un año, la aprobación de una Ley Orgánica de Salud para reducir la dispersión e improvisación en la materia, el poder legislativo tiene 11 años en mora con su promulgación.

Otro sector que ha sido calificado como “problema de Estado” por el poder Ejecutivo ha sido la vivienda. Durante el 2009 el gobierno construyó 23.649 viviendas, sumando en 11 años de gestión 324.588 unidades, cuyo promedio anual es ostensiblemente menor a la meta de construir 150.000 al año, como estrategia para disminuir el déficit habitacional (estimado en 3.000.000 casas) en una década[15]. Entre las causas del rezago de las políticas en vivienda es posible destacar la fragilidad institucional del ministerio, creado en el año 2005, la rotación recurrente de sus altos cargos directivos, la escasa supervisión y contraloría de los proyectos ejecutados y del dinero invertido y, por último, la inexistencia de un plan de construcción de vivienda y de urbanización de suelos con metas y reglas claras para el corto, mediano y largo plazo.

A pesar de lo anterior, y de haber reincidido en políticas que han demostrado sus limitaciones, Chávez anunció su intención de construir 2 millones de viviendas en 6 años[16] a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Avances en educación

El gobierno de Chávez sigue mostrando resultados positivos en materia educativa. Según la medición internacional que hace la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Venezuela avanzó del puesto 64 al 59[17], con un Índice de Desarrollo Educativo (IDE) de 0,956 respecto del 0,910 que tenía en 1999 [18]

La calidad de la educación sigue siendo un reto sin asumir. La principal falla es la ausencia de un sistema nacional de evaluación de los aprendizajes, por lo que no existen parámetros de comparación para hacer mejoras. Para el 2010, además, el 44% de los docentes no eran titulares, sino interinos o suplentes[19]. Esta situación se agrava en estados menos favorecidos del interior del país, como el estado Amazonas, donde la mitad del profesorado no posee certificación para ejercer la docencia.

Criminalización de la protesta

Paralelo al aumento de la conflictividad social como consecuencia de la ausencia de respuestas a los reclamos de la ciudadanía, el Gobierno ha asumido como política de Estado la criminalización de los y las manifestantes. Este patrón ha cumplido las siguientes etapas: el cierre de los canales institucionales de negociación, la realización de campañas de desprestigio contra las y los manifestantes y líderes sociales, la represión y judicialización de la ciudadanía movilizada y, por último, la promoción de acusaciones sin pruebas. En el 2010, 135 manifestaciones fueron reprimidas por los organismos policiales y militares, dejando como saldo 438 personas detenidas y 386 lesionadas[20]. Sin embargo, las situaciones más preocupantes son las aperturas de procesos judiciales contra manifestantes. PROVEA ha contabilizado más de 2400 personas sometidas a procesos de presentación periódica en tribunales, y entre ellas 125 son sindicalistas y 1200 campesinos y campesinas. Esta judicialización es posible por la creación de diferentes normativas que penalizan la protesta en el país: El artículo 357 de la reforma del Código Penal; los artículos 47 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; el 139 y 141 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y, por último, los artículos 24 y 25 de la Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios.

Estas reglamentaciones penalizan una de las estrategias históricas del movimiento popular venezolano para la exigibilidad de sus derechos: el cierre de calles. Además, establece diferentes “zonas de seguridad” donde se prohíbe cualquier perturbación del orden. El caso emblemático de judicialización de  líderes sociales lo constituye el sindicalista Rubén González, quien estuvo privado de libertad –desde septiembre del año 2009 hasta marzo del 2011– por haber apoyado una paralización de actividades en la empresa estatal Ferrominera del estado Bolívar, reclamando una serie de demandas y reivindicaciones laborales. El pasado 28 de febrero González fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión tras ser acusado de agavillamiento, instigación a delinquir, violación de la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo. Una amplia movilización de rechazo, promovida desde diferentes sectores, provocó que 5 días después el Tribunal Supremo de Justicia anulara la sentencia y ordenara la realización de un nuevo juicio radicado en la ciudad de Caracas, otorgando al sindicalista el beneficio de ser juzgado en libertad[21].

Debilitando la democracia

En diciembre del año 2010 se aprobó una ley que confería al presidente facultades extraordinarias por un período de 18 meses. Fueron promulgadas también 24 leyes que confirmaron la tendencia denunciada por las organizaciones de derechos humanos acerca de la imposición, de manera no democrática, del proyecto denominado “Socialismo del siglo XXI”. Las coaliciones Foro por la Vida y Sinergia afirmaron que dichas iniciativas “afectan gravemente la vigencia del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”[22]. Como parte de este paquete legislativo, que en la práctica están derivando en una Constitución diferente a la aprobada por todos los venezolanos y venezolanas en el año 1999, se encuentran normativas que obstaculizan el derecho a la asociación, ilegalizando la recepción de fondos por parte de la cooperación internacional.

El 22 de diciembre del 2010 se aprobó, de manera expedita, la Ley de Soberanía Política y Autodeterminación Nacional[23], que prohíbe explícitamente la recepción de fondos provenientes del extranjero para organizaciones “con fines políticos”. Dos de las tres actividades que según la ley definen una iniciativa de naturaleza política están relacionadas a formas de actuación bajo la cual pueden ser descritas casi todas las iniciativas populares y sociales del país, ya que incluyen en su descripción el promover la participación de las y los ciudadanos en los espacios públicos y el ejercer control sobre las decisiones en política. Por otra parte, una segunda normativa, la Ley de Cooperación Internacional, que centraliza en el gobierno los recursos destinados a las ONG, ha sido incluida dentro de las facultades habilitantes otorgadas al presidente de la República.