A pocos días de iniciar los eventos en conmemoración de su quinto aniversario, el Comité de Víctimas Contra la Impunidad del estado Lara recibió un derechazo en el alma: el asesinato de uno de sus integrantes. El 26 de noviembre pasado, dos personas desconocidas abordaron, en horas de la mañana, a Mijail Martínez en las puertas de su domicilio, y tras llamarlo por su nombre le realizaron varios disparos mortales en el pecho. Este joven de 24 años se había relacionado con el Comité de Víctimas casi desde su fundación, registrando en video muchas de sus actuaciones para un documental sobre la respuesta popular a la impunidad que, desde hace cinco años, se despliega en la región larense.

Mijail es hijo de Víctor Martínez, un luchador social que acompañó al futuro presidente venezolano desde su encierro en la Cárcel de Yare hasta la formación del Movimiento V República, por el cual salió electo como concejal, y posteriormente diputado, a la Asamblea Legislativa del estado Lara. Sin embargo, la degradación de los cuerpos policiales, y la implicación de altos funcionarios gubernamentales en hechos irregulares, fueron progresivamente alejándolo del proyecto bolivariano. A través de los micrófonos de la radio y la televisión regional, sin embargo, y con el apodo mediante el cual era conocido popularmente, “guaro pelao”, denunciaba con nombres y apellidos los nombres de los incursos en hechos de corrupción, la mayoría antiguos compañeros de tolda. Y en esta labor de acompañamiento de las comunidades, Mijail era su compañero, asistente y camarógrafo. Con lágrimas en los ojos y los puños crispados, Víctor no dudó en denunciar el hecho como un sicariato que pretendía callar sus señalamientos a, quienes como alguna vez dijo el Ché, llevaban la revolución en la boca para vivir de ella. Esta afirmación reviste de una particular gravedad, pues estaríamos ante un crimen de naturaleza política contra la disidencia, el cual recuerda muchas situaciones que creíamos superadas en el continente.

Según el monitoreo realizado por Provea la policía de Lara se encuentra en el primer lugar de los cuerpos policiales regionales involucrados tanto en violaciones al derecho a la vida como en otros hechos delictivos. El propio Comité de Víctimas contra la Impunidad ha realizado un registro pormenorizado de las prácticas irregulares más frecuentes en la ciudad crepuscular. Una de ellas es la que han denominado “cajeros automáticos humanos”, en donde los funcionarios policiales cuentan con una lista de personas a las cuales, periódicamente, extorsionan. Muchos de estos ciudadanos, humildes trabajadores de la economía informal, han sido objeto de una “siembra” de drogas en operativos, y bajo la amenaza de la apertura de un expediente, el cual los conduciría a la peligrosa cárcel de Uribana, mensualmente deben cancelar sumas que no bajan de mil bolívares. Una segunda práctica es la intervención activa de funcionarios en “secuestros express” y en robo de vehículos. Cuando los familiares de los afectados asisten al sitio convenido a pagar la tarifa acordada, se percatan que la operación está siendo convenientemente protegida por automóviles oficiales de la policía regional. Si repitiéramos los testimonios acerca de la existencia grupos de exterminio y comandos parapoliciales, esta columna se convertiría en un sórdido relato de horror e indefensión.

Este réquiem compuesto en la propia ciudad musical del país ha sido, inconvenientemente, contextualizado por el Comité de Víctimas. El organigrama que han dibujado acerca de los mecanismos de impunidad en la región ha sido encabezado por comandantes y gobernadores, como fue el caso del general (GN) Jesús Armando Rodríguez Figuera y el Teniente Coronel de la Aviación Luis Reyes Reyes. Con testimonios, evidencias y conexiones, este grupo regional de defensa de los derechos humanos logro demostrar como el incremento de la inseguridad y la delincuencia iba a la par de la expansión de una mafia policial amparada por la propia casa de gobierno regional. Ni la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo investigaron estas graves acusaciones y, paradójicamente, el antiguo gobernador fue promovido al cargo de Ministro de la Secretaría de la Presidencia, un cargo de confianza en el entorno del Primer Mandatario.

