Derechos Humanos y Política

Rafael Uzcátegui

1) Política se ha convertido en una mala palabra entre nosotros, algo que describe una actividad realizada con oscuras intenciones. Los venezolanos y venezolanas nos encontramos agotados y cansados por la situación de país, que no se detiene en su deterioro. Las expectativas por lograr el cambio del estado de las cosas no se han cumplido y, en nuestra frustración, responsabilizamos a los políticos por esta situación. Si bien se han incurrido en muchos errores en la conducción del movimiento democrático por parte de los partidos políticos, también es cierto que ellos y nosotros nos hemos enfrentado a una situación desconocida: El progresivo desmontaje de la institucionalidad democrática. Y frente a esta situación inédita no hemos usado las herramientas y estrategias mas eficaces para lograr el retorno de la democracia. Estos tropiezos del liderazgo democrático han aumentado, entonces, nuestra desconfianza tanto sobre la política como sobre los políticos.

Sin embargo, la palabra “política” no sólo describe la actividad que hacen las personas dentro de una organización doctrinaria que busca el ejercicio del poder. La “política” es cualquier cosa que hacemos las personas para influir sobre nuestro entorno, y generar cambios en el actual estado de cosas. Y si la política realizada por una persona es importante, cuando un individuo se asocia con otras para tener mayor capacidad de influencia, es mucho mas eficaz. Siendo así, desde esta perspectiva amplia, “política” es todo aquello que hacemos las organizaciones de la sociedad civil para el logro de nuestros objetivos, aunque no queramos nunca ejercer un cargo público. Si intentar provocar cambios, en nuestro caso en positivo, es el objetivo de la política, tenemos que reconocer que todos nosotros y nosotras podemos hacer, y efectivamente hacemos, política en algún momento de nuestra vida.

2) Si la defensa y exigencia de nuestros derechos humanos es un acto político en sentido amplio, aunque no político-partidista, podemos pensar que el desprestigio de la palabra política también afecta alcanzar nuestros objetivos, que son la vigencia plena de los derechos reconocidos en la Constitución y la garantía de otros nuevos. Y esto es tan real que uno de las metas de los gobiernos populistas autoritarios, como el que ahora tenemos en nuestro país, es que la sociedad toda desconfíe de sus potencialidades, de su capacidad de asociarse y resolver sus problemas autónomamente. Es decir, que los ciudadanos hagan política. Y si la sociedad piensa que es incapaz, por sus propios medios de aportar a la solución de los problemas que afectan su vida, estará más dispuesta a entregarle esa responsabilidad a una persona, el caudillo o el representante máximo del Estado. Está siendo disciplinada para la delegación. Desde 1999 hemos sido testigos de cómo todo el aparato de propaganda gubernamental ha construido un culto a la personalidad, en Hugo Chavez primero y después, aunque en menor medida, sobre Nicolás Maduro, para convencernos que disfrutar de salud o acceder a una vivienda no es un derecho, sino una concesión, casi un favor, otorgado por ellos. Entonces, durante todo el ejercicio del poder del gobierno bolivariano ha existido una estrategia sistemática para quitarle capacidad a la gente y entregárselo a sus élites, a la cúspide del gobierno. Y aunque esto puede ocurrir mediante mecanismos violentos y de coerción, es mucho más eficaz cuando son consecuencia de la servidumbre voluntaria, cuando cada uno de nosotros piensa que la política es sucia y corrupta por naturaleza y por tanto, para no ensuciarnos, delegamos y entregamos todo a la élite gubernamental.

Resumimos: Es cierto que miembros de partidos políticos han incurrido en hechos de corrupción y, en diferentes ocasiones sus organizaciones no tienen mecanismos democráticos de toma de decisiones. Pero el desprestigio de nuestra potencialidad de asociarnos para resolver problemas, de hacer política en sentido amplio, es una política de Estado del autoritarismo, con el objetivo de mantener dividida y fragmentada a la sociedad, y que sea incapaz de modificar el actual estado de las cosas.

3) Los venezolanos nos encontramos en el peor momento de nuestra historia, por lo menos la que ha transcurrido desde 1958. La ausencia de democracia y la emergencia humanitaria compleja se han agravado durante la situación de pandemia. Siendo un momento extraordinario en nuestra vida, por tanto, demanda también que como ciudadanos hagamos más que lo que, en circunstancias normales, hacemos. Esta reflexión no es fácil. En el caso de Provea tuvimos muchos años conversando sobre ello, estimulados por nuestros colegas del movimiento de derechos humanos del Perú, que debido a su experiencia bajo Alberto Fujimori en los 90, un gobierno que llegó al poder mediante el sufragio y posteriormente se transformó también en una dictadura, desde muy temprano nos compartieron lo que aprendieron durante esos días. Desde los primeros signos de la deriva autoritaria bolivariana ellos nos decían, de diferentes maneras, que cuando en un país ocurre un quiebre de la institucionalidad democrática, las organizaciones de derechos humanos deben asumir un rol político. Un rol político en sentido amplio, como hemos venido explicando, no político-partidista. Y este rol político consiste, en pocas palabras, en sumar esfuerzos con otros sectores de la sociedad para lograr que retorne de la democracia. Esto nos exige, en nuestro caso, hacer más que lo que usualmente hacemos. Y seguramente contamos con recursos limitados y ya estamos desbordados de exigencias. Pero, lamentablemente, la gravedad de la situación lo amerita.

