En su libro “El caparazón de las tortugas. El Centro PRODH y las organizaciones defensoras de DDHH en la búsqueda de la verdad y justicia” la investigadora mexicana Helena Varela Guinot (Universidad Iberoamericana, 2021) reflexiona sobre las razones por las que durante los primeros 6 años se ha mantenido un importante nivel de movilización alrededor la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este documento puede interesarnos a quienes desde Venezuela, luego de más de dos décadas de conflicto, intentamos mantener los esfuerzos por el regreso de la democracia a nuestro país.
Ayotzinapa se convirtió en un caso emblemático de violación de derechos humanos en México, luego que en la noche del 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos fueran atacados por diferentes corporaciones y algunos grupos no claramente identificados, con un saldo de 43 estudiantes desaparecidos, 6 personas asesinadas y 40 personas lesionadas. La conmoción sobre los sucesos permitió colocar en la conversación pública del país las diferentes situaciones de violencias que padece la población, que estimula el desplazamiento forzado dentro del territorio mexicano así como la desaparición forzada de personas, calculada en 105.000 casos desde 1964.
Con la convicción en que la sociedad venezolana sabrá encontrar las soluciones pacíficas y constitucionales para reconquistar la democracia, el estado de derecho, la igualdad de derechos, la justicia y la superación económica que permitirá salir de las circunstancias de necesidad, opresión e injusticia en las que vive la mayoría de la población de Venezuela, las organizaciones del movimiento de derechos humanos que adoptamos esta declaración, queremos expresar nuestra intención de persistir en la construcción de un futuro de cambio para Venezuela, para cuyo propósito asumimos el siguiente compromiso, ante el pueblo venezolano, las víctimas de violaciones de derechos, los líderes sociales y políticos y la comunidad internacional:
Participaremos en la defensa activa de toda posibilidad genuina y creíble de solución del conflicto político que abra paso a la democracia, con base en los principios y estándares de los derechos humanos, que haga valer el derecho legítimo a elegir y ser elegido, a través de elecciones libres y auténticas, lo cual exige una institucionalidad electoral garante de la voluntad ciudadana, expresada a través del voto individual, libre, secreto y universal de quienes votan, dentro y fuera del país; y también la revitalización de la cultura de participación política, capaz de desestimar cualquier intento de desaliento, instrumentalización y manipulación del ejercicio de los derechos electorales, en un entorno que garantice seguridad y protección para el ejercicio de la libertad de expresión y la libre circulación de información; el cese de la censura, la restitución de los medios de comunicación independientes que han sido arbitrariamente cerrados y la prohibición y el rechazo de todo tipo de discriminación, especialmente por razones políticas.
Insistiremos en seguir trabajando para poner fin a la impunidad de los abusos y la arbitrariedad, la gran corrupción y las irregularidades, la denegación, la privación de derechos, la discriminación y la violencia de cualquier tipo. Igualmente trabajaremos con empeño para que no se normalicen las violaciones de derechos humanos y terminar con las prácticas de simulación, censura y negación de acceso a la información pública, el control social y la coerción para impedir o anular la participación ciudadana en los asuntos de interés público, los allanamientos, las detenciones arbitrarias y las torturas; enalteciendo la denuncia como deber y facultad de toda persona y de cada funcionario de los organismos públicos nacionales y de las organizaciones internacionales, conforme a imperativos éticos y obligaciones no evadibles e inexcusables, establecidas en estándares del derecho nacional e internacional, siendo la denuncia el único recurso de las víctimas para dar visibilidad a las violaciones de derechos y ejercer las legítimas exigencias de protección.
Seguiremos apoyando a millones de víctimas y comunidades que sufren las inclemencias de la emergencia humanitaria compleja, por múltiples privaciones de derechos, en zonas urbanas, rurales y geográficamente remotas, con:
afectaciones diferenciadas en mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas LGBTI, personas con discapacidad, personas en cárceles, personas con problemas de salud, pueblos y comunidades indígenas, productores y campesinos, personas refugiadas, migrantes y desplazados internos;
desigualdades cada vez más pronunciadas en el acceso a los alimentos, adecuada nutrición, medicinas y servicios de salud precarizados, con escasos insumos y personal sanitario, una educación excluyente, en todos los niveles, con instalaciones inhabilitadas y severos retrocesos en la calidad de enseñanza, que perdió la mitad del personal docente por falta de sustento económico, la interrupción continua de servicios de agua potable, saneamiento, electricidad, gas, transporte, combustible y comunicaciones; y,
falta de seguridad y protección, en condiciones de gran vulnerabilidad ante riesgos de desastre y amenazas de salud pública, como pandemias, epidemias y brotes (entre ellos el VIH, la tuberculosis, la malaria, el SARS, la COVID-19 y, más recientemente, la viruela símica), así como expuesta a la explotación, esclavitud moderna o violencia de grupos en control territorial, económico y social de zonas del país.
Igualmente ratificamos nuestro apoyo a todas las comunidades que carecen de respuesta a sus privaciones y respaldamos a todas las organizaciones locales que prestan asistencia y protección humanitaria, con desventajas de acceso a recursos para atender la alta carga de necesidades de las poblaciones más vulnerables, asumiendo los riesgos del trabajo en terreno en un contexto no democrático.
Mantendremos la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, desde una perspectiva colectiva e intercultural, en interdependencia con la defensa de los derechos ambientales, parques nacionales y monumentos naturales protegidos, ante la apropiación indebida de las tierras indígenas promovida por el Estado, anclado en un modelo económico extractivista, de explotación intensiva de los recursos naturales en todo el territorio, para fines estatales o disfrute privado. En esta labor de defensa, alentaremos crear un nuevo modelo de desarrollo de protección de la naturaleza, acción frente a los efectos del cambio climático y uso responsable de los recursos, con perspectivas de derechos humanos y participación de los pueblos indígenas; así como exigiremos la protección de las comunidades indígenas de los impactos de la emergencia humanitaria compleja, con un enfoque de trabajo transfronterizo y binacional; la no politización ni presencia de grupos armados en sus territorios; y la recuperación de la institucionalidad ambiental, incluyendo la reforma o derogación de leyes que dejan de lado los derechos ambientales.
Seguiremos firmes en la voluntad de promover la restauración de la responsabilidad, eficacia y transparencia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, nacionales e internacionales, como parte de un proceso real de transición democrática, para reponer la confianza de la sociedad en las instituciones de todos los poderes públicos (ejecutivo, electoral, judicial, legislativo y ciudadano) a nivel nacional, regional y local, y un sistema penitenciario que haga efectivos los derechos humanos de toda la población reclusa, hoy sometida a tratos que lesionan su humanidad. Esto abarca, restablecer los límites constitucionales de las funciones estatales; la separación y autonomía de los poderes; la independencia judicial y el derecho a la defensa y al debido proceso; la probidad e idoneidad en el nombramiento de quienes ejerzan funciones públicas, fiscales, jueces y juezas; el acatamiento de la norma y la reserva legal; el combate al flagelo de la corrupción en la administración pública; y la activación de mecanismos de justicia penal, a la par de un proceso de justicia transicional, como parte de la construcción de paz, que garantice memoria, verdad, justicia, reparación a las víctimas y no repetición de las graves y masivas violaciones de derechos humanos.
Mantendremos nuestra legítima determinación de apelar a todos los mandatos de protección de los derechos humanos en los distintos sistemas, mecanismos y niveles de respuesta de la comunidad internacional, para que trabajen de forma complementaria, junto con esfuerzos multilaterales, en la construcción de una transición democrática. Esto significa una labor conjunta, constante y permanente de incidencia para hacer visible la crisis de derechos en Venezuela y alertar sobre amenazas para las víctimas, las personas defensoras, la sociedad civil y espacio cívico; y continuar exigiendo a los organismos internacionales conductas cónsonas con la protección de derechos y orientada a resultados, en cualquier ámbito de respuesta (humanitaria, de paz, desarrollo y rendición en materia de derechos humanos), que no reproduzca prácticas de omisión o inacción, ambigüedad, diplomacia silenciosa, ocultamiento y secretismo, falta de relevancia a violaciones estructurales, transferencia de responsabilidades a otros actores y la subordinación de los derechos humanos, por la preeminencia de la asistencia o la obtención de recursos.
No abandonaremos nuestra misión de defensa, puesta al servicio de promover una cultura de derechos humanos, desde nuestras diferentes identidades y vocerías, en todos los temas y espacios de trabajo, junto con las víctimas, la población y las comunidades, con otras organizaciones de la sociedad civil, gremios, sindicatos, comunidad académica y científica, y en las relaciones con los actores nacionales e internacionales. Los derechos humanos inspiran y sientan las bases para un proyecto de país que garantiza igualdad y libertad para todas las personas, en democracia y con un desarrollo económico, social, cultural y ambiental, incluyente, equitativo y sustentable, si podemos hacerlos el norte de una visión compartida, plural, renovadora, inclusiva, propositiva y motivadora, que nos involucre y empatice a todos.
¡Nos sobran capacidades humanas, perseverancia y confianza en que saldremos adelante, por las generaciones actuales y por las que están creciendo en este país y fuera del territorio! Unidos y en conjunto lo lograremos.
10 de diciembre de 2022
Día internacional de los Derechos Humanos, en conmemoración del 74° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
La Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Venezuela tuvo la cortesía de invitarme a comentar el libro de Pablo Stefanoni «¿La rebeldía se volvió de derecha?». Estas fueron las palabras que dije:
Buenas tardes. Agradezco la invitación del ILDIS a conversar sobre las ideas que mi amigo Pablo ha expresado en su libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?
Anais tuvo la gentileza de regalarme una copia del libro, que leí a los pocos días dado que el título interpelaba mis intereses intelectuales recientes. Uno lee un libro desde un lugar y un momento, a partir de una historia personal desde la cual se interpreta el texto. Entonces, leo el libro de Pablo desde la Venezuela del año 2022, a partir de las angustias y deseos personales generados por el conflicto en nuestro país en los últimos años. No podía ser de otra manera.
El triunfo electoral de la extrema derecha en Italia, y que esté aumentando la posibilidad que Donald Trump sea de nuevo el candidato por el partido republicano en Estados Unidos, y con ello la posibilidad que repita como presidente de ese país, nos obliga a intentar entender, como lo hizo Pablo, las mutaciones y evoluciones de eso que hoy se califica como la “derecha alternativa”. Y de por qué algunos de sus postulados pueden hacerse mayoría y ganar elecciones. Los resultados plebiscitarios recientes en América Latina, la derrota aplastante de la Constituyente en Chile así como la perdida de la propuesta de acuerdo de paz en Colombia por los votos, parecen confirmar que las ideas conservadoras pueden congeniar perfectamente con la consulta popular. Stefanoni hace una inmersión en esa Dimensión Desconocida, cuyas expresiones si bien son embrionarias o marginales, como él mismo destaca, tienen la potencia de ser expansivas en un futuro signado por la incertidumbre. Intelectualmente es un desafío, los descubrimientos no tengo ninguna duda que son interesantes, y abren una veta para la investigación y discusión en los próximos años.
Sin desmeritar lo anterior, y como soy un venezolano que ha sufrido, como todos, las consecuencias del chavismo realmente existente, sin embargo para mi realidad me he venido haciendo la interrogante contraria a la de Pablo: ¿Por qué la rebeldía dejó de ser de izquierda? ¿Qué ha hecho posible que en Venezuela una gestión de izquierda haya profundizado todos y cada uno de los males que propuso superar, transformando a sus promotores en quietistas y pacatos? Hace poco leía el artículo de una joven ex ministra chavista, ligada a los movimientos juveniles bolivarianos, hoy en Europa y de quien uno pudiera esperar que fuera parte de la renovación del chavismo. Su artículo planteaba que como la revolución era “irreversible”, y a pesar de los evidentes cambios en el proyecto original de Hugo Chávez, había que hacer todo lo posible para que Nicolas Maduro continuara en el poder a corto y mediano plazo. La defensa, e incluso justificación, del actual estado de las cosas. Hasta donde yo se esa es la caracterización de una persona “reaccionaria”.
Aunque respeto a quien piense que no es así, para mí el gobierno chavista es genuinamente de izquierda, con todas sus letras y vocales. No comparto quien sostiene que representa la traición o desviación: Nicolás Maduro es tan progresista como Hugo Chávez. Entonces, ¿por qué la rebeldía dejó de ser de izquierda en Venezuela? Por supuesto, no soy el primero que se hace esta pregunta. Ustedes me dirán que se ha discutido bastante, de manera privada, en ambientes progresistas. Sin embargo, en la arena pública, que es lo que como sociólogo me interesa, la literatura que de cuenta de ese debate sigue siendo escasa y menor frente a lo que demandaría las consecuencias prácticas de las izquierdas revolucionarias en el poder. En este momento estoy leyendo un libro maravilloso del escritor uruguayo Carlos Liscano, ex preso político Tupamaro, llamado “Cuba, de eso mejor ni hablar”, donde palabras más y menos, dice que durante muchos años silenció sus críticas al castrismo para no perder a sus amigos, que eran todos de izquierda. Y que en los intentos de conversarlo la respuesta unánime que consiguió fue el título de una canción de la banda argentina Sumo:“Mejor no hablar de ciertas cosas”. Efectivamente este silencio se explica no sólo por argumentos lógicos y racionales, también hay que incluir otros de naturaleza psicológica y emocional. Y sí, hay algunos textos fundamentales, que brillan incluso por su excepcionalidad, como los de Teodoro Petkoff, pero la suma total de los libros no llena un estante acá en La Poeteca.
Para no monopolizar la conversación haré sobre este tema, por qué las izquierdas dejaron de ser rebeldes, tres precisiones, siguiendo la lógica de la pregunta a pesar que el escritor francés Albert Camus hizo una distinción entre “rebelde” y “revolucionario” con la que estoy de acuerdo.
