La Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, ha realizado diferentes declaraciones en donde ha expresado la voluntad de su despacho en hacer justicia en las llamadas “masacres puntofijistas”. Como recordaremos, se han denominado de esta manera a diferentes hechos, ocurridos en la década de los 80´s, en los cuales están involucrados, principalmente, funcionarios militares en homicidios colectivos contra civiles. En aquel momento se activaron diferentes dispositivos para enturbiar los hechos, así como para desviar, obstaculizar y estancar las investigaciones. Las declaraciones de la funcionaria, entonces, evidenciarían un comportamiento diferente, pues si bien aquellos lamentables episodios ocurrieron en otros gobiernos, la ausencia de justicia y reparación son responsabilidad del Estado al cual Ortega Díaz pertenece.
Si bien familiares de las Masacres de Yumare (08.05.86) y Cantaura (04.10.82) han mostrado su expectativa y conformidad con el inicio de los procedimientos, precisamente en los dos casos más emblemáticos del período existen observaciones y preocupaciones sobre la actuación de la Fiscalía. En el caso de las víctimas de El Caracazo, los aportes de los familiares que han mantenido el recuerdo vivo de la injusticia durante más de dos décadas ha sido soslayado, iniciando el Ministerio Público un segundo procedimiento de exhumación con irregularidades de sentido común. Por un lado, desconociendo olímpicamente el discurso gubernamental acerca de la democracia participativa y protagónica, la Fiscal ha realizado, según sus propias cifras, 4.000 diligencias sobre el asunto que son absolutamente desconocidas por los familiares. Solamente un aviso de prensa los convocó entregar recaudos, lo cual antagoniza con las exhumaciones realizadas en La Peste en el año 1990, en el cual los familiares, con el acompañamiento de diferentes actores sociales, cuidaron aquel camposanto del horror durante todo un año y realizaron diferentes tareas de reconocimiento antropométrico. En segundo lugar, y aquí el detalle es digno de Ripley, dentro del equipo de trabajo gubernamental se encuentran el director del Comando General del Ejército y el comandante General del Core 5 de la Guardia Nacional, precisamente quienes han sido señalados como corresponsables materiales de diferentes ejecuciones. Además, según palabras de la propia Fiscal, un recinto militar –el Fuerte Tiuna- ha sido el sitio escogido para depositar las osamentas mientras dure la experticia científica. Como en otros países los familiares han solicitado la presencia de un segundo equipo de expertos independiente, cuyos resultados pudieran contrastarse con los oficiales y ofrecer un máximo de confiabilidad. Esta solicitud no sólo ha sido denegada, sino también criminalizada de responder a oscuros intereses.
Con todo y polémica, no obstante, hay actuaciones físicas y verbales sobre el caso del 27 de febrero de 1989. Sobre el que no se dice una palabra, en cambio, es sobre el ocurrido el 29 de octubre de 1988. Aquella matanza de 14 humildes pescadores en el Caño La Colorada del estado Apure, cuyos 2 sobrevivientes testimoniaron una verdad enfrentada a la versión oficial, no se gesticula en las intervenciones públicas de la Fiscal General. Este mutis da lugar a innecesarias especulaciones.
El 20 de agosto de 2008, a pocos días de recordarse el 20 aniversario de la Masacre de El Amparo, Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, los dos testigos de aquella emboscada maldita, acompañados de Provea y la Red de Apoyo solicitaron en Fiscalía la reapertura del caso. El Ministerio Público designó a la fiscal Haifa Aisami quien recabó 54 piezas del expediente, entre ellas, la sentencia de la Corte Marcial de 1994 que absolvía a los 19 funcionarios ejecutores de aquella cacería humana. Con las piezas del expediente en sus manos, según ha revelado una fuente judicial, la funcionaria se percató que en el año 2000 una oficina de San Cristóbal había decretado su archivo fiscal. Tras la designación de una nueva fiscal para el caso, Samia Abilmeni, presuntamente el Ministerio Público estaría manejando dos posibilidades para su reapertura: la solicitud de nulidad del archivo fiscal o pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que realice una declaración de “cosa juzgada aparente”. Si los subterfugios legales fueran el único inconveniente, la difusión de los dilemas con los que se han encontrado los adelantos en el caso llevaría mucha tranquilidad tanto a los familiares de las víctimas como a los sobrevivientes. Pero como el ruidoso silencio ha legitimado versiones encontradas, algunos sostienen que la presencia de actuales funcionarios en la lista de autores materiales e intelectuales, dentro de los cuales el más escandaloso es el dos veces ministro de interior y justicia Ramón Rodríguez Chacín, explicarían la omisión. Otros plantean que, en similitud con El Caracazo, la existencia de organizaciones sociales pre-chavistas como necesarias e incómodas intermediarias –Cofavic y Provea- dificultan la capitalización política y propagandística de las iniciativas. Como organización de derechos humanos, en cambio, le exigimos a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz que se pronuncie sobre la reapertura de la investigación sobre la Masacre de El Amparo, en vísperas de su 21 aniversario. Hasta ahora su silencio es muy parecido a la impunidad. (Correo del Caroní, 26.10.09)