Como nos lo explicaron nuestros colegas peruanos este trabajo político, en sentido amplio, no es solamente sumarnos a los esfuerzos de articulación por el regreso de la democracia que ya existan, sino que si es necesario, convertirnos en actores clave en la apertura de nuevos espacios de confianza que permitan al resto de los sectores ponerse de acuerdo. Aunque se han visto casos, generalmente quienes participamos en una ONG o en una organización social o comunitaria no tenemos vocación de ejercer el poder en un cargo público, Y esto nos otorga un nivel de reserva moral que pudiera darnos la legitimidad de convocar o reforzar espacios de articulación, cuando por el desgaste del conflicto pareciera que no fuera posible que los representantes de los partidos políticos pudieran actuar juntos. Porque cuando un ciudadano o ciudadana interviene en los asuntos públicos, es decir, hace política, no quiere sustituir el rol del liderazgo partidista, sino precisamente generar las condiciones para que puedan cumplir de manera correcta con su trabajo de gestión de lo público.

4) Hacer política desde una organización social o comunitaria tiene sus riesgos. El mas importante es no mantener la separación entre política en sentido amplio y política partidista, por lo que la identidad ideológica o partidista termina por sustituir o sobreponerse a nuestra identidad como activistas o defensores de derechos humanos. Para poder mantener los campos claramente delimitados, debemos actuar siempre en base a nuestros principios. En el caso de los defensores y defensoras los principios en derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como los más importantes. Nuestra manera de pensar y razonar debe ser, en todo momento, desde lo lentes de los principios en derechos humanos. Desde esta mirada aportaremos al conjunto de esfuerzos por el rescate de la democracia, que son realizado por miradas desde otros lugares y bajo otras prioridades.

Aclaramos que desde los derechos humanos se pueden hacer dos tipos de esfuerzos: El del activista y el del defensor. Un activista, en este caso, decide defender los derechos humanos de un sector o de un grupo de personas, la mayoría de las veces de la organización a la que pertenece o de quienes le son afines ideológicamente. Por tanto, decide racionalmente no defender los derechos de un determinado grupo de personas. En cambio, un defensor o defensora de derechos humanos debe defender a todos, sin ningún tipo de discriminación, en virtud del principio de universalidad. Está obligado a ser solidario sin mirar a quien. Para ejemplificar podemos decir que Alfredo Ruiz, en su papel como Defensor del Pueblo, sólo defiende los derechos de quienes 1) se identifican con el chavismo y 2) apoyan, o por lo menos no critican al gobierno. Por tanto es un activista de derechos humanos. No es un defensor. Los activistas son necesarios, pero cuando se dice que uno es un defensor, se debe actuar coherentemente.

Por otro lado, un defensor o defensora de derechos humanos, en el ejercicio de sus derechos políticos, puede simpatizar o estar inscrito en un partido político determinado. Sin embargo, en todo momento, su principal identidad es la de ser un defensor o defensora de derechos humanos, por lo que no dudará ni un segundo en defender los derechos de quienes adversan a su partido o tampoco debe titubear en denunciar las violaciones de derechos humanos en las que se encuentren involucrados funcionarios que representan al partido de su preferencia. Esto es actuar siembre guiado por los principios, y no por las preferencias políticas. El día de mañana los defensores y defensoras de Derechos Humanos deberán defender, por ejemplo, el derecho a la defensa y al debido proceso de Nicolás Maduro en caso que deba responder por sus actuaciones frente a un tribunal. No es una tarea fácil, pues los defensores también somos humanos, pero para no flaquear en nuestro trabajo siempre debemos aferrarnos a los principios y valores presentes en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

5) Desde la sociedad civil hemos aprendido, paulatinamente, a hacer política en sentido amplio. El promover una identidad propia, en medio del conflicto, nos ha obligado a cuestionar el chantaje unitario y hacer cuestionamientos a las diferentes autoridades cuando ha sido necesario. Tampoco ha sido sencillo y hemos tenido que extraer enseñanzas de nuestros propios errores, y silencios, para ello. Luego de tantos años en hacer causa común contra el autoritarismo, un hito importante de este ejercicio autónomo de política en sentido amplio fue cuando se interpeló la instrumentalización de la ayuda humanitaria, en febrero de 2019. Eso nos dio la suficiente autoestima para rechazar, a su vez, el llamamiento insurreccional en las inmediaciones de La Carlota, meses después. Cuando llegó la pandemia a nuestro país no había vuelta atrás en la práctica autonómica, por lo que se les exigió a las diferentes autoridades que colocaran en primer plano el bienestar de la población e hicieran un alto en el conflicto para orquestar la mejor respuesta posible al Coronavirus. Recientemente, a pesar que era impopular, un sector de la sociedad civil siguió siendo fiel a sus principios sobre la resolución pacífica y negociada del antagonismo y fue clave en la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Seguramente se cometerán otros errores, pero quienes desde la ciudadanía han comenzado a hacer política en sentido amplio, han decidido asumir en primera persona las riendas de su destino.

