Salvar al movimiento o salvar al líder

Rafael Uzcátegui
Especial para Tal Cual

Los venezolanos no sólo hemos aprendido a convivir con la pobreza y la migración forzada, desconocida para el país petrolero de renta media que éramos, sino también a lidiar con la ausencia de democracia y la instauración de un gobierno que busca mantenerse en el poder indefinidamente. Si bien ya era un desafío el enfrentarse a un fenómeno político como el populismo bolivariano, la complejidad se elevó exponencialmente cuando decidió transformarse en una dictadura. Aunque no todo han sido desaciertos, la perplejidad de las oposiciones, para conjugarlas en plural, no ha permitido la eficacia necesaria para viabilizar el cambio político en el país.

Como se ha argumentado en otras oportunidades, desde la desaparición física de Hugo Chávez, pero especialmente a partir de diciembre del año 2015, cuando el oficialismo se transformó cuantitativamente en una minoría electoral y social, el conflicto venezolano dejó de ser ideológico y de clases. Lo que pasaremos a llamar el “campo democrático”, más por confluencia forzada que por estrategia, pasó a ser tan diverso como el país, con todos los matices que usted pueda imaginarse: Desde el chavista militante desencantado con Nicolás Maduro hasta, por llamarlo provocadoramente, el escualidismo radical originario. Todos, a su manera, abogaban por una transformación en el estado de las cosas. Y cada quien, desde su propia lógica -que uno puede compartir o no, pero esa es otra discusión- hicieron lo que estaba a su alcance para promoverla, bajo el convencimiento que era lo mejor para la nación.

Luego de la rebelión popular de 2017, nombrada así por la extensión, profundidad y consecuencias del desafío al poder en el espacio público, durante el año siguiente tuvimos un reflujo de la movilización por razones políticas, que volvió a emerger luego que, como consecuencia de un fraude electoral, se juramentara una persona como presidente durante 6 años. Por diversas circunstancias quien asumió la dirección de la Asamblea Nacional en ese momento emergió como líder visible y reconocido del campo democrático, como lo ratificó la amplia movilización que lo avaló en los primeros meses, con avances y desaciertos. Tampoco toda la gestión de Juan Guaidó han sido solamente errores, que los ha habido como parte del enfrentamiento a una situación inédita, la dictadura. Poquísimas personas pueden decir que tienen el ánimo, disposición y la vocación de sacrificio para estar en sus zapatos. Y eso, junto con otras virtudes, también hay que reconocerlas.

Sin embargo, nos guste mucho o nada la persona de Juan Guaidó, buena parte de su liderazgo es consecuencia del rol institucional que ha ejercido como presidente de la Asamblea Nacional. Y la conformación de esa Junta Directiva, nos agrade o no, tiene una fecha de caducidad. Desde diciembre de 2015, pero especialmente a partir del 10 de enero de 2019, todos en el campo democrático hemos sostenido que el Parlamento era el único poder con legitimidad de origen que quedaba entre nosotros, en una elección que, a pesar de los obstáculos, pudo ganar la oposición con sufragios. Por ello frente a la disyuntiva a corto plazo hay dos posibilidades: O las mayorías dentro del campo democrático nos ponemos de acuerdo para defender el bastión institucional que nos queda, peleando con uñas y dientes por condiciones y garantías en las próximas parlamentarias y, a pesar de todas las zancadillas que vendrán, conservamos con votos la mayoría democrática. La segunda opción es, frente a la repetición de la fórmula para ganar elecciones siendo minoría, decidiéramos no participar, con la conciencia plena que estamos entregando la Asamblea Nacional al madurismo y, con ella, el piso institucional que daba respaldo internacional a su decisión de conformar un gobierno interino para enfrentarse a la felonía autoritaria. Como consecuencia de ello, en tanto, la resistencia deberá adaptarse a las nuevas circunstancias que vendrían.

Cualquier decisión que tomemos debemos hacerla como ciudadanos informados y responsables, pero especialmente con vocación democrática, a pesar que nos estamos enfrentando a quienes no lo son. Ninguna de los dos anteriores será un camino express al “cese de la usurpación”, todo lo contrario. Demandará nuevos compromisos y sacrificios. Y, posiblemente, nos enfrente al dilema de o salvamos al propio movimiento democrático o preservamos el actual liderazgo. Porque siendo sinceros, en esta hora menguada, no vemos la manera de conservar las dos cosas al mismo tiempo. En algunos chats privados, el resquicio de dialogo libre que nos queda bajo el estado de alarma por coronavirus, comienza a surgir la tesis de la “continuidad administrativa”, que para resumirlo sugiere que sin participar en las parlamentarias se mantiene el interinato presidido por Juan Guaidó, con todas sus prerrogativas.

Como ya vimos con la “Operación Gedeón”, la frustración y el agotamiento es caldo de cultivo para cualquier delirio. Por eso habría que atajarlos apenas asoman la cabeza. Es difícil, pero no imposible, que Guaidó sea diputado en una próxima Asamblea Nacional, que lo vuelva a elegir presidente del hemiciclo. Pero para eso tendría que sortear las dificultades nombradas, ganar en su circuito con el que será seguramente el mejor candidato del chavismo y la campaña feroz en contra, sino también recomponer los pactos políticos internos de los partidos, que hoy también se encuentran torpedeados. Si por viveza, o presiones externas, se impusiera la tesis de la “continuidad administrativa”, pudiera mantenerse algún pedazo del liderazgo y reconocimiento internacional hacia Juan Guaidó. Pero a costa de sacrificar de implosionar definitivamente el actual movimiento nacional que aboga por el retorno a la democracia.

Tengo conocidos que, genuinamente, se alarman por las críticas públicas hacia los gestores actuales del interinato, creyendo que detrás de Guaidó no hay nada, sino el vacío. No comparto esta opinión. Hasta el 15 de diciembre de 2018, por poner una fecha, el joven diputado de Voluntad Popular era desconocido para la mayoría de los venezolanos. Su efervescente liderazgo, como presidente de la Asamblea Nacional no sólo fue posible por la base institucional, sino especialmente porque había un amplio y extendido movimiento democrático que comenzó a acompañarlo, entendiendo la gravedad del momento, compartiendo por ello la estrategia planteada al inicio. Cualquier subterfugio artificial podrá mantenerlo en los titulares noticiosos. Pero será sin las imágenes de las mayorías con las que se tomaba selfies, apenas en febrero de 2019. Un Juan Guaidó, en buena lid, tendrá mucha cancha política en la Venezuela del futuro. Una “continuidad administrativa” impuesta, como la mentira que será, tendrá las patas cortas.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

 

Venezuela: Un país en una vida

Rafael Uzcátegui
Especial La Silla Vacía

Pocas personas sintetizan en su propia vida la historia del país que los vio nacer. Víctor Martínez, quien acaba de perder su duelo con el cáncer en la ciudad de Barquisimeto, resumió en primera persona la historia contemporánea venezolana: La de un pueblo que se enamoró de la promesa bolivariana, para luego decepcionarse hasta la tragedia. Un 26 de noviembre Víctor, un fortachón de casi dos metros, diría entre lágrimas: “La revolución que ayudé a llegar al poder fue la que me mató a mi hijo”. Luego de estar hospitalizado durante 7 días, con las carencias propias de una emergencia humanitaria compleja, el “guaro pelao” alzó vuelo sin conocer la justicia en el asesinato, de cuya autoría intelectual siempre señaló a sus antiguos compañeros de partido.

A diferencia de Colombia, la violencia en Venezuela no es política sino social. El sicariato por diferencias ideológicas es rarísimo, pero paradójicamente las cifras de homicidios por otras razones, según el Observatorio Venezolano de Violencia, sumaron 16.506 los muertos ocurridos en el país en 2019. Por eso cuando recibimos la llamada, a finales de noviembre del año 2009, para informarnos que un defensor de derechos humanos había sido asesinado por encargo, todas las alarmas se encendieron. Se trataba de Mijaíl Martínez, un joven documentalista de 24 años vinculado al Comité de Víctimas Contra la Impunidad del estado Lara (Covicil), un nucleamiento de familiares de abuso policial que venían señalando la responsabilidad de las máximas autoridades regionales en lo que se había convertido en una banda de uniformados que, con la tolerancia del poder, secuestraban, extorsionaban y asesinaban. La sensibilidad de Mijaíl venía de familia, pues era hijo de Víctor Martínez, un carismático luchador social de la entidad, fundador de decenas de organizaciones populares, en cuya lista se encuentra también el propio chavismo, hombre de medios y antiguo diputado a la Asamblea Legislativa del estado Lara. El secreto a voces, en una región caracterizada por su musicalidad oral, era que al hijo lo habían matado para callar al padre, cuyo verbo encendido le había granjeado el apodo de “Dinamita Martínez”. Por eso interesarse en el caso de Mijaíl era, necesariamente, conocer las luchas en las que estaba involucrado Víctor.

En una metáfora del acelerado paso de la Venezuela rural a la urbana, de la haciendo de café al campo petrolero, Víctor Martínez había nacido en una familia humilde de Guanarito, estado Portuguesa, a quien el deseo de probar algo de modernidad los conminó a desplazarse hasta Barquisimeto, donde como muchos otros, ocuparon un terreno baldío para plantar sus láminas de zinc en el suelo para esperar que los frutos fueran tejas rojas y ladrillos. Aquella vivencia de escasez estimuló en Víctor la solidaridad hacia los vulnerables, en una búsqueda personal que lo cruzó con todas las iniciativas redentoras que encontró en sus primeros pasos, desde la Juventud Obrera Católica, pasando por el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) de Douglas Bravo y, finalmente, en el chavismo. Cuando nadie apostaba un bolívar partido por la mitad por alguien llamado Hugo Chávez, Víctor Martínez empeñó su propia casa para financiar la insurrección cívico-militar que lo sacaría de la cárcel, a finales de 1992, navidades que pasaría Víctor en prisión. En esa misma vivienda Hugo Chávez, durante las austeras giras de fundación del Movimiento V República, dormiría en 7 oportunidades. Y al frente de esa casa asesinarían a Mijaíl Martínez.

Cuando Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales a finales de 1998, Víctor confiaba que todo por lo que habían luchado se transformaría en realidad, ese paraíso en la tierra donde las personas tendrían la misma oportunidad para ser iguales. Primero por el MVR y luego por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue electo diputado a la Asamblea Legislativa del estado Lara, entre los años 2000 a 2008. Pero para quien era un hombre de una sola palabra, la distancia entre el discurso y los hechos rápidamente comenzó a pesarle. Víctor comenzó a descubrir que sus camaradas del partido estaban usando el poder para enriquecerse, desviaciones que pensaba podían corregirse desde dentro. Por eso formó parte de varias Comisiones de Investigación dentro del Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL) para documentar y denunciar la corrupción. Los informes hablaban de desviaciones de los alimentos a precios controlados que se ofrecían en la red Mercal de la ciudad, pero también de la creación de organismos de seguridad paralelos y privados dentro de la propia gobernación. Las evidencias no lograban consecuencias en la entidad. Víctor pensó, como lo hacía casi todo el mundo, que Hugo Chávez no lo sabía. Y después que le informó, personalmente, los nombres y apellidos de los involucrados logró una reacción: Que lo inhabilitaran políticamente, para no permitirle que ejerciera otros cargos de elección popular, y lo expulsaran del partido. Víctor pasó a acompañar a las víctimas de los abusos de los grupos de “policía privada” amparados por la gobernación. En uno de sus programas en la televisión regional Víctor los entrevista y, al aire, les recomienda que se organicen como un “Comité de Víctimas”. Así nació el Covicil. Víctor, una suerte de “padrino” de las víctimas de abuso de poder, paradójicamente pronto se convertiría en una.

Con el guayabo de los desenamorados, Víctor denunciaba con pelos y señales la responsabilidad del gobernador del estado Lara y el Comandante de la Policía en los desmanes que ocurrían en la capital crepuscular. El 26 de noviembre de 2009 tres personas asesinaron a Mijaíl, sin robarle nada y dejando intacta la camioneta que, frente a su residencia, tenía las llaves dentro del encendedor. El Chávez locuaz que todos recordamos, no dijo nada sobre el asesinato del adolescente que junto a su padre lo había visitado varias veces durante su prisión en Yare. Sus antiguos camaradas dejaron de contestar sus llamadas telefónicas.

Víctor, al igual que otros familiares de víctimas, se enfrentaba solo al laberinto de la impunidad. “Dinamita Martínez” era reconocido como un hombre honesto. Durante sus años de diputado también encabezó la Comisión Legislativa que promovió la ley para proteger el Ágave y sus productos derivados, lo que abrió las puertas para la despenalización de la producción artesanal de Cocuy, un licor destilado popular en los estados Lara y Falcón. Por estas y otras acciones era apreciado por la gente, lo que le permitió tejer su propia red de contactos para asumir personalmente la investigación sobre los autores materiales del asesinato. Y fue gracias a la “inteligencia social”, como él la llamaba, y a su propia osadía que señaló el paradero de dos de los sicarios a la policía regional durante los días de Henry Falcón, un gobernador que también se había alejado del chavismo.

Hay quien piensa que el dolor por el asesinato de Mijaíl fue lo que generó las condiciones para la aparición del cáncer en su padre. Y a diferencia de Hugo Chávez, que pudo escoger el país y los médicos para tratarse, Víctor comenzó la penitencia de todos los pacientes oncológicos venezolanos por el sistema sanitario público, en hospitales sin medicinas ni insumos, donde buena parte de sus médicos especializados de han ido del país como migrantes forzados. Dejó de ser el corpulento que era y, como muchos de sus paisanos, el físico de Víctor había disminuido, pero su espíritu continuaba intacto: Era parte de los animadores de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, protagonizando protestas de pacientes oncológicos por su derecho a la salud.

La muerte de Víctor recuerda dolorosamente, a todos a quienes lo conocimos, aquella frase de Albert Camus: “A decir verdad, todavía no hemos salido de la humillación. Pero el mundo gira, la historia cambia y un tiempo se acerca, de ello estoy seguro, en que ya no estaremos solos”. Por ahora nos acompaña el recuerdo de la vitalidad de una persona que, a pesar de todos los desencantos, nunca dejó que le arrebataran la alegría de estar junto con otros para hacer más grande la esperanza por un mejor mañana. Un sentimiento que, somos testigos, a pesar de todo albergan hoy muchos venezolanos. Que la tierra te sea leve guaro pelao.

Venezuela: Un peor escenario

Rafael Uzcátegui (*)
Especial para Tal Cual

Es prematuro decidir si se participa o no en unas próximas e hipotéticas elecciones parlamentarias. Pero hay que estar absolutamente claro que, en el caso que no se haga, estaremos en una posición más precaria que la actual para alcanzar la posibilidad de una transición a la democracia.

Mientras escribo estas líneas semanales para Tal Cual, venezolanos en todas partes del país llevan más de 20 horas en colas, intentando abastecerse de gasolina para sus vehículos, luego de los anuncios realizados por Nicolás Maduro sobre la distribución del combustible iraní. En diferentes ciudades, pero también ya en Caracas, hay interrupciones recurrentes y no programadas del servicio de agua y electricidad. Bajo confinamiento, aproximadamente 11 millones de venezolanos se quedaron sin su principal fuente de entretenimiento: Directv. El aumento de la curva de contagio de casos sugiere que estamos entrando en la fase de transmisión comunitaria del Coronavirus, que según las proyecciones de la Academia de Ciencias pudiera tener un pico de entre 2.000 a 4.000 casos al día a partir de este mes de junio. Amplias franjas de la población no cuentan con ingresos suficientes para poner lo mínimo indispensable en la mesa de sus hogares, por lo que están obligados a desafiar la cuarentena para intentar percibir algún dinero adicional. La crisis de servicios básicos: agua, electricidad, gas doméstico entre otros, ocasiona que no se puedan cumplir las normas elementales de higiene y seguridad bajo pandemia. Por otra parte, el estado de alarma se utiliza para aumentar los mecanismos de control sobre los venezolanos, incrementando la censura y la persecución, acabando con los resquicios de libertad que quedaban. Mientras el resto del mundo celebrará el dejar atrás la pandemia, en Venezuela seguiremos lidiando con la ausencia de democracia, el aumento de la pobreza y el reinicio de la peor crisis migratoria de la región en las últimas décadas.

El idioma castellano parece limitado en los adjetivos que pudieran describir, en una sola palabra, la profundidad y extensión del daño antropológicos a los venezolanos. Pero si este escenario de por sí es dantesco, todavía pudiera ser mucho peor. Y para darles un ejemplo próximo y concreto, lo invito a imaginarse una Venezuela en la que el gobierno de facto controle la mayoría de la Asamblea Nacional. No la Constituyente ni el parapeto de Luis Parra, sino la legítima Asamblea Nacional que en diciembre de 2015 fue ganada por la oposición con más de dos millones de votos sobre el chavismo.

Seguramente usted, como muchos otros venezolanos, se estremece cuando escucha hablar de elecciones. Luego que Nicolás Maduro consiguió una fórmula para ganarlas siendo minoría, como ocurrió en mayo de 2018, se ha erosionado la capacidad institucional del sufragio para expresar la opinión soberana de la población. Y por otro lado, quizás se contó entre las personas que cultivó expectativas, que luego se fueron desinflando progresivamente, sobre la posibilidad que el poder legislativo sirviera de contención a la deriva dictatorial del gobierno. Estas dos dimensiones no pueden obviarse de cualquier estrategia para defender el bastión institucional que significa hoy la Asamblea Nacional para el proceso de transición a la democracia. Pero reconociendo estos desafíos también hay que reconocer que el amplio respaldo internacional que posee Juan Guaidó, como presidente interino, deriva precisamente de su rol como presidente del hemiciclo parlamentario. Sin ese piso institucional ese apoyo se reducirá significativamente. Y los partidos políticos democráticos quedarán en una situación mucho más precaria que la de ahora.
Un segundo elemento a considerar es el político-simbólico. Tras unas elecciones amañadas, Maduro obtiene más votos sobre los candidatos no oficialistas que le permita asegurarle al mundo que la mayoría alcanzada por el cambio democrático, en diciembre de 2015, fue perecedera y circunstancial. Se evaporaría así nuestro principal dato cuantitativo -tan necesarios como los apelativos principistas y morales- para argumentar que el deseo de cambio en Venezuela es masivo y extendido. Con una Asamblea Nacional a su favor la dictadura se fortalecerá, aprobando leyes a su favor, como la de la explotación intensiva del Arco Minero del Orinoco, por citar solo un caso.