La primera es la supuesta “superioridad moral” de la noción del “hombre nuevo”, que desde Cuba ha influido a todo el pensamiento de izquierda de la región. Voy a usar el mismo recurso que uso Pablo al inicio de su libro, y es basarme en una metáfora cinematográfica con fines pedagógicos. No sé si todas han tenido la oportunidad de ver la serie “Cobra Kai”, que como sabemos, es una secuela de la franquicia cinematográfica Karate Kid. En esta comedia dramática, los dos personajes principales se encuentran 30 años después teniendo su conflicto interpersonal intacto. Para no arruinar la historia para quienes no la hayan visto, sólo diré que uno de ellos es Daniel Larusso, el Karate Kid original, que para nuestros efectos es la metáfora perfecta del militante disciplinado de izquierdas: Un tipo de buenas intenciones y que le va muy bien en su vida, luego de haber internalizado las enseñanzas de un Carlos Marx que no vino de Alemania sino de Japón. Sus problemas empiezan cuando debe cohabitar con su antónimo, Johnny Lawrence, un descarriado, con ideas políticamente incorrectas, intentando redimirse a pesar de no tener la altura de los principios morales de Larusso. Si tenemos que ubicarlo en un lugar del espectro ideológico, Johnny es un ciudadano promedio de derechas. A lo que voy con este ejemplo es que a diferencia de las películas originales, en Cobra Kai el rol negativo termina siendo el personaje estelar de la serie. Y esto tiene que ver por que a diferencia de 1984, cuando se estrenó la primera de Karate Kid, los personajes complejos, los que no son por naturaleza “buenos”, son aquellos con los que más se identifica la audiencia. No solamente porque la pretendida superioridad moral de los izquierdistas frente al resto de los mortales siempre fue falsa, sino porque la gente se identifica con personas tan imperfectas y contradictorias como ellos. El hombre nuevo, como hoy sabemos, era la pretensión de construir entes robotizados por la ideología, lo que les quitaba precisamente lo que le da singularidad a su humanidad. Los militantes de izquierda ven a los demás por encima del hombre, y si lo sé fue porque por un buen tiempo yo mismo lo fui. Y cuando me vi reflejado en el espejo del chavismo, me espanté con lo que vi.
Un segundo punto, vinculado a lo anterior, tiene que ver con la normalización del doble rasero, o el doble estándar, entre los y las izquierdistas. Defienden el derecho a la manifestación en países gobernados por la derecha, y denuncian furiosamente si hay heridos o asesinados en las protestas. Cuando ocurren bajo gobiernos afines ideológicamente, los manifestantes tienen intereses oscuros, son manipulados por fuerzas ajenas y es hasta loable que sean neutralizados, simbólica o físicamente. Se ventilan principios según convenga. Y las causas que decimos defender son un trampolín para la conquista del poder propio y la erosión del poder ajeno. Esta actuación hipócrita es percibida nítidamente por el resto de la población y ha contribuido a lo que hoy calificamos como el descrédito de la actividad política.
Finalmente, a diferencia de Pablo, yo no quiero “explorar algunas vías de salida a los dilemas de la izquierda”, sino contribuir a que Venezuela vuelva a un estado de cosas que permita que la actividad política, en sentido amplio, vuelva a ser de nuevo posible. Y este terreno lo permite un funcionamiento democrático, con todas sus debilidades e imperfecciones, que no ilegalice las organizaciones independientes de la sociedad, como las más de 1.800 que ya existen en Nicaragua, o que obligue a las personas a huir de su país ante la persecución y falta de oportunidades para tener una vida digna. Entonces, pongo a ese concepto llamado “Venezuela”, con todo lo difuso, ambiguo y contradictorio que pueda ser, sobre cualquier ideología, incluido la mía, que era el anarquismo. Y para poder dialogar con todos esos venezolanos que son diferentes a mí, debo hacerlo desde un lugar no constreñido por la ideología. No sólo por razones morales sino prácticas. Luego de más de 20 años de ser reprimidos por un gobierno que ha usado toda la narrativa y simbología de izquierda a su favor, para torturar a los disidentes políticos y empobrecer a la mayoría de la población para favorecer a la nueva élite, los venezolanos experimentan una suerte de stress post-traumático con todo lo que les recuerde el progresismo y todos esos sectores internacionales que le dieron la espalda en su ansia de dignidad y que se colocaron de lado del gobierno que los oprime. Desde esos lentes, la mayoría, para no decir todos los migrantes venezolanos, son conservadores y derechistas. Y si quiero ser parte de la recuperación del país debo sumar esfuerzos con esos venezolanos realmente existentes, con todas sus virtudes y sus imperfecciones. Lejos, precisamente, del ideal totalitario de “hombres” y “mujeres” nuevas. Por eso creo que quienes aspiran una “salida por la izquierda” de la crisis venezolana están condenados a la soledad. Para decirlo así, yo apuesto por recuperar un país y no por salvar una etiqueta ideológica. Y aunque trato de pensar fuera de la dicotomía, me gustaría que las insurgencias por venir no fueran influidas por el pensamiento conservador, por lo que yo apelaría no a la defensa de las etiquetas sino a principios, en mi caso los de derechos humanos, como el que todas las personas, sin distingo de ningún tipo, tienen los mismos derechos. Sin embargo, si de algo estoy seguro hoy es que, en Venezuela, cualquier rebeldía será, entre otras cosas, contra la izquierda.
Según las últimas cifras recopiladas por la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local un total de 1.877 organizaciones sin fines de lucro (OSFL) han sido ilegalizadas en el país centroamericano en los últimos meses. Debido a la persecución vinculada (órdenes de privación de libertad, requisa de bienes institucionales y personales), muchos de sus integrantes han tenido que salir del país al exilio. Sin duda, esta constituye la peor situación de violación del derecho a la libertad de asociación y reunión en el continente.
La mayor cantidad de estas ilegalizaciones ocurrió inmediatamente después de las protestas ciudadanes en Nicaragua del año 2018. 1.521 organizaciones fueron víctimas de un decreto de la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, para colocarlas al margen de la ley. De las restantes, 300 fueron por un acuerdo ministerial, mientras que 56 fueron como consecuencia de una resolución administrativa. Estos mecanismos intentan darle un barniz de legalidad a la arbitrariedad, luego de meses de una campaña de estigmatización pública que tenía como objetivo generar un ambiente propicio para la ofensiva contra las organizaciones sociales independientes nicaragüenses.
En Provea hemos tenido la oportunidad de conversar con muchos de estos defensores y defensoras de derechos humanos que hoy se encuentran en el exilio, en situación de vulnerabilidad y separados de familiares y seres queridos. No hay manera de no sentir su dolor y sus deseos para su país como nuestros. Algunos de ellos vienen del propio movimiento sandinista, como Vilma Núñez, lo que nos reitera que los regímenes represivos instalados en varios países de la región no tienen que ver con ideologías, sino con la antinomia democracia versus autoritarismo. La lucha de los nicaragüenses es la misma que la de los venezolanos, por lo que tenemos que aumentar nuestras expresiones y acciones de solidaridad con ellos, que a su vez es una manera de ayudarnos a nosotros mismos. Daniel Ortega es el mal ejemplo que siguen presidentes como Nicolás Maduro y Najib Bukele.
Cuando Luis Almagro, ya como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), asumió un claro protagonismo sobre la crisis venezolana, a contracorriente y a costa incluso de su propio prestigio, consulté a Pedro Nikken su opinión sobre esa actuación. Como saben todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo Nikken era un hombre de mesuras y diplomacia, ajeno a cualquier radicalismo. “Almagro está forzando a los países de la región a posicionarse sobre Venezuela” me respondió. Recordé sus palabras cuando leía el artículo de opinión del uruguayo “El infierno del sendero que jamás se bifurca”, publicado el pasado 29 de julio en el portal sureño Crónicas. Almagro vuelve a usar su poder simbólico para estimular a los actores, esta vez los líderes sociales y políticos del campo democrático del país, en medio del desconcierto viralizado en la sociedad venezolana, a que expresen una postura clara sobre cuál será la estrategia a seguir en los próximos meses. Como nadie quería ponerle la cascabel al gato, tenía que ser un tercero, con autoritas además, quien colocara la discusión sobre la mesa.
Almagro comienza su escrito ratificando que nada se ha resuelto en Venezuela, todo lo contrario. Y que además, la estrategia de la “máxima presión” -en la que él mismo participó- fracasó. En su opinión el giro de la discusión no debería ser cómo sacar a Maduro, sino cómo sigue en el poder, lo que implicaría la cohabitación: “implica un ejercicio de diálogo político real, de institucionalidad compartida, de poderes de Estado compartidos”. El uruguayo coloca un límite a este ejercicio: los contrapesos: “La cohabitación sin contrapesos puede transformarse en complicidad”. A su juicio “el esquema a discutir en un proceso de diálogo debe dar garantías de contrapesos para quienes cohabitan”. El texto, provocador, deja más interrogantes que respuestas. Me imagino a Pedro diciéndome que debemos ser los propios venezolanos quienes debemos desarrollarlas.
Si no hay resolución a corto plazo de la crisis, como sugirió en algún momento el esfuerzo de la transición por colapso del régimen, la cohabitación más que una estrategia es una realidad, es el contexto de los años por venir. Sí, Nicolás Maduro sigue estando en el poder, pero los esfuerzos de imponer sin fisuras una nueva hegemonía tampoco han prosperado. Por otro lado, el liderazgo político opositor no sólo necesita de un abordaje diferente del conflicto para recomponerse, necesita tiempo para materializar políticamente esa estrategia, remontando su peor crisis de representatividad de los últimos años. Y si hemos aprendido algo en los últimos años es que esto no se improvisa. La pulsión totalitaria no sólo demanda eficacia, sino también una cantidad importante de recursos que mantengan aceitados y andando los mecanismos de control. Y si la cohabitación, forzosa o cualquier adjetivo que queramos agregarle, es un hecho, sería un error de cálculo transformarla mediante la prestidigitación verbal en un objetivo.
Un segundo comentario al tan necesario debate propuesto por Almagro es que la salida pacífica y negociada del conflicto venezolano no es una calle de una sola vía -de hecho en política pocas cosas lo son-. Los contrapesos no son solo políticos e institucionales, también lo son económicos, sociales y culturales. Y en este abanico de caminos -dejamos atrás el mantra que nos encunetaba a todos por el mismo túnel- los roles de los actores deben ser diferenciados, con diversos grados y niveles de coordinación estratégica entre sí. Coincido en que no debemos repetir los errores del pasado. Y si uno de ellos, como sostiene Almagro, fue subestimar la capacidad de Nicolás Maduro yo agregaría que la cara anversa del mismo desliz es sobrestimar su supuesta vocación democrática. El principal acervo que lo convirtió en heredero del legado fue ser un militante fielmente disciplinado por la escuela cubana. Y el castrismo realmente existente no cree, es totalmente ajeno, a la alternabilidad del poder. No sólo de nuestros propios errores pudiéramos aprender, sino también de los esfuerzos ineficaces en promover una transición a la democracia en Cuba, y de cómo la comunidad internacional ha “cohabitado” con la dictadura más larga de la región.
¿Cuáles deberían ser lo contrapesos? Son varios. Desde la defensa de los derechos humanos los activistas hemos hecho esfuerzos por activar todos los mecanismos de protección a nuestro alcance. Hasta ahora el trabajo de la Corte Penal Internacional y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos han significado un muro de contención al abuso de poder. Pero hasta ahora no han sido ni lo suficientes ni lo expedito que necesita una crisis de la dimensión de la venezolana. Los contornos de la discusión planteada por Almagro nos invitan a seguir pensando en otras maneras. El gran desafió es no desistir en la posibilidad de una Venezuela inclusiva y de derechos para todos y todas.
Pedro Kropotkin era un príncipe. Y empiezo con esto para recalcar que el anarquismo nunca fue un proyecto clasista, sino que su ubicación ha sido desde otro lugar, el de la emancipación humana, contra todo poder. En el anarquismo, entonces, hemos tenido personajes de todas las clases sociales y todos los roles, desde un príncipe como lo era Kropotkin, pasando por carpinteros como Enrique Malatesta hasta cocineras, como Petronila Infantes de Bolivia.
Kropotkin fue, en varias de sus opiniones, un adelantado a su tiempo. Fue uno de las influencias tempranas de lo que hoy conocemos como movimiento abolicionista, de lo que ya hablaremos. Pero acá quiero resaltar su concepto sobre el “apoyo mutuo”, un principio que ha terminado trascendiendo al anarquismo y ha impactado a todo el movimiento emancipatorio contemporáneo. Como recordaremos en 1859 Charles Darwin publicó su libro “El origen de las especies”, que si bien por un lado fue una refutación crucial de la teoría creacionista religiosa, por otro lado fue la piedra fundacional de lo que posteriormente se conocería como “darwinismo social”, que explicaba la evolución de las especies, llamada “selección natural”, a partir de la lucha entre los individuos, la supervivencia del más fuerte y el más apto, que se convirtió en uno de los principios del capitalismo moderno. Para refutar esta teoría, en su faceta como naturalista, Kropotkin hizo una serie de estudios en Siberia donde demostró que la cooperación entre las especies, que denominó como ayuda mutua o apoyo mutuo, era un factor crucial para la adaptación y supervivencia de diferentes tipos de animales. El Apoyo Mutuo es hoy, y debemos celebrarlo, un concepto que ya no es exclusivo de los anarquistas.
En 1877 en París, es decir hace 145 años atrás, Kropotkin dio un magnífico discurso en París que resume las bases de lo que hoy conocemos como abolicionismo carcelario. Resumo groseramente dos de sus ideas principales: La cárcel no “rehabilita” a la persona, sino que lo degrada mucho más, y el sistema penitenciario no disuade a otras personas para que no comentan actos considerados como delitos. Kropotkin, como muchos otros y otras, fue un contrario a la pena de muerte.
Quiero citar sólo dos párrafos de este discurso, que pareciera haberse escrito ayer:
“Sean cuales fueren los cambios introducidos en el régimen carcelario, el problema de la reincidencia no disminuye. Esto es inevitable; así ha de ser; la prisión mata todas las cualidades que hacen al hombre adaptarse mejor a la vida comunitaria. Crea el tipo de individuo que inevitablemente volverá a la cárcel para acabar sus días en una de esas tumbas de piedra que tienen grabado: “Casa de detención y corrección”.
A la pregunta “¿Qué hacer para mejorar el sistema penal?”, sólo hay una respuesta: nada. Es imposible mejorar una cárcel. Con excepción de unas cuantas mejoras insignificantes, no se puede hacer absolutamente nada más que demolerla”.
El modelo carcelario ha sido reproducido por igual tanto por gobiernos capitalistas como socialistas. Y las consecuencias han sido las previstas por Kropotkin. En el caso de América latina los centros penitenciarios son las grandes universidades del crimen. Y que además ratifican la premisa que la llamada “justicia” tiene un precio, en dinero o en fidelidad o sumisión ideológica. Sin embargo, ya conocemos bastante bien lo que significan los llamados “sistemas de administración de justicia” en los países capitalistas. La pregunta que quiero hacer hoy es por qué no hablamos, con el mismo énfasis, de la función disciplinaria de las cárceles en los países autodenominados progresistas o de izquierda. En el capitalismo se castiga la pobreza, mientras que en el socialismo se castiga la disidencia política.