6) Actualmente existe una importante crisis de representatividad en la población, la cual desconfía que los voceros políticos opositores puedan lograr el retorno de la democracia y la vigencia plena de la Constitución. El autoritarismo piensa que neutralizando a la clase política detendrá, por otra parte, los esfuerzos de promoción de la transición a la democracia. En este esfuerzo, los ciudadanos y quienes participamos en organizaciones sociales y comunitarias tenemos un rol que cumplir, por lo que si nos asociamos para actuar políticamente, estos esfuerzos por volver a la democracia seguirán por diferentes vías. Queremos que la clase política se recomponga, reflexione sobre sus errores y limitaciones, y finalmente ejerza su rol. Pero anhelamos que eso sea acompañado, y con la inclusión, del resto de la sociedad, mediante canales de participación incluyentes y democráticos. Hoy, tenemos que recoger testimonios y documentar violaciones de derechos humanos, realizando informes para remitirlos a los organismos internacionales de protección y hacer denuncias públicas. También tenemos que hacer trabajo humanitario, ayudando a las personas que más lo necesitan en este momento. Pero además de esos esfuerzos, que seguramente ya consumen muchas de nuestras energías y recursos, debemos ponernos de acuerdo con otros sectores, incluyendo a la clase política, para poder recuperar la democracia, el único sistema de gobierno que puede garantizar el disfrute y ampliación de los derechos humanos. Otros países de la región han pasado por situaciones tan traumáticas como la nuestra. Los venezolanos no somos menos, y tenemos tanta capacidad humana como ellos para lograr, en un futuro, un país para todas y todos. Que este tipo de preocupaciones sea, cada vez más, de interés público, es un pequeño ejemplo de ello.

Junio 2021: El contexto venezolano en 5 minutos

Luego de la desaparición física de Hugo Chávez, ocurrida en marzo de 2013, su proyecto político sufre las consecuencias de la aparición de una profunda crisis económica y la pérdida de apoyo popular, que fue evidente en diciembre del año 2015 cuando la oposición obtuvo dos millones de votos por encima de las candidaturas oficiales a la Asamblea Nacional. A partir de ese momento Nicolás Maduro toma una serie de decisiones que alejaron a su gobierno de la democracia.

Desde el año 2014 Venezuela sufre una Emergencia Humanitaria Compleja. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), para el año 2020 el 79,3% de los venezolanos no tienen como cubrir la canasta de alimentos. El 1 de mayo del 2021 el gobierno ordenó que el salario mínimo, el cual percibe una cantidad importante de venezolanos, fuera de 7 millones de bolívares mensuales, lo cual equivale a dos dólares y medio al mes. Los cortes recurrentes de los servicios de electricidad, agua y gas doméstico, que son más graves en las ciudades del interior del país, han obligado según ACNUR a que 5,4 millones de venezolanos se hayan ido a otros países en calidad de migrantes forzados. Nicolás Maduro atribuye como causa de la crisis a las sanciones económicas impuestas en años recientes. Sin embargo, tal como lo expresó la Alta Comisionada Michelle Bachelet en su Informe sobre Venezuela; si bien las sanciones económicas pueden agravarla, la crisis económica y social es preexistente a las sanciones.

Desde diciembre del año 2015 las autoridades han implementado una estrategia para ganar elecciones siendo minoría. Entre otras decisiones se ha intervenido la junta directiva de partidos políticos, se ha obligado a miembros notables de la oposición a exiliarse, se ha inhabilitado a candidatos y se han modificado las normas por las cuales se realizan los procesos electorales en el país. Todo esto ha disminuido la confianza de la población en la capacidad del voto para lograr cambios en el país y ha posibilitado la realización de elecciones en condiciones fraudulentas. Los diferentes poderes públicos no cuentan con la independencia necesaria para garantizar la vigencia de la Constitución ni responder los reclamos de la ciudadanía. La ausencia de controles institucionales ha generado un contexto de corrupción generalizada en el manejo de los asuntos públicos.

En marzo del año 2020 se detectó el primer caso de Covid-19 en Venezuela. La respuesta de las autoridades fue decretar un estado de alarma en el país, aumentando los mecanismos de control sobre la sociedad y los niveles de censura y represión. No existe información confiable sobre la evolución de la enfermedad ni la cifra de enfermos y fallecidos. El país tiene en los actuales momentos una de las tasas de inmunización más baja de la región, y no existe un cronograma de conocimiento público sobre el proceso de vacunación ni los sectores priorizados para obtener una dosis. Según declaraciones oficiales, las vacunas privilegiarán a las personas inscritas en el llamado “Sistema Patria”, un mecanismo de identificación paralelo al establecido en la Constitución y que ha venido siendo utilizado para el control político. Según cifras de Provea durante el año 2020 ocurrieron 15.470 detenciones arbitrarias en el país, un aumento del 464% respecto al año anterior. Durante el primer año de pandemia 123 voceros e integrantes de partidos políticos fueron detenidos, mientras que 68 detenciones fueron contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Por su parte 27 defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios fueron víctimas de una privación arbitraria de su libertad. La difusión de estadísticas que contraríen la versión oficial puede generar represalias, por lo que la información sobre la evolución del coronavirus diferente a la versión oficial debe consultarse en foros privados.

La grave situación de los derechos humanos en Venezuela ha motivado la activación de 5 mecanismos internacionales de protección: La Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo; El Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; La presencia en el país de 6 oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; La Misión Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, decidida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, finalmente, un examen preliminar por la Corte Penal Internacional. En contraparte, las autoridades promueven iniciativas para vulnerar el derecho a la libre asociación y reunión, mediante campañas sistemáticas de criminalización y desprestigio y, paralelamente, la promulgación de normas para restringir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la recepción de cooperación internacional.