Esta es la situación a la cual han dado respuesta desde la comunidad una constelación diversa de organizaciones populares en la región centrooccidental. El trabajo del Comité de Víctimas contra la Impunidad es fortalecido por otros colectivos como el Frente Clasista Argimiro Gabaldón, la asociación de comerciantes de Quíbor, la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la UCLA o el Observatorio de Derechos de las Mujeres capítulo Lara, quienes, algunos más que otros, han logrado conservar su autonomía y su capacidad de autoconvocatoria pese a las diatribas de la polarización que ha signado el panorama político del país. Y si uno se reconcilia con el género humano al conocer que estas experiencias se desarrollan contra viento y marea, queda en el aire la pregunta de por qué no hay mas reacciones de este tipo en el resto del territorio, siendo la seguridad ciudadana, consensuadamente, el principal problema sentido por venezolanos y venezolanas.

Pese al silencio de algunos y algunos, las evidencias señalan que en el país se ha comenzado a asesinar por pensar diferente, y como efectivamente afirma la propaganda gubernamental, lo extraordinario se está volviendo cotidiano. Reciban los familiares, amigos y amigas de Mijail Martínez nuestras palabras de afecto en esta hora menguada. (Rafael Uzcátegui. Correo del Caroní, 01.12.09)

Mijail Martínez

“Ellas las Asesinadas, son una hilera de enlutadas sombras, siempre vivas
siempre muertas Mariposas de invierno en alfileres.
Alondras tristes para siempre mudas.
Selláronles sus bocas con pétalos de sangre.
Esculpieron sus risas sobre mármoles fríos.
Dejaron a sus hijos a solas en el aire,
y ya sus ojos ciegos ruedan por los abismos.
Son mujeres sin nombre, sin edades,
que levantan sus voces en la ausencia
esperando una luz que las redima
del terror, de la injuria, de la fuerza.
No piden ni la paz ni la palabra:
quieren ser los escudos de la herida,
la memoria tenaz, la dolorida sinrazón
de una muerte anunciada. Denunciada.
Ellas, las siempre muertas y las siempre vivas”

Este poema de Luzmaría Jiménez, fue leído por una Madre del Comité de Víctimas Contra la Impunidad en Lara en su 4to aniversario el año pasado…y hoy 26 de Noviembre, un año después, estas palabras retumban de nuevo en los corazones de las Mujeres y Hombres del Estado Lara que vivimos con estupor como otra Madre más se suma a la hilera de enlutadas sombras…junto a tantas Madres, hijas, hermanas, amigas, Mujeres todas que viven en Duelo permanente por la pérdida violenta de sus seres queridos, que son asesinados todos los días…

Hoy le tocó a Rosa que le arrebataran a su Mijael, Cuántas Rosas más tendrán que vivir esta pesadilla? Cuantos Mijael tendrán que morir? Cuántos Victor vivirán esta terrible impotencia? Cuanto duelo más se necesita para que nos levantemos como una sola MADRE y un solo PADRE y en una sola voz digamos !Basta ya de IMPUNIDAD y de INJUSTICIA! El Estado es el garante de todos los Derechos Humanos y debe rendir cuentas ante este nuevo asesinato que enluta al pueblo larense y menoscaba el Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, justamente en el mes de la No Violencia.

¡QUE ESTE CASO NO SE SUME A LOS MILES QUE HOY PERMANECEN EN IMPUNIDAD, ANTE LA MIRADA COMPLICE DE LA INDOLENCIA!
¡MIJAEL SIMPRE ESTARAS EN LA MEMORIA DE NUESTRAS LUCHAS!

Barquisimeto 26 de Noviembre del año 2009

Mijail Martínez

El reciente asesinato del joven Mijaíl Martínez Niño constituye una dolorosa pérdida para su familia, para l@s defensor@s de los Derechos Humanos y para nuestro país. Las circunstancias en las que ocurrió este hecho, las actuaciones públicas de Mijaíl y las consecuentes y valientes denuncias de su padre –el luchador social Víctor Martínez-, ponen en evidencia la perpetración de un sicariato. Este asesinato busca amedrentar la tesonera y decidida lucha de quienes se han comprometido en la promoción y defensa de los Derechos Humanos de toda la población del estado Lara, entre quienes Mijaíl y Víctor Martínez han desempeñado un papel de primer orden durante años.

Las reiteradas y fundamentadas denuncias que sistemáticamente ha realizado Víctor Martínez en la compañía de su hijo Mijaíl, en especial sobre la severa descomposición de las Fuerzas Armadas Policiales de la entidad, de sus mandos y de su autoridad superior, puede explicar este cobarde asesinato.