Quiero recordar que la Unión Soviética, el “gran faro del socialista mundial”, se convirtió literalmente en la tumba del anarquismo ruso. El propio entierro de Kropotkin, ocurrido en 1921, fue la última manifestación pública de los anarquistas en ese país. 100 mil personas acudieron al funeral, en el cual el régimen de Lenin incumplió su promesa de liberar provisionalmente a los presos políticos anarquistas para acudir a aquella muestra pública de dolor. Cualitativamente entonces, según los principios anarquistas, el socialismo realmente existente en sus dispositivos de opresión no se ha diferenciado del capitalismo realmente existente.
Los anarquistas latinoamericanos, por lo menos los que yo conozco, hacen mucho esfuerzo por solidarizarse con sus iguales, dentro de prisión, los presos políticos anarquistas. Y por supuesto eso está bien. También por denunciar, siguiendo a Kropotkin, las falsedades, limitaciones y aberraciones de nuestras cárceles, denominando a sus cautivos como “presos sociales”, y eso también es loable. Cuando en países como la Colombia bajo Iván Duque o el Chile de Sebastián Piñera han ocurrido manifestaciones masivas contra el gobierno, los anarquistas no han dudado en solidarizarse con las revueltas y hacer campaña a favor de los presos políticos por participar en las protestas. Y esto no lo crítico, pues yo mismo lo hago. Sin embargo lo que poco o nada hacemos, y este es el punto central de la presente conversación, es tener empatía cuando han ocurrido protestas populares en los países autodenominados socialistas en la región. Y hablo específicamente de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿A qué se debe esta falta de solidaridad?
En el caso de Cuba recientemente se cumplió el primer aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, la rebelión popular más importante de los últimos años en la isla. Según la página web justicia11j.org hasta este momento en que hablamos se han registrado 1.512 detenciones de personas por el delito de expresar en el espacio público su inconformidad con el Estado cubano. 677 de estas personas continúan en prisión y 630 han sido juzgadas. En Cuba el lugar del punk es ocupado por el movimiento rapero independiente, no estatizado. Maykel Castillo, rapero y uno de los autores de la canción “Patria y Vida”, fue condenado recientemente a nueve años de cárcel por los supuestos delitos “difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires”, “atentado”, “desacato” y “desórdenes públicos”. Hace apenas unos días atrás detuvieron al también rapero David D’Omni. Los episodios de represión en la isla son innumerables. Pero de manera incomprensible son silenciados, no solamente por el movimiento anarquista continental sino también por el movimiento anarcopunk. Un espacio como este sería inimaginable dentro de la isla. No se si ustedes saben que por muchos años la izquierda rechazó al rock con la misma saña que lo hacía la derecha. En 1963 Fidel Castro pronunció un discurso en donde calificó a los rockeros, que en ese momento era un fenómeno emergente y que empezaba a contagiar a la juventud cubana como “pepillos vagos”, “hijos de burgueses”, con “pantaloncitos demasiado estrechos” y “shows feminoides”. Ese día el caudillo dio una orden que fue seguida por las izquierdas en américa latina: “La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones”. Las historias en la región fueron dramáticas, pero en la propia Cuba muchos rockeros, homosexuales y otros lumpen disidentes fueron perseguidos y encarcelados, durante mucho tiempo, por el supuesto delito de “peligrosidad social”.
En Nicaragua hubo una rebelión popular durante el año 2018, que fue reprimida brutalmente y ocasionó la cifra de 400 muertos, más de 1.200 heridos y más de 700 personas detenidas. Al día de hoy, según el Mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas de Nicaragua, 180 personas que participaron en las protestas continúan detenidas. Además, más de 700 organizaciones sociales han sido ilegalizadas en el país.
En Venezuela, que es la situación que mejor conozco, según el Foro Penal al día de hoy existen 236 presos políticos, 222 de ellos hombres y 14 mujeres. En las protestas del año 2017, que fueron nuestra última rebelión popular, la cual duró 4 meses y según los datos del propio gobierno ocurrieron 9.436 protestas, lo que significa un promedio de 78 protestas diferentes cada día. En esas protestas asesinaron a 146 manifestantes y, al igual que Nicaragua, se detuvieron a cientos de personas, muchas de ellas sometidas a tratos inhumanos, crueles y degradantes, incluyendo tortura. En el caso venezolano una buena parte de los detenidos por manifestar fueron pasados a la justicia militar. Es decir, fueron tribunales militares quienes los juzgaron por los supuestos delitos de “traición a la patria” y “asociación para delinquir”, estableciendo las penas de cárcel.
Mi mensaje de hoy es que sigamos denunciando el horror de las cárceles en los países capitalistas, pero no silenciemos lo que pasa con ellas, y su uso también disciplinario, en los países autodenominados progresistas o socialistas. Yo esperaría que ninguno de ustedes se hiciera eco del argumento marxista que las protestas en estos países, o estos presos políticos, son fomentadas por la CIA, como si no hubieran suficientes razones para el malestar colectivo. Esta es una estrategia histórica del marxismo para desviar las críticas. No olvidemos que el propio Carlos Marx acusó a Miguel Bakunin de ser un espía al servicio del zar ruso, que en ese momento era el equivalente a decir que era de la CIA.
Los anarquistas siempre hemos defendido nuestro proyecto propio. Mi llamado es que abandonemos las muletas marxistas, que parecen haber colonizado a buena parte del movimiento anarquista latinoamericano actual, para enfrentar el desafío de avanzar por nuestro propio camino.
En días pasados un grupo de personas integrantes de diferentes gremios, incluyendo derechos humanos, tuvieron la iniciativa de reunirse con Nicolás Maduro y, pocos días después, remitir una carta pública al presidente de Estados Unidos con una serie de peticiones, incluyendo la revisión de política de sanciones. Estas dos acciones, con poco margen de días entre una y otra, por lo que pudieran interpretarse como parte de un mismo movimiento, han generado un abanico de reacciones en la sociedad democrática. Uno de sus elementos positivos es que nos ha obligado a encarar un debate pendiente entre nosotros: la redefinición de una estrategia colectiva que sustituya la derrotada en el 2017 (con coletazos a comienzos del 2019) y que nos sacuda la inercia y la incertidumbre en la que nos encontramos, potenciada por la situación de pandemia. En otros textos he invitado a sacar lecciones de lo que ha hecho y de lo que le han hecho a la dirigencia política para ubicarla en el actual estado de debilidad y deslegitimidad frente a la población. El sentido de este texto es sumar elementos a la reflexión sobre estas iniciativas para extraer lecciones que nos ayuden a encarar, desde el movimiento de derechos humanos, futuras convocatorias hechas desde Miraflores, las cuales van a ocurrir en el marco de la simulación de cooperación y lo que las autoridades han definido como “diálogo inclusivo”, en áreas de nuestra competencia. Revisando lo que hemos hecho como movimiento uno puede cerciorarse de la poca experiencia que tenemos en el diálogo político, valga la redundancia, con los políticos, por ello es importante cualquier aprendizaje. Una aclaratoria: En este escrito no abordaremos ni la estrategia asumida por personas integrantes del “Foro Cívico” ni el contenido de la carta a Biden, ni las razones por las cuales el gobierno les extiende en este momento una invitación. Su foco es la materialización, o puesta en escena, de vínculos con las autoridades oficiales para dilucidar, estratégicamente, que cosas deben hacerse diferente en el futuro.
1) Ninguna acción ocurre en el vacío: Sobre la conveniencia o no de una reunión con las autoridades, en un momento determinado, se debe tomar en cuenta los elementos de contexto que pudieran darle o variar su significación. En este momento dos situaciones se vinculan a cualquier contacto con las autoridades. La primera de ellas es una política deliberada de “normalización” que algunos de nosotros hemos denunciado parcialmente (por ejemplo cuando argumentamos que la palabra “emergencia humanitaria” está siendo sustituida por “ayuda al desarrollo” para maquillar la situación de los venezolanos). El gobierno ha visto una oportunidad en la aspiración legítima de la población en retomar actividades productivas para sortear la crisis y la parálisis de pandemia, intentando posicionar una matriz de opinión sobre la supuesta “recuperación económica del país” (Como ejemplo, artículo de Temir Porras en The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2022/02/21/venezuela-economia-mejora-cepal-credit-suisse/). La frase “Venezuela se arregló” ha sido fabricada en un laboratorio, y ha encontrado eco en un sector de la ciudanía, por diferentes razones, teniendo cajas de resonancia en algunos empresarios. A esta promoción de una “normalización” cuyo motor es la supuesta recuperación económica, tenemos una segunda dimensión vinculante: La legitimación de la vocería, por parte de las autoridades, de una “oposición política no beligerante”, sobre la que se ha señalado incluso que ha sido financiada por las arcas estatales. Esto es lo que observa el ciudadano promedio: Empresarios haciendo negocios con el gobierno y políticos de oposición que son más beligerantes con la oposición que con el gobierno. ¿La iniciativa de nuestros colegas pudiera ser confundida como parte del esfuerzo “normalizante”? La respuesta es sí. ¿Cómo podía esto abordarse? De ello hablaremos a continuación.
2) Cualquier vinculación con autoridades debe hacerse desde el respeto: El respeto no es sólo el tono de la reunión, que entendemos fue “cordial”, sino también los propios términos de la convocatoria. En este caso fue hecha con pocas horas de antelación. Los convocados y convocadas decidieron aceptar la invitación, literalmente, de un día para otro. Y esto les dio poco margen de preparación. Todas las debilidades del documento entregado, e incluso de las propias intervenciones, han sido adjudicadas al “poco tiempo de preparación”. Para hablar en los organismos internacionales, en un terreno de mayor confort para los activistas, usamos semanas y hasta meses de preparación previa, a veces para intervenir sólo 5 minutos. Esto permite la consulta colegiada, decidir qué temas se abordan y cuáles quedan por fuera, y especialmente de acuerdo a la investidura del interlocutor, que tipo de exigencias podemos hacerle: A un jefe de Estado se le plantean políticas de Estado. Como sabemos en estos casos, la improvisación debilita la incidencia. Este plazo de preparación también incluye lo que se dice antes de la reunión y lo que se comunica después de ella. ¿Cómo nos podemos anticipar a los previsivos mensajes desde medios oficiales? Convocar a una reunión de esa magnitud con tan poco plazo, además de ser irrespetuoso, tiene entre sus objetivos que los convocados asistan lo menos preparados posible.
3) El “timming”, la secuencia: A veces se puede escoger el momento más propicio para la acción, a veces no. Supongamos que esa era la única fecha posible para la reunión con Maduro, y que esa variable no era controlable por los convocados. Pero la de la aparición de la carta pública a Biden sí. En este caso el orden de los factores sí altera el producto. Que se divulgue pocas horas después del cónclave en Miraflores genera una conclusión: La misiva es su consecuencia, aumentando con ello la vinculación al esfuerzo normalizante. Si bien podemos compartir la petición de una revisión a la política sancionatoria, esta petición es la protagonista del actual discurso gubernamental, y por tanto un activo simbólico oficial. La ecuación hubiera sido diferente si la secuencia hubiera sido distinta, por ejemplo: a) Reunión con Maduro b) Carta pública al Fiscal de la CPI saludando instalación de oficina en Caracas c) Carta a Biden. Incluso, si se hubiera tomado más días para divulgarla no sólo se debilita la “confusión normalizante”, sino también se hubiera podido aumentar la cantidad de personas adherentes. Nuestra experiencia en la redacción de comunicados sabe que la legitimidad no proviene sólo de la justeza de las peticiones, sino también de la cantidad de personas que públicamente las apoyan, mucho más si son temas que pudieran ser polémicos. En otro lugar hemos dicho que las ONG no estamos para buscar “aplausos” o “likes”, y a veces hay que decir en solitario afirmaciones políticamente incorrectas. Pero la crítica de que “son sólo 25 los firmantes” cobra una perspectiva diferente ante la incertidumbre y perplejidad creada por la secuencia de la acción dentro de lo que debería ser su base natural de apoyo: El resto de la sociedad civil. Finalmente sobre este punto: La reunión con el dictador, por lo menos para quienes estamos convencidos de su actuación no democrática, significa un cambio cualitativo de cualquier incidencia de la sociedad civil nacional. Esto no está negado. Pero, ¿había que reunirse precisamente pocos días después del anuncio de la instalación de una oficina de la CPI en el país?
Conclusiones para el futuro
Debemos hacer un análisis del contexto en el que ocurre nuestra acción. Si esta pudiera confundirse o desvirtuarse por iniciativas similares de otros, debemos hacer un esfuerzo deliberado por diferenciarla y explicarla.
El respeto no sólo se gana, sino que también se exige. Hacernos respetar es también aceptar convocatorias de reunión hechas con la debida anticipación, que nos permita prepararnos lo mejor posible para ella
Cualquier acción debe fortalecer, y no debilitar, nuestra base de apoyo.
Las acciones colegiadas tienen mayor fortaleza que las iniciativas individuales
En política el orden de los factores sí altera el producto
Recomendaciones
Elaborar un discurso sobre lo que entendemos como “normalización post-pandémica” en el país que se diferencie de la matriz de opinión sobre la capitulación generalizada de las aspiraciones de cambio social, económico y político detrás de la narrativa “Venezuela se arregló” promovido por el gobierno.
Recuperar los espacios de confianza para los debates y conversaciones entre las organizaciones, para definir estrategias de cara al contexto actual y los desafíos del futuro
Los testimonios del ucraniano Yurii y la rusa Lena probablemente no representen a una mayoría, ni gusten a mucha gente, pero muestran un camino difícil, el de la insumisión a la guerra.
Irene Zugasti Hervás @irezugasti
Yurii y Lena son activistas por la paz. Uno es ucraniano. La otra es rusa. Ninguno representa a un movimiento mayoritario en sus países, y arriesgan mucho poniendo su voz y su cuerpo para hablar de su militancia en guerra, contra la guerra, y sobre todo, por culpa de las malditas guerras.
Yurii Sheliazhenko es profesor, objetor de conciencia y secretario del Movimiento Pacifista Ucraniano, que se fundó durante las protestas contra el alistamiento forzoso de 2019, en un momento en el que las condenas y persecuciones eran especialmente intensas, como él mismo afirma. Conocí de su existencia leyendo acerca de la Ley Marcial que el gobierno de Poroshenko aprobó en 2015 y que Zelensky hizo activa mediante un decreto presidencial el 24 de febrero de 2022. Un mes después, ha decidido extenderla otros treinta días con el apoyo de la Rada, donde once partidos políticos han visto suspendida su actividad, lo que supone que más de 44 escaños del parlamento están vacíos.