La ausencia de una institucionalidad democrática en Venezuela, lamentablemente, otorga un papel fundamental a la comunidad internacional en la contención del abuso de poder de las actuales autoridades en nuestro país.

Restricciones y amenazas a la libertad de asociación en América Latina: Venezuela

Siguiendo la categorización sugerida por Krizna Gómez y César Rodríguez, en su libro para la ONG colombiana Dejusticia llamado “Encarar el desafío populista”, los ataques de los líderes autoritarios como Nicolás Maduro contra el espacio cívico se enfocan en debilitar dos aspectos: La legitimidad de las organizaciones y la eficacia con la que realizan su trabajo.

En el caso venezolano los ataques a la legitimidad de las organizaciones comenzaron desde el propio inicio del gobierno bolivariano, en 1999. A pesar que se vivió una corta luna de miel entre las ONG y el nuevo gobierno, durante el proceso Constituyente, ya en ese momento habían voces que desconfiaban públicamente de las organizaciones independientes. Un año después, cuando ocurre el deslave en el estado Vargas y en medio de la tragedia ocurren ejecuciones extrajudiciales, el propio Higo Chávez hace evidente esta corriente de opinión cuando acusa a Provea de ser financiada por la CIA. Rápidamente, a partir de ese momento, comienza una campaña de desprestigio y criminalización contra las organizaciones que se hace política de Estado a partir del año 2007, luego que Chávez pierde el referendo por la reforma de la Constitución, debido a que muchas de las ONG habíamos alertado sobre los retrocesos de la propuesta. Hoy existen dos programas de televisión pública donde, de manera semanal, se hacen señalamientos contra las organizaciones y se muestran fotografías de defensores y activistas, por ejemplo, en el aeropuerto llegando de un viaje, afirmando que sus maletas están llenas de dólares o perfumes costosos. El objetivo de todos los ataques es posicionar la opinión que las organizaciones y los activistas no son actores democráticos legítimos, sino que forman parte de una elite opresora, que vive con privilegios y que sus verdaderos jefes se encontrarían fuera del país. Alguna vez en Provea contamos en una de las páginas web oficialistas, que no diré su nombre para no darle publicidad, que había 43 artículos donde se decía, de diferentes maneras, que nuestro verdadero jefe era George Soros. Uno solo no era diferente: Eran 43 artículos!. Al socializar la desconfianza sobre las motivaciones de una organización o un activista siembras la semilla de la discordia en el conjunto del movimiento e inhibes a que la ciudadanía en general o sus potenciales beneficiarios se vinculen con la iniciativa. También lo deshumanizas, quitando en consecuencia las inhibiciones morales que impiden una agresión física o simbólica, y que en caso que ocurran vas a mostrar como un acto de “justicia popular”. Hoy una veintena de activistas, entre los que me cuento, contamos con medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este tipo de ataques, que generan un contexto de riesgos y amenazas, han motivado que muchos defensores y defensoras se hayan ido del país, sumándose a la corriente de migración forzada. Y a pesar que desde fuera siguen trabajando por los derechos humanos de los venezolanos, el tejido asociativo dentro del país se ha venido debilitando por estas ausencias.

El segundo tipo de ataques quiere disminuir la eficacia con la que trabajan las organizaciones, promoviendo obstáculos para el desarrollo de sus labores. Esto incluye no sólo la posibilidad de ser detenidos sino también la aprobación de leyes restrictivas.  Durante el primer año de estado de alarma en Venezuela, entre los meses de febrero de 2020 a marzo de 2021 han ocurrido un total de 318 detenciones arbitrarias, siendo 27 de ellas contra defensores, activistas y trabajadores humanitarios. El resto fueron 123 contra líderes y miembros de partidos políticos de oposición, 68 contra periodistas y 35 fueron sindicalistas. El Covid-19 ha sido una oportunidad para Nicolás Maduro de aumentar los mecanismos de control sobre la población y los territorios, además de incrementar los niveles de censura. En mayo de 2020, dos meses después de la llegada del primer caso al país, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela emitió un informe donde proyectaba los casos de enfermos y fallecidos por el coronavirus. Por haber discrepado de las cifras oficiales, que en nuestro caso ni son transparentes ni creíbles, el presidente de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente pidió públicamente a la FAES, un organismo que por su letalidad el ACNUDH solicitó su disolución, que les hiciera un allanamiento. En este momento de Cuarentena lo que debería discutirse públicamente debe hacerse en foros privados. Y esto obliga a los medios, pero también a las ONG, ser muy cuidadosas de lo que informan y de cómo lo informan.

En las leyes restrictivas tenemos ahora la aprobación de la providencia 002 que nos obliga a registrarnos ante una oficina contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Ahora mismo, si una ONG desea abrir nuevas cuentas bancarias para la institución o sus trabajadores, las entidades bancarias les están exigiendo estar registradas. Además, ha sido aprobada en la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional la discusión sobre un proyecto de ley de cooperación internacional, una iniciativa jurídica que se intentó aprobar en el año 2005, pero que debido a la reacción y movilización de diferentes sectores, no pudo avanzar. Entonces, se intenta aprovechar la desmovilización consecuencia de las medidas de distanciamiento social para aprobar lo que en otras circunstancias hubiera tenido un amplio margen de contestación. La combinación de estas dos normativas colocará al margen de la legalidad a muchas iniciativas asociativas del país, por lo que seguiremos el grave ejemplo de Nicaragua.