Mantener la mayoría de la Asamblea Nacional no significará mantener inequívocamente el escenario actual. Haciendo una lectura en positivo la posibilidad para que el campo democrático exprese una opinión sobre la propia conducción de la oposición y si su liderazgo, tal y como está expresado el día de hoy, necesita preservarse o modificarse, continuar o corregir el rumbo.
En este momento no tengo respuestas ni propuestas de como debiera defenderse el bastión institucional democrático de la Asamblea Nacional. Lo que si estoy seguro que controlada la pandemia, realmente, el centro de la disputa política será el control del hemiciclo parlamentario, que con alta probabilidad pasará por la convocatoria a un proceso electoral, en condiciones que estarían por definirse. Estas circunstancias están por definirse, y habrá que luchar intensamente por tener algunas condiciones democráticas para la participación ciudadana. Por ahora pongamos todas las cartas sobre la mesa -no debajo de ella- para saber que nos estamos jugando, para que cualquier decisión sea tomada con absoluto conocimiento de causas y consecuencias.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

La política de reiniciar el decodificador (y esperar)

Rafael Uzcátegui (*)
Especial para Tal Cual

Ese lunes, cuando los venezolanos en cuarentena amanecimos sin Directv, el principal entretenimiento para 11 millones de nosotros, durante las primeras horas un mensaje se viralizó por los agitados foros de Whatsapp. Yo ya había tuiteado que mi madre, con sus setenta y tantos años, me había llamado transformada en un mar de lágrimas por la súbita ausencia de quien consideraba un miembro más de la familia. Y varios bienintencionados me copiaron, por privado, aquel texto. Como una tabla de salvación en aquel Titanic sobrevenido, el mensaje aseguraba que, si se desenchufa el decodificador de Directv por 5 minutos, se volvía a conectar, se esperaba por su reinicio y, listo, “tendrán nuevamente el Directv activo con todos los canales menos los locales”. Mi amigo Luis Francisco Cabezas, que es un avión para las ocurrencias, respondió en uno de los chats: “Me disculpan, pero eso es como si le rezaran una novena al decodificador, hay una decisión tomada y entrará en curso”. Obviando lo cándido, el anhelo me recordaba el voluntarismo mágico, esa particular cultura cimentada en Venezuela como consecuencia de la renta petrolera, donde se espera que, sin mayor esfuerzo -salvo desearlo con frenesí-, las cosas se resuelvan por sí solas.

Un ejemplo del voluntarismo mágico lo encontramos en la estrategia de “la mayor presión posible” que, un sector de la oposición promueve por estas fechas, a la espera que el Coronavirus haga lo que ellos no han podido. Para hablar sobre ello, nos referiremos al artículo “La gasolina y el Estado fallido en Venezuela”, que el Procurador General del gobierno interino, José Ignacio Hernández, publicó en el portal “La gran aldea”.

El propósito del texto es polemizar con quienes han planteado, bajo el escenario del Coronavirus en el país, la necesidad de un acuerdo humanitario entre las diferentes autoridades, para promover la mejor respuesta posible al impacto de la pandemia. Para desarrollar su argumento, el procurador en el exilio orbita en torno a la decisión de Nicolás Maduro de importar gasolina desde Irán. En la primera parte, describe las causas de la escasez de combustible, originadas por la destrucción de la industria petrolera en particular, y de toda la economía en general, por parte del modelo de dominación bolivariano. Lo único que agregaría sería el despido de 18.000 trabajadores petroleros a finales del año 2002, una capacidad técnica que nunca pudo ser sustituida cabalmente. Seguidamente, el texto desgrana el negocio de venta de gasolina por lo que califica correctamente como canales informales e ilícitos, lo que lleva al autor a la conclusión que “En realidad, la gasolina se importa para que las organizaciones informales e ilegales que controlan, en los hechos, la distribución, puedan seguir generando rentas”. El cuarto párrafo nos acerca al corazón del razonamiento: Sería un error pensar que “el problema de la gasolina” requiere de un pacto humanitario, que en su juicio se reduce al levantamiento de las sanciones financieras contra el país: “Si hoy se removiesen las sanciones, Venezuela seguiría siendo un Estado frágil minado con la cleptocracia y el crimen organizado”. La propuesta es revelada en el quinto párrafo: “La creación de un gobierno de emergencia nacional centrado en el Consejo de Estado”, pues “no es posible pensar en mecanismos de importación de gasolina -o de alimentos, entre otros- mientras Maduro y sus élites estén al frente a de la distribución de esos bienes”. Lo medular se deja para el cierre del texto: “La solución a la crisis venezolana, ni tiene solución fácil, ni pasa únicamente por alivios temporales y limitados, como importaciones humanitarias. Plantear como solución medidas que como mucho pueden ser solo paliativas, es una grave distorsión de la realidad. Y esa realidad es que solo la salida del régimen de Maduro puede permitir avanzar en el largo y tortuoso camino de la recuperación de Venezuela. Sin ello, Venezuela no sobrevivirá, por más gasolina que se importe”.

Si se fue tan generoso en la descripción de los condicionantes actuales de la industria de hidrocarburos en el país, uno pudiera preguntarse el porque no hubo un desarrollo similar de cómo se llegaría, en las circunstancias actuales de fragmentación, debilidad del campo democrático e imposibilidad de la acción colectiva, al “gobierno de emergencia nacional, centrado en el Consejo de Estado”. Los mal pensados ya afirman que el anterior significante vacío, el “cese de la usurpación”, estaría siendo sustituido por otro, “gobierno de emergencia nacional”. En mi opinión personal Hernández, está esperando que luego de los 5 minutos de desenchufe, el decodificador de Venezuela se reinicie y aparezca, con todos los canales además, menos el de “Maduro y sus élites”. Como respuesta al minimalismo, soluciones a las necesidades de la población hoy, Hernández contesta con el maximalismo.

En el “Marco para la transición democrática de Venezuela” el Departamento de Estado norteamericano ha establecido, casi al final, como parte de las garantías, que “El alto mando militar (Ministro del Poder Popular para la Defensa, el viceministro de la Defensa, el Comandante del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB) y los otros comandantes) se mantiene durante la vigencia del gobierno de transición”. ¿No es este mismo Alto Mando a donde apuntan buena parte de la responsabilidad de los negocios lícitos e ilícitos del país, incluyendo el bachaqueo mayorista de la gasolina? ¿No es aquí a donde apuntan las preocupaciones del Procurador? ¿O quizás a que no sería conveniente, para el aumento de la olla de presión, que los venezolanos tuvieran acceso, largas colas mediante, a 20 litros de combustible para poderse movilizar en sus urgencias?

Al inicio de su disertación, Hernández mismo interroga: “la pandemia del coronavirus representa un alto riesgo para la debilitada sociedad civil. ¿Tiene sentido mantener las sanciones en medio de esta crisis?” Seguidamente nos dice que esta es una pregunta menor, casi baladí, pues la importante, la que debemos hacernos si somos gente, es: “cuál es la causa efectiva que impide al Estado venezolano atender la emergencia”, o más en concreto, “cuál es la causa que afecta el suministro de gasolina en Venezuela”. Esta enunciación sólo la puede hacer de esta manera, como realmente ocurre, alguien que vive fuera del país y no sufre las consecuencias reales y concretas de una Emergencia Humanitaria Compleja bajo una pandemia que ha paralizado al mundo.

Por lo que hemos conocido hasta ahora, la idea de “un gobierno de emergencia nacional” es un deseo, parte de una estrategia política sin correlato en la realidad del trabajo con gente de carne y hueso, que espera que el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja o el impacto del Coronavirus logre por sí sólo, y sin mayor esfuerzo, el reseteo del decodificador, la conmoción necesaria para viabilizar el cambio político. Voluntarismo mágico en pasta. El problema no es sólo que esa noción instrumentalice el sufrimiento de los venezolanos, sino que abandone los principios morales que por lo menos, hasta el 3 de mayo, debían ser propios del campo democrático y no de la dictadura: Poner el bienestar de la población sobre cualquier otra consideración, en un momento de catástrofe sanitaria que ha ocasionado en pocos meses 349.000 muertos en todo el mundo, en países que tenían un sistema de salud de lejos mucho más robusto y confiable que el nuestro.

Para finalizar, un párrafo para prevenir la crítica fácil. Es imposible tener el mismo nivel de responsabilidad que un gobierno que ha instaurado una dictadura, ha expulsado de manera forzosa del país más de 4 millones de venezolanos, ha asesinado más de 400 personas en manifestaciones y, sólo en el año 2019 asesinó a 23 personas por torturas en el país. Dicho lo anterior afirmo algo adicional. Es una pena que la estrategia del “aumento de la presión” termine considerando al Coronavirus no como una epidemia, sino como una oportunidad para la conquista del poder. Sin trabajo político real de calle, fuera de redes sociales, de inclusión de las mayorías a una narrativa que resucite la esperanza y exorcise la desconfianza, sin esperar pasivamente, con el rosario en la mano, tras el reseteo del decodificador.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea.

Aparece Cuarentena Fanzine: una revista colaborativa realizada bajo aislamiento sanitario

(Caracas, 15 de junio de 2020). A partir de este lunes 15 de junio, a las 5 de la tarde hora venezolana, aparece “Cuarentena fanzine”, una publicación cultural realizada colaborativamente durante los días de aislamiento por Coronavirus. La revista, con más de 200 páginas de contenido, difunde textos de autores de varios países de América Latina sobre música, poesía, cine, ilustración, diseño y la propia pandemia, divulgado como parte de la campaña #QuedateEnCasa.

Fanzine es la abreviación de “Fanatic magazine”, un tipo de publicación irregular aparecida a finales de los 70 a partir de la creación de la fotocopiadora Xerox, que permitía la duplicación de revistas artesanales de tiraje limitado. El espíritu del fanzine, pero llevado a las pantallas de los smartphones, ha sido el formato seleccionado por el venezolano Rafael Uzcátegui para, en sus palabras, “canalizar la energía creativa represada en casa durante el aislamiento sanitario”.

Cuarentena Fanzine es una publicación de más de 200 páginas de contenido diseñadas para ser leídas en los smartphones y tablets, en formato PDF, de descarga gratuita. Los textos versan sobre el propio Coronavirus, entrevistas con Flavio Pedota -director de la película venezolana Infección-, las bandas Limpiacabezales (Barquisimeto) y Delito (Caracas), fotografías de la Fototeca de Barquisimeto sobre los ballets infantil de la ciudad, poesía de Elías Yánez, ilustraciones de Imerio Soto, la galería imaginaria “Caracas City Rockers y un dossier especial sobre el punk latinoamericano.

Cuarentena Fanzine cuenta con las colaboraciones de Martín Roldán Ruiz (Perú), Cristóbal González y Johanna Watson (Chile), Fernando Hurtado (Bolivia), Sebas Tian (Argentina), Jorge Fúnebre Jourdan (Paraguay), Ramita (Uruguay) y Rodrigo Rodríguez, Hadit Montero, Luis Bautista, Salomón Amaya, Daniel Graterol, Ernesto Cuerdas Duras, Kerly Gómez y Carlos Eduardo López de Venezuela.

Rafael Uzcátegui ha realizado fanzines y participado en publicaciones alternativas desde el año 1990. Algunas de ellas han sido El Provo, El Libertario, Exilio Interior Fanzine, Canchunchú Florido, Epa Isidoro, Naufrago de Itaca, entre otras. También es compilador del libro “Educación Anterior: Una historia incompleta del punk en Venezuela” (www.punkenvenezuela.com) y, desde el año 2005, como sociólogo y activista es Coordinador General de la ONG de derechos humanos Provea.

Esta publicación forma parte de la campaña #QuedateEnCasa que, en palabras de Uzcátegui: “En Venezuela ha sido realizada en un 80% por gestores culturales independientes y no estatales. Esta energía movimientista ratifica la capacidad de la sociedad venezolana para regresar a la democracia”.

Cuarentena Fanzine puede leerse online en https://issuu.com/rafaelleonardouzcategui/docs/cuarentenaissuu

Cuarentena Fanzine puede descargarse gratuitamente de:
https://mega.nz/file/UeoAhKIK#x4RPoFhDxgmceuEPOPhcyc3upyKqrxd9JrN_LzKCzSs

https://es.scribd.com/document/465702435/Cuarentena-Fanzine-una-revista-colaborativa-realizada-bajo-aislamiento-sanitario

O solicitarse al correo electrónico: cuarentenafanzine@gmail.com

Venezuela: La crisis llegó a Caracas

Rafael Uzcátegui
Especial para La Silla Vacía

Los caraqueños, que hasta la llegada del Coronavirus, habían sido unos privilegiados, hoy saben por experiencia propia que viven en un país en crisis.

En el año 2014 ocurrió un ciclo de protestas en Venezuela, entre los meses de febrero a septiembre, que finalizaron con un lamentable saldo de 43 personas asesinadas. Para los estudiosos de la acción colectiva una de las novedades de aquellas manifestaciones fue, en un país de tradición centralista, el carácter descentralizado del movimiento. Cualitativa y cuantitativamente las concentraciones en el resto del país fueron tan importantes como las de Caracas. Y si en la capital la principal consiga era “Maduro vete ya”, en las ciudades y pueblos del interior las exigencias sociales tenían tanta importancia como las demandas de cambio político. ¿La razón? La crisis de servicios públicos y escasez de alimentos que, cruzando los límites del área metropolitana del distrito capital, venía sintiéndose con fuerza en los últimos meses.

Mientras el resto del país sufría constantes apagones del servicio eléctrico, falta de gas doméstico y escasez de agua en los hogares, Caracas era privilegiada. Tanto por razones estratégicas como propagandísticas, Nicolás Maduro se aseguraba que nada les faltara a los caraqueños. Mientras la interrupción por varias horas del servicio de transporte subterráneo, el Metro de Caracas, generaba titulares en medios nacionales e internacionales, no había quien escribiera sobre los apagones de varios días en ciudades como Maracaibo, Mérida o Barquisimeto. Generar o impedir acontecimientos en el centro neurálgico del poder en Venezuela ha sido tan efectivo que, en febrero de 2019, cuando los venezolanos de todo el país volvían a protestar luego que 50 países reconocieran a Juan Guaidó como presidente encargado del país, a Nicolás Maduro sólo le bastaba organizar una movilización en Caracas para equilibrar los titulares de las agencias internacionales a su favor: Venezuela -subrayado nuestro- marcha a favor y en contra de Maduro.

La disparidad centro-periferia ha sido tan aguda que, en el año 2019, el desplazamiento interno hacia Caracas compitió con la migración forzada a otros países. El 7 de marzo de 2019 ocurrió el primer apagón eléctrico en todo el país, que para muchos habitantes de las faldas del Cerro Avila fue su cable a tierra que vivían en un país en crisis. En Caracas la interrupción del servicio eléctrico duró 72 horas, con lo que el restablecimiento del servicio en el área metropolitana le permitió a Maduro dejar de ser noticia. Pero en el resto del país tuvieron que esperar 4 días más para encender los bombillos de sus hogares.

El Coronavirus, paradójicamente, ha permitido “socializar” la debacle. Aunque Maduro ha continuado la estrategia de privilegiar a Caracas con respecto al resto del país -por ejemplo habilitando en la ciudad el único laboratorio a nivel nacional para realizar pruebas de despistaje del Covid-19-, la crisis ha terminado por colonizar a la capital. Luego de una avería en el Sistema Tuy II, que bombea agua desde las montañas, los caraqueños padecen la misma situación del resto de los habitantes de esta ribera del Arauca tricolor. Cuando se conoció la noticia que el gobierno había comprado 86 “supercisternas” a China para abastecer de agua a las parroquias capitalinas, los chats de whatsapp reventaron de comentarios que aseguraban que la situación ha llegado para quedarse. El chavismo, que ha demolido todas las tradiciones culturales venezolanas, también ha dejado sin efecto la vieja frase que aseguraba que “Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra”.

El agua no es el único bien escaso en estos días, que antes había sido abundante para los caraqueños. Una segunda nivelación ha sido la de la escasez de combustible. Hasta la llegada de la pandemia, el resto del país tenía racionada la posibilidad de comprar gasolina en un país cuyo primer -y casi único- producto de exportación es el petróleo, mientras los capitalinos llenaban, a placer, su tanque de combustible por menos de dos dólares. La cuarentena le dio oportunidad al gobierno para, por la via de los hechos, reconocer que la capacidad de extracción y refinamiento de crudo por la otrora superpoderosa PDVSA, está por los suelos. De esta manera el decreto de estado de alarma impuso restricciones a la libertad de movimiento, en la letra a las personas, pero en la práctica también a los vehículos. Las calles de las ciudades lucen desiertas, no sólo por el temor al contagio sino, especialmente, por la falta de combustible. En privado, altos funcionarios del gobierno atribuyen a que la transmisión de la epidemia se ha ralentizado en Venezuela, también, por la escasez de gasolina. Hoy en Caracas caminamos la misma distancia para comprar cualquier cosa que el resto de nuestros paisanos. Para aliviar un poco la situación, en esta Venezuela Bizarra, ha sido un acontecimiento la llegada de cinco boques de Irán cargados de alrededor de millón y medio de barriles de gasolina. Si una promesa anterior se hubiera cumplido, también de los iraníes, otro gallo cantaría. Se trató del anuncio realizado por el propio Hugo Chávez, en el año 2008, de la empresa Iraní-Venezolana “Fábrica Nacional de Bicicletas” (Fanabi) para construir 100 mil ciclas por año “a precios solidarios”. Chávez, que era un avión para las ocurrencias, la bautizó “la atómica”, cuando anunció con bombos y platillos la supuesta apertura de la fábrica en el estado Cojedes. Pero al igual que la unidad constituyente más pequeña de la materia, ningún venezolano ha podido ver jamás una “atómica” en el mercado.