“Vivir bajo la ley marcial —afirma Yurii— significa que debo quedarme en casa o en el refugio entre las 20h y las 7h, a veces incluso todo el día. Vivo en Kiev, donde algunos edificios residenciales fueron destruidos por proyectiles rusos, con muchas víctimas civiles. Las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad tienen la oportunidad de trasladarse a un lugar más seguro dentro del país o en el extranjero, pero es arriesgado porque hay inseguridad en las calles y los acuerdos sobre corredores son muy frágiles. Todos los hombres de 18 a 60 años deben ser movilizados al ejército o a las fuerzas de defensa territorial. No se les permite salir del país salvo algunas excepciones y la objeción de conciencia al servicio militar no se encuentra entre ellas. No es seguro salir de casa si, como hombre, has decidido no tomar las armas”. El miedo a abandonar el país para no combatir, con la posibilidad de ser detenido o incluso ajusticiado en la frontera, está conduciendo a muchos hombres a esconderse o a intentar otras vías de escape menos seguras que el refugio. Las refugiadas ucranianas no son abrumadoramente “mujeres y niños” por casualidad.
Los objetores de conciencia son un tabú, así como los considerados desertores. Sin embargo, un informe del Home Office británico desclasificado en 2020 afirmaba que desde 2014 fuentes de Kiev reconocían que número de hombres que no se presentaba a filas o que abandonaba el ejército y huía del país era, desde luego, “un problema”. También en la región de Donbass. El mismo informe confirmaba el silencio institucional en torno a esta realidad.
La objeción de conciencia, explica Yurii, sólo se permite a un pequeño grupo de confesiones religiosas, unas 1.500 personas, que pueden realizar servicios alternativos al militar
Yurii reflexiona sobre la masculinidad militarizada en su país: “Bueno, el estereotipo de género que establece el deber de los hombres de ser ‘guerreros’ está muy arraigado: hace dos siglos, había canciones contra el alistamiento en el folclore popular, como las que publicó Drahomanov —un filósofo— Hoy, al contrario, el dicho es: ‘si no te alistas, no eres un hombre’”.
La objeción de conciencia, explica el activista, sólo se permite a un pequeño grupo de confesiones religiosas, unas 1.500 personas, que pueden realizar servicios alternativos al militar. “Pero este número se ha duplicado durante el conflicto armado. A los objetores ‘seculares’ se les niega ese derecho, y el servicio alternativo es difícilmente accesible, punitivo y discriminatorio, así que la gente intenta evitar el servicio militar aludiendo cuestiones de salud, familiares o circunstancias profesionales. O, simplemente, infringiendo la ley”. Yurii rompe el silencio de los datos: “Entre 2014 y 2020, más de 16.000 personas han sido sentenciadas por penas relacionadas con la evasión o deserción del servicio militar. Los expertos sugieren que, además, las leyes marciales facilitan los sobornos y por eso son beneficiosas para algunos altos mandos”.
El gesto de Yurii —exponerse públicamente, contestar abiertamente a mis incómodas preguntas— es sin duda, un gesto de coraje. De hecho, su compañero de filas en el Movimiento Pacifista Ucraniano Ruslan Kotsaba, que abrió un blog antimilitarista, ha sido agredido varias veces por miembros de la extrema derecha y fue finalmente enviado a prisión. Le pregunto si se consideran un movimiento representativo: “Contamos con muchas personas simpatizantes, pero no mucha gente está preparada para formar parte oficialmente de esto, firmar la declaración de Bilthoven (una declaración de 1921 consignada por el movimiento Internacional de Resistencia a la guerra) o militar activamente por el pacifismo. Aunque tenemos once mil seguidores en redes y cuatrocientos miembros en nuestros grupos…”.
En Ucrania, también en Rusia, y en casi todas partes, la Paz, como la Libertad, (bien lo sabemos en Madrid) pueden ser un concepto polisémico y bastante diverso según quien la reivindique. “Hay blogueros en Ucrania que abogan por la paz, pero —en su opinión— no son pacifistas consecuentes: algunos abogan por una amistad ruso-ucraniana desde posturas antioccidentales, otros se sirven de técnicas y recursos para la paz y la reconciliación que vienen desde Occidente con claros tintes antirrusos, y otros simplemente piden que se apoye al ejército porque este, supuestamente, lucha por la paz, pero en realidad, lo hace desde la violencia estructural, por supuesto. Ucrania no tiene un pacifismo imparcial, independiente o influyente”.
“En Ucrania no hay una cultura de la paz; la educación está altamente militarizada, también los medios de comunicación… y arrastramos siglos de servicio militar obligatorio”, dice Yurii
Le pregunto por las razones para la debilidad de ese pacifismo, y pienso en el masivo e histórico movimiento de “No a la Guerra” que encabezara España a principios de los dos mil y que hoy ni está, ni se le espera. “En Ucrania no hay una cultura de la paz; la educación está altamente militarizada, también los medios de comunicación…y arrastramos siglos de servicio militar obligatorio. Las principales iglesias y organizaciones religiosas bendicen y apoyan al ejército y mezclan plegarias de paz con oraciones para que la OTAN derribe aviones militares rusos”.
El movimiento pacifista de Yurii se hizo más popular gracias a un vídeo en Youtube que denuncia precisamente esa militarización de la infancia, un fenómeno que él mismo explica desde las bases históricas de la Rusia Imperial y el militarismo, que blindaron las estructuras militares. Eso incluye, puntualiza, “la historiografía, la geopolítica, el nacionalismo o la etnicidad desde esa idea fundacional de la nación ucraniana como descendiente de los ejércitos cosacos. Nuestra literatura está llena de historias épicas de heroicos guerreros ensalzando el patriotismo militar, en vez de la educación civil. Era así incluso en 2013, cuando la guerra con Rusia era impensable y el servicio obligatorio estaba casi a punto de abolirse”.
El origen de la guerra
Llegamos así a la madre del cordero, al casus belli. ¿Cómo hemos acabado aquí? Las protestas de extrema derecha en 2014 (en Kiyv y en Donbass, puntualiza) se han cocinado desde fuera, desde la OTAN y desde Rusia, durante años. “Nuestra cultura de la violencia ayudó mucho a que se extendiera. Se buscaba a los reclutas en las calles, en los bares, en los hostales. Se prohibieron los viajes al extranjero. Rusia también impuso el servicio obligatorio en Crimea en contra de la legalidad internacional. La propaganda del ‘esfuerzo de guerra’ ya estaba ahí: antes de la invasión rusa, el departamento de Relaciones Públicas del ejército ucraniano lanzó una potente campaña de identidad, y tras la invasión, el presidente Zelensky afirmó que toda la población eran soldados. Somos un país único, hasta la Policía ha publicado recetas para hacer cócteles Molotov en sus redes sociales”.
¿Hay espacio para una reconciliación social? Planteo a Yurii qué opina sobre el silencio mediático de los ocho años de guerra en Donbass y la validez del relato de polarización entre prorrusos y ucranianos. Para Yurii, “es consecuencia de la batalla de Rusia y Occidente por el control de Ucrania. Y para ello se han valido de una ‘Sociedad incivil’ y radicalizada.”. Da también otra de las claves: “no hemos tenido cultura cívica ni política, se nos ha enseñado a ser soldados obedientes y no ciudadanía responsable”.
Me muestra varios artículos donde las madres de soldados rusos movilizados hacia el frente de Ucrania mientras hacían el servicio militar denuncian no saber nada de sus hijos. Danya, el hijo de Lyuba, por ejemplo, fue hecho prisionero allí; se lo comunicó un oficial ucraniano por SMS. Desde entonces, no ha recibido más respuesta que el silencio, también el administrativo. Rotislav, el hijo de Natalya, hacía el servicio militar desde hacía menos de seis meses. En una nota de voz, anunciaba a su madre: “nos dan armas. Nos vamos a Ucrania.” Desde entonces, y pese a todas las llamadas, oficinas y papeles, Natalya tampoco sabe nada de él.
El servicio alternativo al militar existe en Rusia. Pero Lena explica que no es tan fácil acceder
Lena cuenta que, pese a que están organizadas internamente, las familiares tienen miedo a exponerse en público. También me aclara que estas historias se cuentan solamente en medios considerados contrarios al gobierno ruso. Pregunto a Lena si en Rusia también opera una ley marcial, pero no, no existe como tal. En el ejército ruso hay reclutas, que hacen el servicio militar obligatorio, y soldados contratados, profesionales. Los conscriptos son reclutados para un año, que es lo que dura ese servicio. Los otros firman un contrato con el Ministerio de Defensa y reciben un salario por sus servicios, de no menos de dos años de duración. Al comienzo de la operación, las autoridades rusas afirmaron que sólo los militares profesionales participarían y que retirarían al resto del territorio ucraniano. “Sin embargo, el portavoz de Defensa ruso, Igor Konashenkov, reconocía “desafortunadamente” su presencia en el frente”.
El servicio alternativo al militar, lo que en España llamábamos el servicio civil o la Prestación Social Sustitutoria en los años de la lucha por la insumisión militar, existe también en Rusia. Pero Lena explica que no es tan fácil acceder, y la presión social y el estigma de hacerlo, de no servir al ejército, pesa mucho en la conciencia colectiva. Sus palabras suenan muy parecidas a las de Yurii. Además, este servicio está muy mal organizado, afirma. “Se les da alojamiento en un hotel y se les asigna un trabajo que no tiene nada que ver con su formación, y algunos incluso acaban sirviendo como personal civil en una unidad militar, lo cual es una contradicción absoluta”.
Ya en 2014 y 2015, llegaban desde Donbass historias de desertores, de razias y venganzas impulsadas por la movilización militar
Unirse al ejército por la vía contractual esconde muy a menudo, —y en eso, Rusia y Ucrania también se parecen— historias de vulnerabilidad. Lena dice precisamente que muchos se alistan desde las regiones más deprimidas del país y su salario militar es el único ingreso al que pueden optar. Algunos universitarios pueden valerse de prórrogas o ser reservistas y entrenar directamente en campos de entrenamiento evitándose el servicio obligatorio. Pero otros son atraídos por la promesa de que las condiciones profesionales son mejores que el servicio obligatorio, así que se “saltan” ese paso. “Las familiares nos reportan casos de soldados que han sido forzados a firmar esos contratos o a los que se ha falsificado su consentimiento. Incluso les han hecho firmar en el tren, de camino a la frontera. Es fácil convencerles, también, prometerles algo… no es nuevo para nosotros. También ocurrió en Georgia, pero ahí publicaban las listas de reclutas movilizados. Ahora no.” Lena explica también la existencia de normas como la de no tener teléfono móvil con acceso a internet, o contar con acceso restringido a las llamadas, aunque muchos lo lleven entre sus pertenencias. No conoce ninguna mujer en esta situación, probablemente porque todas las que acceden al ejército deben hacerlo como profesionales al estar excluidas del servicio militar obligatorio; y no se les moviliza a posiciones de combate.
“Quiero compartir algunas historias que me han contado los familiares” —me dice Lena. Y empieza a narrarlas. La de un chico joven que servía en la banda musical y que de un día para otro fue trasladado a la frontera. La de militares profesionales que querían rescindir su contrato cuando comenzó el conflicto por motivos de conciencia. La de dos hermanos que luchan cada uno en un lado del frente, uno movilizado en Ucrania, otro llevado desde Rusia, y su madre, en el este del país, en Khabarovsk, no sabe ni qué papeles puede presentar para ayudarles; ninguno quiere combatir en esta guerra. La de otra mujer que recibió la llamada de una señora ucraniana que había acogido a su hijo, soldado ruso, en su casa, indocumentado y perdido, diciéndole que quería volver a casa.
La labor de las activistas por los derechos humanos como Lena es proporcionar herramientas para evitar el alistamiento en el frente o para gestionar el retorno de los soldados
Ya en 2014 y 2015, llegaban desde Donbass historias de desertores, de razias y venganzas impulsadas por la movilización militar. Un combatiente de las milicias del este del país me hablaba de soldados ucranianos muy jóvenes, drogados y desorientados, atrapados en la zona gris. También se escuchaban por allí historias de como los voluntarios extranjeros eran abandonados en ambos bandos (esos que, según quien les narre, son mercenarios sangrientos o voluntariosos pacificadores), y del precio de la violencia cotidiana de una guerra de “baja intensidad” en las comunidades de frontera. Pero entonces esta guerra no importaba tanto.
La labor de las activistas por los derechos humanos como Lena es proporcionar herramientas para evitar el alistamiento en el frente o para gestionar el retorno de los soldados. “Hay que mandar un informe al comandante, solicitar la extinción del contrato. Pero se les presionará, pueden aparecer en los medios… no hay nada peor que ir a la guerra, pero muchos familiares prefieren no darles este consejo porque temen que evitarlo sí que sea incluso peor”. El mero hecho de informar ya es un riesgo importante. El delito de “traición” (el mismo que encarceló a Kotsaba en Ucrania) rige en Rusia en el caso de que se considere que se da información contra los intereses del Estado, incluyendo aquella sobre el estado moral y psicológico de las tropas, su salud o las condiciones de su servicio.
“Me preguntas por estadísticas…” —ríe, con tristeza— “no hay estadísticas. No tenemos los nombres, tenemos las historias”. Pero Lena tiene una historia más, que añade al final: Hay un chico en Crimea que ha pedido no participar en la guerra, tal y como figuraba en su contrato. Ha insistido mucho a sus oficiales y no va a ser enviado a Ucrania. Le han apartado para que no influya a otros jóvenes, pero lo ha conseguido. Hay que seguir intentándolo. Soy optimista.
Pese al embotamiento informativo y las noches de Twitter, Telegram y traducción donde acabas preguntándote dónde coño estás y porqué te has metido a hablar de esto, la lucidez todavía, creo, nos da para una certeza bastante obvia: ninguno de estos países es una democracia. A partir de ahí, descabalguen o ensillen ustedes sus convicciones y sus contradicciones.
