Las heridas que la lengua abre nunca restañan

En el texto “Todavía hoy se puede preguntar: ¿Por qué pelearon Sartre y Camus? me encontré la siguiente cita que adjudican a palabras de un búho injuriado por un cuervo en una legendaria fábula de la tradición brahmánica:

“Haz hablado con brutalidad, y tus palabras me han causado muy graves daños; no recuerdo haberte hecho nunca mal alguno que justifique tu hostilidad; haz de saber que el hacha corta el árbol y éste vuelve a nacer y ser corpulento; y la espada corta la carne y queda el hueso, y la herida se sana y el hueso se suelda, más no ocurre lo propio con las heridas que la lengua abre, que nunca se restañan.

Las flechas que el arco lanza y que en las entrañas se hunden, pueden ser extraídas, pero no así sucede con las palabras, que como flechas la lengua hunde en el corazón, que jamás pueden ser arrancadas. Para cada mal hay un remedio: el fuego se apaga con el agua; cada veneno tiene su antídoto; la pasión del enamorado la calma la presencia del ser amado; la tristeza y el dolor son dominados por la paciencia y la resignación; pero nada puede calmar el fuego del odio y el rencor cuando arden. Y vosotros, ¡Oh reino de los cuervos! Habéis sembrado entre nosotros, para siempre, el árbol del odio y del rencor”

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Provea demuestra en CIDH falsedad de cifras de construcción de viviendas en Venezuela

El 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. En la realizada sobre el derecho a la vivienda en Venezuela, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) demostró, con cifras oficiales, las inconsistencias de las cifras oficiales de construcción.

El viernes 2 de diciembre de 2016 la CIDH realizó la audiencia “Derecho a la vivienda en Venezuela”, solicitada por el Estado venezolano. En ella participó como contraparte Provea, para aportar información adicional suministrada por los funcionarios. La delegación estatal estuvo liderizada por Larry Devoe, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, junto a funcionarios del Ministerio de Vivienda.

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Nodos & Redes: El Salvador: Democracia de base contra la minería

El pasado 29 de marzo de 2015 un municipio salvadoreño realizó un singular ejercicio de consulta y participación democrática desde las bases. En Nueva Trinidad, a 94 kilómetros de El Salvador y con una población aproximada de 2.103 habitantes repartidos en 46,33 kilómetro cuadrados, ese domingo se realizó una “consulta popular” para determinar si la comunidad estaba de acuerdo con permitir o prohibir proyectos mineros en la localidad.

Según los datos del Ministerio de Economía, en El Salvador se encuentran activas actualmente 23 licencias para la exploración de posibles minas de oro y otros metales, repartidas en las zonas montañosas de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Morazán, San Miguel, La Unión y Cabañas. La posibilidad de negocios extractivos en el país es de tal magnitud que el Estado salvadoreño litiga una demanda de 301 millones de dólares impuesta por la internacional minera Pacific Rim/Oceana Gold ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (Ciadi), ente del Banco Mundial. Sin embargo, debido al impacto social y ambiental como consecuencia del desarrollo de estos proyectos, diferentes iniciativas y organizaciones populares se han movilizado para exigir detener la apertura de minas en sus territorios.

En el caso de Nueva Trinidad la petición de la consulta popular se realizó tras la coordinación de activistas comunitarios locales con la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, quienes conjuntamente solicitaron una ordenanza municipal que declarara al municipio como “territorio libre de minería”. Ya otras dos localidades habían realizado una elección similar: San Isidro Labrador y San José Las Flores, quienes ya negaron oficial, e institucionalmente, la minería en sus municipios. En Nueva Trinidad participaron en total 812 personas, un importante 61,85% de su padrón electoral. Los resultados fueron: 804 votos en contra de los proyectos extractivos, 2 votos nulos, 2 inutilizados y 4 a favor de la minería. Pudo más la identidad local, el sentido de pertenencia y la conciencia ecológicas que las promesas de “desarrollo”, “empleo” y “prosperidad” que ofertaron a los habitantes los operadores mineros.