Quienes integramos la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado, acompañam os a Víctor Martínez y a su familia en este inmenso dolor. Exigimos el total esclarecimiento de este hecho como de cientos de otros asesinatos de jóvenes humildes quienes han sido asesinados sin que se haga justicia. Todos los sectores organizados del estado Lara y de toda Venezuela deben unirse para enfrentar el flagelo de la violencia y de la impunidad.

Cada vez más aumentan en el país los riesgos y amenazas para l@s defensor@s de los Derechos Humanos. Este asesinato corrobora que tales riesgos existen y deben ser enfrentados con la organización, denuncia y movilización social de todos los sectores organizados de nuestra población.

¡EXIGIMOS JUSTICIA, QUE ESTE ASESINATO NO QUEDE IMPUNE¡
Barquisimeto, 26 de Noviembre de 2009

Mijail Martínez

(Caracas, 26 de noviembre de 2009).- El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, condena el asesinato del Mijail Martínez, colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI), organización ciudadana que trabaja en defensa de los derechos humanos en el estado Lara.

Mijail Martínez, perdió la vida, la mañana de este jueves 26.11.09, cuando presuntamente dos sujetos le dispararon sin mediar palabras mientras se encontraba en el estacionamiento de su residencia ubicada al oeste de Barquisimeto, capital del estado Lara . El joven de 24 años, se desempeñaba como productor audiovisual, registrando la lucha y el dolor de las víctimas y familiares de la lucha contra la impunidad en la región centro-occidental. Además, era hijo de Víctor Martínez, exdiputado del Consejo Legislativo del estado Lara, luchador social y también colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad, quien a través de programas de radio y televisión ha denunciado, en reiteradas oportunidades, casos de irregularidades en los cuerpos de seguridad de la región. Por esta razón, el exdiputado considera que la muerte de su hijo responde a un hecho de sicariato.

Este suceso se enmarca en un panorama de criminalización de la labor del Comité de Víctimas Contra la Impunidad, según han denunciado los voceros de esta organización en reiteradas oportunidades, por las investigaciones y denuncias que han realizado ante las violaciones de derechos humanos que se cometen en el estado Lara y las irregularidades en las que están inmersos los cuerpos de seguridad y los organismos de justicia de la región. Asimismo, en un proceso creciente de prácticas ilegales por parte de funcionarios de la Policía de Lara, quienes por la cantidad de denuncias se ubican como el segundo cuerpo policial regional del país involucrado en violaciones a los derechos humanos.

El Foro por la Vida ha manifestado en diversas oportunidades su preocupación ante la criminalización del trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela, por lo que ante este hecho de violencia, , realizamos las siguientes consideraciones:

- Exigimos a los organismos de justicia realizar una investigación exhaustiva sobre el caso del asesinato del defensor de derechos humanos, Majail Martínez y sancionar a los responsables de este lamentable suceso, según lo establece la legislación venezolana.

- Solicitamos al Estado venezolano tomar las medidas pertinentes para garantizar las condiciones necesarias para que los defensores/as de derechos humanos puedan cumplir con su labor como contralores sociales y además se les garantice el derecho a la vida y a la integridad personal al igual que lo merecen todos y todas las venezolanas.

- Demandamos detener la campaña de criminalización de la que ha sido objeto el Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara.

- Hacemos un llamado a la colectividad en general a unirse a la lucha y asumir un compromiso ciudadano contra estas violaciones de derechos humanos.

Desde el Foro por la Vida, nos solidarizamos ante esta situación que afecta a los defensores de derechos humanos del Comité de Víctimas Contra la Impunidad, y compartimos el dolor y la tristeza de la Familia Martínez a quienes nos unimos por la búsqueda de la Justicia.