Finalmente, la salida del aire de Directv dejó a 13 millones de venezolanos sin su principal fuente de entretenimiento. El 19 de mayo, la empresa estadounidense AT&T, propietaria de DirecTV Venezuela, anunció el cese de operaciones en el país como consecuencia de la orden del gobierno de EEUU que prohíbe relaciones económicas con determinadas funcionarios o empresas del gobierno de Venezuela, de acuerdo con un comunicado. La prohibición exigía la exclusión de los canales nacionales Globovisión (propiedad de Raúl Gorrín) y PDVSA TV como condición para mantener la operatividad en el país. El gobierno venezolano se negó a eliminar estos canales de la oferta, de manera que AT&T decidió finalizar su actividad en el país. Caraqueños y provincianos por igual han sentido la ausencia como un duelo, la pérdida de un ser querido. La baja tarifa de suscripción, entre 1 y 2 dólares al mes por orden de las autoridades, había hecho realidad la “democratización” de la audiencia de los canales internacionales, en un contexto de hegemonía comunicacional y contenidos ideologizantes en medios públicos de dudosa calidad, que sumados todos no superan el 6% de la sintonía.

Los habitantes de la capital venezolana, hace sólo 20 años atrás la envidia de buena parte de la región, hoy deben adaptarse lo que a todas luces será su “nueva normalidad”, un “uppercut” ascendente a su autoestima. Por su fama de memoria corta, los caraqueños pudieran pensar que la rima de la canción de Ilan Chester, que alguna vez los enorgulleció, son una canción de una serie de ciencia ficción. De esas que, cuentan, pasan por Directv: “Voy de petare rumbo a la pastora / Contemplando la montaña que decora a mi ciudad / Llevando matices de la buena aurora / Con la fauna y con la flora de un antaño sin igual / Y sabe dios los pintores, las paletas, cuanta pluma del poeta / Cuantos ojos encontraron un momento de solaz”.

Venezuela, imperialismos y militarización

Rafael Uzcátegui
Especial para Revista Ila (Alemania)

La respuesta de las autoridades venezolanas a la emergencia del Covid-19 ratifica la profundidad del pensamiento militarista instalado en el país. Bajo la presión de dos imperialismos, el de Estados Unidos y Rusia, las organizaciones sociales del país continúan insistiendo en una salida pacífica, soberana y democrática del conflicto.

La relación de Estados Unidos con la Venezuela bolivariana ha sido, como lo describe el politólogo Carlos Romero, “esquizofrénica”: “Un gobierno que sataniza a EEUU pero que, al mismo tiempo, obtiene grandes beneficios comerciales de ese país: Venezuela envía 1.300.000 barriles diarios de petróleo y derivados al mercado estadounidense -41% de las ventas totales-, de donde importa bienes y servicios”. Siendo cierta la confrontación entre ambos países, agudizada desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, la realidad refuta el mito “Estados Unidos ataca a la revolución bolivariana por su interés en apropiarse del petróleo venezolano”. De hecho la empresa Chevron participa en 4 proyectos de extracción de petróleo dentro del país bajo la modalidad de “Empresas mixtas”, creadas por Hugo Chávez en el año 2007 para atraer inversión privada internacional al sector energético, cuya actividad genera 9 de cada 10 dólares que ingresan a las finanzas del Estado. La relación está cambiando ahora, cuando la administración Trump ha asumido la política de “máxima presión sobre Maduro”, aumentando las sanciones financieras que obligarán a Chevron cerrar sus operaciones en Venezuela el próximo 1 de diciembre. La decisión intenta influir el voto latino en las próximas elecciones estadounidenses en la que Trump busca su reelección. A pesar de cierta retórica pública de funcionarios de la Casa Blanca que afirman que “Todas las opciones están sobre la mesa” para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, fuentes informadas dentro del país descartan la posibilidad de una intervención militar. Geoff Ramsey, miembro de la ONG progresista Oficina de Washington para América Latina (WOLA), ha declarado: “EEUU ha descartado una intervención por razones políticas, saben que sería impopular en la región porque hasta ahora el Grupo de Lima -coalición de gobiernos latinoamericanos – se ha mantenido firme en apoyar una salida pacífica. Y también sería impopular dentro de EEUU, no hay mucho apoyo doméstico para intervenciones militares en otros países luego de las experiencias de Irán y Afganistán. Y mucho menos en temporada de campaña electoral”.

No obstante, una discusión honesta sobre la injerencia imperialista en Venezuela debe incluir a Rusia. En su estrategia de construir un “mundo multipolar”, Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después, se han hecho alianzas con países como Irán, Corea del Norte, China, Turquía y Rusia. Este último ha invertido 17.000 millones de dólares en inversiones de petróleo y gas en Venezuela. Entre ambas naciones hay un convenio para abrir la primera fábrica de fusiles Ak-103 en América Latina, con capacidad para ensamblar 25 mil fusiles y 60 millones de cartuchos al año, y que había previsto su apertura para finales del año 2019. Hasta que en el país apareció una crisis económica, consecuencia de la caída internacionales de los precios del petróleo y gas, Venezuela lideraba regionalmente la importación de armas, según las cifras del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (SIPRI). Su principal proveedor de armamento fue Rusia, que para el año 2012 vendió equipamiento militar por 410 millones de dólares. Entre los años 2000 al 2009 Venezuela compró al estado ruso armas por 2.068 millones de dólares. Un ejemplo de la influencia actual de Vladimir Putin lo constituye la asesoría militar que oficiales rusos realizaron a soldados venezolanos en el terreno para enfrentar el reciente intento de invasión armada por las costas del país, conocido como “Operación Gedeón”.

La participación de Estados Unidos y Rusia en la crisis venezolana ha ocasionado que algunos analistas, como Andrei Serbín de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), sostenga que el conflicto se ha transformado en una “disputa geopolítica”, a la que suma la participación de China.

TuitRuso

Covid-19 y militarismo

Venezuela posee una tradición militarista anterior a la revolución bolivariana, que fue profundizada por el triunfo electoral de Hugo Chávez a finales de 1998. Al inicio del período democrático, en 1958, los principales partidos -con exclusión del Partido Comunista- suscribieron un acuerdo de alternabilidad conocido como el “Pacto de Punto Fijo” que, entre otros objetivos, buscaba “devolver a los militares a los cuarteles”, subordinándolos a las autoridades civiles. Y aunque mantuvieron un importante protagonismo en las décadas posteriores, su beligerancia política abierta comienza en 1999, cuando la nueva Constitución les otorga el derecho al voto. La primera política social ejecutada por el chavismo, el “Plan Bolívar 2000”, fue implementada por el ejército venezolano. Militares activos, o en situación de retiro, comenzaron a dirigir ministerios, gobernaciones y alcaldías. Una lógica militar, y no de movimientos de base, fue la que organizó desde el Estado al movimiento bolivariano, con estructuras verticales, nombres y una narrativa basada en el imaginario de las Fuerzas Armadas.
En el año 2013 las expectativas que un presidente civil, Nicolás Maduro, detuviera la tendencia militarista se evaporaron rápidamente. Una de sus primeras decisiones fue permitir la participación de militares en tareas de seguridad ciudadana. En el año 2015 comenzaron los llamados “Operativos de Liberación del Pueblo” (OLP), de manera conjunta entre fuerzas militares y policiales en barrios populares, que en sus primeros cinco meses ocasionaron 245 víctimas de violación al derecho a la vida, según datos del Ministerio Público. En el año 2017 las OLP fueron sustituidas por una nueva policía, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), creadas para actuar en operaciones de alta letalidad (secuestros y operaciones antiterroristas), pero que en la práctica pasaron a protagonizar operativos de seguridad ciudadana similares a la OLP.

La grave situación de derechos humanos en Venezuela ha sido reflejada en el más reciente informe sobre el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resultados divulgados por Michelle Bachelet. Sobre la FAES afirma: “Miles de personas han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES”, incluyendo en sus recomendaciones: “Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las ejecuciones extrajudiciales”. En una actualización sobre la situación del país, realizada en septiembre de 2019, Bachelet se refirió al uso de tribunales militares contra civiles, cuando rechazó la sentencia de 5 años contra el sindicalista Rubén González: “La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.

Ante su creciente impopularidad, las Fuerzas Armadas constituyen el principal pilar de apoyo del gobierno de Nicolás Maduro, cuya gestión ha ocasionado que más de cuatro millones de venezolanos hayan abandonado el país como migrantes forzados, según datos de ACNUR. La persecución por razones políticas es particularmente hostil contra militares descontentos y el sector del bolivarianismo, denominado “chavismo crítico”, opuesto a su gobierno. Según los datos de Provea 44 de sus miembros han sufrido detenciones, hostigamiento y despidos de sus trabajos, con un caso de una persona asesinada, Alí Domínguez, el 6 de marzo de 2019. De la cifra actual de 402 presos políticos, según el Foro Penal, dos de ellos son militares que ejercieron altos cargos durante la presidencia de Hugo Chávez: Raúl Baduel y Miguel Rodríguez Torres.

La militarización existente hoy en Venezuela también se refleja en la respuesta de las autoridades al Covid-19. Más que una emergencia sanitaria, el virus está siendo enfrentado como un enemigo político y militar. Un decreto de estado de alarma ha ordenado una cuarentena desde el 13 de marzo de 2020, de manera similar al resto del mundo. Lo que es diferente es la exclusión del conocimiento médico y técnico en la respuesta, de espaldas a todos los sectores de la sociedad útiles en este momento. La vocería ha suprimido al ministro de salud, siendo asumida por la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y el ministro de defensa. Para mantener al máximo el control de la información, sólo se ha habilitado a un laboratorio en todo el país para realizar pruebas de despistaje, con una capacidad diaria para un máximo de 200 pruebas. Al aprovechar la cuarentena para aumentar los mecanismos de control de la población, el gobierno ha incrementado la censura hasta el punto de criminalizar al único informe divulgado públicamente sobre posibles escenarios de contagio, realizado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En dos meses de Cuarentena dos personas han sido asesinadas por participar en manifestaciones por agua, electricidad y comida, 22 periodistas han sido detenidos por realizar su labor informativa y 11 médicos por denunciar que no tenían implementos suficientes en los hospitales.

Organizaciones sociales y populares venezolanas han insistido en una salida democrática y pacífica del conflicto, donde las personas puedan decidir, en elecciones libres, el destino del país, rechazando las injerencias tanto de Estados Unidos como de Rusia. El cierre de la posibilidad de una salida noviolenta está generando condiciones para la aparición de la violencia.

Por una transición con principios

Rafael Uzcátegui

Los últimos hechos ocurridos en Venezuela parecen congelar la posibilidad de un cambio político negociado a corto plazo. Sin embargo, la desesperación por lograr el cese de la usurpación no puede hipotecar los principios éticos y morales que, con mucha dificultad, se han ido incorporando en la narrativa de la ofensiva democrática en el país.

En la teoría sobre la acción colectiva, que intenta explicar por qué la gente se moviliza para exigir cambios en su entorno, se ha concluido que los agravios e injusticias sociales no son suficientes, por sí mismos, para iniciar una protesta masiva. Siguiendo la reflexión de Salvador Martí y Puig, académico de la Universidad de Girona en España sobre los movimientos sociales, para que se genere un movimiento por el cambio debe existir una conciencia de la situación, por un lado, y un discurso que interprete y comunique la relación de esa realidad injusta con las políticas emanadas por el poder de turno. Además de lo pedagógico, el discurso debe justificar, dignificar y animar a la acción colectiva. De esta manera tiene la capacidad de sacar el descontento individual del ámbito privado, donde se padece como consecuencia de una humillación, elevándolo a la dimensión pública como parte de un rechazo grupal al abuso, con lo que su expresión abierta se dignifica desde el “nosotros”. Al identificar un blanco para los agravios, el discurso también comunica las reivindicaciones y fomenta símbolos capaces de movilizar a la gente.

Snow y Benford han señalado que un movimiento social es un actor político colectivo, creador de significados con el objetivo de desafiar los discursos sociales dominantes y exponer una forma alternativa de definir e interpretar la realidad. Por ello, tan importante es la acción política concreta como la elaboración de una narrativa que lo acompañe, la legitime y la refuerce. Este discurso crea una visión compartida para todos los que confluyen en el movimiento, utilizando elementos ya existentes en la sociedad (referentes culturales y episodios históricos), así como valores y principios que antagonizan con lo negativo que representa el poder de turno.

Para Gamson y Meyer “el discurso de los movimientos sociales debe incidir sobre tres aspectos que son esenciales para la acción colectiva: la injusticia, la identidad y la eficacia. El primero permite definir a ciertas condiciones sociales como problemáticas; el segundo persigue construir una identidad, un sentido de pertenencia entre los miembros del movimiento, un “nosotros” y un “ellos” sobre los que recae la responsabilidad por las condiciones adversas que se pretenden modificar; y finalmente, también es preciso que los integrantes y simpatizantes asuman que sus acciones pueden ser eficaces para conseguir los objetivos propuestos”. Estos dos autores identifican dos tipos de discurso: La retórica del cambio y la retórica reactiva. Esta última hace hincapié en los temas de riesgo (se pierde mas de lo que se gana), la conformidad (no existe oportunidad para el cambio) y los efectos perjudiciales (la actuación para el cambio no haría sino empeorar las cosas). En cambio, la retórica del cambio resalta los temas de urgencia (la inactividad es más arriesgada que la acción), la actividad (necesidad de aprovechar la apertura de oportunidades del momento) y la posibilidad (las nuevas oportunidades contrarrestan los posibles efectos perversos).

Construyendo el sentido al movimiento

Lo anterior nos ayuda a explicar el papel de las narrativas en el conflicto venezolano. En su mejor momento el chavismo fue un movimiento social no sólo porque tenía un líder carismático como Hugo Chávez, sino porque supo construir discursivamente un imaginario que mantenía movilizados y cohesionados a sus seguidores. Si recordamos, este discurso tenía una promesa de futuro, el “socialismo del siglo XXI”, cuya definición era tan ambigua que permitía ser completado con los propios deseos y expectativas de sus seguidores. Siguiendo la lógica populista de la controversia y la separación, definió perfectamente un “ellos” y “nosotros”. Además, utilizó diferentes referentes culturales (Mr Danger, Florentino y el Diablo por citar sólo dos) que ratificaban permanentemente el sentido del movimiento y transmitían a un público amplio los valores que enarbolaban y un fuerte sentido de pertenencia a la identidad “chavista”. La evaporación del chavismo como “movimiento” fue consecuencia de la desaparición física de Hugo Chávez, por un lado, la emergencia de la crisis económica que erosionó las políticas sociales que materializaban el supuesto interés en el bienestar del pueblo así como por los reveses electorales, corrupción y represión que disminuyeron sus bases de apoyo internacional. Hoy los mitos, rituales, símbolos y la promesa de futuro del chavismo han desaparecido, por lo que Nicolás Maduro no tiene la posibilidad de movilizar a amplios sectores de la sociedad por si mismo, por la sencilla razón que no representa un movimiento, sino que encabeza un gobierno basado en la represión y el temor.

En contraste, durante muchos años la oposición tuvo como principal argumento narrativo el rechazo a todo lo que representaba el chavismo. La principal debilidad de su cuerpo discursivo es que la oposición no sustituyó el vacío dejado por el bolivarianismo con su propia promesa de futuro en la que amplias mayorías del país se sintieran identificadas. Salvo el uso del tricolor, fueron las protestas de los años 2014 y 2017 que estimularon que el ciudadano común aportara el contenido faltante al movimiento de rescate por la democracia, generando símbolos, canciones, íconos y, lamentablemente, mártires. Todos los factores comenzaron a confluir para que los esfuerzos de rescate de la institucionalidad democrática se transformaran en un movimiento. Uno que comenzó a levantar principios morales (la no discriminación, la inclusión, igualdad de oportunidades, la libertad) que daban sentido a su acción.

Como bien lo sabe el chavismo, estos principios no son estáticos y deben ratificarse permanentemente, no sólo con hechos sino también con las palabras. Lo peor que le puede pasar al movimiento democrático que se opone a la dictadura de Nicolás Maduro es que, en el plano del discurso -que como vimos es fuente permanente de legitimación, adhesión y movilización- su antagónico comience a disputarle la propiedad de los valores éticos que le dieron origen. Podemos ser ineficaces en el logro de nuestros objetivos, pero abandonar el terreno de los principios por abrazar un pragmatismo cortoplacista es, sencillamente, suicida.

El liderazgo opositor perdió una oportunidad cuando decidió boicotear la propuesta de una tregua humanitaria y sumarse a la ofensiva lanzada por el Departamento de Justicia en Estados Unidos. El mensaje de fondo de la propuesta era que, en medio de la emergencia sanitaria, el bienestar de la gente estaba por encima de cualquier otra consideración. Juan Guaidó optó por hablar de la lucha contra el narcotráfico. Lo que interpretó un importante sector de la población es que la oposición usaba al Coronavirus como una herramienta para alcanzar lo que por su propia estrategia no había logrado. Y Maduro quedó como el adalid del interés por la gente, como recuerda cada vez que puede: “Estaba dispuesto a firmar un acuerdo humanitario y la oposición no”.