Notas ponencia foro “Violación a los DDHH en Venezuela” 08.06.21

1) La situación de violación a los DDHH en Venezuela no ha ido “desapareciendo”. Al contrario la emergencia humanitaria compleja y la ausencia de institucionalidad democrática se ha agravado bajo la pandemia de Covid-19. La situación es de tal preocupación que tenemos la expectativa sobre la posible apertura de una investigación formal sobre nuestro país por parte de la Corte Penal Internacional.

2) Es insuficiente la presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela para detener las actuaciones abusivas del poder. 1) Los informes del ACNUDH han generado alrededor de 60 recomendaciones, las cuales hasta ahora se han incumplido en su gran mayoría. Sólo citar la disolución del FAES. 2) Debido a su mandato de mantener el dialogo con las autoridades venezolanas, el ACNUDH ha priorizado la cooperación técnica sobre otros componentes de su mandato, por ejemplo, el componente de protección. Y esa cooperación técnica, incluso, no esta siendo respetada por las actuales autoridades venezolanas. 3) A pesar de la presencia del ACNUDH continúan repitiéndose patrones de violación a los derechos humanos y promoviéndose nuevas iniciativas restrictivas de derechos humanos. Si tenemos que evaluar la situación del país antes de la llegada del ACNUDH con la que tenemos en estos momentos, debemos afirmar que ha continuado deteriorándose. Algunas de estas recomendaciones sólo dependen de la voluntad política del Ejecutivo, como por ejemplo la publicación de estadísticas oficiales. Hay una intención clara por parte de las autoridades venezolanas de instrumentalizar su relación con el ACNUDH y simular ante la comunidad internacional que hay voluntad de cooperación con los sistemas de protección.

3) La llegada del Coronavirus a Venezuela no ha sido abordada como una emergencia sanitaria, sino como una amenaza política que debe enfrentarse, igualmente, con criterios políticos, no con criterios técnicos. Ha sido una oportunidad para aumentar los mecanismos de control sobre la población y los territorios. Según datos recopilados por Provea, durante el primer mes del estado de alarma se han realizado un total de 318 detenciones arbitrarias, 123 contra líderes y miembros de partidos políticos de oposición, 68 contra periodistas, 35 sindicalistas y 27 defensores y activistas de la sociedad civil. Por otro parte han ocurrido 628 detenciones en el contexto de manifestaciones y 7 personas asesinadas en las adyacencias de una protesta. Por otra parte se han incrementado los mecanismos de censura y opacidad de información pública. Los venezolanos no conocemos la real dimensión del impacto del coronavirus en nuestro país, siendo las cifras de enfermos y fallecidos no confiable. Por otra parte, como parte de la política de exagerar los resultados oficiales, las cifras sobre pruebas realizadas y vacunas administradas no es real. En Venezuela no tenemos políticas públicas sino actos de propaganda.

4) Ante la ausencia de instituciones democráticas, la única contención que tenemos los venezolanos contra el aumento del autoritarismo es el monitoreo y la presión de la comunidad internacional. Ahora hay 5 mecanismos internacionales activados sobre el país (CIDH, ACNUDH, MDH, OIT y CPI). Para nosotros, los mecanismos más contundentes han sido, por un lado los informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, que han afirmado que existen elementos suficientes para creer que han ocurrido crímenes contra la humanidad en Venezuela, los cuales contaron con el conocimiento y la tolerancia de altos funcionarios del gobierno, incluyendo al propio Nicolás Maduro. El segundo ha sido el examen preliminar de la CPI. La difusión de los dos informes de la Misión y la inminencia de una decisión sobre Venezuela por parte de la fiscalía de la CPI, ha obligado a las autoridades venezolanas a tomar medidas y reconocer responsabilidades para intentar impedir una decisión desfavorable en La Haya. Por ejemplo, en los últimos meses han disminuido las personas detenidas en manifestaciones y los operativos realizados por la FAES en todo el país. Se ha decidido la libertad plena de diferentes personas sometidas a presentación periódica en tribunales por participar en las protestas del año 2014 y 2017. Cada vez que un gobierno, su cuerpo diplomático u organizaciones sociales de otros países deciden abandonar los mecanismos internacionales de protección, para el caso venezolano aumentan las posibilidades que una persona privada de libertad por razones políticas, o las comunidades que son víctimas de la acción del FAES, sean víctimas de tratos inhumanos, crueles o degradantes, o sencillamente torturas.

Arturo Meza: Recopilación de una treintena de canciones

Durante mi enfermedad por Covid-19, en la necesidad de compañía y consuelo en el aislamiento, escuché varios conciertos del cantautor mexicano Arturo Meza publicados en la red Youtube. Al recuperar la salud, suerte que no han tenido muchos en una Venezuela golpeada por la emergencia humanitaria compleja, como agradecimiento a los mensajes de aliento, me prometí hacer una selección de canciones de su prolífica trayectoria para compartirlas con los venezolanos que conocen poco o casi nada de este gran artista independiente.

