Ley y difundo: USI: La Ley de Educación Universitaria es una aberración antidemocrática

Unidad Socialista de Izquierda

La Asamblea Nacional ha aprobado, de madrugada y en Misa de Gallos, la Ley de Educación Universitaria sin consultar a los trabajadores, estudiantes y profesores que integran la comunidad universitaria de todo el país. El grado de autoritarismo empleado por el PSUV y el PCV para aprobar la ley es directamente proporcional al contenido antidemocrático de este instrumento legal, que elimina la precaria democracia universitaria actual y liquida la autonomía universitaria, concentrando en el Ministerio de Educación Universitaria la mayoría de las competencias que hoy constituyen atribuciones del autogobierno universitario.

La promulgación de esta ley se produce en el contexto de una ofensiva antipopular emprendida por el gobierno y la Asamblea Nacional, encabezada por una Ley Habilitante mediante la cual el Ejecutivo legislará durante 18 meses, y en cuyo marco se ha anunciado el aumento del IVA. Además de haberse aprobado de forma inconsulta y apresuradamente varias leyes que restringen las libertades democráticas, mediante las cuales se impone un mecanismo para la censura en internet, se establecen sanciones a diputados que disientan de sus partidos, se prohíbe la adscripción de organizaciones políticas a corrientes internacionales, se amarra el control gubernamental sobre las organizaciones del mal llamado “poder popular”, se interviene en los asuntos internos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre otras medidas profundamente regresiva.
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Ley Habilitante: Profundizando la dictadura del capital energético en Venezuela

Rafael Uzcátegui

El pasado 17 de diciembre la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada en un 97% por el oficialismo y cuyas funciones finalizaban el 04 de enero del 2011, aprobó por un período de 18 meses una Ley Habilitante para el presidente Hugo Chávez bajo el argumento de atender la emergencia suscitada por las lluvias en el país. De esta manera el primer mandatario puede aprobar, de manera unilateral, decretos con fuerza de ley en nueve ámbitos de la administración pública. Los sectores opositores venezolanos han hecho énfasis en que dicha habilitante secuestra competencias de los diputadas y diputados que, tras ser electos el pasado 26 de septiembre, debieran empezar sus funciones el próximo 05 de enero y en donde, a diferencia del presente cuerpo legislativo, cuentan con una representación de importancia. La discusión, al tomar estos énfasis, enmascara otros temas a nuestro juicio mucho más sustanciales: Durante año y medio el presidente Chávez tendrá la facultad de realizar, discrecionalmente y sin ningún tipo de debate previo, negociaciones en materia de exploración y comercialización de recursos energéticos, la principal industria del país.

Según la información difundida por la propia agencia estatal de noticias AVN, el octavo ámbito en el cual el presidente Chávez tiene facultades habilitantes es uno denominado, eufemísticamente, Cooperación Internacional: “Competencias del Ejecutivo Nacional para la celebración de contratos de interés público de carácter bilateral o multilateral, destinados a desarrollar sectores estratégicos y a atender las consecuencias de desastres naturales”. Para un lector o lectora desprevenida la oración le recuerda las más de 100.000 familias damnificadas en Venezuela. Lo clave, sin embargo, no es el altruismo con las personas sin techo, sino la potestad de negociar expeditamente con dos o más países contratos en el único sector estratégico que posee Venezuela: sus recursos naturales no renovables.