De los episodios recientes el retroceso más grave en la narrativa basada en los principios lo constituye la declaración dada por JJ Rendón, en ese momento parte del “Comité de Estrategia del gobierno interino”, al Washington Post a raíz de los hechos de Macuto: “Guaidó estaba diciendo que todas las opciones estaban sobre la mesa y debajo de la mesa.  Estábamos cumpliendo ese propósito”. En lo que es un acuerdo para reducir los daños, junto a Sergio Vergara renuncia a su cargo sin explicar con claridad su vinculación con el oscuro ex boina verde norteamericano Jordan Goudreau. La respuesta del presidente de la Asamblea Nacional aumenta el desconcierto: “Agradezco y reconozco el compromiso que han demostrado con Venezuela, así como el paso que dan en el marco de la lucha que estamos librando por la Libertad y la Democracia”. Ninguna amenaza de Maduro puede dinamitar el actual movimiento democrático como el respaldo a la estrategia de jugar con cartas debajo de la mesa.

Con o sin Guaidó el esfuerzo por transitar de la dictadura a la democracia debe tener dentro de sus baluartes más preciados el apego a principios morales y éticos que sean precisamente lo contrario a lo que representa un gobierno que ha expulsado de manera forzosa a más de 4 millones de venezolanos, asesinado a más de 300 personas en manifestaciones y condena a la miseria y al ostracismo al resto. En 1998 la opción de dejar atrás a los adecos y los copeyanos, de cualquier manera, es lo que precisamente nos trajo hasta acá.

En lo personal prefiero una derrota -que siempre será circunstancial- con principios que una victoria sin ellos.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

 

Pausa embarazosa – Observaciones sobre la coronacrisis –

Ken Knabb

Ya vivíamos en una crisis global general, pero la mayoría de la gente solo era vagamente consciente de ello, ya que se manifestaba en una serie confusa de crisis particulares: sociales, políticas, económicas, ambientales. El cambio climático es la más importante de estas crisis, pero es tan complicado y tan gradual que ha sido fácil para la mayoría de las personas ignorarlo.

La corona crisis ha sido repentina, innegable e ineludible. También se lleva a cabo en un contexto sin precedentes.

Si esta crisis hubiera tenido lugar hace cincuenta o sesenta años, hubiéramos estado totalmente a merced de los medios de comunicación, leyendo sobre ello en periódicos o revistas o sentado frente a una radio o televisión absorbiendo pasivamente las instrucciones y garantías transmitidas por políticos o presentadores de noticias, con casi ninguna oportunidad de responder, excepto quizás escribir una carta al editor y esperar que se imprima. En aquel entonces, los gobiernos podían salirse con la suya en el incidente del Golfo de Tonkin – donde se simuló un falso ataque de fuerzas pertenecientes a Vietnam del Norte contra barcos de la Armada de Estados Unidos en el Sudeste Asiático-, porque pasaron meses o años antes de que la verdad se revelara.

El desarrollo de las redes sociales durante las últimas dos décadas, por supuesto, ha cambiado drásticamente esto. Aunque los medios de comunicación siguen siendo poderosos, su impacto monopólico se ha debilitado y eludido a medida que más y más personas se han involucrado en los nuevos medios interactivos de comunicación. Estos nuevos medios pronto se utilizaron radicalmente, como exponer rápidamente las mentiras políticas y los escándalos que anteriormente habrían permanecido ocultos, y finalmente jugaron un papel crucial en la activación y coordinación de los movimientos de la Primavera Árabe y la Ocupación de 2011. Una década más tarde, ellos se han convertido en rutina para una gran parte de la población mundial.

Como resultado, esta es la primera vez en la historia que un evento tan trascendental ha tenido lugar y prácticamente todos en la tierra lo saben al mismo tiempo. Y se está desarrollando mientras que gran parte de la humanidad está obligada a quedarse en casa, donde apenas pueden evitar reflexionar sobre la situación y compartir sus reflexiones con los demás.

millones de personas están utilizando esta pausa para investigar y criticar los fiascos del sistema, y ​​lo están haciendo en un momento en que prácticamente todos los demás en el mundo están obsesivamente centrados en los mismos problemas. Creo que esta primera discusión global sobre nuestra sociedad es potencialmente más importante que la crisis particular que la desencadenó.

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Venezuela: The Card Game Under the Table

Rafael Uzcátegui

The incident of the failed incursion raises Juan Guaidó’s crisis of representation, due to his insistence that “all options are on the table.” To overcome this, he must mend his authority by regaining the confidenceof and connection to all democratic sectors of the country.

The Venezuelan conflict has reached such a level of severity that it threatens to definitively erode the figure of Juan Guaidó after the initial links found between advisors in his inner circle with the American ex-Green Beret Jordan Goudreau, who led a failed insurrection on the coast of the country.

Guaidó’s political survival depends not only on his capacity to rebuild what was already a fragile alliance of political parties to promote a transition to democracy, but also on his ties to the country’s civil society, which today is debating whether or not to distance itself from the man designated “Interim President” by the National Assembly.

For several years the Venezuelan people have lost their capacity to be surprised. Because of this, on May 3, when it became clear that the government of Nicolás Maduro had intercepted a boat of individuals who attempted to initiate an insurrectional campaign against the Miraflores presidential palace, the first reactions on social media were of skepticism.

Under the state of emergency, which has imposed a quarantine on the entire country since February 13, the news has not stopped coming: a judicial decision by the United States to offer millions of dollars in reward money for information that leads to the capture of Nicolás Maduro and his inner circle; the declassification of images of UFOs by the Pentagon; the return of thousands of Venezuelan migrants; the scarcity of gasoline across the entire country; the conflict between Miraflores and the most important national producers of food, and a multi-day clash between criminal groups for control of the largest neighborhood in Eastern Caracas.
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Venezuela: El juego de cartas bajo la mesa

Rafael Uzcátegui
Especial para La Silla Vacía (Colombia)

Juan Guaidó ha repetido que para solucionar la crisis venezolana “Todos los escenarios estaban sobre la mesa”. A raíz de la vinculación de sus asesores en la fallida incursión armada por la costa uno de ellos, J.J. Rendón, declaró que esa frase finalizaba con “…y debajo de la mesa también”. El incidente parece aumentar la crisis de representación del actual presidente de la Asamblea Nacional. Para superarla debe recomponer su autoridad y vinculación con todos los sectores democráticos del país.

El conflicto venezolano ha alcanzado un nivel de gravedad tal que la conmoción amenaza con erosionar definitivamente la figura de Juan Guaidó, luego de la vinculación inicial de funcionarios de su entorno con un ex boina verde norteamericano, Jordan Goudreau, que liderizó un fallido hecho insurreccional en las costas del país. La supervivencia de Guaidó no depende únicamente de su capacidad para reconstruir lo que de por sí era una frágil alianza de partidos políticos para promover la transición a la democracia, sino también su vinculación con la sociedad civil del país, que hoy debate la conveniencia o no de desmarcarse de quien ha sido designado “Presidente Interino” por la Asamblea Nacional.

Ante las dramáticas circunstancias actuales el argumento de “no dar armas a Maduro” está debilitándose como contención para inhibir la crítica pública legítima y argumentada al liderazgo opositor

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Estado de alarma, disciplina y silencio absoluto

Rafael Uzcátegui

El lunes 4 de mayo, cuando aún se desarrollaba un confuso hecho insurreccional en las costas venezolanas, Provea reiteró una serie de principios a través de sus redes sociales, que generaron una virulenta respuesta de los altos funcionarios del gobierno de facto. ¿Qué decían los mensajes? 1) Ante el cierre de los canales pacíficos de la resolución del conflicto Maduro estimulaba escenarios de violencia; 2) Provea sólo apoyaría mecanismos pacíficos para la transición a la democracia; 3) La comunidad internacional debe rechazar salidas de fuerza, aumentando mecanismos diplomáticos de presión y 4) Las personas que habían sido detenidas en los hechos no debían ser víctimas de torturas, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. Estos mensajes, o con variantes habían sido publicados en otras oportunidades en los últimos meses. ¿Por qué precisamente ahora generaron esa furiosa criminalización? Por ahora nuestra respuesta es: La naturaleza del conflicto esta variando cualitativamente.

El decreto de estado de alarma ha generado mecanismos de control que, en otros lados, hemos calificado somo “soñados” por el bolivarianismo como dispositivo de dominación de los venezolanos: Aumentando la separación, aislando a los individuos para que sean incapaces de la acción colectiva en el espacio público, incrementando los niveles de censura y autocensura, militarizando el control territorial de los principales centros urbanos, aumentando la estatización de la vida cotidiana, Los resquicios de disentimiento que conocíamos antes de la epidemia están siendo eliminados progresivamente. Por ello tenemos casos de médicos detenidos por haber denunciado en sus chats privados no haber contado con los implementos necesarios en el hospital donde desempeñan sus labores, o ciudadanos detenidos por haber publicado en Instagram su descontento por la escasez de gasolina. Y esto es así por que la situación extraordinaria derivada por el Covid-19 esta siendo utilizada como un ejercicio de disciplinamiento por parte de las autoridades para normalizar el silencio absoluto y la inhibición para expresar el descontento. Para plantearlo en otros términos, el Coronavirus ha permitido desplegar una nueva situación extraordinaria que, lamentablemente creemos, permanecerá luego de la epidemia. Aprovechando las circunstancias la dictadura, si cabe el término, está endureciéndose.

Aunque se rechace las opciones violentas, como es nuestro caso, los hechos están allí. Se ha materializado la opinión de un sector de la sociedad venezolana, que opinaba que eran las opciones de fuerza las que cambiarían la correlación de fuerzas y catalizarían el cambio. Siendo así, estaríamos entrando en una peligrosa fase que incluye la lucha armada que generará reposicionamientos en los diferentes sectores nacionales e internacionales, especialmente en los del gobierno de facto, que responderá con espíritu de cuerpo frente a la amenaza de agresión. Esta nueva realidad reforzaría la descrita en el párrafo anterior.

No sólo se pueden apelar a razones morales para rechazar la violencia. Una transición provocada por un hecho de fuerza, razonamos, no será el inicio de un proceso político para dejar atrás las causas y consecuencias del autoritarismo, sino que será una continuación del conflicto. Habrá que insistir en la promoción de mecanismos políticos y ciudadanos en lo que creo será un escenario con características cualitativas diferentes a las que existían antes de la epidemia. No será fácil en medio de tanta incertidumbre, pero definitivamente es el camino.

(*) Sociólogo y Coordinador General de Provea

Un informe desde Yale

Rafael Uzcátegui (*)

Un reciente estudio de Zachary Barnett-Howell y Ahmed Mushfiq Mobarak, dos académicos de la Universidad de Yale, aporta elementos para considerar si las medidas que los países desarrollados para enfrentar la pandemia del Covid-19, tienen la misma efectividad en las naciones en desarrollo. Bajo el título “¿Deben los países de bajos ingresos imponer el mismo distanciamiento social que Europa y Estados Unidos han implementado para detener la propagación del Covid-19? analizan si los beneficios de la distancia social varían entre países ricos y pobres, arrojando conclusiones que deberían guiar la adaptación de estas medidas para el conjunto de los países de la región, y específicamente Venezuela.

Su ejercicio de reflexión arrojó tres ideas claves. La primera es que las poblaciones en los países ricos tienden a ser más antiguas y, por lo tanto, se pronostica que los efectos de mortalidad del Covid-19 serán mucho mayores allí que en los países pobres. En segundo lugar, se pronostica que las medidas de distanciamiento social salvarán una gran cantidad de vidas en países de altos ingresos, en la medida en que valga la pena soportar prácticamente cualquier costo económico de ese distanciamiento. Finalmente, los menores beneficios estimados del distanciamiento social y la supresión social en los países de bajos ingresos son impulsados ​​por tres factores críticos: a) Los países en desarrollo tienen una menor proporción de personas mayores en comparación con las naciones ricas de baja fertilidad; b) El distanciamiento social salva vidas en países ricos al aplanar la curva de infecciones y para reducir la presión sobre los sistemas de salud. Retrasar las infecciones no es tan útil en países donde el número limitado de camas de hospital y ventiladores ya están abrumados y la mayoría no puede acceder a ellos; y c) El distanciamiento social reduce el riesgo de enfermedad al limitar las oportunidades económicas de las personas, pero las personas más pobres están menos dispuestas a hacer esos sacrificios. Ponen un valor relativamente mayor en sus preocupaciones de subsistencia en comparación con las preocupaciones sobre el contagio de coronavirus

Los académicos coinciden con la preocupación que hemos alertado desde las organizaciones de derechos humanos: Muchos más trabajadores en países pobres se autoemplean en el sector informal y dependen de salarios diarios para alimentar a sus familias. En ausencia de fuertes mecanismos de protección social y seguros, el costo impuesto por el distanciamiento social (y económico) aumentará las condiciones de privación inmediata y hambre. Si en los países ricos, por su alto porcentaje de personas mayores, se está dispuesto a pagar el costo de la Cuarentena, en países como Venezuela no solamente son un lujo, sino que van a aumentar las consecuencias ya graves de la Emergencia Humanitaria Compleja instalada entre nosotros.

Según sus conclusiones “se requiere con urgencia una evaluación seria para determinar qué otras medidas podrían preservar la vida de manera efectiva mientras se minimizan las pérdidas”. En su documento hacen algunas propuestas “que permiten a las personas en países de bajos ingresos minimizar su riesgo de COVID-19 al tiempo que conservan su capacidad de poner comida en la mesa”. En primer término, el uso obligatorio de máscaras y revestimientos faciales caseros, que son baratos de fabricar, y que sea exigido a los trabajadores al abandonar sus hogares. Una segunda idea es un aislamiento social dirigido de los ancianos y otros grupos en riesgo, mientras que se permite que las personas productivas con perfiles de menor riesgo continuar trabajando. En tercer lugar, una idea de sentido común que tendría una dimensión urgente para un país con crisis en servicios básicos: Mejorar el acceso al agua limpia y otras políticas de saneamiento políticas para disminuir la carga viral. Finalmente, una tarea que demanda la alianza, y no la confrontación como ocurre ahora en Venezuela, con medios de comunicación para promover la influencia social generalizada y campañas de información para fomentar comportamientos que retrasen la propagación de la enfermedad, pero no socaven los medios de vida económicos. Esto podría incluir restricciones en el tamaño de las congregaciones religiosas y sociales, o programas para alentar a los líderes comunitarios y religiosos a respaldar comportamientos más seguros y comunicarlos claramente. “Si se debe perseguir el distanciamiento social generalizado, se deben hacer esfuerzos para que los alimentos, el combustible y el dinero en efectivo lleguen a las personas que corren mayor riesgo de hambre y privación”. Esto es especialmente desafiante, reconocen, en países sin una infraestructura de protección social bien desarrollada. En su opinión se necesitan la mayor de las coordinaciones sociales posibles, para que “los gobiernos, los sectores privados y humanitarios, los operadores de telefonía móvil y las empresas de tecnología experimenten con soluciones innovadoras, como el envío de transferencias de efectivo a través de teléfonos móviles”.

El informe de Barnett-Howell y Mubarak nos vuelve a recordar dos temas. Que las respuestas a la pandemia deben sufrir adaptaciones a países como los nuestros.  Pero también, que un problema de esta envergadura necesita de la participación de todos los sectores posibles que puedan ayudar a diseñar la mejor respuesta posible. Hasta ahora Nicolás Maduro ha preferido jugar sólo, y aunque el decreto de estado de alarma ha funcionado durante la transmisión líneal de la enfermedad, es tan incierto como sombrío su comportamiento en la fase exponencial de transmisión comunitaria, a la que ahora mismo estamos transitando.

Coronavirus: Objetivo militar

Rafael Uzcátegui (Para La Silla Vacía – Colombia)

El 22 de marzo de 2020 los habitantes de Caracas observaban con perplejidad como un grupo de aviones Sukhoi y F-16, pertenecientes a la Fuerza Armada, surcaban el cielo de la ciudad, dejando tras de sí una estela gaseosa que semejaba los colores de la bandera nacional. 9 días antes había sido decretado el “estado de alarma” que ordenaba la cuarentena social para la población, como parte de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro a la pandemia del Covid-19. El desfile aéreo militar, calificado por las autoridades como la “Operación alegría” era, según la información oficial “la señal de unión en la lucha contra el coronavirus”. El detalle no es una extravagancia aislada, sino el reflejo que la respuesta de Miraflores a la enfermedad es en primer lugar militar, luego político y, en un lugar subordinado, médico y técnico-científico.

Salvo el aislamiento preventivo de la población en sus hogares Nicolás Maduro no está realizando en Venezuela nada extraordinario, o fuera de lo común, que no haya aplicado antes del 13 de marzo. El país ha dejado de ser una democracia, donde la ausencia de cualquier tipo de control institucional o social ha catalizado los efectos de la emergencia humanitaria compleja. En la lógica de mantenerse en el poder el gobierno ha promovido tres estrategias básicas: Simulación, invisibilización y represión. Luego de la pérdida de la mayoría electoral, como se evidenció en diciembre de 2015 cuando la coalición oficialista se ubicó 2 millones de votos por debajo de la opositora, esta trilogía es posible por el apoyo de las Fuerzas Armadas, que se ha mantenido visiblemente cohesionada a pesar de todos los esfuerzos por dividirla. Bajo la amenaza de la represión selectiva, o abierta cuando sea necesario, el control de los territorios y los cuerpos es realizado por la Guardia Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales, en coordinación con el llamado “poder popular”, que incluye la actuación de grupos de civiles armados, todos protagonistas de los últimos informes internacionales de violación de DDHH en Venezuela. En paralelo se ha construido una importante hegemonía comunicacional, diseñada por el antiguo ministro de comunicación Andrés Izarra, que paradójicamente ante la deriva dictatorial del gobierno hoy se ha alejado política y físicamente del gobierno, viviendo en Alemania desde hace varios años. La estrategia de simulación implica que no suceda nada en Caracas, aunque las regiones sean las “Casas muertas” que alguna vez describió en una novela Miguel Otero Silva, por lo que literalmente se les quitan los servicios básicos a las ciudades del interior, para que falte menos en la capital.