Vocería Foro por la Vida
PROVEA- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Espacio Público
Justicia y Paz Nacional

Mijail Martínez

Durante la mañana del 26.11.09 fue asesinado en la ciudad de Barquisimeto Mijail Martínez, de 24 años de edad, videoactivista y colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara. Según los testimonios, dos individuos desconocidos abordaron a Mijail en las afueras de su domicilio, y tras llamarlo por su nombre le realizaron varios disparos en el pecho. La víctima es productor audiovisual y trabaja en el programa de televisión de su padre Víctor Martínez, un antiguo militante bolivariano y ex diputado del Consejo Legislativo de la región, el cual debido a las múltiples contradicciones del proceso bolivariano ha venido realizando denuncias acerca de la implicación de altos funcionarios gubernamentales y policiales en hechos de corrupción y violación a los derechos humanos. En declaraciones ofrecidas a los medios, Víctor señala que el móvil del asesinato es político, y buscaba silenciar sus señalamientos: “Chávez yo te ayudé cuando estabas solo en la cárcel y nadie daba medio por ti, eres el responsable de la muerte de mi hijo y de muchos delitos que se cometen, porque en vez de ser el primer garante de la constitución eres el primer violador y debido a esto pagamos todos los venezolanos con la inseguridad que hay en el país”, afirmó.

Este crimen político se realiza en un contexto regional de profunda degradación de los diferentes niveles del poder gubernamental. Como han venido registrando organizaciones de derechos humanos como Provea, la policía del estado Lara es el segundo cuerpo policial denunciado por violaciones al derecho a la vida, acumulando durante el año 2008 el 19,43% de los casos en todo el país, para un total de 31 víctimas. Además, los policías han sido denunciados por su participación activa en extorsiones, atracos a bancos, secuestros, tráfico y siembra de drogas en la ciudad, lo cual tiene como principales víctimas a personas de bajos recursos. Esta situación ha motivado la respuesta social de diferentes organizaciones populares, como el Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI), fundado en el año 2004. El CVCI ha denunciado la implicación de altos funcionarios regionales, tales como el antiguo comandante de la policía Rodríguez Figuera, en la creación de las mafias policiales, así como el encubrimiento y participación del antiguo gobernador del estado Lara Luis Reyes Reyes. En vez de realizar una investigación de las diferentes denuncias, el gobierno central premió al exgobernador con el cargo de Ministro de la Secretaría de la Presidencia.

Debido a sus denuncias y movilizaciones, los integrantes del CVCI han sido objeto de amenazas de muerte y de un proceso creciente de criminalización. Desde el momento de su fundación, Mijail Martínez había venido registrando en video el trabajo comunitario de la organización, con la intención de realizar un documental sobre esta experiencia popular. Una muestra de su trabajo puede verse en http://www.vimeo.com/5130428

Desde el periódico El Libertario denunciamos este hecho como un nuevo capítulo de la arremetida gubernamental contra las organizaciones de base, autónomas, revolucionarias y disidentes. Asimismo, enviamos todos nuestros mensajes de condolencia y afecto a los familiares y amigos de Mijail, un prometedor joven en el terreno de las luchas sociales cuyo entusiasmo y compañerismo fuimos testigos. Señalamos que este crimen es parte de la política de criminalización de la protesta popular emprendida por un gobierno servil a los intereses del capitalismo globalizado. Por último, denunciamos la complicidad del gobierno, de los medios estatales y pseudocomunitarios, de la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y Tribunales de Justicia en cualquier hecho que ponga en peligro la vida e integridad de Víctor Martínez y su familia, los integrantes del Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara y del resto de luchadores y luchadoras populares de la región que han venido señalando, con nombres y apellidos, la implicación de funcionarios policiales y burocráticos en hechos de corrupción, tráfico de drogas, extorsión, secuestros y asesinatos en la región centro-occidental del país.

Periódico El Libertario
Caracas, 26.11.09
http://www.nodo50.org/ellibertario

No a la ejecuciones de gays en Irán

En la edición del diario oficialista VEA del 25.11.09 aparece, en portada, la visita del presidente de Irán, Ahmoud Ahmadinejad, a Venezuela. Por otra parte, en mi casilla de correo recibo la convocatoria de la red GLBTI local a unas actividades la primera semana de diciembre, en donde comentan que uno de sus miembros, un activista ligado al gobierno, ha logrado conseguir el permiso para marchar hasta la Asamblea Nacional. Me parece muy bien que la comunidad gay reivindique sus derechos, pero no dejo de pensar como han silenciado, tanto en esta oportunidad como en las anteriores, la visita con honores de un presidente de un país en donde la homosexualidad se penaliza, nada mas y nada menos, con la pena de muerte. Este silencio es explicable solo por la colonización de la agenda de los movimientos sociales por la polarización, de como se critican algunas cosas, otras se callan y otras se justifican.