De esta guerra han brotado extraños personajes que habitan las crónicas de guerra, retorciendo ideologías e identidades hasta el esperpento, con tal de encajar en el guion. “Minorías” nada minoritarias, como los neofascistas que dirigen batallones e instituciones o algunos “desnazificadores” bastante nazificados. También han aparecido excepciones extrañamente aplaudidas, como anarquistas en armas por el nacionalismo conservador o mujeres en batallones ultra en nombre del feminismo. Y una inexplicable y dolorosa ceguera ante lo obvio de quienes no quieren ver más allá de su bandera. Hay pacifistas que piden más armas y otros no tan pacifistas que se han arrogado en voces de la paz. Como la que suscribe; yo misma, escuchando a Yurii y a Lena, he de ser objetora de conciencia en mis propias contradicciones. Sus dos testimonios, probablemente no representen a una mayoría, ni gusten a mucha gente, ni tampoco sirvan para usarse de ariete contra el contrario. Pero entre tantas excepciones, la paz insumisa también merece explicarse, ¿o no?
La amiga Hilda Landrove, antropóloga y activista, en su podcast «Caminero», ha tenido la cortesía de reseñar ampliamente «La rebeldía más allá de la izquierda». Este es el texto que acompaña al reproductor del podcast:
En este episodio de Caminero hablamos sobre el libro de Rafael Uzcátegui ‘La rebeldía más allá de la izquierda: Un enfoque postideológico para la transición democrática en Venezuela’. Este libro explora, a partir del debate Sastre-Camus, el problema de la solidaridad selectiva, que explica por qué las víctimas de regímenes como el venezolano no despiertan la misma solidaridad que las de otros lugares. A través del “efecto Sartre”, que tipifica la actitud del militante que excusa los horrores cometidos por regímenes que le son afines, el libro explora dinámicas de la militancia y las ideologías para llegar, en el último capítulo, a proponer una “caja de herramientas” para la Venezuela post chavista. Exploramos en este episodio las ideas de Uzcátegui para reflexionar sobre las solidaridades selectivas, las pretensiones totalizantes de las ideologías, la actitud de las militancias congregacionales y la posibilidad de una política preconfigurativa.
He recibido por intermedio de Frank Mintz un interesante comunicado, firmado por «Un grupo de anarquistas y libertarios» que paso a traducir y republicar. El original en http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/contra_a_invasao_russa_e_a_guerra.pdf. Pido disculpas por cualquier inexactitud en la traducción google.
CONTRA LA INVASIÓN Y LA GUERRA RUSA: ¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO UCRANIANO!
Estamos en contra de esta guerra. Ni Putin ni la OTAN. Antimilitaristas, no tomamos partido de los que bombardean las poblaciones, ya sea el ejército ucraniano en Donbass o Misiles y tanques estatales rusos sobre Ucrania. Tomamos partido, sí, por los que sufren la fuerza bruta de los nacionalismos, por los que salen a la calle con el coraje de dejar claro que la la gente tiene otra forma de relacionarse.
Personas en Ucrania, antiautoritarios, antifascistas, activistas LGBT, algunos de los cuales mantienen proyectos de medios independientes, piden nuestra solidaridad mientras luchan contra la invasión en las calles.
Como en 2014, simplificando la actual guerra en Ucrania, o como una batalla entre los Intereses democráticos occidentales y aspiraciones imperiales nacionalistas postsoviéticas fuerzas rusas, o como movimientos políticos neofascistas y luchas de liberación nacional, no ayuda a la comprensión de las verdaderas causas de esta guerra.
Nos distanciamos de quienes dicen cosas como ‘Rusia fue provocada y tiene derecho a tomar represalias». Declaraciones como esta sugieren un proceso de excusar acciones inaceptable. El actual gobierno nacionalista y reaccionario ruso, que desde hace años desarrolla un proyecto imperialista, ahora pretende subyugar a otro país – bastante rico en materias primas como el uranio, el carbón, el gas natural y las grandes producciones agrícolas, mientras que constantemente reprime las voces disidentes internas. Estos mismos recursos también interesarán a Joe Biden, cuyas políticas imperialistas también son reconocidos. Sin embargo, estar en contra del imperialismo estadounidense no puede significa que se excusa otro imperialismo. Como se ha dicho, el imperialismo ruso moderno se basa en la percepción de que Rusia es el sucesor de la URSS, no en su política, sino en términos territoriales.
En este momento, estamos siguiendo de cerca las situaciones de Chernobyl y otros armas nucleares en Ucrania y bombardeos sobre objetivos civiles, actos bélicos de quienes no les interesan los medios para lograr sus fines.
La ley marcial impuesta en Ucrania exige que todos los hombres de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país. Se les aconseja tomar las armas y defender su «patria». La guerra demuestra que el patriarcado, naturalmente expresado en nacionalismos y en las disputas por el poder estatal, es una brutalidad para todas las personas. Incluso, reconociendo el derecho de los pueblos a resistir a un agresor.
Nos solidarizamos con todas las personas en Ucrania que han sido atrapadas en una guerra que no decidieron, así como con la diáspora ucraniana repartida en varios países. Los refugiados serán bienvenidos, como todos los demás refugiados y migrantes de este mundo en guerra.
También rechazamos cualquier rusofobia. Expresamos toda nuestra solidaridad con el pueblo ruso, víctima de su clase dominante, que sufrirá una crisis sin precedentes, y acompañamos a las organizaciones que apoyan a los detenidos en manifestaciones contra la guerra que tienen lugar en territorio ruso.
¡CONTRA LAS GUERRAS ENTRE ESTADOS! SOLIDARIDAD ENTRE LAS PERSONAS
The undersigned, 234 social and human rights organizations of the Americas, wish to express our support for the cessation of the Russian Federation’s aggression in Ukraine and the strict compliance with international human rights law and international humanitarian law
On February 24, 2022, the Russian Federation breached its commitments to the principles and obligations arising from the Charter of the United Nations by abandoning peaceful methods of conflict resolution and resorting to the use of force to violate the territorial integrity and self-determination of Ukraine. Most of the nations and peoples of the world have recognized the move as an act of unilateral aggression by Russia, which makes use of its armed force to attack the sovereignty, freedom, territorial integrity, and political independence of Ukraine, and, above all, the integrity and life of the Ukrainian people. An unlawful and unjustified act of aggression with no grounds of a political, economic, military, or any other nature under international law.
Despite its international obligations, the existence of mechanisms for peaceful conflict resolution, and the willingness of nations to achieve these solutions through dialogue, Russia has ignored the calls and put Universal Peace at risk. The use of weapons, the threats to escalate the conflict if other nations intervene, and the sole mention of a state of alert in the nuclear weapons system have placed nations, the International System for the Protection of Human Rights, and the citizens of the world before their most important challenge in recent history.
The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Filippo Grandi, warned that a million people had to leave Ukraine for Poland and other neighboring countries in just 7 days, calling it “the fastest exodus in recent history”. the United Nations High Commissioner for Human Rights (HCHR), Michelle Bachelet, in her report to the 49th session of the Human Rights Council, described the situation as “one of the most serious peace and security crises in recent years”, with massive impacts on the human rights of millions of people in Ukraine and new and dangerous threats to all of humanity.
The Office of the HCHR has registered several armed attacks against the civilian population, resulting in 752 civilian casualties, including 227 dead, 15 of them children, and at least 525 wounded, including 28 children, estimates that could be much higher after confirmation, in addition to the damage and destruction of residential areas, schools, cultural places, hospitals, and vital service facilities for civilian life such as water, sanitation, and fuel. The aggression of the Russian government has unleashed a «humanitarian and human rights crisis in Ukraine» in just a few days.
Given the very serious nature and scale of the events in Ukraine, we, the individuals and civil society organizations who believe in the defense of human rights and the peaceful resolution of conflicts:
Las abajo firmantes, 234 organizaciones sociales y de derechos humanos de las Américas, queremos pronunciarnos por el Cese a la agresión de la Federación de Rusia en Ucrania y cumplimiento estricto del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El 24 de febrero de 2022, al abandonar los métodos pacíficos para la resolución de controversias, recurriendo al uso de la fuerza para ir contra la inviolabilidad de la integridad territorial y la libre determinación de Ucrania, la Federación Rusa violó sus compromisos con los principios y obligaciones emanadas de la Carta de Naciones Unidas. La mayoría de las naciones y pueblos del mundo han reconocido este hecho como un acto de agresión unilateral, haciendo uso de su fuerza armada, atentando contra la soberanía, la libertad, la integridad territorial y la independencia política de Ucrania, y sobre todo contra la integridad y vida del pueblo ucraniano. Una agresión que, con base en los estándares internacionales, bajo ninguna consideración de orden político, económico, militar o de otro carácter, es lícita ni tiene justificación.
A pesar de sus obligaciones con el derecho internacional, de la existencia de mecanismos para solucionar los conflictos de forma pacífica y de la disposición de las naciones a encontrar estas soluciones a través del diálogo, Rusia ha desoído los llamados y puesto en riesgo la Paz Universal. El uso de las armas, las amenazas con expandir el conflicto si otras naciones intervienen y la sola mención de estado de alerta en el sistema de armas nucleares, han colocado a las naciones, al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y a los ciudadanos y ciudadanas del mundo en el compromiso y reto más importante de su historia reciente.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Filippo Grandi, advirtió que, en sólo 7 días, un millón de personas debieron salir de Ucrania, hacia Polonia, y otros países fronterizos, calificándolo como “el éxodo más rápido de la historia reciente”. A su vez, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en su reporte al 49° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, calificó la situación como “una de las crisis de paz y seguridad más graves de los últimos años”, con impactos masivos en los derechos humanos de millones de personas en Ucrania y amenazas nuevas y peligrosas para toda la humanidad.
La ACNUDH registró ataques armados contra población civil, con 752 bajas civiles, incluidos 227 muertos, 15 de ellos niños, y al menos 525 heridos, incluidos 28 niños, cifras que serían muy superiores en proceso de confirmación, además del daño y la destrucción de áreas residenciales, escuelas, lugares culturales, hospitales, instalaciones de servicios vitales para la sobrevivencia civil como agua, saneamiento y combustible. La agresión del gobierno ruso en solo días ha desatado una “crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania”.
Ante el gravísimo carácter y escala que han tomado los acontecimientos en Ucrania, las personas y organizaciones de la sociedad civil que creemos en la defensa de los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos, suscribimos el presente comunicado con el cual:
a. Expresamos nuestro más profundo respeto y solidaridad con todas las víctimas de esta acción bélica injustificada, en cualquiera de las dimensiones de daños y sufrimientos causados, que violenta los más trascendentales principios y derechos de la humanidad.
b. Demandamos que, con absoluta prioridad, se garantice la vida, la integridad y la protección de todas las personas víctimas de la agresión, tanto las que permanecen dentro de Ucrania como aquellas que huyen para salvar sus vidas. Millones de personas están en peligro de muerte y las cientos de muertes ya ocurridas son inaceptables.
c. Condenamos el ataque discriminado e indiscriminado contra viviendas, refugios civiles, centros de atención médica y actividades de asistencia humanitaria, lugares de relevancia cultural, religiosa, de memoria e instalaciones de servicios primordiales; lo cual constituye graves violaciones del derecho internacional en contextos de conflicto armado.
d. Acogemos las palabras de la ACNUDH “La protección de la población civil debe ser prioritaria”, exigiendo a todas las partes del conflicto las obligaciones de garantizar, respetar, proveer, proteger y permitir la acción eficaz e independiente de activistas del derecho internacional de los derechos humanos, derecho humanitario y derecho de protección de refugiados y refugiadas.
e. Exigimos el respeto y la garantía de los derechos a las libertades de pensamiento, expresión y comunicación, manifestación pacífica y asociación, sobre todo, a los pueblos de Rusia y Bielorrusia, que desde el primer día de la agresión han manifestado su rechazo y elevado su petición a sus gobiernos de retirarse de Ucrania y encontrar mecanismos pacíficos para la resolución del conflicto. Sólo en Rusia, la cifra de detenciones arbitrarias en el contexto de protesta se eleva a más de trece mil.
f. Reconocemos, con base en la Carta de Naciones Unidas, el principio de la autodeterminación de los Pueblos, de la resolución pacífica de los conflictos, y de las relaciones de amistad y fraternidad que deben prevalecer entre las naciones y pueblos del mundo.
g. Exhortamos a que el gobierno de la Federación Rusa retome los principios y obligaciones que de forma voluntaria ha asumido como miembro de las Naciones Unidas, con un alto al fuego inmediato, retiro de tropas militares de Ucrania, y poner fin de inmediato a las violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Ucrania, en estricto cumplimiento de las resoluciones emanadas de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos; así como a la búsqueda y participación activa de buena fe en cualquier forma pacífica para dirimir las diferencias y los conflictos con la nación de Ucrania. Exhorto que extendemos al gobierno de Bielorrusia, que exige abstenerse de apoyar esta agresión contra el pueblo de Ucrania.
h. Rechazamos la retórica belicista, así como las amenazas del primer mandatario ruso Vladimir Putin, de posibles acciones bélicas contra países que ofrezcan ayuda a Ucrania y deploramos de forma categórica la advertencia de posible uso de armas nucleares y el uso del terror psicológico, absolutamente contrarios al respeto de la dignidad humana, contra la población de todo el planeta, incluyendo la rusa.
i. Condenamos todas las violaciones a los derechos humanos que se han producido y puedan producirse por parte de militares, de todas las partes en conflicto, contra la población civil. Los cuerpos militares y de funcionarios y funcionarias de seguridad deben garantizar el respeto, la protección y vigencia de los derechos humanos de todas las personas, así como la protección de zonas residenciales, hospitales, escuelas, refugios, instalaciones vitales, culturales y religiosas, en apego a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional.
j. Exigimos se garantice la no discriminación por razones de raza, etnia, nacionalidad, política, religión, ideológica, orientación sexual, identidad y expresión de género para personas que buscan refugio en Ucrania y en otros países, así como la protección de todas las personas con especial énfasis en personas mayores, embarazadas, así como niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad, con enfermedades crónicas y de atención urgente, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación.
k. Respaldamos las reuniones que ambas naciones están llevando a cabo como forma fundamental para encontrar una resolución concertada, pacífica y con garantías de derechos, e igualmente abogamos porque las mismas se hagan bajo los principios de respeto, igualdad, buena fe, priorizando la vida, la integridad, los derechos humanos, el bienestar de sus pueblos y de la humanidad entera.
La agresión contra Ucrania representa un grave quebrantamiento de los principios, acuerdos y formas pacíficas de convivencia que dieron origen a la Carta de las Naciones Unidas y al Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Frente a las amenazas de una escalada del conflicto bélico, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos vemos con extrema preocupación que la respuesta de las naciones sea la desconfianza en sus vecinos, el incremento del gasto en armas y retomar una carrera belicista como respuesta al miedo.