Persistir, en fin, en que se desarme la batalla contra el Covid-19 y se enfrente como lo que realmente es: Una emergencia sanitaria en un país al borde de la catástrofe humanitaria.

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Migrants’ return to Venezuela becomes a nightmare

Rafael Uzcátegui

Carmen Díaz (not her real name for security reasons), was one of the many Venezuelan women who crossed the border to work in another country in order to send money back to her family in Barquisimeto.

She had a job in a shoe store in Cúcuta, until Colombian authorities declared a state quarantine in response to the Coronavirus. Given the uncertainty and the fact that she was now living on her savings, she decided to return to Venezuela, with her baby. She paid for the trip to San Antonio del Táchira, where she underwent a medical check-up and was told that she had some symptoms.

She bought an overpriced bus ticket to the state of Lara, a trip that, due to the number of toll stops, lasted 17 hours, 5 more than usual. At a checkpoint near Barquisimeto, officials told them that they had to go to a Detention Centre for tests and to spend a few days in isolation.

The Centre, set up in the government-controlled village, was not run by medical personnel but by the Bolivarian National Guard. There was a total lack of even basic necessities, which led to friction between people and military officials. When they complained about the conditions they were forced to stay in during isolation, one of the Bolivian National Guard shouted: “Nobody told you to leave the country! Who the hell asked you to leave, damn it!” ? Carmin Diaz says she has been made to feel guilty about something, but she doesn’t quite understand what, ever since she has arrived at the Center.

According to the person who is, in theory, in charge of justice in the country, the mistreatment of Venezuelan migrants by local authorities goes much deeper than a simple failure to understand mobility across borders.

On April 14th, the Attorney General of the de facto government, Tarek William Saab, wrote on his twitter account: “Venezuelans who abandoned the Nation were abused in the USA, Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Spain etc, and are now returning to Venezuela thanks to the ReturnHome Plan organised by President Nicolas Maduro”.

What Carmen Diaz has failed to understand is that, to Venezuelan officials, she is a traitor for having left the country. What offense was given by her decision to leave? It damaged the international reputation of the Venezuelan revolution.

Host countries have not taken all necessary and desirable protection measures to guarantee the human rights of Venezuelan migrants.

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Quarantine in Venezuela: the war against society by other means

Rafael Uzcátegui

I hope at this moment that there is no need to point out that we a facing an emergency that has paralysed the world, overwhelming even developed health care systems, compromising national budgets and generating widespread fear due to the uncertainty about Covid-19.

In the Venezuelan case, Nicolas Maduro and his government have responded. I do not intend to comment on the health aspects of that response here(that is, in terms of its effectiveness and of prevention, preparation, containment and treatment), but will focus exclusively on its political dimension.

The first thing to point out is that in the face of COVID-19, with the exception of the quarantine and the request for funding from the IMF, the government is not taking any extraordinary measures, that is, decisions that it has not implemented before.

The government does not seem to understand the seriousness of the situation. It is not calling on all sectors of society to respond to the disease, through a national government. Instead it is repeating the same behaviour that was evident before the pandemic: its capacity for military action, its territorial control through the FAES and the “collectives”, repression of public dissent, an imbalance between the attention given to Caracas and the rest of the regions, the lack of information and the enforcement of a narrative spread through hegemonic communication channels. – all these are the same. All under leadership linked to the PSUV.
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Enemigo mío

Rafael Uzcátegui (*)

Carmen Díaz, nombre ficticio por razones de seguridad, era una de las tantas venezolanas que cruzó la frontera para trabajar en otro país y poder enviar, periódicamente, dinero a sus familiares en Barquisimeto. Consiguió empleo en una zapatería en Cúcuta, hasta que las autoridades colombianas decretaron la cuarentena como respuesta al Coronavirus. Ante la incertidumbre y la realidad de gastar sus ahorros, decidió retornar a Venezuela junto a su bebé. Pagando pasó por una trocha hasta San Antonio del Táchira, donde le hicieron una revisión médica, donde descartaron que tuvieran alguno de los síntomas. Con sobreprecio compró un pasaje de autobús hasta el estado Lara, un viaje que por la cantidad de alcabalas duró 17 horas, 5 más de lo acostumbrado. En un punto de control, y cerca de Barquisimeto, los funcionarios les informaron que por venir de la frontera debían ir a un “Centro de retención” para que les practicaran exámenes y cumplir algunos días de aislamiento. Ese lugar, habilitado en la Villa Bolivariana de la capital crepuscular, no estaba dirigido por personal médico sino por la Guardia Nacional Bolivariana. Debido a la ausencia de todo, comenzaron las fricciones entre las personas y los funcionarios militares. Cuando reclamaron sobre las condiciones del lugar, uno de los GNB le gritó a Díaz: “¡Nadie te mandó a irte del país! ¡Quien coño de tu madre te mandó a irte de esta mierda, ¡maldita!”. Según el testimonio de Carmen Díaz desde que llegaron al centro los han hecho sentir culpables de algo, que ella no entiende muy bien qué es.

Como lo demuestra un mensaje reciente de quien en teoría es el funcionario encargado de que se haga justicia en el territorio, el maltrato a los migrantes venezolanos por parte de los funcionarios locales tiene razones mucho más profundas que el simple desconocimiento de lo que significa la movilidad humana transfronteriza. El 14 de abril el Fiscal General del gobierno de facto, Tarek William Saab, escribió en su cuenta twitter: “El #Kharma o la rueda del #Tiempo?… #Venezolanos que renegaron públicamente de la #Nación; luego de ser ultrajados en EEUU, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España, etc.. regresan a #Venezuela gracias al plan #VueltaALaPatria diseñado por el presidente @NiicolasMaduro”. Lo que Carmen Díaz no ha logrado entender es que para los funcionarios venezolanos ella es una traidora por haberse ido del país. ¿A quién afectó con su decisión? A la imagen internacional de la revolución bolivariana.

“En respuesta a la crisis siria, por ejemplo, la comunidad internacional movilizó grandes sumas de capitales: $ 7,4 mil millones en esfuerzos de respuesta a refugiados en los primeros 4 años. La financiación para la crisis venezolana no ha seguido el mismo ritmo: a 4 años de la crisis, la comunidad internacional ha donado solamente $ 580 millones

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Informe: Retorno de venezolanos necesita protocolos claros de atención sanitaria con respeto a los derechos humanos

Provea – Cadef – Defensoras de DDHH Táchira – Laboratorio de Paz

Debido a su situación de vulnerabilidad y desprotección en otros países, centenares de venezolanos y venezolanas en situación de migración forzada están retornando a Venezuela en el contexto de la pandemia por el Covid-19. Las autoridades locales deben garantizar que los protocolos de atención a su llegada cumplan con principios médicos y técnicos, pero también respetuosos de la dignidad humana. Las agencias de Naciones Unidas presentes en Venezuela deben trasladarse a frontera y garantizar la realización de procedimientos correctos por parte de las autoridades. No se debe obstaculizar el trabajo de los actores humanitarios nacionales, y defensores de derechos humanos, que puedan brindar apoyo en las garantías a los derechos humanos de quienes regresan al país en difíciles circunstancias físicas y emocionales.

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Refugio improvisado en un estadio de San Cristóbal, cortesía usuario RRSS

 

Forzados a migrar, obligados a regresar

Debido a la ausencia de democracia y la emergencia humanitaria compleja Venezuela es el centro de una de las peores crisis migratorias de la región en los últimos años. En octubre de 2019 la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), estimó que para finales del 2020 la cantidad de venezolanos en situación de migración forzada podía superar los 6 millones de personas. Esta crisis ha representado múltiples desafíos para los países de acogida, quienes no han establecido todas las medidas necesarias de protección, lo cual ha quedado en evidencia en situaciones críticas como en la actual pandemia de Covid-19.

El gobierno colombiano ha emitido 33 decretos para hacer frente a la emergencia causada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los migrantes venezolanos, quienes constituyen el 92 %de la población migrante en el hermano país, 1.800.000 de personas según cifras oficiales, quedaron por fuera de todos, lo cual los colocó en una mayor situación de vulnerabilidad a la que ya poseían como personas necesitadas de refugio.

Según el diario La Opinión de Cúcuta “Pese a que el Ministerio de Salud publicó los lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de COVID-19 entre la población migrante en Colombia, no hay un marco legal lo suficientemente amplio que abarque a todos los ciudadanos. Solo se han ejecutado medidas temporales como transferencias monetarias a 150 mil familias y 150 mil mercados a personas en condición de vulnerabilidad en Bogotá.” Diferentes políticos y especialistas del tema migración en el hermano país han estado solicitando aprobación de medidas que incluyan a los venezolanos como población vulnerable. Por ejemplo, el senador Antonio Sanguino propuso al presidente Iván Duque para que expida un decreto ley relacionado con el asunto migratorio en el marco del coronavirus, basado en una regularización migratoria, un sistema de registro de información y de asistencia a los migrantes bajo una figura institucional. También planteó, siguiendo el ejemplo de España, apresurar la homologación de títulos y permisos de trabajo para incorporar a los médicos migrantes al Sistema Nacional de Salud y así afrontar la enfermedad.

Sin trabajo y sin hogar

Los primeros días de abril se denunció el desalojo de familias de venezolanos de pensiones conocidas como “pagadiario” en Bogotá, pues las personas pagan por día de pernocta. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en una polémica declaración pidió recursos al gobierno central para sufragar el costo de los alquileres en familias en condición vulnerable bajo la pandemia, incluyendo a los venezolanos: “Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir, es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del Gobierno Nacional. Un peso aunque sea, uno. Porque todas estas cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos tres años pagando eso, a 450.000 personas de Venezuela”. El presidente Ivan Duque expresó posteriormente: “Hay algunos alcaldes que de alguna manera están tratando decir: Es que ese no es mi problema. Es una responsabilidad de todos. Aquí nadie puede lavarse las manos, nadie, frente a un tema tan sensible”, dijo en un comunicado de la Presidencia de Colombia, sin referirse de manera directa a López.

La situación se repitió en el departamento de Magdalena, cuya capital es Santa Marta. Según recogió el diario argentino Clarín: “el grueso de los retornados comenzó en el Departamento de Magdalena en Colombia donde fueron desalojados de sus viviendas porque no podían seguir pagando el alquiler (…) Este miércoles varios propietarios de pensiones realizaron un desalojo masivo entre las calles 22 – 24 y carreras 17 – 18, a personas que vivían allí con el sistema de renta ‘paga diario’.

La comunidad venezolana residía en este barrio de la localidad Los Mártires, en varias de las edificaciones que están ubicadas en la zona de tolerancia. “El motivo del desalojo de los venezolanos se habría hecho porque llevaban varios días sin pagar arriendo y pese a que la alcaldía de esta localidad ordenó que según el Decreto 903 en el Artículo 6, no se puede desalojar a nadie del lugar donde vive, esta comunidad estaba en la calle sin un lugar a donde ir, sin alimento, ni medios económicos para mantenerse; ya que no han podido trabajar por las medidas de aislamiento impuestas por el Gobierno nacional”, agregó la nota del periódico argentino.

Los venezolanos se ven impedidos de ejercer sus ocupaciones informales y están siendo desalojados de sus viviendas al no poder seguir pagando los alquileres. El 7 de abril la gobernación del Norte de Santander reveló que desde el 14 de marzo habrían pasado 30 mil personas a Venezuela. Desde el 18 de marzo las organizaciones humanitarias que brindaban apoyo en la frontera del lado colombiano, comida y medicinas, a los venezolanos suspendieron sus actividades hasta nuevo aviso, como medida para prevenir la propagación del Covid-19.

Retornados pudieran llegar al millón y medio

El director del Servicio Jesuita de Refugiados Venezuela, Eduardo Soto, declaró para Radio Fe y Alegría Noticias que podrían llegar a ser un millón y medio los retornados en todo el país para los próximos meses. Explicó que la pandemia ha revelado las injusticias estructurales que sufren los migrantes en la región. “La negación del derecho a la salud en los países de acogida es una evidencia de la ausencia de políticas de protección”. La negación de la asistencia médica, en su opinión, sería una de las principales motivaciones para que las personas decidan retornar, así como la pérdida de posibilidades de ingresos económicos. “Así como muchos de ellos no planificaron su ida, de la misma manera están regresando: gastando sus ahorros, a riesgos, muchos de ellos enfermos con nada que tenga que ver con el Covid-19, pero no pueden recibir la atención en el lugar donde estaban”.

Sobre la cifra definitiva de retornados Soto expresó que dependerá de la capacidad que tengan para emprender el viaje de retorno: “dependiendo de cómo evolucionan las medidas de restricción y de cómo evolucionan las medidas de protección a los migrantes fuera del país”.

Las personas que han logrado entrar a territorio venezolano se encuentran, en la mayoría de los casos, hacinados, en confinamiento preventivo, pero en condiciones deplorables, sin agua potable.

“Hay que llamar la atención de los organismos internacionales”

Provea se comunicó con un venezolano residente en el Norte de Santander, quien ha venido participando en las organizaciones de apoyo a los migrantes, para conocer sus impresiones sobre la situación:

“Desde hace algunos días y producto del virus se ha notado el incremento de venezolanos retornando a los puntos de frontera, en especial en el Norte de Santander. Desde el momento en que se hizo público los acuerdos con las autoridades venezolanas para el retorno, desde el sábado 4 se notó el incremento. Los que están retornando no es sólo de Colombia, también están subiendo de Ecuador y Perú. Muchos de ellos se han quedado sin trabajos formales y vivieron hasta hace poco del producir día a día, por lo que se vieron afectados para continuar pagando las residencias donde vivían y los servicios, pues recordemos que acá los servicios son elevados y deben pagarse de manera mensual obligatoriamente.

En Bucaramanga, en este momento, hay un grupo importante reunido para retornar. Nos informan que sobrepasan las 2.000 personas, que pudieran estar viajando en las próximas horas hacia Cúcuta. Varios alcaldes están ofreciendo transporte gratuito a los venezolanos que se quieran devolver, lo que esta generando un cuello de botella tanto en la propia Bucaramanga como en Pamplona.

Las personas que han logrado entrar a territorio venezolano se encuentran, en la mayoría de los casos, hacinados, en confinamiento preventivo, pero en condiciones deplorables, sin agua potable. Según nos han contado, los han humillado verbalmente, tratándolos de “traidores a la patria”. Incluso nos cuentan que en uno de los refugios, que no diré cuál para no poner a nadie en riesgo, les dijeron que los van a usar de escudos humanos en caso de una invasión de Estados Unidos. A esto se une la situación de falta de gasoil y gasolina.

Es importante que se conozca lo que está pasando a nuestros hermanos venezolanos, una doble tragedia, pues e están devolviendo de manera forzosa, pues no tienen otra opción. Hay que llamar la atención de los grupos internacionales y organizaciones de derechos humanos. Se está generando una situación crítica para el estado Táchira, pues como no pueden pasar por los puntos de La Guajira, los venezolanos que están por ese lado deben bajar a Cúcuta para entrar a Venezuela. Incluso han tenido que habilitar un estadio de futbol de sala para recluir a las personas, dado el volumen de personas que están regresando”, finalizó.

El Estado colombiano incumple con las recomendaciones ONU

La Organización de Naciones Unidas emitió unas Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por covid-19. Entre las acciones concernientes a los migrantes expresa: “La inclusión de todos los migrantes y grupos marginados es necesaria en todos los aspectos de la respuesta al COVID-19, ya sea que busquemos prevención, detección o acceso equitativo a medidas de tratamiento, atención o contención, o condiciones seguras de trabajo” .

La atención en materia de salud a migrantes y refugiados no es una excusa, la propia ONU afirma que estados pueden solicitar apoyos financieros adicionales y las instituciones financieras deben jugar un papel de liderazgo aprobando fondos por esta contingencia.

Ha exhortado a Estados a regular a las personas migrantes indocumentadas para facilitar su acceso a los servicios de salud. Sobre todo “Los Gobiernos deben asegurar que todas las personas internamente desplazadas tengan acceso al agua, al saneamiento, a instalaciones de higiene personal, a alimentación y vivienda adecuadas”.

El Estado Colombiano no ha actuado de forma incluyente, amplia y con garantías de protección a derechos humanos para migrantes que necesitan del apoyo en igualdad de condiciones a nacionales frente a la pandemia.

La respuesta del lado venezolano: Centros de alojamiento temporal

El Estado venezolano ha informado de la conformación de centros de alojamiento temporal destinados a los retornados en los diferentes estados del país. Aún se desconoce la lista y totalidad. Según informó Naciones Unidas , se estima que en 7 estados habría 71 centros con una capacidad para 3.664 personas. Los estados serían Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Sucre, Táchira, Zulia. Allí no se mencionó el primero que comenzó a funcionar en el interior del país, la Villa Bolivariana en Barquisimeto, estado Lara.

A continuación, se presentan 3 casos de estudio, elaborados por diversas organizaciones de derechos humanos y defensoras del estado Táchira donde se analiza la respuesta dada por el Estado venezolano en los refugios o casas de alojamiento temporal para los retornados venezolano/as. Al final se establecen las falencias de estos lugares y las peticiones inmediatas al estado venezolano, así como a las agencias de cooperación de ONU con presencia en el país y la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.

Caso Señora Gregoria . Refugio temporal Liceo Manuel Díaz Rodríguez.

