Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui
Por diferentes razones Venezuela ha mantenido, durante varios años, la tasa inflacionaria más alta de la región, ubicándose alrededor del 30% anual. Las consecuencias económicas son de diferente orden, sin embargo queremos realizar un acercamiento al fenómeno desde una perspectiva de defensa y promoción de los derechos humanos. Aún cuando pareciera que la inflación es una situación que pertenece al ámbito de las ciencias duras, el disfrute de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, no pueden sustraerse de esta realidad que afecta a todos los seres humanos.
Para reflexionar al respecto citaremos el estudio del profesor de pensamiento económico mexicano Alonso Díaz Etienne, “La inflación y los derechos humanos”. El académico establece como las principales características económicas y efectos negativos de la inflación los siguientes:
- Disminución del bienestar general, a causa de sus efectos negativos sobre la asignación y el crecimiento,
- Polarización del ingreso y la riqueza de los diferentes grupos sociales, afectando mayoritariamente a los más débiles, con menor capacidad para realizar reajustes debido a la posesión de patrimonios limitados,
- Constituyen una suerte de “expropiación disfrazada” a los poseedores de dinero en efectivo, convirtiéndose es un gravamen especial y particularmente injusto, porque es aplicado al activo más común entre las clases más desfavorecidas.
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