El envilecimiento y oportunismo político, en nuestros tiempos y lugares, no distingue géneros. No siempre lloverá.

No reciclable

En nuestras entregas anteriores relatábamos cómo dos leyes aprobadas en Consejo de Ministros, y directamente relacionadas con el ámbito militar, cercenaban diferentes derechos humanos y se ponían al margen de la Constitución. Por un lado la Ley de Conscripción Militar niega la no obligatoriedad del servicio militar, tal como quedó consagrado en la Carta Magna de 1999. En segundo lugar, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana coloca obstáculos a los derechos laborales y al derecho a la participación.

La creciente militarización que experimenta la sociedad venezolana no es un fenómeno que nace con el llamado gobierno bolivariano, sino que forma parte de la matriz sociopolítica sobre la cual se ha edificado la institucionalidad democrática en el país. Durante 51 años del siglo pasado Venezuela fue gobernada por caudillos civiles y militares, definidos por poseer una personalidad carismática, con amplia red de relaciones y una fuente de recursos económicos considerable y permanente; la cual materializa la concepción del orden y del progreso nacional. Como lo escribió en algún momento el sociólogo Tulio Hernández, el militar y lo militar, entendiendo el primero como la figura individual y el símbolo social, y lo segundo como el aparato institucional y sus modos de actuar, son componentes esenciales y decisivos de la vida política venezolana y, especialmente, de manera muy singular, a todo lo largo del siglo XX.

A pesar de todo este contexto, sin embargo, el militarismo bolivariano ha desarrollado sus propias particularidades. En primer lugar tenemos un discurso en el cual el primer mandatario se promociona a sí mismo como el “comandante-presidente”, apelativo por el cual es nombrado por buena parte de sus seguidores. El discurso del presidente Chávez ha descrito permanentemente el conflicto dentro el país con metáforas castrenses y alegorías de confrontaciones bélicas, mezclando eventos de la propia historia de la independencia venezolana con referencias a la guerra tradicional. Retóricamente, la construcción del discurso ha establecido que el mayor honor es morir por los intereses nacionales.

En segundo lugar nos encontramos con lo simbólico. A pesar de la investidura civil de su cargo, el presidente Chávez asiste a las ceremonias oficiales en traje militar. La boina de color rojo, utilizada por los militares golpistas y por el propio Chávez, durante febrero de 1992, forma parte importante del atuendo bolivariano. El paseo de Los Próceres en Caracas, una infraestructura militar inaugurada en 1956 por el dictador Marcos Pérez Jiménez, es un sitio privilegiado tanto para las marchas militares como para las manifestaciones civiles de apoyo al gobierno. Además se usan fechas de la gesta de la independentista para la realización de actos políticos considerados relevantes.

El militarismo también ha modelado el propio ejercicio del poder, en donde gran cantidad de cargos públicos, de mediano y alto nivel, son ejercidos por militares en activo. Asimismo, el liderazgo es incontestable, desarrollando un permanente culto a la personalidad. Asimismo, se privilegia la relación “líder-pueblo” sobre cualquier instancia de dirección colectiva.

La relación con la sociedad es otra de las dimensiones. El movimiento bolivariano se ha organizado constantemente emulando las estructuras militares: Unidades de Batalla Electoral (UBE), batallones, milicias, frentes, patrullas, reservas cívico-militares, etc. Asimismo, se ha exigido a los organismos de participación popular, creados desde el Estado, entrenamiento de tipo militar y su incorporación a la llamada “Milicia Nacional Bolivariana”, desde el año 2008 un nuevo elemento de la estructura de la Fuerza Armada Nacional (FAN). Los discursos y órdenes del Presidente son respondidos, a la usanza castrense, con frases como “rodilla en tierra” y “Comandante Chávez ordene sobre este frente”.