Arturo Meza, un músico excepcional con 33 discos y 15 libros en su haber, una figura de culto en la escena cultural independiente de ese país. Son 36 canciones escogidas, en formato mp3, que pueden descargar de https://mega.nz/file/RSwH0SZZ#QNA2YKhUQyGnP5hbr-pZ8pw5GW-cVOaR3evs-Zp3IWU

Que me disculpe el maestro por el pirateo, pero es la única manera en estas circunstancias que mis pares puedan disfrutar su talento

Venezuela: Ha fallecido el compañero Nelson Mendez por Covid-19

Integrantes del periódico El Libertario

En la madrugada de este lluvioso 5 de mayo en Caracas, ha fallecido a sus 68 años Nelson Mendez. Incansable propagandista ácrata, editor de las publicaciones Correo (A) y El Libertario, autor de varios libros y decenas de artículos de opinión e investigación. Nelson murió como consecuencia de complicaciones asociadas al Covid-19.

Nelson Méndez: (Caracas, 1952) era licenciado en Sociología y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Vinculado desde la juventud al activismo social y al anarquismo a partir de 1980, desde finales de los años 90 fue parte del equipo de redacción del periódico El Libertario. También fue uno de los animadores del Centro de Estudios Sociales Libertarios (CESL), que funcionó en Sarría durante varios años. Su más reciente libro es “Gastronomía y anarquismo. La utopía intensa de unir fogones, barricadas, placer y libertad” (2021). Anteriormente publicó “Un país en su artificio. Itinerario histórico de la ingeniería y la tecnología en Venezuela” (2011); y en coautoría con Alfredo Vallota: “Bitácora de la utopía. Anarquismo para el siglo XXI”.

Nelson fue una referencia para varias generaciones de activistas anarquistas venezolanos. Su cubículo en la Escuela de Ingeniería de la UCV era un epicentro de publicaciones libertarias que llegaban de varias partes del mundo y reuniones de planificación de actividades de organización y propaganda. Fue un antiautoritario coherente, rechazando las inequidades de los gobiernos venezolanos previos y posteriores a 1998, así como los golpes de Estado de diferente signo ideológico ocurridos en los años 1992 y 2002.


Sus compañeros y compañeras de El Libertario queremos, con estas líneas, rendirle un sentido homenaje. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para nosotros y siempre llevaremos su alegría y bondad en nuestros corazones. Nuestras sentidas palabras de cariño y consuelo para su compañera Mina y su hijo Salvador.

Contra la unidad, por la acción conjunta

Rafael Uzcátegui (*)

En el esfuerzo por la recuperación de la democracia en Venezuela la “unidad”, entendida en sentido amplio, es un principio clave. El título de este texto, no obstante, quiere problematizar lo que en los últimos años hemos entendido bajo este término, que a nuestro juicio no sólo ha sido contraproducente, sino también funcional para que el autoritarismo logre su principal objetivo en su permanencia infinita en el poder: La separación de quienes lo cuestionan.

¿Qué es lo que hemos interpretado como “unidad”? Precisamente, ser “uno”, análogos y compactos en la respuesta a la dictadura. Como reza el concepto, cultivando la propiedad de no dividirnos ni fragmentarnos sin destruirnos. La polarización, que principalmente fue azuzada por el populismo autoritario de izquierdas que hemos padecido en los últimos años, construyó en contraste la identidad “antichavista”, que obligatoriamente debía asumir cualquier disidente para ser reconocido por los otros como tal. A partir del año 2015, con la exacerbación del cénit de la ausencia de democracia, la estrategia de mayor consenso promovida por la oposición derivó en el llamado mantra de los tres pasos (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres). En este punto “la unidad”, como se internalizó por una serie de situaciones, era ser parte de la identidad “antichavista” sin fisuras y comulgar, sin ningún tipo de duda, con el mantra. En una curiosa voltereta del enfrentamiento del militarismo hegemónico, la pretensión de pensar y actuar, todos, de manera similar.

Espero ser suficientemente pedagógico con el punto. Hay ocasiones en la historia en que la sincronía de las fuerzas sociales detrás de una misma estrategia no sólo es importante, sino útil en el logro de los objetivos planteados. Pero en el caso venezolano reciente, especialmente en la fase que inició a partir de enero de 2019, este tipo particular de “unidad” no sólo fue ineficiente para lograr cualquiera de sus metas, sino que debilitó al conjunto del campo democrático hasta el grado de crisis en el que nos encontramos en el momento en que esto se escribe.

Este tipo de “unidad” presupone una vocería única, valga la redundancia, que la represente. Y si la duración del conflicto ha erosionado los procesos internos de toma de decisiones, es un caldo de cultivo para que aparezcan las tensiones por la disputa de su control. El autoritarismo sólo tuvo que esperar el tiempo suficiente para que las contradicciones internas emergieran. De esta manera pudo introducir los estímulos necesarios para aumentar exponencialmente la separación y, finalmente, que los puentes de comunicación entre las partes se dinamitaran hasta impedir cualquier iniciativa común.

Si nuestro esfuerzo en vez de enflaquecer al autoritarismo nos debilita, es hora de repensarlo. Insistir en ella es profundizar los resultados conocidos. Si el chantaje unitario, por calificarlo provocativamente, ha sido ineficaz, es hora de innovar con la dispersión estratégica: Atacar al autoritarismo, simultáneamente, desde varios puntos. Este método ha sido llamado “netwar” o enjambre en la literatura sociológica, y hay múltiples ejemplos de cómo ha sido aplicada en los últimos años en diferentes latitudes y conflictos. Para aclarar confusiones no es ningún llamado al “dibujo libre” o que cada quien haga lo que le parezca. Una estrategia de dispersión tipo “avispero” necesita de flujos de comunicación y coordinación entre las diferentes partes, pues la idea es reaccionar conjuntamente a una amenaza común.