Contrariamente creemos que las alarmas que hoy despierta el conflicto deben llamar a la reflexión, al real compromiso para desistir de las armas, los misiles, las bombas y sobretodo del armamento nuclear, garantizando que las amenazas de uso de fuerza nuclear nunca más se repitan y que queden ocultas en los anales de una historia vergonzante para la humanidad.
La convivencia pacífica, aún con sus imperfecciones, está en riesgo y genera retos inaplazables para gobernantes y ciudadanos y ciudadanas del mundo. Los acontecimientos de agresión en Ucrania nos obligan a retomar los principios que generaron la Carta de las Naciones Unidas y a repensar su funcionamiento, asertividad y eficacia para su evolución, adaptación y avance frente a los nuevos desafíos que se presentan a la humanidad, para la realización efectiva de la igualdad, el respeto, la paz y la dignidad.
Lograr que los mecanismos preventivos funcionen oportunamente para erradicar las acciones bélicas, los conflictos territoriales, de menor o mayor escala, el avance de los autoritarismos y las prácticas de violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, es una cuestión de alta relevancia para no seguir repitiendo los ciclos de guerra, muerte y crisis humanitarias. Frente a la pérdida de la confianza en los seres humanos, es el momento de más humanidad y más dignidad, sin discriminación, en igualdad y con fraternidad. Que ningún sufrimiento nos sea ajeno.
Organizaciones firmantes:
A.C. Asamblea de Educación. Venezuela
A.C. Casa del Nuevo Pueblo. Venezuela
A.C. Radar de los Barrios. Venezuela
AC Amigos de Sotillo Edo. Monagas. Venezuela
AC Anzoátegui Sin VIH – SIDA. Venezuela
AC Ciudadanía Luna Nueva. Venezuela
AC. Concentroccidente del Grupo Social Cesap. Venezuela
AC Conciencia Ciudadana. Venezuela
A.C. Médicos Unidos de Venezuela
Acceso a la Justicia. Venezuela
Acción femenina. Venezuela
Acción Solidaria. Venezuela
ACCSI. Acción Ciudadana Contra el SIDA, Venezuela. Venezuela
Agenda Social AC. Venezuela
Alianza Venezolana por la Salud. Venezuela
AMBAR Asociación Civil. Venezuela
América Diversa Inc. Estados Unidos de América
Amigos Trasplantados de Venezuela. Venezuela
Apauna. Venezuela
Apucla. Venezuela
Apufat. Venezuela
Aquí Cabemos Todos. Venezuela
Asociación Cauce. Venezuela
Asociación Civil Centro Campesino El Convite. Venezuela
Asociación Civil Compromiso Ciudadano. Venezuela
Asociación Civil de Ciudadanos Luna Nueva. Venezuela
Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz). Venezuela
Asociación de Profesores de la UCV. Venezuela
Asociación de Profesores de la UNELLEZ. Venezuela
Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Venezuela
Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia APUZ. Venezuela
Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Venezuela
Asociación de Profesores Jubilados UPEL Maracay. APROJUPEL. Venezuela
Asociación de Vecinos de Santa Paula ASOPAULA. Venezuela
Asociación de Venezolanos en Paraguay-PACUHR. Paraguay
Asociación Fe y Derechos Humanos – Puno FEDERH. Perú
Asociación Nuevos Horizontes. Guatemala
Asoprovital. Venezuela
Ateneo Ecológico del Orinoco. Venezuela
Aula Abierta. Venezuela
AVESSOC. Venezuela
Azul Positivo. Venezuela
Banco del Libro. Venezuela
Bandesir Lara. Venezuela
Banho de Cidadania Recife Pacurh. Brasil
CADAL. Argentina
Café DDHH. Venezuela
Caleidoscopio Humano. Venezuela
Campo ONG. Venezuela
Caracas Ciudad Plural. Venezuela
Caracas Mi Convive. Venezuela
Cecavid. Venezuela
Cedice Libertad. Venezuela
Centro de Animación Juvenil. Venezuela
Centro de Atención Integral Psicopedagógica Individual (CAIPI). Perú
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Venezuela
Centro de Desarrollo Humano Sustentable. Venezuela
Centro de Formación para la Democracia CFD. Venezuela
Centro de Información y servicios de asesoría en salud. Nicaragua
Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer CISFEM. Venezuela
Centro LGBTIQ+ de Mérida. Venezuela
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH. Nicaragua
Centro de Justicia y Paz. Cepaz. Venezuela
Circuito Gran Cine. Venezuela
Ciudadanía Activa. Venezuela
Ciudadanía con Compromiso AC. Venezuela
Civilis Derechos Humanos. Venezuela
Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos. Venezuela
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida. Codevida. Venezuela
Cocomacia. Colombia
Colectiva Feminista Las Malcriadas. Nicaragua
Colectiva de Feministas Rurales Occidente. Nicaragua
Colegio de Enfermeros del estado Carabobo. Venezuela
Colegio de Médicos de Monagas. Venezuela
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure. Venezuela
Comisión de derechos humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Venezuela
Comisión de Derechos Humanos. COMISEDH. Perú
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Ecuador
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Lara. Venezuela
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Mérida. Venezuela
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Táchira. Venezuela
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Codhez. Venezuela
Comité Azul y Blanco Estelí. Nicaragua
Comité de Derechos Humanos de la Guajira. Venezuela
Comité para la defensa de los derechos humanos parroquia Coche. Venezuela
Comités para la Defensa de los DDHH. Venezuela
Comunidad en Movimiento AC. Venezuela
Conciencia Ciudadana AC. Venezuela
Confederación Sordos de Venezuela. CONSORVEN. Venezuela
Consejo Comunal de la urb. Santa Paula. Venezuela
Convite AC. Venezuela
Cooperativa Financiera Valera. Venezuela
DefensActiva. Venezuela
Defensor derecho humano voluntario. Nicaragua
Driectia de desarrollo económico de Cortázar, GTo. México
Epikeia Derechos Humanos. Venezuela
Equipo de Proyectos y Asesoría Social-EDEPA. Venezuela
Espacio Civil a.c. Venezuela
Espacio Público. Venezuela
Excubitus DHE. Venezuela
Fe en Venezuela. Estados Unidos de America
Fe y Alegría. Venezuela
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios. Venezuela. Fapuv. Venezuela
Federación de Estudiantes Universitarios por los DDHH (FEDEHU). Venezuela
Federación Médica de Monagas. Venezuela
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes FENASOPADRES. Venezuela
Federación Venezolana de Abogadas. FEVA. Venezuela
Foro San Antonio. Venezuela
Frente Nacional de Mujeres. Venezuela
Fuerza Ecológica Calabozo – FECOLCA. Venezuela
Fuerza Liberal. Venezuela
Funcamama, Fundación de lucha contra el cáncer. Venezuela
Fundación Agua Sin Fronteras. Venezuela
Fundación Aguaclara. Venezuela
Fundación Aylwin. Chile
Fundación Basura Cero. Venezuela
Fundación CIIDER. Venezuela
Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ecuador
Fundación Civitas. Venezuela
Fundación Comunidades Ciudadanas. Venezuela
Fundación CONSTRUIR. Bolivia
Fundación Cultivar. Venezuela
Fundación Cultural Simón Bolívar-PACUHR. Colombia
Fundación de Derechos Humanos Anzoátegui. Venezuela
Esta declaraciópn apareció en ruso en avtonom.org, un proyecto de comunicación que nació de la red comunista libertaria Acción Autónoma.
Ayer, el 21 de febrero, una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Ruso sesionó. Como parte del acto teatral, Putin forzó a sus lacayos más próximos a “pedirle” publicamente que reconociera la independencia de las llamadas “repúblicas populares” de Luhansk [RPL] y Donetsk [RPD] en el este de Ucrania.
Es bastante obvio que este es un paso hacia la posterior anexión de estos territorios por Rusia, sin importar como se formalice (o no) legalmente. De hecho, el Kremlin deja de considerar a la RPL y RPD parte de Ucrania y finalmente las hace sus protectorados. “Primero el reconocimiento de independencia, luego la anexión”: esta secuencia ya se efectuó en 2014 en Crimea. Esto también queda claro en las estúpidas reservas de Naryshkin [representante permanente por Rusia] en la reunión del Consejo de Seguridad (“Sí, apoyo la entrada de estos territorios a la Federación Rusa”).1 Ya que esta reunión, como resulta, fue grabada y retransmitida (no en vivo) y estas “reservas” no fueron editadas… el mensaje está claro.
En un “llamado al pueblo” esa misma tarde, Putin pareció “estar de acuerdo” con estos pedidos y anunció el reconocimiento de la RPL y RPD como estados independientes. De hecho, dijo lo siguiente: “nos llevaremos un pedazo del Donbass, y si Ucrania sacude el bote, entonces que se culpe a sí misma, nosotros no la consideramos un Estado en absoluto, así que tomaremos aún más”. De acuerdo al decreto de Putin, tropas rusas ya están entrando al territorio de la RPL y RPD. Esto es un claro gesto de amenaza hacia el resto de UCrania y especialmente hacia las partes de las regiones de Luhansk y Donetsk aún bajo el control de Ucrania. Esta es la verdadera ocupación [en el sentido de que hasta ahora, Luhansk y Donetsk solo estaban ocupadas por proxy].
No queremos salir a defender a ningún estado. Somos anarquistas y estamos contra cualquier frontera entre naciones. Pero estamos contra esta anexión, porque solo establece fronteras nuevas, y la decisión de esto se hace solo por el líder autoritario Vladimir Putin. Esto es un acto de agresión imperialista por Rusia. No nos hacemos ilusiones sobre el estado ucraniano, pero está claro para nosotres que no es el principal agresor en esta historia; esto no es un enfrentamiento entre males iguales. Primero que nada, esto es un intento del gobierno autoritario ruso de resolver sus problemas internos por medio de una “pequeña guerra victoriosa y la acumulación de tierras” [una referencia a Iván III].
Es bastante probable que el régimen del Kremlin construya algún tipo de espectáculo de “referéndum” en las tierras anexionadas. Tales performances ya tuvieron lugar en la RPL y RPD en 2014, pero ni siquiera Moscú reconoció sus resultados. Ahora, aparentemente, Putin decidió cambiar esto. Por supuesto, no puede haber mención alguna al “voto secreto y libre” en estos territorios: están bajo el control de bandas militarizadas completamente dependientes de Moscú. Aquellxs que se opusieron a estas bandas y a la integración con Rusia fueron asesinades o forzades emigrar. Así, cualquier “referéndum sobre la devolución como de una nave perdida a su puerto natal” sería una mentira propagandística. Les residentes del Donbass serán capaces de formular su decisión solo cuando las tropas de todos los estados -y en primer lugar de la Federación Rusa- abandonen estos territorios.
El reconocimiento y anexión de la RPL y RPD no traerá nada bueno a les habitantes de la propia Rusia.
Primero, en cualquier caso, traerá la militarización de todos los espacios de la vida, un aún mayor aislamiento internacional de Rusia, sanciones y un declive general del bienestar. Restaurar la infraestructura destruida y contemplar las “repúblicas populares” al presupuesto estatal tampoco será gratis: ambos costarán miles de millones de rublos que podrían invertirse de otra forma en salud y educación. No tengan duda: los yates de los oligarcas rusos no se harán más pequeños, será todo el resto los que empezarán a vivir peor.
En segundo lugar, el probable agravamiento del conflicto armado con Ucrania significará más soldados y civiles muertes y herides, más ciudades y pueblos destruidos, más sangre. Incluso si este conflicto no deviene en guerra mundial, las fantasías imperiales de Putin no valen una sola vida.
En tercer lugar, esto significará la mayor expansión del llamado “mundo ruso”: una loca mezcla de oligarquía neoliberal, rígido poder centralizado, y propaganda imperial patriarcal. Esta consecuencia no es tan obvia como el aumento en los precios de chacinados y las sanciones a smartphones… pero a la larga, es aún más peligrosa.
Te urgimos contrarrestar la agresión del Kremlin por todos los medios que veas meritorios. Contra la toma de territorios bajo cualquier pretexto, contra mandar al ejército ruso al Donbass, contra la militarización. Y finalmente, contra la guerra. Sal a las calles, difunde la palabra, habla con la gente a tu alrededor; tú sabes qué hacer. No te quedes en silencio. Pasa a la acción. Incluso un pequeño tornillo puede trabar los engranajes de una máquina mortal.
¡Contra toda frontera, contra todo imperio, contra toda guerra!
Al inicio de la Semana Internacional de los Derechos Humanos recibí la notificación que había sido seleccionado como parte de los 15 defensores y defensoras que los gobiernos de Alemania y Francia entregaban cada año un reconocimiento por su labor. Este reconocimiento fue entregado el 10 de diciembre, fecha en la que se recuerda la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo el cuarto venezolano que recibe el galardón, luego de Liliana Ortega, Susana Raffalli y Luz Mely Reyes. Publico las palabras del discurso, en donde describo la significación de recibir un reconocimiento de esa magnitud en estos momentos:
DISCURSO RECONOCIMIENTO FRANCO-ALEMAN
Feliz 10 de diciembre. En primer lugar agradecer a los gobiernos de Francia y Alemania por esta distinción. Ser considerado como parte de los 15 defensores y defensoras de derechos humanos que deben ser reconocidos en este 2021, un año de dificultades y pandemia para el mundo y de agravamiento de la situación en nuestro país, no sólo es un honor, sino también una gran responsabilidad. La profundización de la emergencia humanitaria compleja en Coronavirus y la ratificación que han ocurrido entre nosotros crímenes contra la humanidad, hace que cada mañana me despierte con la sensación que no estamos haciendo lo suficiente, que necesito más y mejores herramientas para ayudar a quienes lo necesitan. Y aunque me ruborizo al pensar mi nombre fue seleccionado, y lo retribuiré con un mayor esfuerzo de mi parte, interpreto que lo que Francia y Alemania están reconociendo hoy es el esfuerzo grupal del gremio del que soy parte, el de los defensores de derechos humanos que hemos decidido mantenernos dentro del país en el momento en que más se nos necesita.