Otra instancia es el papel preponderante asignado a la Fuerza Armada Nacional. El ejército posee, en los hechos, un papel organizativo-administrativo más importante que los partidos políticos que acompañan al presidente Chávez, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hasta sus partidos satélites como Patria Para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Las Fuerzas Armadas desarrollaron, en el año 2000, las primeras políticas sociales del gobierno bolivariano, denominadas Plan Bolívar 2000. Actualmente presiden la Misión Mercal y otras importantes políticas sociales, además de garantizar la logística y la infraestructura de la mayoría de los actos públicos del proceso bolivariano. Esta importancia se refleja, a su vez, en la cantidad de presupuesto destinado al Ministerio de Defensa. Al desglosar la Ley de Presupuesto 2009, de la lista de 27 ministerios, el Ministerio de Defensa figura en el séptimo lugar de mayor cantidad de dinero recibido. De esta manera, los gastos del Ejército venezolano duplican los destinados a la participación, triplican los de alimentación y vivienda, son cuatro veces mayores que los destinados a la protección del medio ambiente, nueve veces más grandes que para el sector cultural y doce veces los dirigidos a la promoción del deporte. La brecha mayor la constituye la consignada a las comunidades ancestrales: el monto aprobado para las Fuerzas Armadas supera 58 veces el correspondiente al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

Consideramos que el militarismo es contradictorio con la democracia directa y protagónica. Para que exista más y mejor democracia, y en consecuencia un mejor disfrute de los derechos humanos, deben ser los ciudadanos y ciudadanas, cuyos tiempos y formas de pensar difieren de la disciplina y verticalidad castrense, los que refunden los consensos básicos de vivir, libres y solidariamente, en sociedad. (Correo del Caroní, 23.11.09)

Banda de rap-core y hip hop española, conocida por sus acidas e inteligentes letras. Pasaron por Chile y México para presentar su último disco “Hipotecate tú”, en el que recuperan el espíritu que se habia difuminado en su producción anterior. Destino Zoquete pertenece a su reciente cd.

Nacemos ignorantes y morimos igual pero pedantes
Nos asusta que el cerebro se desgaste por usarlo demasiado
Es cansado y contraproducente exprimirse la cabeza fatigar la mente
Porque no se vive mal en el limbo ignorante
Sacando lo justito para tirar p alante
¿Como estas seguro de que quieres eso?
En lugar de escuchar otras voces
Que apuntan ideas en las que te reconoces
Quien ha vivido quien ha sentido
Quien no ha querido ser uno mas en la estampida
De que tu vida por la ignorancia
Que ser humano no es solo ser mono con poco pelo
Valga respeto y tiendo mi mano
A esos primates que tanto quiero
Pero de poco sirve
Pasar el ciclo del dia a dia
Dando la espalda a quien transmite con su experiencia sabiduría
Asi que piensa, no paga airete y dale esquinazo a tu destino zoquete

Destino zoquete, nuestra ignorancia los hace fuertes
Cuanto menos sabes mas le temes a la muerte
¡Como promete, como promete tu destino zoquete!

Falacias, mentiras, panfletos que pasan por ideologías
Discursos, sermones, a nadie interesa que tu razones

Destino zoquete, nuestra ignorancia los hace fuertes
Cuanto menos sabes más le temes a la muerte
Como promete, como promete tu destino zoquete

Pero cansa ¡y pereza manda!,
te devora la flojera porque es duro seguir aprendiendo
si ya nadie obliga, pero el ciclo no descansa
y el que busca se adelanta
y al sofista desbanca, dale labia
discute, raja, despliega la antena
debate oxigena cualquier mente sana
y adelante bien pensante, beligerante
las nuevas ideas renuevan la sangre
y deja empaparse de tinta el cerebro dormido
desoyendo argumentos mezquinos,
coge el relevo, pasa el testigo
pon en remojo tu cabeza dura
y aporta algo nuevo al concepto cultura

Destino zoquete, nuestra ignorancia los hace fuertes
Cuanto menos sabes mas le temes a la muerte
Destino zoquete, nuestra ignorancia los hace fuertes
¡Como promete, como promete tu destino zoquete!