La ciudadana Gregoria, de nacionalidad venezolana, 59 años de edad, viajó en fecha 13 de marzo de 2020 desde la ciudad de Tinaquillo, estado Cojedes, hasta la ciudad de San Antonio, estado Táchira, motivado al viaje pautado para el 17 de marzo de 2020, vía aérea desde Cúcuta – Colombia hasta Santiago – Chile. Ingresó al territorio colombiano presentando un cuadro de malestar físico debido a su enfermedad crónica de hipertensión, por lo que ingresó en un alojamiento en Cúcuta mientras restauraba su salud. Esa noche fue anunciado el cierre de fronteras de Colombia con Venezuela. Chile también anuncia el cierre de todas sus fronteras, aéreas, marítimas y terrestres lo que deja a la Sra. Gregoria en situación de tránsito y sin poder devolverse a Venezuela.

Permaneció del 13 de marzo hasta el 5 de abril del 2020, en Cúcuta, y decidió retornar a Venezuela aprovechando la apertura de un corredor humanitario por parte del Estado colombiano. Considerando 1) que ya habían pasado los días recomendados para la aparición de algún síntoma de COVID-19, sin generar síntomas; y 2) Conforme al protocolo que había anunciado la Gobernadora del Estado Táchira, en Venezuela que consistía en que todas aquellas personas que resultaran en las pruebas de detección del COVID-19 negativas, serían trasladadas hasta sus estados de origen. Y las personas que resultaran COVID-19 positivo serían trasladadas a un refugió en San Antonio estado Táchira.

El 06.04.20, a las 07.00 am la Sra. Gregoria se encontraba en el puente Simón Bolívar. Junto a ella se encontraba un grupo de aproximadamente 60 personas a la espera de la apertura de la frontera del lado venezolano. A las 11.00 am aproximadamente permitieron el ingreso al territorio venezolano del primer grupo, entre los cuales se encontraba Gregoria. En la Aduana, luego de cruzar el puente, funcionarios de la Guardía Nacional Bolivariana (GNB) agrupaban a las personas para realizarles la prueba de detección rápida de COVID-19. A las 03.53 pm le fue practicada la prueba resultado negativo. A las 09.00 pm los funcionarios de la GNB informaron que debían abordar los autobuses que estaban dispuestos para los traslados. La sra. Gregoria junto a 34 personas más, también habían resultado COVID-19 negativo, abordaron la unidad de transporte y fueron llevados al Liceo Manuel Díaz Rodríguez, unidad Educativa, en San Antonio del Táchira, dispuesta por la gobernación para que las personas que resultaran COVID-19 positivo realizaran la cuarentena.

Una vez en este lugar, con la coordinación de los funcionarios de la GNB fueron divididos por estados y encerrados en un salón de clases, con la orden de que “nadie debía entrar ni salir de ese espacio”. De acuerdo a la información de la Sra. Gregoria, se encuentran en el mismo espacio aproximadamente 30 personas del estado Cojedes y 6 de la ciudad de Tinaquillo exactamente, todos son migrantes retornados -excepto de ella-. La Sra. Gregoria trató de demostrar a los efectivos que no había vivido en ningún país, sino que estuvo en Cúcuta por el tiempo reglamentario y había dado negativo en la prueba. Sin embargo, se les informó que todos se quedarían en ese lugar durante 14 días y, posteriormente, serían llevados hasta sus hogares.

El 08.04.20 Gregoria relató: “todos son migrantes, la única que no es migrante soy yo, todos resultaron negativo en la prueba, al puente pasaban grupos de 50 personas, en extranjería verificaban los datos y la nacionalidad, y otro funcionario militar preguntaba uno a uno qué tiempo tenía la persona en Colombia, edad, a qué estado pertenece, la dirección exacta. Nos practicaron dos pruebas de COVID-19. Hoy me dieron los militares un colchón a mi nada más, las otras personas aún están durmiendo en el piso. En la noche ayer (07.04.2020), vino un capitán y volvió a decir que tenemos que estar aquí encerrados todos por 14 días. Vinieron unos médicos a preguntar ¿quién se siente mal? En este salón ninguno se ha sentido mal, salvo las incomodidades”.

El 09.04.20, Gregoria narró: “Hoy en la mañana repartieron unas arepas, a la tercera edad y a los niños y mujeres embarazadas le dan comida, hay gente que se ha quedado sin comer, hoy le entregaron un colchón a cada uno de los de este salón, ya todos tienen colchón. Ayer en la noche nos entrevistaron uno a uno y preguntaron si nos habían corrido de algún lugar en Colombia, y qué tiempo tenían en Colombia. Me preguntaron también si regresaría a Colombia y yo dije que sí, tengo que viajar porque tengo un pasaje congelado. Me preguntaron que si sufría alguna enfermedad y dije que era hipertensa.”

12.04.20: la señora Gregoria informó que les realizaron nuevamente unas pruebas de detección del Covid-19, y les informaron que los resultados llegarían el lunes 13.04.20. De resultar negativo, los trasladarían hasta sus estados de origen entre lunes o martes.

Según la información recolectada el refugio temporal no cumple con los estándares para brindar atención digna con base en los parámetros de la OMS/OPS:

• Las personas en el refugio están separadas por estado, las mujeres, hombres, niño/as y adolescentes comparten un mismo salón de clases.
• En el salón donde se encuentra la señora Gregoria 27 adultos y 3 niños menores de 4 añitos. La señora Gregoria es la mayor.
• Al segundo día, de estar en el sitio les proveyeron de colchones, la gente los viste con lo que tienen.
• Les han provisto de las 3 comidas diarias, en la mañana 1 arepa con queso; a medio día arroz con pollo o pasta con pollo, y en la noche 1 sandwich con queso.
• El baño es compartido por todas las personas, ya que son los baños de la escuela, el mantenimiento es precario, ya que no es el acorde para la cantidad de personas ni para el tipo de uso. Tampoco proveen de desinfectantes, ni cloro.
• No les proveen de papel higiénico, jabón, pasta de dientes, toallas sanitarias. Las personas se las arreglan con lo que traen.
• Están todo el día confinados en el salón.
• El sitio está custodiado por la GNB
• El personal médico hace 1 visita diaria.
• No ha habido ninguna presencia de organismos de Naciones Unidas, agencias de cooperación o humanitarias.

Caso Refugio Temporal “El pedagógico (UPEL) y La Normal” en Rubio, Estado Táchira
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El miércoles 08.04.20, alrededor de 1000 retornados y retornadas fueron trasladados en 17 autobuses que provenían de San Antonio del Táchira a la ciudad de Rubio. Las autoridades policiales del estado y militares de la GNB tomaron instituciones escolares donde las ubicaron:

1. Escuela Granja la Gonzalera, saliendo de Rubio vía San Antonio. (100 personas)
2. Escuela Granja “El Rodeo”, ubicada también en Rubio. (100 personas)
3. Un inmueble propiedad que maneja el Verbum Dei, comunidad misionera de católicos. Es un espacio donde realizan retiros espirituales, vía San Cristóbal. (200 personas)
4. El Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio” (UPEL) (500personas)
5. La escuela Técnica Gervasio Rubio (Comúnmente llamada “la Normal”) (180 personas)

Situación en “El pedagógico (UPEL) y La Normal”. Son dos instituciones adyacentes, están en el mismo sitio con continuidad, uno al lado del otro, pero sus espacios son diferenciados. “La Normal”, tiene una infraestructura que antes funcionaba como internado, es pública del Estado venezolano.

Entre la “UPEL” y “la Normal” hay alrededor de 680 personas. Autoridades de la UPEL emitieron un comunicado por no contar con los servicios públicos requeridos y no tener instalaciones adecuadas para tal fin. Tras reunirse con las autoridades municipales y regionales correspondientes las autoridades Upelistas informaron: “La UPEL es universidad humanista, pero las condiciones no son las adecuadas ante las medidas pautadas por la OMS”. ”La infraestructura no cuenta con las condiciones mínimas necesarias; entre ellas: agua potable, iluminación, baños, duchas, entre otros para atender dicha contingencia”.

Autoridades de la universidad y municipales firmaron un acta compromiso “para el uso, resguardo y adecuación de las instalaciones y de los bienes nacionales, entre ellas delimitar el perímetro de permanencia a los edificios 14 y 15 (12 aulas).

“Como universidad formadora de maestros y aquella que vence las sombras, no podemos dejar de alzar nuestra voz de protesta ante la injusticia evidenciada al someter a una casa de estudios superiores a formar parte de la vulnerabilidad de los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos, quienes han pasado por una serie de atropellos, xenofobia y abusos y maltratos en el exterior y, regresan a su patria con la esperanza de mejores condiciones de vida. Entiéndase que no es un tema político, no es negación a prestar un servicio y a un gesto de solidaridad; es evidente realidad de sometimiento a condiciones infrahumanas, que pueden generar mayores problemas de salud pública a nuestro Municipio. Ninguna instalación educativa está apta para este tipo de contingencia; así le coloquen los adornos que deseen”. “El incumplimiento de protocolos es una realidad: las instalaciones no tienen servicio de agua producto de daños en tuberías”. Rechazo a “la arbitrariedad y trato inhumano”

Entre los retornados en la UPEL hay:
• Personas de varios estados del país.
• Mujeres, niños/as y hombres,
• 10 personas que son de Rubio, aunque sus familiares rogaron que los dejaran trasladar a sus casas o residencias, para cumplir la cuarentena dentro de sus hogares, los custodios se negaron.

Un testigo afirmó que “las personas que fueron trasladadas y que llegaron a la UPEL y la Normal, se negaban a bajarse. Algunos gritaban que los había engañado, que les había dicho que los iban a llevar al centro del País (Valencia, Maracay, Caracas) y no fue así. Sin embargo, al pasar el rato, los convencieron y lograron que se bajaran de los autobuses. Venía muy cansados, hacinados. Al llegar les dieron un poco de comida, porque venían con mucha hambre”.

El Alcalde de Rubio, Municipio Junín, recibió a las personas junto a las autoridades de la UPEL, y la distribución se realizó de la siguiente forma:

• La UPEL: 2 edificios, el número 14 y 15, de esos dos edificios hay un total de 12 aulas y allí albergaron aproximadamente 500 personas
• La Normal: 180 personas fueron alojadas.

“Repartieron para 680 personas 180 colchonetas y se las repartieron como pudieron entre las personas”. “Las aulas fueron desocupadas, sacaron las mesas, sillas, abriendo espacio para que ocuparan el lugar. Simultánea bajaron comida para preparar y la Alcaldía de Municipio Junín se comprometió a llevar el gas y arreglar las instalaciones del agua, pues no cuenta con ese servicio. Se les habilitó 3 salas de sanitarios, 4 pocetas para hombres y 4 para mujeres. Para las 500 personas alojadas en la UPEL”.

El día viernes 10.04.2020, “las personas estuvieron cocinando en una plazuela con leña porque no hay servicio de gas”.

El refugio temporal Upel, La Normal, no cumple con los estándares para brindar atención digna con base en los parámetros de la OMS/OPS,

• No hay ninguna condición adecuada para albergar personas, agua, baños, servicio de gas y comida, camas.
• Están hacinadas.
• Caminan por el campus, no hay aislamiento entre los que allí se encuentran.
• La custodia la realizan Policía Nacional Bolivariana, Militares del ejército, representante del Fuerte la Tucarena, donde se presta el servicio militar en Rubio.
• Preocupa la presencia de “grupos de seguridad civiles”, (Colectivos).
• El mantenimiento es precario, sin agua, no acorde para la cantidad de personas ni para el tipo de uso. Tampoco proveen de desinfectantes, ni cloro.
• No les proveen de papel higiénico, jabón, parta de dientes, toallas sanitarias. Las personas se las arreglan con lo que traen.
• No ha habido ninguna presencia de organismos de Naciones Unidas, agencias de cooperación o humanitarias.

Caso Villa Bolivariana. Barquisimeto, estado Lara.

El 24.03.20, Carmen Díaz , en compañía de Willy, su bebé, se dirigían a la ciudad de Barquisimeto (donde se encuentran sus residencias) desde Cúcuta, Colombia. Daniela estuvo viviendo un mes allí, trabajando en una zapatería por la difícil situación económica que vivía en Venezuela. Sin embargo, al surgir la pandemia del Covid-19 decidió regresar porque no pudo continuar trabajando y no quería quedarse sin ahorros. Al ver que las fronteras estaban cerradas y custodiadas, decidieron pasar por una trocha de forma ilegal frente a la imperiosa necesidad de ingresar al país.

Ese día en San Antonio del Táchira, un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana le realizaron una revisión médica de rutina para descartar contagio del COVID-19. Ninguna de estas dos ciudadanas presentó los síntomas. En el terminal de pasajeros de San Antonio, lograron comprar un boleto para trasladarse en autobús hasta Barquisimeto. Desde que iniciaron su viaje se percataron del aumento de puestos de control durante la vía. En cada uno funcionarios de los cuerpos de seguridad las hacían descender, para luego retornar al vehículo. Esta situación retrasó el viaje más del tiempo previsto. Estuvieron aproximadamente 17 horas en carretera de las 12 correspondientes.

El 25.03.20 al llegar a uno de los puntos de control, ubicado en la localidad de Zárate, relativamente cerca de la cuidad de Barquisimeto, los funcionarios indicaron que todas las personas que se encontraban en el autobús debían bajar, con la intención de realizarle una inspección. Al percatarse que la mayoría de estas personas provenían de Cúcuta decidieron llevarlas a todas, en contra de su voluntad, a un “Centro de retención” denominado “Villa Bolivariana”, ubicado en la Av. Libertador frente a Empresas Polar, en Barquisimeto.

En el lugar los funcionarios dividieron a las personas por sexo en dos grupos. Las mujeres y niños estarían en una zona de la Villa separadas de los hombres, los cuales estarían en otro lugar cercano que las denunciantes desconocen si está en el mismo edificio. Carmen ingresó con hijo alrededor de las 5 de la tarde. No posee mayores detalles de la estructura del lugar, siendo la primera vez que se encuentra allí. En su descripción alega que pareciera ser el piso 3 y el lugar está dividido por una sala, una cocina sin utensilios, un baño y un solo cuarto (apartamento tipo estudio), pero sin enseres. Cuentan con 3 literas que tienen colchón, pero sin la lencería adecuada. Del lugar emanan olores desagradables por suciedad y no cuentan con artículos de aseo para limpiarlo.

En ese lugar, se encontraban 6 mujeres adultas, 2 bebés de 4 y 10 meses y un niño de 3 años. Los GNB, al llevarlos al sitio, les dijeron que les suministrarían las comidas. Debido al viaje tenían 48 horas sin alimentación adecuada, y aunque informaron a las autoridades del lugar, no les dieron respuesta alguna. En horas de la noche les suministraron una caja que contenía una arepa para cada persona. La comida presentaba un olor putrefacto, no se veía sana y no cumplía con las medidas de salubridad. A pesar del hambre, ninguna de las personas comió las arepas por miedo a enfermarse.

El 26.03.20, luego de 2 días en el lugar, les llevaron comida que sí estaba en buenas condiciones. No obstante, denunciaron que el trato de los funcionarios que realizan las labores de custodia era hostil. Carmen logró comunicarse con sus familiares que viven en la ciudad de Barquisimeto, los cuales se acercaron al lugar con la intención de llevarles comida y algunos productos de aseo personal y de limpieza. Sin embargo, no se les ha permitido entregarlos, ni ingresar ningún tipo de producto de alimentación.

La Villa está rodeada de funcionarios de la GNB y dentro del complejo trabajan varias enfermeras, quienes son las encargadas de repartir la comida y de evaluar físicamente a las personas, en caso de presentar algún síntoma del COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Pero los funcionarios militares son los únicos con los que han hablado. A pesar de explicarles la situación no logran llegar a un acuerdo con ellos. Solo tienen conocimiento que deben estar ahí hasta pasar el proceso de cuarentena.

La mañana del jueves 26.03.20, cuando un grupo de mujeres estaban gritando desde la ventana para denunciar la situación, subieron dos enfermeras y dos GNB. Una de las enfermeras se acercó en actitud agresiva porque uno de sus superiores le llamó la atención debido a que no había entregado el desayuno. Ella les preguntó que porqué estaban gritando y que de su parte no les iba a dar más comida. Un funcionario le dijo a Díaz -quien estaba alterada de los nervios y estaba solicitado la realización de sus exámenes físicos para poder a irse del lugar- “nadie te mandó a irte del país…” y agregó: “quien coño de tu madre te mandó a irte de esta mierda, ¡maldita!”. La víctima forcejeó con el funcionario, luego otro se acercó y la amenazó con ponerle las esposas si no ingresaba al lugar. Le dijo literalmente, según la denunciante: “si no hace lo que él dice va a tener consecuencias, te quedas o te quedas”.

Carmen denunció que la situación era muy difícil. Que le quitaron su libertad sin ningún motivo o razón, y estaba a la espera de que se le realizarán las pruebas correspondientes para poder irse. Se encontraban en malas condiciones y temía que la obligaran a asumir la cuarentena retenida allí, sometidas a malos tratos, insultos y abusos por parte de los funcionarios de seguridad del Estado que custodiaban el lugar.
El viernes 27.03.20 Carmen informó que ingresaron otras personas al apartamento ubicado en la parte superior, quienes tardaron para poder trasladarse en autobús desde el estado Táchira, y que relataron que a un señor se le bajó la tensión por el hambre que tenía. Según lo que pudo constatar se trataba de unas 91 personas en la misma situación, que llegaron en 3 autobuses distintos. Las víctimas solicitaban atención inmediata, pero alegaban tener miedo que los funcionarios atenten contra su persona o la limiten aún más a obtener comida, pues ni sus familiares pueden ingresarle alimentos.