Y es que como “cooperación” se han realizado recientemente ventas de petróleo venezolano plagadas de irregularidades de toda índole. Un ejemplo lo constituye el acuerdo celebrado el pasado 16 de septiembre de 2010, denominado “Ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación para financiamiento a largo plazo”. Como lo explicó el activista anticapitalista e investigador de la geopolítica petrolera Pablo Hernández, en esa fecha Cilia Flores, como presidenta de la Asamblea Nacional; Dario Vivas, como primer Vicepresidente; Marelis Pérez, como segunda Vicepresidenta; Iván Zerpa como Secretario y Victor Clark como Subsecretario, firmaron sin ningún tipo de análisis o discusión de rigor lo que seis días antes acordó la delegación venezolana en Beijing tras las gestiones del Ministro Jorge Giordani. En resumen los términos del acuerdo son el otorgamiento de dos créditos a Venezuela pagaderos en un plazo de 10 años: uno por 10 mil millones de dólares y el segundo por 70 mil millones de la moneda china yuanes Renminbi, para contribuir según el contrato “a la internacionalización del signo monetario de la República Popular China”. El préstamo tiene dos particularidades. La primera es que será pagado, en cómodas cuotas, no con dinero sino con petróleo: “para el año 2010, no menos de 200.000 barriles diarios; para el año 2011, no menos de 250.000 barriles diarios; para el año 2012 hasta la fecha en la que las obligaciones bajo el Acuerdo de financiamiento hayan sido total e incondicionalmente cumplidas, no menos de 300.000 barriles diarios”. La segunda “particularidad” es que una parte del crédito será entregado en electrodomésticos de fabricación china. Si en la primera conquista cambiamos oro por espejos, en la dominación del capitalismo global canjeamos petróleo por lavadoras. La posibilidad de realizar acuerdos de esta naturaleza, sin ningún tipo de obstáculos internos, es el sustrato de la actual Habilitante, en un momento de crisis económica que obliga al gobierno bolivariano a captar recursos para financiar su campaña electoral para el 2012.

El rol asignado a Venezuela por parte del flujo mundial actual de capitales es el de proveer, de manera constante, segura y confiable, energía al mercado global. Ese papel ha sido ratificado y profundizado por un gobierno que con una retórica antiimperialista ha revertido el proceso de nacionalización de la industria petrolera ocurrida en el país en el año 1976. Vaciando de significado a las palabras, se ha denominado como “soberanía energética” la firma de acuerdos por períodos entre 30 y 40 años con trasnacionales como Chevron, Repsol, ENI y British Petroleum, entre otras, institucionalizando la figura jurídica de empresas mixtas mediante las cuales el Estado venezolano las hace socias, y no concesionarias como antes, de todo el proceso de exploración, refinamiento y comercialización de energía.

Por lo anterior es que la Ley Habilitante, junto al paquete legislativo de emergencia, continúa disciplinando a la población venezolana para que asuma el modelo productivo de maquila energética, sin transformar significativamente la calidad de vida de las mayorías y lejos de realizar cambios estructurales que justifiquen el adjetivo “revolución”. Venezuela forma parte del proceso de construcción de nuevas gobernabilidades en la región, que han desmovilizado a los movimientos sociales que contestaron a la aplicación de las medidas de ajuste en la década de los 90´s, relegitimando tanto al Estado como a la democracia representativa para cumplir las cuotas de exportación de recursos naturales para los principales mercados del mundo.

Cinco -primeras- impresiones sobre la Ley de Educación Universitaria

Rafael Uzcátegui

En el momento que este texto se escribe, la Asamblea Nacional realizaba la segunda discusión del proyecto de Ley de Educación Universitaria, un instrumento jurídico de importancia pues norma el sistema de educación superior en el país. El proyecto tiene múltiples aspectos positivos, como el mantenimiento de la gratuidad para las instituciones públicas, sin embargo adolece de muchas inconsistencias de forma y fondo que la hacen una ley inaceptable.

01
La primera es que ha sido un proyecto de ley que ha sido promovido, discutido y finalmente aprobado de manera elitesca y excluyente, contradiciendo cualquier noción acerca de la democracia participativa y protagónica. Su primera y segunda discusión se ha realizado en medio de una paralización de universidades como consecuencia de las lluvias en el país y, además, en fechas previas a los feriados de fin de año. El universo de interesados e interesadas directos de la ley no ha sido debidamente consultado por un lado, y por el otro, no se ha promovido un clima que permitiera una ley universitaria producto de un consenso entre sus diferentes actores. La falta de transparencia y opacidad ha creado el caldo de cultivo para la gran mayoría de las especulaciones sobre las motivaciones y objetivos de la ley. Además, en si misma, la metodología utilizada dista mucho de las idílicas nociones pedagógicas presentes en su redacción. Al mismo tiempo, la aprobación de la ley se realiza en un momento en que otros cuerpos normativos están siendo aprobados de manera atropellada y antidemocrática, aparejado a la aprobación de una Ley Habilitante que desconoce la voluntad popular expresada en las elecciones del 26 de septiembre. No se puede obviar que la Ley de Educación Universitaria se ha aprobado en el contexto de atribuciones dictatoriales por parte del Presidente de la República y una interrupción del hilo constitucional tan grave como el ocurrido en el año 2002.