No reciclable

La semana pasada comentamos el retorno del servicio militar obligatorio tras la promulgación de la nueva Ley de Conscripción y Alistamiento Militar, aprobada en Consejo de Ministros, contrariando lo establecido en la Constitución. La posibilidad de realizar un servicio civil de corte alternativo quedó expresado en el artículo 134 en la Carta Magna redactada en 1999, una garantía posible por la incidencia realizada por el movimiento de derechos humanos –y no por Juan Navarrete como erróneamente apuntamos en el texto, quien no fue electo como constituyentista-. En la misma Gaceta en donde esta normativa fue difundida, numerada con la 5.933, también aparece la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual también genera diversas preocupaciones que comentaremos a continuación.
Uno de los primeros elementos que resalta, negativamente, es la legitimación de las denominadas “regiones de defensa integral”, expresada en su artículo 23: “El Presidente o Presidenta de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana establecerá las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, las cuales contarán con un Jefe o una Jefa y su Estado Mayor Conjunto”. Según este numeral, estas áreas estarán organizadas en “Zonas Operativas de Defensa Integral” contando con un Comando y Estado Mayor, las cuales a su vez poseerán Áreas de Defensa Integral. Estas unidades militares serían designadas directamente por el propio primer mandatario. El tipo de relación entre estos mandos castrenses y las autoridades civiles, electas por votación popular, se aclara dos artículos más adelante: “El Jefe o Jefa de la Región Estratégica de Defensa Integral ejercerá el mando directo sobre todas las unidades asignadas a la Región Estratégica de Defensa Integral y demás órganos operativos y administrativos funcionales, que le sean asignados para el cumplimiento de su misión”. Esta supeditación del poder civil al militar, debido a razones argumentadas como excepcionales, se conoció hasta el pasado reciente como “Teatros de Operaciones”, que como recordaremos más temprano que tarde originaron graves violaciones a los derechos humanos, como la masacre de 14 humildes pescadores el 28 de octubre de 1988 en el estado Apure, un crimen impune 20 años después. Otra medida, como el servicio militar obligatorio, en la que retrocedemos a situaciones que se creían superadas.

La imposición de autoridades supraconstitucionales atenta contra todos los principios de la soberanía popular. En el artículo 26 su quinta y sexta función a desempeñar se describen de la siguiente manera: “Ejecutar los planes de contingencia en casos de emergencia por estado de alarma, catástrofes y calamidades públicas, que ponga en peligro la seguridad de la Nación” y “Planificar, organizar, coordinar y supervisar el apoyo a los órganos de Protección Civil y Administración de Desastres”. En primer lugar destacamos la vaguedad de los términos “estado de alarma” y “seguridad de la Nación”, lo cual podría generar suspicacias sobre el uso de este mecanismo de manera discrecional para enfrentar alteraciones del orden público. En segundo término el recurso fácil –y peligroso- de utilizar a los militares para abordar catástrofes naturales. En este punto recordamos las valientes denuncias de la periodista Vanessa Davies tras la vaguada ocurrida en el estado Vargas, en el año 1999, cuando señaló como los militares más que ser artífices de la solución se habían convertido en parte del problema. En este punto la hoy directiva del partido de gobierno debería trascender el coro del silencio.

El artículo 5 de la nueva normativa incluye a la Milicia como componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dentro de sus funciones, establecidas en el numeral 46, se encuentra la organización de los “comités de defensa integral” de los consejos comunales, “a fin de fortalecer la unidad cívico-militar”, así como recabar y procesar información proveniente de estas organizaciones de participación comunitaria “para la elaboración de los planes, programas, proyectos de desarrollo integral de la Nación y movilización nacional”. Esta ley refuerza la tendencia de cooptación de los grupos comunitarios, cediéndole funciones, a juicio de Provea, totalmente ajenas al verdadero quehacer comunitario. Otro detalle lo constituye el que los llamados “Cuerpos combatientes”, como integrantes de la milicia, son corresponsabilidad de los órganos, entes y dependencias del sector público y privado en donde laboran. Además, estos núcleos de ciudadanos militarizados si bien operacionalmente se encuentran subordinados al Comando General de la Milicia Bolivariana, administrativamente dependen de sus propios patrones. Ante la falta de especificaciones, este detalle puede suponer demasiadas cosas.

Todavía falta un elemento adicional. El articulo 50 de esta ley antagoniza con el derecho constitucional a la huelga: “Los Cuerpos Combatientes son unidades conformadas por ciudadanos y ciudadanas que laboran en instituciones públicas y privadas (…) con el fin de coadyuvar con la Fuerza Armada Nacional en la defensa integral de la Nación, asegurando la integridad y operatividad de las instituciones a las que pertenecen”.