El 31.03.20 se realizó contacto nuevamente con Carmen Manifestó haber presentado fiebre durante el fin de semana porque padece una otitis aguda. Ha empeorado porque no le han proporcionado los antibióticos que suele tomar, y presenta bastante dolor. Sólo le dieron un paracetamol, ni siquiera tienen termómetro para medirle la temperatura. Indicó que en el lugar no tienen ningún tipo de insumos médicos. No les habían practicado la prueba de diagnóstico del Covid 19 ni a ella, ni al resto de las personas con las que comparte habitación. Tampoco habían sido chequeados por ningún médico ni personal de salud. Solamente les preguntaron, al ingresar, si presentaban síntomas del coronavirus, pero nada más. Para ese día habían mejorado las condiciones en cuanto a los artículos de limpieza y la comida. Sin embargo, el contenido nutricional es poco saludable y balanceado: para el desayuno y la cena, una arepa con mortadela rayada, y en el almuerzo les dan arroz con alguna proteína como caraotas, carne o pollo, aunque no siempre, sólo a veces. Les dan jugo de guayaba, pero no han comido frutas ni vegetales. Según su testimonio los últimos dos días llegaron unos 4 autobuses más de Colombia, por lo que calcula un aproximado de 200 personas en la misma situación.

El 02.04.20 Carmen informó que le habrían sido entregados productos de aseo personal a cada una de las personas del lugar. En horas de la noche habrían ingresado un nuevo lote de personas. El 04.04.20 explicó que los habían dejado salir, le dijeron que tenía que trasladarse a su casa y cumplir con un confinamiento obligatorio por 15 días. Fue examinada por las enfermeras del lugar antes de que permitieran su salida. Sólo se le realizó un examen de rutina, se le tomo la temperatura y se examinó de manera superficial.

La Villa Bolivariana de Barquisimeto no cumple con los estándares para brindar atención digna, con base en los parámetros de la OMS/OPS:

• Trato vejatorio y hostil por parte de los funcionarios de la GNB y las enfermeras en el Complejo
• Falta de alimentación balanceada y la negativa al apoyo por parte de sus familiares para garantizarles alimentos y bienes de aseo personal.
• Falta de atención médica adecuada, en el sitio denuncian la falta de insumos para atender dolencias menores lo que no garantiza atención adecuada en caso de COVID – 19
• Confinamiento indiscriminado, de personas extrañas incluyendo bebés y niños, sin una previa prueba de diagnóstico rápida de coronavirus, tomando en cuenta que puede haber positivos asintomáticos como lo ha establecido la OMS.
• El lugar sin las normas mínimas y sin adecuadas medidas sanitarias, presentando malos olores y durmiendo en colchonetas sucias, sin sábanas.

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Migrantes venezolanos, foto de archivo

Preocupaciones sobre el trato dado a los retornados

En los tres casos, los espacios utilizados para el alojamiento temporal no cuentan con las condiciones ni estándares para la atención de personas con un alto nivel de vulnerabilidad porque además retornan a un país del que salieron huyendo por condiciones precarias de vida y regresan en condición de alta fragilidad psiicoemocional, económica y de revictimización.

En los tres casos encontramos que la respuesta no ha sido apropiada y que sobre la marcha autoridades van suministrando atención que en nada se adecuan a protocolos mínimos para este tipo de requerimientos en situaciones de pandemia para un alto flujo de personas.

Entre las situaciones más preocupantes:
• La utilización de espacios que no están adecuados para la pernocta de personas.
• Condiciones de hacinamiento e insalubridad.
• Falta de baños y/o de colocación y mantenimiento de baños portátiles
• Falta de lavamanos.
• Falta de servicios fundamentales agua, electricidad.
• Falta de bienes y enseres para la pernocta.
• Alimentación escaza y sin una dieta nutricional apropiada
• Falta de agua potable, pastillas potabilizadoras o filtros.
• Falta de kits de Higiene personal. Kits para mujeres en periodo de menstruación
• Falta de guantes, tapabocas y de insumos para la prevención del contagio
• Falta de enseres mínimos y fundamentales: filtros, mosquiteros, ventiladores, colchonetas, sábanas, lámparas.
• Falta de productos para la limpieza del lugar, jabón, desinfectante, cloro
• Kits para infantes en lactancia no materna
• Mal manejo de los residuos
• Custodia militarizada. Falta de personal médico, de atención psicológica y emocional.

Solicitamos:

• Las personas cuyos exámenes de detección del COVID-19 sea negativo deben ser sacadas de los alojamientos temporales, llevadas a sus casas, informadas adecuadamente de las formas de prevención y a sus familiares o cohabitantes en el hogar y realizarles un seguimiento in situ.
• Permitir a la OACNUDH, OMS, OCHA, ACNUR, UNICEF y de la cooperación internacional humanitaria con presencia en Venezuela entrar a los alojamientos temporales a constatar las condiciones.
• Aplicar Protocolos y estándares en los refugios temporales de supervisados y acordados con organizaciones de cooperación de Naciones Unidas de carácter humanitaria y a la OACUNDH.
• Que permitan la entrada de apoyo humanitario a los alojamientos temporales, tanto de las agencias de cooperación de ONU como de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos con capacidad para apoyar en labores humanitarias y en cualquier denuncia, seguimiento y acompañamiento para la garantía de los derechos humanos.
• Información oficial y pública amplia, veraz de cada uno de los sitios de alojamiento, las personas, las condiciones, los protocolos que se están aplicando, el personal encargado, etc. que permita hacer monitoreo y contraloría en materia de derechos humanos
• Desmilitarizar la custodia de los espacios, permitir la entrada de personal multidisciplinario en materia de salud física, psicólogos, y psicopedagogos para atención de niño/as y adolescentes.
• Transferir a las personas que se encuentran en espacios sin las condiciones a hoteles, posadas, hostales que tengan condiciones idóneas para la pernocta, el aislamiento y la atención con los servicios óptimos para garantizar, su monitoreo, atención, recuperación y salida con garantías de dignidad.
• Reportes de las agencias de cooperación humanitarias de naciones Unidas y de la OACNUDH sobre las condiciones de los alojamientos temporales y de las personas que allí se encuentran confinadas.
• A las autoridades civiles y militares abstenerse de realizar tratos inhumanos, crueles y degradantes al sugerir, pública o privadamente, que los retornados son responsables de su situación de confinamiento y transmisión del virus dentro de Venezuela; o de obligarlos a realizar declaraciones, en contra de su voluntad, sobre supuestos o reales actos de xenofobia en otros países en su contra.

Organizaciones participantes y contacto:
Provea. Coordinador General Rafael Uzcátegui.
Cadef. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef). Director Carlos Guerra
Defensoras de DDHH, estado Táchira. Judith Pacheco, Raiza Ramírez y Raquel Sánchez
Laboratorio de Paz: Coordinadora Lexys Rendón

Comunicado: Unir esfuerzos para superar la pandemia en Venezuela

La Organización Mundial de la Salud ha declarado recientemente el surgimiento de una pandemia debido al nuevo coronavirus (el SARS-CoV-2), que provoca la enfermedad denominada Covid-19 con graves consecuencias para la salud.

Nosotros, como venezolanas y venezolanos de diversas tendencias políticas, culturales y sociales, coincidimos en la consternación por los enormes riesgos que afronta el país. Por esa razón nos reunimos para exhortar firmemente a las partes del conflicto político venezolano, a construir los acuerdos políticos necesarios que permitan la obtención de los apoyos perentorios y la coordinación de su gestión para afrontar la pandemia. Hoy abogamos por la política como garante del bien común enmarcada en los valores humanitarios. Así, queremos enfatizar el deber de los actores políticos para sus conciudadanos, quienes necesitan que sus decisiones y acciones estén a la altura de la emergencia que se avecina.

Para afrontar esta pandemia es necesario destinar el mejor esfuerzo de todos, además de contar con disponibilidad de recursos para la tarea que tenemos por delante. Hoy la disponibilidad de recursos económicos del país ha mermado por su mala gestión y desviación. Así mismo, el acceso a recursos con los cuales la nación cuenta en el exterior, como la posibilidad de acceder al financiamiento internacional, se ven comprometidos tanto por la disputa político institucional interna, como por medidas unilaterales de actores externos.

Hoy abogamos por la política como garante del bien común enmarcada en los valores humanitarios

En este sentido, exhortamos a las partes del conflicto político venezolano, a construir los acuerdos políticos necesarios que permitan, tanto la obtención de los recursos de forma perentoria, como la coordinación de su gestión para afrontar la pandemia. Para lograr estos acuerdos, apostamos a soluciones soberanas y rechazamos cualquier tipo de acciones, injerencias y/o presiones internacionales que nos alejen de salidas negociadas y constitucionales al conflicto venezolano, así como aquellas que violen los Derechos Humanos y la democracia.

Proponemos a la dirigencia de todo el espectro político del país, las siguientes medidas mínimas que consideramos indispensables y de urgente implementación:

1) Convocar e incluir a todos los sectores políticos y sociales en la respuesta ante la emergencia. Creemos necesario concertar acuerdos con los más amplios sectores, incluyendo políticos, movimientos sociales y sectores organizados del país, en procura del asesoramiento y coordinación de todos los esfuerzos de la sociedad para enfrentar la crisis. Exhortamos a prestar especial empeño en la participación de especialistas en tema de salud y áreas afines, instituciones científicas y universitarias, con el propósito de incorporar su experticia en el desarrollo de las estrategias para atajar la pandemia y disminuir los daños y sufrimiento de la población. Las fuerzas de seguridad del Estado deben estar a su disposición y servir de apoyo en la gestión de la crisis. Es necesario garantizar la transparencia, la información veraz y oportuna, y el pleno acceso de todos los comunicadores sociales a las fuentes oficiales de información. En ese sentido, se propone establecer una interlocución dinámica entre los medios, los periodistas y las autoridades públicas que garantice el derecho constitucional y legal de la ciudadanía a la información.

2) Lograr acuerdos institucionales que permitan la solicitud concertada de la ayuda internacional, con garantías de gestión conjunta y transparente. Los actores del conflicto político venezolano deben solicitar de manera coordinada la ayuda internacional (técnica y financiera) necesaria para afrontar la crisis sanitaria, económica y social que agrava la pandemia. La obtención de esta ayuda está supeditada a la presentación de garantías de gestión neutral y oportuna de los medios que se obtienen, cuyo único propósito es el de proteger vidas y la salud de la población. La gestión de la ayuda se debe hacer entre actores nacionales y representantes de instituciones internacionales, siendo ambos garantes de la transparencia en el uso de los medios obtenidos. El rol de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-, y sus distintas agencias, sería de indispensable ayuda. También deben activarse mecanismos de contraloría social con estos mismos fines.

3) Implementación de apoyos económicos y sociales necesarios para garantizar la sostenibilidad y el respeto del confinamiento y del distanciamiento social. Para asegurar la práctica y el respeto del confinamiento por el conjunto de la población venezolana, se deben otorgar subvenciones para la gestión de la vida cotidiana. Hacer efectivo el acceso a la alimentación, a la salud, a los medicamentos y a los servicios públicos (agua, gas, electricidad, internet, gasolina) es la única garantía de la práctica estricta del confinamiento. De lo contrario, la población (en especial los sectores más vulnerables), no podrá respetar las medidas sanitarias por la urgencia de producir lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas.

4) En consonancia con la solicitud de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, solicitamos urgentemente: a) aplicar las exenciones humanitarias anexas a las sanciones de carácter general que afectan a la población. Así, de manera eficaz, autorizar el rápido y riguroso suministro de equipos, material médico y de cualquier otra índole mientras dure la emergencia; b) considerar la liberación de las personas privadas de libertad u otorgar medidas humanitarias por delitos de menor cuantía y razones políticas para disminuir la probabilidad de contagio, procurando la mejora de las condiciones de salubridad y evitando el hacinamiento en los centros de reclusión.

Sólo con la voluntad de todos, pero fundamentalmente con la creación de condiciones de transparencia, confianza, ejercicio democrático y libre de los actores indispensables para asumir la pandemia y sus efectos, podremos afrontarla. Las medidas a tomar deben tener como objetivo principal la protección de la población y la garantía de todos sus derechos, y de ninguna manera deben atentar contra estos y la democracia. Colocamos además nuestros propios conocimientos a disposición, para apoyar las acciones de gestión de crisis y de construcción de soluciones para la búsqueda del bien común. La situación es grave, por lo tanto, los esfuerzos necesarios son grandes. El llamado a realizarlos es un llamado de sensatez, de humanidad y de respeto mutuo para construir el bienestar de todos los venezolanos.