En una ofensiva de avispero todas las iniciativas son legítimas en sí mismas. Los actores son distintos, en sus intereses y subjetividades. Por ello la única discusión pertinente es la de la eficacia, que debe valorarse en función de la serie de metas que cada una haya definido. Nos guste o no, en política hay un gran abanico de posibilidades que usted y yo podemos discutir, moralmente, hasta el infinito, que van desde la mínima confrontación hasta la insurrección armada. Lo cierto es que estarán, y seguirán estando, si las situaciones de opresión y empobrecimiento persisten. En vez de dilapidar energías en interpelar su legitimidad el debate debe reorientarse hacia los niveles de eficacia, que les haga ganar o perder seguidores. Que cada quien escoja la estrategia con la que se sienta más cómodo y haga peso desde ese punto. Lo importante es tener la capacidad para responder colectivamente a las agresiones comunes y mantener las coordinaciones necesarias para identificar oportunidades en la que una ofensiva común pueda aumentar el desgaste del elefante autocrático.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea.

Venezuela después de Trump

Rafael Uzcátegui

Al igual que para buena parte del resto del mundo, para los venezolanos fue una novedad, todo el sentido del término, la no re-elección de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos. Estadísticamente los números jugaban a su favor: Desde 1789 apenas 10 presidentes de ese país no lograron la renovación cuando lo intentaron. Por otro lado, su estilo pendenciero y populista era cónsono con la sociedad del espectáculo creada por el predominio de los medios de comunicación y las redes sociales. A nivel económico, su gestión no estuvo mal. Como lo refleja un artículo de The Economist, republicado en La Vanguardia, “en el período 2017-2019, la economía estadounidense se comportó de un modo ligeramente mejor al esperado”. Como dato reflejan que el crecimiento del PIB durante esos años fue más rápido que el experimentado en cualquiera de los dos mandatos de Barack Obama.

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2021: ¿El año del “cuento chino”?

Rafael Uzcátegui

Lamentablemente, el año 2021 será de malas noticias en materia económica, lo que estimulará el flujo migratorio caminante hacia nuestros países vecinos. Nicolás Maduro continuará teniendo problemas de flujo de caja, aumentados por el impacto de las sanciones, lo que continuará empequeñeciendo lo que alguna vez fue una importante red clientelar aceitada con dineros públicos. No obstante, hay que desechar la ilusión que la crisis económica puede tumbar gobiernos. Miraflores aun cuenta con cierto margen de maniobra para mantener a flote el autoritarismo. Creemos que una gran posibilidad será estimular, progresivamente, una economía de libre mercado sin libertades políticas, lo que algunos han denominado “el modelo Chino”.

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Desafíos para los DDHH en el 2021

Rafael Uzcátegui

La situación de alta incertidumbre hace que planificar en Venezuela sea un acto de quiromancia y prestidigitación. Sin embargo, es un ejercicio necesario para intentar construir certezas que nos permitan caminar bajo las sombras.

En nuestra opinión el 2021 estará signado por la recomposición política de la Asamblea Nacional. Si bien existe aún la posibilidad que las elecciones sean reprogramadas, todo parece sugerir que serán realizadas contra viento y marea el 6 de diciembre. A estas alturas Nicolás Maduro no tiene incentivos para posponerlas, todo lo contrario. Necesita la simulación de la sobre-representación política para enmascarar el agravamiento de la crisis económica en contexto de pandemia y aumentar la fragmentación del campo democrático a partir del control del parlamento. Para el autoritarismo es clave recuperar el símbolo de la Asamblea Nacional para su propaganda y, paralelamente, estimular las fricciones dentro de los sectores opositores que hagan difícil la contención común del autoritarismo. En contraparte, estaremos sumergidos en la peor crisis de representatividad del campo democrático de los últimos años.

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Provea: Venezuela y Día Mundial de las Ciudades 2020

Naciones Unidas estableció que cada 31 de octubre se celebrara el Día Mundial de las Ciudades, como una oportunidad de reflexionar sobre el valor de las urbes en el desarrollo sostenible y el disfrute de los derechos humanos. El impacto del Covid-19 ha dirigido esta conversación hacia el papel de las comunidades territoriales en las respuestas a la pandemia: “Este Día Mundial de las Ciudades reflexionemos sobre los valores comunitarios que van desde el voluntariado local y las personas que se organizan en sus propios vecindarios, hasta los movimientos sociales que desafían la pobreza y el racismo”, expresa el sitio web de la ONU.

Venezuela recibe este Día Mundial de las Ciudades con entornos inseguros para mantener las medidas de protección frente al Coronavirus. Uno de los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja ha sido el profundo deterioro en la prestación de servicios básicos, con lo que a centenares de familias venezolanas se les hace difícil el lavarse las manos, acción básica para prevenir el contagio. La ONU sugiere que “se puede utilizar estratégicamente el valor de las comunidades a través del compromiso de políticas con un lugar central tanto en la toma de decisiones como en su implementación”.

Es poco útil llorar sobre la leche derramada sin empezar a construir una alternativa. La destrucción del tejido cooperativo de las comunidades debe ser sustituido por un proceso verdaderamente participativo, sin discriminación de ningún tipo, en la Venezuela del mañana. Como sugiere Naciones Unidas: “La acción a nivel local y los grupos diversos serán fundamentales para lograr una urbanización sostenible y la recuperación de la COVID-19, pero deben habilitarse y empoderarse a través del cambio de políticas, de los recursos financieros y la voluntad política”.