En Provea creemos que los retrocesos se producen si dejamos que ocurran. Por ello convocamos a todos y todas, principalmente los jóvenes, a iniciar un movimiento que detenga la supuesta legitimidad de la progresiva militarización del país, logrando –entre otras cosas- la inconstitucionalidad de las dos leyes descritas. (Correo del Caroní, 17.11.09)

Una triste metáfora. Días previos al 12 de octubre, el alcalde chavista Jorge Rodríguez colgó una serie de pendones en el centro de Caracas haciendo alusión a lo que desde el poder llaman “Dia de la resistencia indígena”, 24 horas en donde se acuerdan que existen pueblos originarios, realizando toda clase de verbenas y espectáculos, bajo la mirada atenta de los medios de comunicación bajo su control. Porque para el poder de turno todas las luchas son eso, un onomástico publicitario del cual se puede sacar partido. Un día después, en lo que es la degradación de un conflicto cuyo origen es la demarcación de territorios, un incidente resulta en dos yukpa muertos y varios heridos, como se puede leer en posts anteriores de este blog. El cacique Sabino Romero es detenido e incomunicado en un recinto militar, cuya denuncia pueden leer en el siguiente párrafo. De las tres fotografías usadas en la comparsa del alcalde Rodríguez, una de ellas es precisamente la de Sabino, como se puede ver en la foto. Mientras su rostro sirve para maquillar de indígena a un ejecutivo populista y autoritario, el Sabino de carne y hueso se le violan todas las garantías al debido proceso, como por ejemplo ser juzgado por la justicia civil y no por la militar.  Para los chavistas los de abajo somos eso, fotografías épicas para carteles publicitarios.

:: Sobre el caso del Cacique SABINO ROMERO IZARRA, de la comunidad Chaktapa de la Sierra de Perijá del Estado Zulia, les informo lo siguiente:

Ayer martes 10 de noviembre de 2009, me trasladé en compañía del colega LEONEL GALINDO, al Comando 121 del Ejército Fuerte Macoa, ubicado en la población de Machiques. Llegamos a las 4:30 pm., con una copia debidamente certificada por la Secretaria del tribunal de la causa Primero de Control de la Villa del Rosario, en la cual se dejaba expresa constancia que somos los defensores privados de los ciudadanos SABINO ROMERO IZARRA y ALEXANDER FERNÁNDEZ. Nos dijeron que esperásemos en un bohío que se encuentra en la entrada del comando y nos exigieron nuestras identificaciones; allí estuvimos esperando hora y media hasta que salió el Teniente Coronel de apellido OLIVO, quien nos dijo que lamentablemente por la hora no podríamos pasar a ver al ciudadano Sabino Romero, porque ellos tenían que hacer contacto previamente con la juez para que certificara que era cierto el contenido del oficio. Nos exigió además copia certificada de nuestra designación como defensores donde apareciera la firma de la Juez, pues la firma de la secretaria no tenía ningún valor. Le comunicamos que veníamos desde Maracaibo (dos horas de viaje) y que tuvimos que ir hasta el tribunal para introducir la contestación a la apelación del fiscal, y nos respondió muy sutilmente que si nosotros no entendíamos estas normas de la institución militar y refutamos estas órdenes, nos podrían detener y abrir una investigación por “Desobediencia a la autoridad y/o Alteración al orden público”.

De igual modo, quiero denunciar que tampoco se ha permitido la entrada a la Defensora del Pueblo en materia de Derechos Indígenas, Dra. LORENA ARCAYA, y la Defensora Pública (con competencia indígena) del cacique Olegario Romero, quien denunció el hecho ante el tribunal de la causa.

No queda duda que estos hechos constituyen una obstáculo flagrante del derecho a la defensa como garantía esencial del debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Orgánico Procesal Penal y la normativa internacional de Derechos Humanos que rige en la materia, al no permitir a los abogados de su confianza mantener comunicación directa con sus defendidos. Para el día de hoy no existe ninguna garantía de poder ver a nuestros representados.

Tales hechos son denunciados por esta vía para que se conozca la situación real del caso del cacique SABINO ROMERO, y su situación de “encierro” en una institución militar que no garantiza las exigencias del Convenio 169 de la OIT sobre reclusión de indígenas en procesos penales.

Atentamente,
Ricardo A. Colmenares Olivar
Doctor en Derecho
Abogado Penalista
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