La respuesta positiva a nuestra tragedia es que hoy el movimiento de derechos humanos venezolano se encuentra presente en todos los estados del país, abordando temas diversos desde diferentes estrategias, que van desde la asistencia humanitaria a la realización de informes. Pero este tejido asociativo no hubiera sido posible sin una cultura de la cooperación y solidaridad que fue emergiendo en Venezuela durante muchos años, uno de las dimensiones positivas de haber sido un país que en algún momento fue rico en hidrocarburos. El petróleo nos modeló, para bien y para mal, como país. Y como sociólogo siempre trato de identificar los aspectos positivos que legó para nuestra sociedad y su cultura. Y estoy convencido que uno de ellos fue el habernos dado las condiciones materiales para ser desprendidos con los demás. El haber tenido ciclos de menores penurias económicas, al compararnos con nuestros países vecinos, logró construir una cultura igualitarista y solidaria, que nunca fue perfecta, pero que nos permitió incorporar la fraternidad a la identidad de lo que era ser un venezolano o venezolana. Aunque esos hilos horizontales han sido intervenidos y debilitados en los últimos años, aún es posible encontrar sus rastros, ecos que precisamente encuentran una caja de resonancia en los hombres, mujeres y otros géneros que hoy hemos hecho de la defensa de los derechos humanos no sólo una vocación, sino un estilo de vida. Pero los activistas, como seres humanos que somos, estamos tan rotos como el resto de los venezolanos, con muchos de nuestros seres queridos afuera y haciendo malabares para lidiar con la incertidumbre y el sentimiento de pérdida de cada día. Este reconocimiento, que es de todos y para todos mis colegas, nos hace sentir este Día Internacional de los Derechos Humanos menos solos y consolados en nuestros dolores secretos y profundos.
Finalmente quiero agradecer a mi familia, especialmente a mi esposa y colega Lexys Rendón. Sin el apoyo de ellos, y su comprensión, yo haría la mitad de las cosas que hago. Y no estaría hoy aquí, dirigiéndoles estas palabras. Gracias a todos y todas.
1) Política se ha convertido en una mala palabra entre nosotros, algo que describe una actividad realizada con oscuras intenciones. Los venezolanos y venezolanas nos encontramos agotados y cansados por la situación de país, que no se detiene en su deterioro. Las expectativas por lograr el cambio del estado de las cosas no se han cumplido y, en nuestra frustración, responsabilizamos a los políticos por esta situación. Si bien se han incurrido en muchos errores en la conducción del movimiento democrático por parte de los partidos políticos, también es cierto que ellos y nosotros nos hemos enfrentado a una situación desconocida: El progresivo desmontaje de la institucionalidad democrática. Y frente a esta situación inédita no hemos usado las herramientas y estrategias mas eficaces para lograr el retorno de la democracia. Estos tropiezos del liderazgo democrático han aumentado, entonces, nuestra desconfianza tanto sobre la política como sobre los políticos.
Sin embargo, la palabra “política” no sólo describe la actividad que hacen las personas dentro de una organización doctrinaria que busca el ejercicio del poder. La “política” es cualquier cosa que hacemos las personas para influir sobre nuestro entorno, y generar cambios en el actual estado de cosas. Y si la política realizada por una persona es importante, cuando un individuo se asocia con otras para tener mayor capacidad de influencia, es mucho mas eficaz. Siendo así, desde esta perspectiva amplia, “política” es todo aquello que hacemos las organizaciones de la sociedad civil para el logro de nuestros objetivos, aunque no queramos nunca ejercer un cargo público. Si intentar provocar cambios, en nuestro caso en positivo, es el objetivo de la política, tenemos que reconocer que todos nosotros y nosotras podemos hacer, y efectivamente hacemos, política en algún momento de nuestra vida.
2) Si la defensa y exigencia de nuestros derechos humanos es un acto político en sentido amplio, aunque no político-partidista, podemos pensar que el desprestigio de la palabra política también afecta alcanzar nuestros objetivos, que son la vigencia plena de los derechos reconocidos en la Constitución y la garantía de otros nuevos. Y esto es tan real que uno de las metas de los gobiernos populistas autoritarios, como el que ahora tenemos en nuestro país, es que la sociedad toda desconfíe de sus potencialidades, de su capacidad de asociarse y resolver sus problemas autónomamente. Es decir, que los ciudadanos hagan política. Y si la sociedad piensa que es incapaz, por sus propios medios de aportar a la solución de los problemas que afectan su vida, estará más dispuesta a entregarle esa responsabilidad a una persona, el caudillo o el representante máximo del Estado. Está siendo disciplinada para la delegación. Desde 1999 hemos sido testigos de cómo todo el aparato de propaganda gubernamental ha construido un culto a la personalidad, en Hugo Chavez primero y después, aunque en menor medida, sobre Nicolás Maduro, para convencernos que disfrutar de salud o acceder a una vivienda no es un derecho, sino una concesión, casi un favor, otorgado por ellos. Entonces, durante todo el ejercicio del poder del gobierno bolivariano ha existido una estrategia sistemática para quitarle capacidad a la gente y entregárselo a sus élites, a la cúspide del gobierno. Y aunque esto puede ocurrir mediante mecanismos violentos y de coerción, es mucho más eficaz cuando son consecuencia de la servidumbre voluntaria, cuando cada uno de nosotros piensa que la política es sucia y corrupta por naturaleza y por tanto, para no ensuciarnos, delegamos y entregamos todo a la élite gubernamental.
Resumimos: Es cierto que miembros de partidos políticos han incurrido en hechos de corrupción y, en diferentes ocasiones sus organizaciones no tienen mecanismos democráticos de toma de decisiones. Pero el desprestigio de nuestra potencialidad de asociarnos para resolver problemas, de hacer política en sentido amplio, es una política de Estado del autoritarismo, con el objetivo de mantener dividida y fragmentada a la sociedad, y que sea incapaz de modificar el actual estado de las cosas.
3) Los venezolanos nos encontramos en el peor momento de nuestra historia, por lo menos la que ha transcurrido desde 1958. La ausencia de democracia y la emergencia humanitaria compleja se han agravado durante la situación de pandemia. Siendo un momento extraordinario en nuestra vida, por tanto, demanda también que como ciudadanos hagamos más que lo que, en circunstancias normales, hacemos. Esta reflexión no es fácil. En el caso de Provea tuvimos muchos años conversando sobre ello, estimulados por nuestros colegas del movimiento de derechos humanos del Perú, que debido a su experiencia bajo Alberto Fujimori en los 90, un gobierno que llegó al poder mediante el sufragio y posteriormente se transformó también en una dictadura, desde muy temprano nos compartieron lo que aprendieron durante esos días. Desde los primeros signos de la deriva autoritaria bolivariana ellos nos decían, de diferentes maneras, que cuando en un país ocurre un quiebre de la institucionalidad democrática, las organizaciones de derechos humanos deben asumir un rol político. Un rol político en sentido amplio, como hemos venido explicando, no político-partidista. Y este rol político consiste, en pocas palabras, en sumar esfuerzos con otros sectores de la sociedad para lograr que retorne de la democracia. Esto nos exige, en nuestro caso, hacer más que lo que usualmente hacemos. Y seguramente contamos con recursos limitados y ya estamos desbordados de exigencias. Pero, lamentablemente, la gravedad de la situación lo amerita.
Como nos lo explicaron nuestros colegas peruanos este trabajo político, en sentido amplio, no es solamente sumarnos a los esfuerzos de articulación por el regreso de la democracia que ya existan, sino que si es necesario, convertirnos en actores clave en la apertura de nuevos espacios de confianza que permitan al resto de los sectores ponerse de acuerdo. Aunque se han visto casos, generalmente quienes participamos en una ONG o en una organización social o comunitaria no tenemos vocación de ejercer el poder en un cargo público, Y esto nos otorga un nivel de reserva moral que pudiera darnos la legitimidad de convocar o reforzar espacios de articulación, cuando por el desgaste del conflicto pareciera que no fuera posible que los representantes de los partidos políticos pudieran actuar juntos. Porque cuando un ciudadano o ciudadana interviene en los asuntos públicos, es decir, hace política, no quiere sustituir el rol del liderazgo partidista, sino precisamente generar las condiciones para que puedan cumplir de manera correcta con su trabajo de gestión de lo público.
4) Hacer política desde una organización social o comunitaria tiene sus riesgos. El mas importante es no mantener la separación entre política en sentido amplio y política partidista, por lo que la identidad ideológica o partidista termina por sustituir o sobreponerse a nuestra identidad como activistas o defensores de derechos humanos. Para poder mantener los campos claramente delimitados, debemos actuar siempre en base a nuestros principios. En el caso de los defensores y defensoras los principios en derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como los más importantes. Nuestra manera de pensar y razonar debe ser, en todo momento, desde lo lentes de los principios en derechos humanos. Desde esta mirada aportaremos al conjunto de esfuerzos por el rescate de la democracia, que son realizado por miradas desde otros lugares y bajo otras prioridades.
Aclaramos que desde los derechos humanos se pueden hacer dos tipos de esfuerzos: El del activista y el del defensor. Un activista, en este caso, decide defender los derechos humanos de un sector o de un grupo de personas, la mayoría de las veces de la organización a la que pertenece o de quienes le son afines ideológicamente. Por tanto, decide racionalmente no defender los derechos de un determinado grupo de personas. En cambio, un defensor o defensora de derechos humanos debe defender a todos, sin ningún tipo de discriminación, en virtud del principio de universalidad. Está obligado a ser solidario sin mirar a quien. Para ejemplificar podemos decir que Alfredo Ruiz, en su papel como Defensor del Pueblo, sólo defiende los derechos de quienes 1) se identifican con el chavismo y 2) apoyan, o por lo menos no critican al gobierno. Por tanto es un activista de derechos humanos. No es un defensor. Los activistas son necesarios, pero cuando se dice que uno es un defensor, se debe actuar coherentemente.
Por otro lado, un defensor o defensora de derechos humanos, en el ejercicio de sus derechos políticos, puede simpatizar o estar inscrito en un partido político determinado. Sin embargo, en todo momento, su principal identidad es la de ser un defensor o defensora de derechos humanos, por lo que no dudará ni un segundo en defender los derechos de quienes adversan a su partido o tampoco debe titubear en denunciar las violaciones de derechos humanos en las que se encuentren involucrados funcionarios que representan al partido de su preferencia. Esto es actuar siembre guiado por los principios, y no por las preferencias políticas. El día de mañana los defensores y defensoras de Derechos Humanos deberán defender, por ejemplo, el derecho a la defensa y al debido proceso de Nicolás Maduro en caso que deba responder por sus actuaciones frente a un tribunal. No es una tarea fácil, pues los defensores también somos humanos, pero para no flaquear en nuestro trabajo siempre debemos aferrarnos a los principios y valores presentes en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
5) Desde la sociedad civil hemos aprendido, paulatinamente, a hacer política en sentido amplio. El promover una identidad propia, en medio del conflicto, nos ha obligado a cuestionar el chantaje unitario y hacer cuestionamientos a las diferentes autoridades cuando ha sido necesario. Tampoco ha sido sencillo y hemos tenido que extraer enseñanzas de nuestros propios errores, y silencios, para ello. Luego de tantos años en hacer causa común contra el autoritarismo, un hito importante de este ejercicio autónomo de política en sentido amplio fue cuando se interpeló la instrumentalización de la ayuda humanitaria, en febrero de 2019. Eso nos dio la suficiente autoestima para rechazar, a su vez, el llamamiento insurreccional en las inmediaciones de La Carlota, meses después. Cuando llegó la pandemia a nuestro país no había vuelta atrás en la práctica autonómica, por lo que se les exigió a las diferentes autoridades que colocaran en primer plano el bienestar de la población e hicieran un alto en el conflicto para orquestar la mejor respuesta posible al Coronavirus. Recientemente, a pesar que era impopular, un sector de la sociedad civil siguió siendo fiel a sus principios sobre la resolución pacífica y negociada del antagonismo y fue clave en la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Seguramente se cometerán otros errores, pero quienes desde la ciudadanía han comenzado a hacer política en sentido amplio, han decidido asumir en primera persona las riendas de su destino.
6) Actualmente existe una importante crisis de representatividad en la población, la cual desconfía que los voceros políticos opositores puedan lograr el retorno de la democracia y la vigencia plena de la Constitución. El autoritarismo piensa que neutralizando a la clase política detendrá, por otra parte, los esfuerzos de promoción de la transición a la democracia. En este esfuerzo, los ciudadanos y quienes participamos en organizaciones sociales y comunitarias tenemos un rol que cumplir, por lo que si nos asociamos para actuar políticamente, estos esfuerzos por volver a la democracia seguirán por diferentes vías. Queremos que la clase política se recomponga, reflexione sobre sus errores y limitaciones, y finalmente ejerza su rol. Pero anhelamos que eso sea acompañado, y con la inclusión, del resto de la sociedad, mediante canales de participación incluyentes y democráticos. Hoy, tenemos que recoger testimonios y documentar violaciones de derechos humanos, realizando informes para remitirlos a los organismos internacionales de protección y hacer denuncias públicas. También tenemos que hacer trabajo humanitario, ayudando a las personas que más lo necesitan en este momento. Pero además de esos esfuerzos, que seguramente ya consumen muchas de nuestras energías y recursos, debemos ponernos de acuerdo con otros sectores, incluyendo a la clase política, para poder recuperar la democracia, el único sistema de gobierno que puede garantizar el disfrute y ampliación de los derechos humanos. Otros países de la región han pasado por situaciones tan traumáticas como la nuestra. Los venezolanos no somos menos, y tenemos tanta capacidad humana como ellos para lograr, en un futuro, un país para todas y todos. Que este tipo de preocupaciones sea, cada vez más, de interés público, es un pequeño ejemplo de ello.
Luego de la desaparición física de Hugo Chávez, ocurrida en marzo de 2013, su proyecto político sufre las consecuencias de la aparición de una profunda crisis económica y la pérdida de apoyo popular, que fue evidente en diciembre del año 2015 cuando la oposición obtuvo dos millones de votos por encima de las candidaturas oficiales a la Asamblea Nacional. A partir de ese momento Nicolás Maduro toma una serie de decisiones que alejaron a su gobierno de la democracia.
Desde el año 2014 Venezuela sufre una Emergencia Humanitaria Compleja. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), para el año 2020 el 79,3% de los venezolanos no tienen como cubrir la canasta de alimentos. El 1 de mayo del 2021 el gobierno ordenó que el salario mínimo, el cual percibe una cantidad importante de venezolanos, fuera de 7 millones de bolívares mensuales, lo cual equivale a dos dólares y medio al mes. Los cortes recurrentes de los servicios de electricidad, agua y gas doméstico, que son más graves en las ciudades del interior del país, han obligado según ACNUR a que 5,4 millones de venezolanos se hayan ido a otros países en calidad de migrantes forzados. Nicolás Maduro atribuye como causa de la crisis a las sanciones económicas impuestas en años recientes. Sin embargo, tal como lo expresó la Alta Comisionada Michelle Bachelet en su Informe sobre Venezuela; si bien las sanciones económicas pueden agravarla, la crisis económica y social es preexistente a las sanciones.