El mapa de conflictos sociales actuales en América Latina coloca a las resistencias contra proyectos de megaminería y extractivismo de primero en la lista del causal de movilizaciones

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Nodos y Redes: La “maldición” del canal nicaraguense

“Debemos denunciar al mundo lo que está pasando en Nicaragua”. Así se expresó hace poco el conocido poeta revolucionario Ernesto Cardenal, acerca de las contradicciones que orbitan el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Una de ellas tiene que ver con la promoción de grandes inversiones de infraestructura en el país, por parte de capitales globales, que afectarán a comunidades campesinas en el país. Una de las que ha generado la resistencia y movilización de activistas y líderes populares es el rechazo a la construcción del llamado “Canal Interoceánico” en el país. Según la información disponible, este canal es una vía fluvial que conectaría el mar Caribe, el océano Atlántico con el océano Pacífico a través de Nicaragua en América Central. El Canal cubriría un área de 270 kilómetros cuadrados. La construcción se inició el 22 de diciembre de 2014, con la construcción de vías de acceso temporales, para importar los materiales de construcción que no pueden ingresar por los puertos actuales del país.

Sin embargo, para activistas ambientales y líderes campesinos esta construcción genera muchas preocupaciones. Por ejemplo el Movimiento Autónomo de Mujeres afirma que el proceso legislativo para la aprobación del proyecto sólo dura 8 días, con una discusión en plenaria de diputados de apenas 3 horas. Además, no se realizó el proceso de consultar previamente a las comunidades que serían afectadas y se estarían violentando 10 tratados ambientales internacionales suscritos por Nicaragua y la propia constitución nacional. Al respecto afirman: “La concesión entrega por 116 años derechos absolutos, a favor de un inversionista privado, sobre nuestros recursos, tierra, bosques, islas, aire, aguas superficiales y subterráneas, espacio marítimo y otros recursos adicionales que se pudieran considerar pertinentes en cualquier parte del país para llevar a cabo las obras”.

Según se calcula, la construcción de esta obra es tres veces más larga que la del canal de Panamá, por un costo estimado en 50 mil millones de dólares. La concesión para la construcción del Canal fue entregada al consorcio empresarial, con sede en Hong Kong, HKND Group.

La movilización popular en Nicaragua contra el Canal Interoceánico ratifica que una de las principales fuente de conflictos en la región es el rechazo a la construcción de grandes proyectos de infraestructura que afectan a las poblaciones

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Agatha Christie en Caracas (Sobre el caso Juan Montoya)

Juan Montoya en primer plano. Camisa azul manga larga: Hermes Barrera

Rafael Uzcátegui

El 12 de febrero de 2014 la primera víctima fatal de las protestas que escenificaron en Caracas fue Juan Montoya, un conocido militante pro-gobierno. A pesar de lo confuso del hecho, ese día los voceros bolivarianos, dentro y fuera del país aseguraron que el asesinato había sido planificado por los propios manifestantes y demostraba la intención de repetir lo que denominaban “el guion del 11 de abril de 2002”. Un día después paredes del centro y oeste de Caracas mostraban el grafiti “Justicia para Juancho”. El 14 de febrero miembros del llamado “Secretariado Revolucionario de Venezuela” (SCR) realizaron una concentración frente a la sede del Ministerio Público exigiendo justicia y acusando a los partidos opositores como responsables. Sin embargo, a partir de allí se comienza a hablar del caso en voz baja, dentro del universo del llamado “chavismo radical”, tanto así que un mes después, el 12 de marzo, no se realiza ningún acto público por el “camarada asesinado por el fascismo”. Algo olía mal en Dinamarca.

Como en Venezuela persiste una impunidad estructural y, a pesar de lo sensible del tema los asesinatos del 2014 (para no hablar de otros casos emblemáticos) no tienen una sentencia firme contra sus responsables, tendremos que pedir apoyo de los detectives internacionales para resolver los casos.

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Audiencia CIDH: “Derechos Humanos en el contexto del proyecto Arco Minero del Orinoco”

Celebrada en Ciudad de Panamá, el viernes 2 de diciembre de 2016.