Caracas, 1ero de abril de 2020
Pueden sumarse a esta iniciativa escribiendo a encuentroplural2020@gmail.com o a través de este formulario: https://forms.gle/gmvRKaEmMcA56W6AA
Personas que firman (hasta el viernes 03/04/2020, 9am):
1. María Fernanda Abzueta. Activista Labo Ciudadano.
2. Gilmer Atilio Acevedo G. Secretario agrario Unidad Visión Venezuela.
3. Rosa Elena Acevedo. AC Uniandes.
4. Mibelis Acevedo Donís. Periodista.
5. José Aguilar. Profesor universitario, Universidad de Los Andes.
6. Vladimir Aguilar Castro. Profesor universitario, Universidad de Los Andes.
7. Gualberto Alayón. Abogado, Portuguesa.
8. Tito Salvador Alayón Vargas. Profesionales y Técnicos Apure, Unidad Visión Venezuela.
9. Nayat Alchaer Alchaer. Abogada y Locutora.
10. Francisco Alfaro Pareja. Politólogo, Investigador externo. Universidad Simón Bolívar (USB).
11. Damián Alifa. Sociólogo, Universidad Central de Venezuela (UCV).
12. Marino Alvarado. Defensor de DDHH.
13. Luis Alvarado Bruzual. Activista social – Fundación Váyalo.
14. Morella Alvarado Miquilena. Investigadora ININCO-UCV.
15. Rossy Alvarado. Coordinadora regional Alianza Centro, Yaracuy.
16. Víctor Álvarez. Economista, Premio Nacional de Ciencias.
17. Alejandro Álvarez Iragorry. Biólogo, Defensor de DDHH Ambientales. Coordinador de Clima21.
18. René José Álvarez Marchán. Miembro Dirección Regional de Unidad Visión Venezuela, Portuguesa.
19. María Antonella Álvarez Segnini. Miembro Dirección Regional de Unidad Visión Venezuela, Lara.
20. Yoel Amaya. Ingeniero.
21. Andrés Antillano. Profesor universitario.
22. Santiago Arconada Rodríguez. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
23. Roximar Arias. Miembro Unidad Visión Venezuela, Falcón.
24. León Arismendi. Profesor (UCV).
25. Carlyana Arriechi. Coordinación Nacional de Activismo Juventud, partido Cambiemos.
26. Ignacio Ávalos. Profesor universitario, Observatorio Electoral Venezolano.
27. Ramón Guillermo Aveledo. Profesor Universitario.
28. Keymer Ávila. Investigador y Profesor Universitario (UCV).
29. Diputado Omar Ávila. Secretario General Nacional Unidad Visión Venezuela
30. Marina Ayala. Psicóloga y Filósofa.
31. Josefina Baldó Ayala. Arquitecto urbanista, Movimiento “De Frente con Venezuela”.
32. Juan Barreto C. Profesor UCV. Escuela de Comunicación Social.
33. César Bátiz. Periodista.
34. Francisco (Kiko) Bautista. Periodista y artista plástico.
35. César Bencomo. Antropólogo.
36. Juan Berríos Ortigoza. Profesor asociado de la Universidad del Zulia (LUZ).
37. Javier Biardeau. Profesor universitario – FACES – UCV.
38. Leonardo Bracamonte. Profesor UCV.
39. Yoletty Bracho. Doctorando en Ciencias Políticas Université Lumière Lyon 2.
40. Maikel Brito. Docente.
41. Gabriela Buada Bondell. Caleidoscopio Humano.
42. Liliana Buitrago. Investigadora y activista social, Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
43. Eduardo Burger. Profesor universitario, guionista, activista.
44. Lauren Caballero.
45. Yadira Cáceres. Politólogo – ULA.
46. Krupskaya Calderón. Ciudadana.
47. Erick Daniel Camargo. Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEPV).
48. María Campos.
49. Elio Cardozo Sáez. Doctorado Estudios Políticos ULA
50. Alba Carosio. Centro de Estudios de la Mujer-UCV.
51. Cheo Carvajal. Director Ciudad Laboratorio.
52. Leonardo Carvajal. Investigador en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
53. Felix Carruido. Entrenador deportivo, Comité Olímpico Qatar.
54. Gabriel Castillo. Arquitecto.
55. Juan Pablo Castillo Croes. Musicólogo-UCV.
56. Maribel Castillo. Ex Concejal y Secretaria General Avanzada Progresista en Caracas.
57. Soc. Luis Cedeño. Mg., Director Asociación Civil Paz Activa.
58. Beatriz Cisneros. Consultora. Promotora del Programa Innova Venezuela. Aliada Labo Ciudadano.
59. Wilmar Colina. Miembro Dirección Regional de Unidad Visión Venezuela, Falcón.
60. Miguel Ángel Contreras Natera. Profesor-Investigador UCV.
61. José Cova. Secretario regional organización Unidad Visión Venezuela, Amazonas.
62. Gabriela Croes Esté. Profesora UCV – Antropología.
63. Franz De Armas.
64. Iris De Franca. Secretaria General Cambiemos, Movimiento Ciudadano Estado Miranda. Abogada.
65. María De Oteyza.
66. Silvia De Oteyza.
67. José Gregorio Delgado Herrera. Abogado activista en DDHH.
68. Luis Díaz. Activista de DDHH, Ateneo Popular.
69. Tibizay Díaz. Socióloga.
70. Yarrod Díaz. Unidad Visión Venezuela, Zulia.
71. Francisco Enrich Molinari. Politólogo venezolano.
72. Alí Espina. Profesor Universitario y Secretario de Organización Unidad Visión Venezuela.
73. Wilson Espinoza. Presidente organización indígena EVOLUCIÓN.
74. Arnaldo Esté. Profesor e investigador, UCV.
75. Henri Falcón. Ex-gobernador del estado Lara, presidente de Avanzada Progresista.
76. Óscar Feo Istúriz. Profesor Titular Jubilado, Especialista Salud Pública Universidad de Carabobo.
77. George Luis Fereira Sánchez. Vocero principal REDES, Zulia.
78. Pedro Pablo Fernández. Director General Centro de Políticas Públicas, IFEDEC.
79. José Luis Fernández-Shaw. Sociólogo.
80. Magda Ferrer. Ingeniera, ciudadana.
81. Ananias Flores. Secretario Regional Unidad Visión Venezuela Amazonas.
82. Octavio Flores . Movimiento Político Bravo Sur.
83. Ma. Beatriz Fonseca. Administración/Gerencia.
84. Lorena Fréitez. Activista.
85. María Eugenia Fréitez. Comunicadora social UCV.
86. Nelson Fréitez . Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA.
87. Marcos Fuenmayor Contreras. Historiador, Movimiento “De Frente con Venezuela”.
88. Luis Fuenmayor Toro. Médico y Profesor Titular UCV, Movimiento “De Frente con Venezuela”.
89. Ramsés Fuenmayor. Profesor Universitario – ULA.
90. Simón García.
91. Juan García Viloria. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
92. Luis Gerardo Gabaldón. Profesor, UCAB.
93. Bruno Gallo. Historiador, dirigente de Avanzada Progresista.
94. Antonio García. Fotógrafo.
95. Fanny García. Docente, Secretaria Nacional de organización, Avanzada Progresista.
96. Jairo García Méndez. UCLA.
97. Fernando Garlin Politis. Doctorando en Etnología, Université Paris Descartes.
98. Hiram Gaviria. Presidente del partido Puente.
99. Jorge Giménez. Educador jubilado.
100. Juan Carlos Godoy Peña. Abogado.
101. Herick Goicoechea Gámez. Politólogo, Observatorio Internacional de la Juventud y los Estudiantes.
102. José Gómez Febres. Profesor Jubilado UCV (Facultad de Agronomía).
103. Alejandro González. Vicepresidente de la Fundación Ciudadanía, Prosperidad y Democracia.
104. Mariángela González. Catia Posible.
105. Gabriela González Fuentes. Documentalista de La Taguara Fílmica.
106. Carlos Guerra García. Foro de países de América Latina y El Caribe.
107. Damarys Guevara. Miembro Unidad Visión Venezuela, Miranda.
108. Mauricio Gutiérrez. Positivos en Colectivo y Venezuela Diversa.
109. Eduardo Guzmán. Arquitecto.
110. Oswaldo Guzmán. Dirigente político de Vargas.
111. Jorge Luis Hernández. Miembro Unidad Visión Venezuela, Falcón.
112. Maria Angélica Hernández. Secretaría juvenil regional Unidad Visión Venezuela, Apure.
113. Seny Hernández. Profesora Asociada de la UCV y miembro del CEN Avanzada Progresista.
114. Simón Hernández. WUAO.
115. Pamela Genezaret Hernández Seija. Unidad Visión Venezuela.
116. Alfredo Infante. Jesuita, director revista SIC, Párroco parroquia San Alberto Hurtado, La Vega.
117. Francine Jácome. Antropóloga.
118. Martha Jaén. Especialista Tec de Alimentos. Inmunonutrición.
119. Nick James. Secretario de organización Unidad Visión Venezuela, Yaracuy.
120. José Jerez Estudiante. Unidad Visión Venezuela, Anzoátegui.
121. José Ángel Jiménez Pérez. Secretario general Unidad Visión Venezuela, Apure.
122. Maryhen Jiménez. PhD Ciencias Políticas, Universidad de Oxford.
123. Rafael Simón Jiménez. Abogado y profesor de la Universidad Metropolitana de de Caracas (UNIMET).
124. Freddy Jiménez Colmenares. Abogado y locutor.
125. Victangela Jiménez Pérez. Secretaria de formación estado Apure, Unidad Visión Venezuela.
126. Juan Carlos La Rosa Velazco. Activista, Laguarura.org y El Agua Nos Une, comunidad de aprendizaje.
127. Edgardo Lander. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
128. Luis E. Lander. UCV..
129. Jonathan Lara. Artista visual.
130. Vicente Lecuna. Profesor universitario.
131. Seymar Liscano. Activista, Labo Ciudadano.
132. Anais López. Socióloga.
133. Franklin López. Abogado, ciudadano.
134. Margarita López Maya. Historiadora y doctora en Ciencias Sociales (UCV-UCAB).
135. María Alejandra López. Periodista.
136. Rolando López Mérida. Abogado y Técnico en Construcción Civil.
137. Alejandro López-González. PhD Profesor Asociado UPC Cataluña, editor “Soberanía Venezuela”.
138. Alberto Lovera. Profesor e investigador, Universidad Central de Venezuela.
139. Antonio Lovera. Coordinador regional Alianza Centro Carabobo.
140. Mireya Lozada. Docente-investigadora. UCV.
141. Nerio E. Lozada. Abogado, libre ejercicio profesional.
142. Norwy Lugo. Juventud de Redes.
143. Julia Machmud. Profesora Universitaria.
144. Nelly Madueño. Secretaría general Unidad Visión Venezuela Mérida.
145. Mercedes Malavé. Miembro directivo del Instituto de Políticas Públicas, IFEDEC.
146. P. Alfonso Maldonado. Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto.
147. Robzayda Marcos Vera. Activista, Laguarura.org y El Agua Nos Une, comunidad de aprendizaje.
148. Francisco Mariñez.
149. Enrique Márquez. Diputado a la Asamblea Nacional.
150. Gustavo Márquez Marín. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
151. Oswaldo Márquez. Militante de Bravo Sur.
152. Oswaldo Marta. Docente de Vargas.
153. Francisco Martínez. Empresario, ex-presidente de Fedecamaras.
154. Rafael Alexis Martínez Orozco. Unidad Visión Venezuela, Trabajadores Apure.
155. Francisco Matheus. Secretario Nacional de Organización Cambiemos Movimiento Ciudadano.
156. Carlos Medina. Observatorio Electoral Venezolano.
157. María Beatriz Medina. Licenciada en Letras, Directiva Banco del Libro.
158. Ramón José Medina. Abogado, Vicepresidente Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro.
159. Heisy Mejías. Secretaría Juvenil de Unidad Visión Venezuela.
160. Segundo Meléndez. Presidente del MAS.
161. Angelis Méndez. Periodista y Profesor Universitario.
162. Carlos Mendoza Pottellá. Profesor UCV.
163. Irma Mendoza. Médico anestesiólogo.
164. Génesis Milano. Miembro de Unidad Visión Venezuela Aragua.
165. Oly Millán Campos. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
166. Jorge Mirabal. Secretario Internacional del MAS, Coordinador General de Comisiones de la Copppal.
167. César Mogollón. Secretario General de Alianza Centro.
168. Carlos Molina Graterol. Profesor de la Universidad Central de Venezuela.
169. Nokia Molina. Secretario regional Unidad Visión Venezuela Táchira.
170. Esteban Emilio Monsonyi. Antropólogo, Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
171. José Luis Montana. Ingeniero, Coordinador de la Fundación Social El Ormiguero.
172. Leonardo Morales P. Politólogo, profesor de la UCV.
173. Negal Morales. Ingeniero, Dirigente Nacional de Acción Democrática.
174. Edgar Morales. Miembro Dirección Regional de Unidad Visión Venezuela Aragua.
175. Ariannis Morillo. Dirección Regional Unidad Visión Venezuela Miranda.
176. Carlos Eduardo Morreo. Institute of Postcolonial Studies, Australian National University.
177. Felipe Mujica. Abogado y Secretario General del MAS.
178. Héctor Navarro. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
179. Carlos Nieto Palma. Defensor de DDHH, Coordinador General Una Ventana a la Libertad.
180. Luis Nieto. Dirección Nacional REDES.
181. Karla Nieves. Actuario.
182. Alejandro Ochoa.
183. Enrique Ochoa Antich. Político y activista social.
184. Adolfo Orozco. Psicólogo – Profesor Universitario.
185. Ana Elisa Osorio. Médica epidemióloga, ex-ministra de Ambiente y diputada al Parlatino.
186. Cristina Otálora. Investigadora UCV.
187. Felipe Pachano Azuaje. Universidad de Los Andes.
188. Juvenal José Pantoja. Miembro de la dirección de REDES Caracas.
189. Melva Paredes. Diputada a la Asamblea Nacional. Cambiemos Movimiento Ciudadano.
190. Javier Parra. Miembro dirección regional de Unidad Visión Venezuela Apure.
191. Juan Vicente Parra Urbina. Unidad Visión Venezuela, Activismo Apure.
192. Patricia Parra Hurtado. Politóloga UCV, Máster Criminología y Sociología Jurídico Penal UB.
193. Rafael Parra. Estudiante de Biología, Universidad de Carabobo (UC).
194. José Guillermo Pereira. Frente Ecoambiental Libertador 1986.
195. Michael Penfold. Profesor asociado IESA.
196. Rhina Josefina Pérez Bello. Estadígrafo – TSU en Informática.
197. Adriana Pérez Piegard. Defensora de DDHH.
198. Esther Perozo. Secretaria General Unidad Visión Venezuela, Zulia.
199. Isabella Picón. Activista Labo Ciudadano.
200. Julio César Pineda. Diplomático, analista internacional.
201. Olivier Ponce. Consejero Universitario-UCV / Coordinador nacional JCambiemosMC.
202. Temir Porras Ponceleón. Profesor en Sciences Po Paris School of International Affairs.
203. Nelly Prigorian. Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, Investigadora CELATET.
204. Eder Puerta. Secretario General del Partido Bandera Roja.
205. Jesús Puerta. Profesor Universidad de Carabobo (UC).
206. Juan Pulido. Sociólogo.
207. Iria Puyosa. Investigadora, Comunicación política, desórdenes informativos, movimientos sociales en red.
208. Reinaldo Quijada. Coordinador Nacional del partido UPP89.
209. Pablo Andrés Quintero Molinari. Politólogo UCV, asesor comunicacional.
210. Rafael Quiroz Serrano. Economista petrolero, profesor UCV.
211. Ángel Ramírez. Miembro Unidad Visión Venezuela Caracas.
212. Gabriela Del Mar Ramírez Pérez. Trabajadora Social UCV, Movimiento por la Democracia.
213. Ing. Angel Rangel Sánchez. Presidente Fundación Red de Solidaridad Ciudadana.
214. Lexys Rendón. Defensora DDHH, antiautoritaria y aliada de las causas indígenas.
215. José Requena. Activista Político.
216. Feliciano Reyna Ganteaume. Defensor de DDHH, Acción Solidaria.
217. Jacqueline Richter. Profesora titular UCV.
218. Ricardo Ríos. Miembro del CEN de AP y Representante Profesoral al CU-UCV.
219. Marcial Ríos Coronel. Ciudadano.
220. José Ríos Lugo. Periodista.
221. Ronna Rísquez. Periodista.
222. Sairam Rivas. Secretaria Juvenil Nacional de la Juventud de Bandera Roja.
223. Vanessa Robertazo. Abogada. Dirigente nacional de Cambiemos Movimiento Ciudadano.
224. Jenny Danelly Rodríguez. Relacionista.
225. Francisco Rodríguez. Profesor, Tulane University.
226. Iokine Rodríguez. Investigadora.
227. María Mercedes Rodríguez. Ceramista.
228. Víctor Rodríguez. Sociólogo.
229. Ricardo Rojas. Dirección Nacional REDES.
230. Wilfredo Rojas. Consejo Político Nacional de REDES.
231. Luis Romero. Secretario General, Avanzada Progresista.
232. Alexis Rondón. Tec. Medio en Administración de Empresas y Luchador Social.
233. Pável Rondón. Escuela de Gobierno Mundo y Fronteras.
234. Xiomara Rondón. Secretaria Regional Unidad Visión Venezuela Falcón.
235. Ramón Rosales Linares. Ingeniero industrial.
236. Jorge Rosell. Abogado.
237. Raima Rujano. Profesora universitaria (LUZ).
238. Carlos Salazar Lermont. Artista.
239. Gloria Salazar Lermont. GobiérnaTec.
240. Gracia Salazar. Activista Labo Ciudadano.
241. Gregorio Salazar. Periodista.
242. José Salazar. Cineasta.
243. Marcos Salazar. Activista Labo Ciudadano.
244. Emma Salazar Suárez. Socióloga, profesora universitaria, creadora de ecorinavzla.
245. Rocío San Miguel. Defensora de DDHH.
246. Asdrúbal Sánchez. Editor y Director Editorial Laboratorio Educativo.
247. Francisco Javier Sánchez. Profesor de la Universidad de los Andes en Táchira.
248. Francisco J. Sánchez. Profesor universitario UCAB.
249. Héctor Sánchez. Alianza por el Referéndum-REDES.
250. Elías Santana. Promotor Comunitario.
251. Martha Santana Ibáñez. Ciudadana.
252. Mónica Santander . Gestora cultural independiente.
253. Daniel Santolo. Politólogo, Profesor UCV, Avanzada Progresista.
254. Magalis Margarita Seija de Hernández. Unidad Vision Venezuela.
255. Eduardo Semtei. Economista, miembro de la Dirección Política de Avanzada Progresista.
256. Javier B. Seoane C. Profesor Titular UCAB y UCV.
257. Chelina Sepúlveda. Profesora UCV e Investigadora IDEA.
258. Reinaldo Sifuentes. Politólogo, Abogado y Profesor UCV.
259. Cristian Silva. Secretario regional Unidad Visión Venezuela Sucre.
260. Roldán Alfredo Silva. Administrador, especialista en Gerencia.
261. Yullie Silva. Secretaria de organización Unidad Visión Venezuela Falcón.
262. Eduardo Soto. Servicio Jesuita a Refugiados -JRS Venezuela.
263. Maryclen Stelling. Socióloga.
264. Manuel Sutherland. Economista. Director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO).
265. Isis Y. Tarache L. Licenciada en Ciencias Gerenciales.
266. Emiliano Terán. Candidato a PHD UAB Barcelona, Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
267. Oswaldo Terán. Latinoamericano.
268. Aimé Tillet. Antropólogo UCV.
269. Jesús Chuo Torrealba. Periodista y activista comunitario.
270. Adrián Torres Marcano. Profesor universitario UCV.
271. Jaime Torres. Miembro del Consejo Político Nacional REDES.
272. Frank Gustavo Tovar Zerpa. Profesor Universitario, miembro Dirección Nacional del MAS.
273. Michel Ugueto. Periodista, Dirigente de Acción Democrática.
274. Indira Urbaneja. ONG Reunificados.
275. Isabel Urbaneja. Empresaria.
276. Luis Uzcátegui. Presidente de Coprovidh, Miembro Unidad Visión Venezuela Falcón.
277. María Carolina Uzcátegui. Empresaria, Ex presidente de Consecomercio.
278. Rafael Uzcátegui. Defensor DDHH, anarquista y antimilitarista.
279. Malu Valerio. Artista visual, activista de DDHH.
280. Vanessa Vargas. Activista por la defensa de los derechos de las mujeres, Women Empowerment Laboratory (WELab).
281. Francisco Javier Velasco. Antropólogo, Doctor en Estudios del Desarrollo UCV, Observatorio de Ecología Política.
282. Pedro Véliz. Presidente del Partido Bandera Roja.
283. María Verdeal Durán. Abogada, profesora de la UCV y vice-presidenta del MAS.
284. Ana Teresa Vielma Mendoza. Profesor Universitario, Facultad de Ingeniería, UCV.
285. Mariangel Vielma. Lic. en Geografía UCV, Investigadora Observatorio de Ecología Política.
286. Frederick Villegas. Publicista, Cambiemos Movimiento Ciudadano.
287. Mario Villegas. Periodista.
288. Vladmir Villegas. Periodista.
289. Francisco José Virtuoso. Sacerdote jesuita, Politógo e Historiador.
290. Jesús M. Vivas. Historiador, Profesor UPEL.
291. José Zacarías. Abogado, Secretario General Partido Independientes por la Comunidad Nacional.
292. Ángel Zambrano Cobo. Activista Labo Ciudadano.
293. Manuel Zapata SJ. Fundación Centro Gumilla.
294. Verónica Zubillaga. Investigadora y Profesora Universitaria, USB y REACIN.

Organizaciones que firman (hasta el viernes 03/04/2020, 9am):

1. Acción Solidaria.
2. Asociación Civil Ambar.
3. Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios-Atraem.
4. Avanzada Progresista.
5. Bandera Roja.
6. Cambiemos Movimiento Ciudadano.
7. Catia Posible.
8. Cecodap.
9. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef).
10. Civilis Derechos Humanos.
11. Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos.
12. Comité en Defensa de los Derechos Humanos parroquia Coche.
13. Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
14. EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación.
15. Fundación Social El Ormiguero.
16. GobiérnaTec.
17. Independientes por la Comunidad Nacional (IPCN).
18. Labo Ciudadano.
19. Laguarura.org
20. Movimiento “De Frente Con Venezuela”.
21. Movimiento al Socialismo MAS.
22. Movimiento Ciudadano Alianza Centro.
23. Movimiento Ciudadano Dale Letra.
24. Movimiento Político Bravo Sur.
25. Movimiento Pro Socialista.
26. Mulier.
27. Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
28. Observatorio de Universidades OBU.
29. Observatorio Electoral Venezolano (OEV).
30. Observatorio Global de Comunicación y Democracia.
31. Oportunidad AC.
32. Organización Indígena Intercultural Wainjirawa.
33. Partido Redes.
34. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución.
35. Plataforma Contra el Arco Minero.
36. Positivos en Colectivo.
37. Provea.
38. Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN.
39. SIPTRABSU-INCOMZU Construcción.
40. Una Sampablera por Caracas.
41. Una Ventana a la Libertad.
42. Unidad Política Popular 89 (UPP89).
43. Unidad Visión Venezuela.