Notas para intervención en presentación de libro “El Chavismo” de Razón y Revolución (Argentina)

Este 31 de octubre, tuve la suerte de participar en un panel sobre Venezuela organizado por los amigos de la iniciativa política “Razón y Revolución” de Argentina.

Comparto las notas que me ayudaron a explicar a Venezuela:

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Argentina y la diplomacia “vintage” sobre Venezuela

Rafael Uzcátegui
Especial para CADAL

El pasado 30 de septiembre falleció Joaquín Lavado, “Quino”, autor del personaje con el cual crecimos varias de las generaciones previas a internet: Mafalda. No era casualidad que esta adulta prematura, que hablaba con particular ingenio y sencillez de una variedad de temas a sus 6 años, viviera en Buenos Aires. Cuando el término era ampliamente desconocido, fue esta niña la que primero habló sobre derechos humanos, de manera comprensible, a una audiencia masiva. Esta sensibilidad era parte de un contexto particular, el argentino, en el que un país por entero respondía al horror de la dictadura militar con valores que materializaran la dignidad de hombres y mujeres. No es fortuito que yo mismo hable desde una ONG fundada por un argentino: Raúl Cubas. Cuando de este lado del continente pensamos en la frase “Memoria, verdad y justicia” lo hacemos vocalizándola con acento sureño.

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Misión de la ONU y la política del “todo o nada”

Rafael Uzcátegui
Especial para Tal Cual

El reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas ha escalado los señalamientos sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al establecer que en el país han ocurrido crímenes de lesa humanidad desde el año 2014. Este escalamiento de los mecanismos de protección internacional a los derechos de los venezolanos no sólo ha sido lento, para la magnitud de nuestro drama, también ha tenido que sortear diferentes obstáculos. Uno de ellos, que nos sirve para reflexionar sobre las estrategias de los múltiples actores del campo democrático venezolano, ha sido el maximalismo, la noción política del “Todo o nada”.

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Las patas cortas de la Misión Vivienda

ONU-Hábitat entrega, cada tanto, un reconocimiento para alentar y reconocer a los países, gobiernos y organizaciones que realizan importantes contribuciones al desarrollo del derecho a la vivienda. En los correspondientes al año 2020 han vuelto a no considerar como merecedor del premio a las políticas habitacionales del gobierno venezolano.

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Culto Oculto: Maqueta (1996)

Digitalicé mi cassette con la maqueta de la banda venezolana Culto Oculto, aproximadamente 1996. Trae 6 temas, 4 de ellos con las letras en la contraportada. En ese momento una banda con influencias darks. Luego vendría su etapa “Radiohead”. Recuperar la memoria musical para enfrentar el daño antropológico

Para descargarlo:
https://mega.nz/file/AGgwnazD#ekyYajHoqu446aJp4ykMWPP060hM2z5aK8IYSOpoHwM

Diannet Blanco, la heredera de un testigo

Diannet creció en una familia numerosa, de muchas mujeres, escuchando luchas que la antecedieron, luchas que le permitieron resistir. Diannet estuvo presa por un año y 12 días en el Helicoide, a veces siente como si le hubiesen cambiado la celda del SEBIN por una más grande. Esta, es su historia.

En el marco del aniversario de PROVEA, difundimos la historia de Diannet, una mujer que estuvo detenida y encontró en el trabajo en las comunidades el camino para seguir luchando en Venezuela, de la mano de una organización como PROVEA.

Producción y dirección: PROVEA.

¿Son responsables las sanciones de la escasez de medicinas en Venezuela?

Rafael Uzcátegui
Especial para La Silla Vacía

Venezuela enfrenta la pandemia del Coronavirus con un sistema público sanitario desmantelado y una aguda escasez de medicamentos. Nicolás Maduro responsabiliza a las sanciones internacionales de la situación, pero las primeras medidas coercitivas llegaron mucho después de la aparición de la Emergencia Humanitaria Compleja.

En su texto “Tres respuestas a la crisis del Coronavirus” el filósofo y sociólogo Jean De Munck hace una reivindicación del Estado de bienestar para enfrentar las consecuencias mundiales de la pandemia. Una de las ideas que postula es la de “soberanía sanitaria”: “La soberanía de la salud presupone la inclusión del Estado en un marco transnacional que puede producir y distribuir equipos esenciales para la salud de todos a nivel mundial”. Según su argumentación, que compartimos, el Estado debe esforzarse por producir los equipos básicos de salud pública de manera local.

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Enjambre democrático

Rafael Uzcátegui (*)
Especial para Tal Cual

El agotamiento del conflicto hace muy difícil que se repita el escenario de enero de 2019, donde una gran cantidad de venezolanos aceptaron un liderazgo y siguieron una estrategia, el mantra de tres pasos. Si la dispersión hoy es inevitable, tenemos que pensar cómo lidiar con ella para continuar con la ofensiva democrática durante el 2021, donde a todos los problemas que ya teníamos hay que sumar los del impacto del Coronavirus. Para pensar sobre este desafío proponemos la idea del “enjambre”.

En el momento en que este artículo se escribe el campo democrático venezolano se encuentra en su peor momento de división y confrontación interna. Como hemos insistido en otros textos, es precisamente esta la estrategia del autoritarismo para mantenerse en el poder: Fortalecerse en tanto sus oponentes se fragmentan y debilitan.

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