Transcripción de la intervención de Vladimir Aguilar y Rafael Uzcátegui:

Gracias señor Presidente…

Queremos iniciar saludando a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos por concedernos esta Audiencia y al representante del Estado venezolano.

1. Descripción introductoria que es el Arco Minero del Orinoco (AMO) y cuáles son los principales problemas a exponer.

El 24 de febrero de 2016 apareció publicado, en la Gaceta Oficial 40.855, el Decreto Número 2.248 mediante el cual se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. A través de esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional. De esta manera el AMO no sólo incumple requisitos establecidos en la Carta Magna para promover proyectos extractivos de tal envergadura, sino que además contraviene los estándares y pactos internacionales de derechos humanos suscritos por la República, violando así diferentes garantías constitucionales.


Según el Decreto, el AMO busca la extracción y comercialización por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de Bauxita, Coltán, Diamantes, Oro, Hierro, Cobre, Caolín y Dolomita en toda la margen sur del río Orinoco. El AMO tiene su fundamento en el denominado Plan de la Patria que, en su primer objetivo, establece la ampliación de la frontera extractiva minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo, el Decreto 1.425 sobre la “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, plantea la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas “ventajas comparativas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales.

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Contestación ciudadana

Rafael Uzcátegui

Para explicar la génesis y característica de una dictadura del Siglo XXI, como la que ahora azota Venezuela, tenemos como referencia el Perú de Alberto Fujimori. Un gobierno que llegó al poder por elecciones, ganándolas 3 veces seguidas, pero torciendo los mecanismos de la democracia para asfixiarla, y mantenerse indefinidamente en el poder. No sólo ha sido útil para entender el proceso de descomposición de un modelo de dominación, sino también para conocer cómo reaccionaron los diferentes sectores de la sociedad. La experiencia andina, entre otras cosas, nos enseña que un gobierno se transforma en dictadura, del siglo XXI, por la debilidad de los partidos políticos. Siendo esto así, como bien ellos entendieron, es una responsabilidad de las organizaciones sociales y populares crear un tejido que haga peso en la tarea de retornar a la democracia, y posteriormente, profundizarla.

Tras década y media de intervención estatal, las iniciativas de la sociedad civil lucen agotadas, fragmentadas, cooptadas y neutralizadas. La crisis de representación política ha erosionado, también, las vocerías de los movimientos sociales y populares. Activistas valiosos no pueden sentarse a la misma mesa, para acordar estrategias por temas comunes, debido a las heridas abiertas por la polarización. El último esfuerzo de movilización ciudadana, el ocurrido durante el 2014, se agotó por la ausencia de sentido y articulaciones, pero también por la represión y los esfuerzos de los partidos políticos de revertir el desbordamiento de las multitudes.

No obstante las mismas enseñanzas que el 6 de diciembre de 2015 dieron a los partidos políticos opositores valen para la propia indignación ciudadana. Todo lo bueno y malo que se hizo fue promovido por un movimiento de resistencia que, hasta esa fecha, era minoría cuantificable respecto a los que apoyaban al gobierno bolivariano. Porque guste o no, las elecciones dan un dato cuantitativo incontrovertible. Y ese día los que no apoyaron la fórmula oficial fueron dos millones de votos más que los partidarios del PSUV. A partir del 6 de diciembre la estrategia, por parte de un movimiento que es mayoritario, debe ser otra, teniendo esos que llaman las “condiciones objetivas”, para promover un cambio en el país.

Las organizaciones sociales no deben ser más apéndices de los partidos. La agenda de los ciudadanos, construida en base a sus propias necesidades y deseos, no debe ser hipotecada nunca más. Las iniciativas populares deben organizarse como bien entiendan, prefigurando en su modo de trabajar la sociedad que anhelan. Autónomos, democráticos y beligerantes, reivindicando la diversidad como un valor. Alérgicos a los chantajes unitarios y la uniformización del pensamiento.

Disfrute lo mejor que pueda las fiestas de fin de año. Pero como ciudadano de a pie tiene una responsabilidad que asumir desde el mes de enero de 2017. Toda dictadura necesita de ausencia de contestación para consolidarse. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)