Pulso Latinoamericano | César Montúfar: Ecuador está a 4 años de caer al nivel de Venezuela

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La Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador ha sido noticia en las últimas semanas, debido a las pretensiones del gobierno del presidente Rafael Correa de asfixiar su autonomía e imponer un rector diferente al electo por los mecanismos institucionales. ¿La razón? La libertad académica de la casa de estudios, que la ha convertido en epicentro del debate intelectual, de altura y con crítica, sobre el proceso político promovido por la llamada “Revolución Ciudadana”.

En su sede, en Quito, conversamos con César Montúfar, director y profesor del Área de Estudios Sociales y Globales, sobre las similitudes entre Ecuador y Venezuela. Con una vasta obra publicada, sigue el pulso de la realidad del país cada semana a través de su columna en el diario El Comercio. En el año 2012 recibió una condecoración por parte de la Cámara de Comercio de la capital ecuatoriana por su defensa de los valores de democracia, justicia y libertad.

– Los gobiernos venezolano y ecuatoriano son permanentemente comparados como parte de una misma tendencia. ¿Cuáles son sus problemas comunes actuales?

– En el caso del Ecuador, el correísmo creó un nuevo régimen político distinto al anterior. Creo que en Venezuela también. En el Ecuador existe un deterioro grave de los derechos humanos, pero no sé si al nivel de Venezuela. Quizás en algunos derechos como el de libertad de expresión, por la aprobación de la Ley de Telecomunicación, en Ecuador los medios estén mucho más controlados, pues existen muchos mecanismos para que el gobierno, a través de sanciones administrativas, haya generado una verdadera situación de censura previa. Este, quizás, sea un derecho que en Ecuador se haya deteriorado más que en Venezuela. Igualmente el derecho a la asociación mediante el decreto 16, garantía que se deteriorado más fuertemente. Sin embargo otros, en comparación con Venezuela, han sido menos golpeados.

Hay que decir que la crisis no es sólo venezolana o ecuatoriana. Las de Brasil y Argentina marcan regionalmente la vigencia o viabilidad de los proyectos de integración que se generaron alrededor de Unasur. Estamos al final de un ciclo, asociado con este boom de los commodities, de los precios del petróleo y de los productos primarios, lo cual -dada la naturaleza de estos regímenes políticos- no necesariamente tienen una salida

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Uniforme mata participación

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Rafael Uzcátegui

En un cuartel no se debate: Se obedece. El campo en disputa actualmente en Venezuela es la posibilidad que las personas puedan incidir en las decisiones que los afectarán en sus vidas, que pueda cuestionar lo que le afecta y que su opinión sea tomada en cuenta. No es un asunto menor en un país que por su Constitución se define, precisamente, como “democracia participativa y protagónica” y que, como nunca antes, la representatividad llevada al extremo haya dado paso a la servidumbre.

La real y efectiva participación se ha convertido en un bien tan escaso como la harina de maíz precocida o el azúcar. Y no hablamos sólo de los obstáculos que se han colocado para que la gente, normal y corriente, active el único mecanismo de democracia directa presente en la híbrida Carta Magna vigente: El Referendo Revocatorio, o que el Ejecutivo pretenda que desapareciendo las elecciones regionales del debate público estas mágicamente terminen por convertirse en polvo cósmico, como gustaba decir el Supremo. Todas las políticas públicas promovidas en los últimos meses llegan al punto y aparte bajo el grito “¡Firrrr! Los gremios laborales se enteraron por Gaceta que les obligaban a un “Régimen Laboral Temporal”. A los sectores médicos, farmacéuticos, de trabajadores hospitalarios o a los pacientes tampoco les preguntan sus ideas sobre cómo superar la crisis sanitaria y de acceso a los medicamentos. En materia alimentaria, el gobierno insiste en medidas que han profundizado el desabastecimiento y la corrupción, haciendo oídos sordos a los planteamientos del sector agroalimentario no estatal y las organizaciones de derechos humanos. A golpe y porrazo, tras el trabajo de la infantería de Jorge Arreaza y los falsos aliados de la causa aborigen, los indígenas son obligados, de muchas maneras, a dar su apoyo a los proyectos de megaminería que destruirán su hábitat y su modo ancestral de vida. Como recuerda Arconada, Mosonyi y Lander (Edgardo, no Luis), cualquier atisbo de crítica desde sus propias filas tiene como destino la retaliación, la criminalización y el descrédito. Si Bertolt Brecht tuviera que ser confundido, por segunda vez, por un poema que no escribió, su primera línea declamaría “Primero vinieron a buscar a los opositores y no dije nada porque yo no era opositor”.

Los hechos nos vuelven a recordar, amargamente, que detrás de la personalización extrema del poder no hay ningún proyecto rupturista ni revolucionario, sino la aglomeración de las “soledades burocráticas sin ilusión” (Debord). Sin embargo, según la última encuesta Keller y Asociados, las Fuerzas Armadas han alcanzado un inédito 77% de desaprobación. Y como hay un universo de futuro después del bolivarianismo, tenemos la posibilidad de dejar atrás una de las taras fundacionales de la venezolanidad: El culto a las medallas y charreteras, comenzando a ponernos de acuerdo, fuera de los muros de los cuarteles físicos y mentales, sobre cómo reconstruir un país para todos y todas. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Previa, libre e informada: El derecho a la consulta

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Rafael Uzcátegui

El pasado 9 de agosto, a propósito de celebrarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tres organizaciones sociales del país recordamos la efeméride haciendo énfasis en el apoyo al derecho a la consulta previa de las comunidades originarias. De esta manera el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, Laboratorio de Paz y Provea presentamos el documental “Extractivismo en Venezuela: Las venas siguen abiertas” y un informe sobre la situación de este derecho, a la par de contar con los valiosos testimonios de líderes indígenas del estado Bolívar y Zulia.
Recordemos que el derecho a la consulta previa es la obligación que tiene el Estado de preguntar primero la opinión de los pueblos originarios antes de realizar proyectos económicos o actividades militares en territorios indígenas.

El informe describe todo el amplio marco normativo internacional que moldea este derecho. Por ejemplo el Sistema Universal de Protección de las Naciones Unidas posee dos instrumentos legales principales: 1) El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 y 2) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General en septiembre de 2007. Por su parte el Sistema Regional de protección en Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuenta con los siguientes mecanismos: Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informes temáticos e informes de país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, se hace referencia a la experiencia que poseen otros países de la región en la realización de consulta previa, de la cual se pudiesen extraer las enseñanzas necesarias.
En la parte nacional la propia Constitución es absolutamente clara cuando establece, en su artículo 120 que el aprovechamiento de los recursos de los hábitats indígenas “está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”. Los artículos 53 al 61 del Capítulo VI de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas refuerzan esta garantía.

Lo que está haciendo Jorge Arreaza y su grupo de asesores en materia indígena en el estado Bolívar no se asemeja, ni de lejos, a lo que está establecido en la Carta Magna y en los pactos internacionales en materia de derechos indígenas. Arreaza está realizando asambleas informativas para transformar comunidades indígenas en pueblos mineros, y darle a esas reuniones de pocas horas la calificación de “consultas”

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Extractivismo en Venezuela: Las venas siguen abiertas

Audiovisual donde se describe qué es el extractivismo y el impacto que ha tenido esta actividad en la economía venezolana, con testimonios de líderes indígenas, biólogos y activistas en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Se expone como caso emblemático el proyecto del Arco Minero del Orinoco. Producido por Provea, el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA y el Laboratorio de Paz. Realizado por Juan Pablo Núñez