Desde diciembre del año 2015 las autoridades han implementado una estrategia para ganar elecciones siendo minoría. Entre otras decisiones se ha intervenido la junta directiva de partidos políticos, se ha obligado a miembros notables de la oposición a exiliarse, se ha inhabilitado a candidatos y se han modificado las normas por las cuales se realizan los procesos electorales en el país. Todo esto ha disminuido la confianza de la población en la capacidad del voto para lograr cambios en el país y ha posibilitado la realización de elecciones en condiciones fraudulentas. Los diferentes poderes públicos no cuentan con la independencia necesaria para garantizar la vigencia de la Constitución ni responder los reclamos de la ciudadanía. La ausencia de controles institucionales ha generado un contexto de corrupción generalizada en el manejo de los asuntos públicos.
En marzo del año 2020 se detectó el primer caso de Covid-19 en Venezuela. La respuesta de las autoridades fue decretar un estado de alarma en el país, aumentando los mecanismos de control sobre la sociedad y los niveles de censura y represión. No existe información confiable sobre la evolución de la enfermedad ni la cifra de enfermos y fallecidos. El país tiene en los actuales momentos una de las tasas de inmunización más baja de la región, y no existe un cronograma de conocimiento público sobre el proceso de vacunación ni los sectores priorizados para obtener una dosis. Según declaraciones oficiales, las vacunas privilegiarán a las personas inscritas en el llamado “Sistema Patria”, un mecanismo de identificación paralelo al establecido en la Constitución y que ha venido siendo utilizado para el control político. Según cifras de Provea durante el año 2020 ocurrieron 15.470 detenciones arbitrarias en el país, un aumento del 464% respecto al año anterior. Durante el primer año de pandemia 123 voceros e integrantes de partidos políticos fueron detenidos, mientras que 68 detenciones fueron contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Por su parte 27 defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios fueron víctimas de una privación arbitraria de su libertad. La difusión de estadísticas que contraríen la versión oficial puede generar represalias, por lo que la información sobre la evolución del coronavirus diferente a la versión oficial debe consultarse en foros privados.
La grave situación de los derechos humanos en Venezuela ha motivado la activación de 5 mecanismos internacionales de protección: La Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo; El Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; La presencia en el país de 6 oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; La Misión Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, decidida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, finalmente, un examen preliminar por la Corte Penal Internacional. En contraparte, las autoridades promueven iniciativas para vulnerar el derecho a la libre asociación y reunión, mediante campañas sistemáticas de criminalización y desprestigio y, paralelamente, la promulgación de normas para restringir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la recepción de cooperación internacional.
La ausencia de una institucionalidad democrática en Venezuela, lamentablemente, otorga un papel fundamental a la comunidad internacional en la contención del abuso de poder de las actuales autoridades en nuestro país.
Siguiendo la categorización sugerida por Krizna Gómez y César Rodríguez, en su libro para la ONG colombiana Dejusticia llamado “Encarar el desafío populista”, los ataques de los líderes autoritarios como Nicolás Maduro contra el espacio cívico se enfocan en debilitar dos aspectos: La legitimidad de las organizaciones y la eficacia con la que realizan su trabajo.
En el caso venezolano los ataques a la legitimidad de las organizaciones comenzaron desde el propio inicio del gobierno bolivariano, en 1999. A pesar que se vivió una corta luna de miel entre las ONG y el nuevo gobierno, durante el proceso Constituyente, ya en ese momento habían voces que desconfiaban públicamente de las organizaciones independientes. Un año después, cuando ocurre el deslave en el estado Vargas y en medio de la tragedia ocurren ejecuciones extrajudiciales, el propio Higo Chávez hace evidente esta corriente de opinión cuando acusa a Provea de ser financiada por la CIA. Rápidamente, a partir de ese momento, comienza una campaña de desprestigio y criminalización contra las organizaciones que se hace política de Estado a partir del año 2007, luego que Chávez pierde el referendo por la reforma de la Constitución, debido a que muchas de las ONG habíamos alertado sobre los retrocesos de la propuesta. Hoy existen dos programas de televisión pública donde, de manera semanal, se hacen señalamientos contra las organizaciones y se muestran fotografías de defensores y activistas, por ejemplo, en el aeropuerto llegando de un viaje, afirmando que sus maletas están llenas de dólares o perfumes costosos. El objetivo de todos los ataques es posicionar la opinión que las organizaciones y los activistas no son actores democráticos legítimos, sino que forman parte de una elite opresora, que vive con privilegios y que sus verdaderos jefes se encontrarían fuera del país. Alguna vez en Provea contamos en una de las páginas web oficialistas, que no diré su nombre para no darle publicidad, que había 43 artículos donde se decía, de diferentes maneras, que nuestro verdadero jefe era George Soros. Uno solo no era diferente: Eran 43 artículos!. Al socializar la desconfianza sobre las motivaciones de una organización o un activista siembras la semilla de la discordia en el conjunto del movimiento e inhibes a que la ciudadanía en general o sus potenciales beneficiarios se vinculen con la iniciativa. También lo deshumanizas, quitando en consecuencia las inhibiciones morales que impiden una agresión física o simbólica, y que en caso que ocurran vas a mostrar como un acto de “justicia popular”. Hoy una veintena de activistas, entre los que me cuento, contamos con medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este tipo de ataques, que generan un contexto de riesgos y amenazas, han motivado que muchos defensores y defensoras se hayan ido del país, sumándose a la corriente de migración forzada. Y a pesar que desde fuera siguen trabajando por los derechos humanos de los venezolanos, el tejido asociativo dentro del país se ha venido debilitando por estas ausencias.
El segundo tipo de ataques quiere disminuir la eficacia con la que trabajan las organizaciones, promoviendo obstáculos para el desarrollo de sus labores. Esto incluye no sólo la posibilidad de ser detenidos sino también la aprobación de leyes restrictivas. Durante el primer año de estado de alarma en Venezuela, entre los meses de febrero de 2020 a marzo de 2021 han ocurrido un total de 318 detenciones arbitrarias, siendo 27 de ellas contra defensores, activistas y trabajadores humanitarios. El resto fueron 123 contra líderes y miembros de partidos políticos de oposición, 68 contra periodistas y 35 fueron sindicalistas. El Covid-19 ha sido una oportunidad para Nicolás Maduro de aumentar los mecanismos de control sobre la población y los territorios, además de incrementar los niveles de censura. En mayo de 2020, dos meses después de la llegada del primer caso al país, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela emitió un informe donde proyectaba los casos de enfermos y fallecidos por el coronavirus. Por haber discrepado de las cifras oficiales, que en nuestro caso ni son transparentes ni creíbles, el presidente de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente pidió públicamente a la FAES, un organismo que por su letalidad el ACNUDH solicitó su disolución, que les hiciera un allanamiento. En este momento de Cuarentena lo que debería discutirse públicamente debe hacerse en foros privados. Y esto obliga a los medios, pero también a las ONG, ser muy cuidadosas de lo que informan y de cómo lo informan.
En las leyes restrictivas tenemos ahora la aprobación de la providencia 002 que nos obliga a registrarnos ante una oficina contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Ahora mismo, si una ONG desea abrir nuevas cuentas bancarias para la institución o sus trabajadores, las entidades bancarias les están exigiendo estar registradas. Además, ha sido aprobada en la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional la discusión sobre un proyecto de ley de cooperación internacional, una iniciativa jurídica que se intentó aprobar en el año 2005, pero que debido a la reacción y movilización de diferentes sectores, no pudo avanzar. Entonces, se intenta aprovechar la desmovilización consecuencia de las medidas de distanciamiento social para aprobar lo que en otras circunstancias hubiera tenido un amplio margen de contestación. La combinación de estas dos normativas colocará al margen de la legalidad a muchas iniciativas asociativas del país, por lo que seguiremos el grave ejemplo de Nicaragua.
1) La situación de violación a los DDHH en Venezuela no ha ido “desapareciendo”. Al contrario la emergencia humanitaria compleja y la ausencia de institucionalidad democrática se ha agravado bajo la pandemia de Covid-19. La situación es de tal preocupación que tenemos la expectativa sobre la posible apertura de una investigación formal sobre nuestro país por parte de la Corte Penal Internacional.
2) Es insuficiente la presencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela para detener las actuaciones abusivas del poder. 1) Los informes del ACNUDH han generado alrededor de 60 recomendaciones, las cuales hasta ahora se han incumplido en su gran mayoría. Sólo citar la disolución del FAES. 2) Debido a su mandato de mantener el dialogo con las autoridades venezolanas, el ACNUDH ha priorizado la cooperación técnica sobre otros componentes de su mandato, por ejemplo, el componente de protección. Y esa cooperación técnica, incluso, no esta siendo respetada por las actuales autoridades venezolanas. 3) A pesar de la presencia del ACNUDH continúan repitiéndose patrones de violación a los derechos humanos y promoviéndose nuevas iniciativas restrictivas de derechos humanos. Si tenemos que evaluar la situación del país antes de la llegada del ACNUDH con la que tenemos en estos momentos, debemos afirmar que ha continuado deteriorándose. Algunas de estas recomendaciones sólo dependen de la voluntad política del Ejecutivo, como por ejemplo la publicación de estadísticas oficiales. Hay una intención clara por parte de las autoridades venezolanas de instrumentalizar su relación con el ACNUDH y simular ante la comunidad internacional que hay voluntad de cooperación con los sistemas de protección.
3) La llegada del Coronavirus a Venezuela no ha sido abordada como una emergencia sanitaria, sino como una amenaza política que debe enfrentarse, igualmente, con criterios políticos, no con criterios técnicos. Ha sido una oportunidad para aumentar los mecanismos de control sobre la población y los territorios. Según datos recopilados por Provea, durante el primer mes del estado de alarma se han realizado un total de 318 detenciones arbitrarias, 123 contra líderes y miembros de partidos políticos de oposición, 68 contra periodistas, 35 sindicalistas y 27 defensores y activistas de la sociedad civil. Por otro parte han ocurrido 628 detenciones en el contexto de manifestaciones y 7 personas asesinadas en las adyacencias de una protesta. Por otra parte se han incrementado los mecanismos de censura y opacidad de información pública. Los venezolanos no conocemos la real dimensión del impacto del coronavirus en nuestro país, siendo las cifras de enfermos y fallecidos no confiable. Por otra parte, como parte de la política de exagerar los resultados oficiales, las cifras sobre pruebas realizadas y vacunas administradas no es real. En Venezuela no tenemos políticas públicas sino actos de propaganda.
4) Ante la ausencia de instituciones democráticas, la única contención que tenemos los venezolanos contra el aumento del autoritarismo es el monitoreo y la presión de la comunidad internacional. Ahora hay 5 mecanismos internacionales activados sobre el país (CIDH, ACNUDH, MDH, OIT y CPI). Para nosotros, los mecanismos más contundentes han sido, por un lado los informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, que han afirmado que existen elementos suficientes para creer que han ocurrido crímenes contra la humanidad en Venezuela, los cuales contaron con el conocimiento y la tolerancia de altos funcionarios del gobierno, incluyendo al propio Nicolás Maduro. El segundo ha sido el examen preliminar de la CPI. La difusión de los dos informes de la Misión y la inminencia de una decisión sobre Venezuela por parte de la fiscalía de la CPI, ha obligado a las autoridades venezolanas a tomar medidas y reconocer responsabilidades para intentar impedir una decisión desfavorable en La Haya. Por ejemplo, en los últimos meses han disminuido las personas detenidas en manifestaciones y los operativos realizados por la FAES en todo el país. Se ha decidido la libertad plena de diferentes personas sometidas a presentación periódica en tribunales por participar en las protestas del año 2014 y 2017. Cada vez que un gobierno, su cuerpo diplomático u organizaciones sociales de otros países deciden abandonar los mecanismos internacionales de protección, para el caso venezolano aumentan las posibilidades que una persona privada de libertad por razones políticas, o las comunidades que son víctimas de la acción del FAES, sean víctimas de tratos inhumanos, crueles o degradantes, o sencillamente torturas.
Durante mi enfermedad por Covid-19, en la necesidad de compañía y consuelo en el aislamiento, escuché varios conciertos del cantautor mexicano Arturo Meza publicados en la red Youtube. Al recuperar la salud, suerte que no han tenido muchos en una Venezuela golpeada por la emergencia humanitaria compleja, como agradecimiento a los mensajes de aliento, me prometí hacer una selección de canciones de su prolífica trayectoria para compartirlas con los venezolanos que conocen poco o casi nada de este gran artista independiente.
En la madrugada de este lluvioso 5 de mayo en Caracas, ha fallecido a sus 68 años Nelson Mendez. Incansable propagandista ácrata, editor de las publicaciones Correo (A) y El Libertario, autor de varios libros y decenas de artículos de opinión e investigación. Nelson murió como consecuencia de complicaciones asociadas al Covid-19.
Nelson Méndez: (Caracas, 1952) era licenciado en Sociología y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Vinculado desde la juventud al activismo social y al anarquismo a partir de 1980, desde finales de los años 90 fue parte del equipo de redacción del periódico El Libertario. También fue uno de los animadores del Centro de Estudios Sociales Libertarios (CESL), que funcionó en Sarría durante varios años. Su más reciente libro es “Gastronomía y anarquismo. La utopía intensa de unir fogones, barricadas, placer y libertad” (2021). Anteriormente publicó “Un país en su artificio. Itinerario histórico de la ingeniería y la tecnología en Venezuela” (2011); y en coautoría con Alfredo Vallota: “Bitácora de la utopía. Anarquismo para el siglo XXI”.
Nelson fue una referencia para varias generaciones de activistas anarquistas venezolanos. Su cubículo en la Escuela de Ingeniería de la UCV era un epicentro de publicaciones libertarias que llegaban de varias partes del mundo y reuniones de planificación de actividades de organización y propaganda. Fue un antiautoritario coherente, rechazando las inequidades de los gobiernos venezolanos previos y posteriores a 1998, así como los golpes de Estado de diferente signo ideológico ocurridos en los años 1992 y 2002.
Sus compañeros y compañeras de El Libertario queremos, con estas líneas, rendirle un sentido homenaje. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para nosotros y siempre llevaremos su alegría y bondad en nuestros corazones. Nuestras sentidas palabras de cariño y consuelo para su compañera Mina y su hijo Salvador.
Perdido en Itaca 