02
La ley de educación universitaria impone inconstitucionalmente el socialismo. Y esto siguiendo la argumentación producto de la consigna difundida en el pasado por el presidente Chávez: “Dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada”. En la Carta Magna aprobada en el año 1999 no aparece por ninguna parte la palabra socialismo, y la propuesta realizada a fines del 2007 para adjetivar de “socialista” al Estado venezolano fue rechazada por los votos. En la propuesta de Ley de Educación Universitaria discutida por segunda vez aparecía el término “socialista” 9 veces, en diferentes sectores álgidos del texto. Por ejemplo cuando se define la educación universitaria como “un bien irrevocablemente público (…) en el marco de la construcción de una sociedad socialista”. O en el título de la sección tercera del articulado: “Desempeño, Servicio Comunitario y Contribución de la Educación Universitaria con el Modelo Productivo Socialista”. Y aquí no se trata de tenerle especial animadversión al adjetivo “socialista” –el mismo caso sería si el adjetivo fuera “libertario”-, sino que la imposición de este modelo en particular se ha realizado cupular y subrepticiamente, contrariando lo que se encuentra establecido en la Carta Magna de 1999, “la mejor constitución del mundo” según el propio Hugo Chávez y negando, de facto, la diversidad presente en la sociedad venezolana. Al establecer el “socialismo” como paradigma de la educación universitaria se termina empobreciendo el propio conocimiento generado en una comunidad que de por sí debería promover el debate y la confrontación entre las diferentes corrientes de pensamiento. Conocimiento que no dialoga con otros, necesariamente diferentes, es pensamiento que se estanca.

03
La ley introduce conceptualizaciones discrecionales y más propias del campo político que del propiamente pedagógico. ¿Qué significa una pedagogía universitaria “crítica”?, ¿Qué denota el “potencial liberador del ser humano”?, ¿De qué se emancipa la educación “emancipadora”?

04
La ley crea, por decreto y de manera artificial, nuevas instancias de gobierno en las universidades que hasta la ley no existían en ninguna parte, las cuales socavan la autonomía universitaria. Además impone a los estudiantes una serie de “deberes”, dentro de los cuales existen dos que no tienen nada que ver con su experiencia de aprendizaje: 1) “Contribuir con el fortalecimiento y defensa integral de la soberanía nacional” y 2) “Contribuir con el desarrollo de los planes estratégicos de la Nación”.

05
Una ley no crea mágicamente un proceso social –En el promedio de los casos son los procesos sociales los que son institucionalizados a posteriori por una reglamentación-. La Ley de Educación Universitaria, que regirá a todas las universidades del país públicas y privadas, un universo estimado de XX personas, describe una situación que ni existió en los centros de estudiantes, escuelas, facultades o universidades controladas en el pasado por la izquierda, ni tampoco en micro en los centros de educación superior creados por el gobierno (UNEFA, UBV). Esta ley ideologiza un proceso complejo como es el educativo, desconociendo por ello cualquier experticia que intente resolver sus taras y limitaciones concretas en el mundo real. Lo que no pudo hacer la izquierda venezolana en su larga estadía en el mundo de educación superior, desarrollar emprendimientos pedagógicos progresistas o ganarse a la mayoría de la comunidad universitaria para un proyecto de este tipo, se intenta imponer con una ley salida de un laboratorio burocrático y cuyos contornos no han sido validados en ninguna parte.

Buhoneros y derecho al trabajo

Piquete de la GN en La Hoyada, 20.12.10

Desde hace dos días, por lo menos, hay enfrentamientos entre los vendedores informales de Caracas y funcionarios policiales y militares debido a los operativos para impedir que vendan en las calles de la ciudad. Como trabajo por el centro de la ciudad, me ha tocado ver con mis ojos algunas escenas de las trifulcas, en donde funcionarios de la Guardia Nacional, en moto, disparan bombas lacrimógenas y perdigones contra los buhoneros y buhoneras, que en algunos puntos han intentado cerrar el paso con basura en llamas y containers a mitad del camino.

Desde hace algunos años las autoridades locales han hecho diferentes anuncios sobre políticas de reubicación de vendedores informales. Recientemente, el alcalde Jorge Rodríguez ha anunciado que se han creado “15000 puestos de trabajo dignos” en la ciudad, para que puedan trabajar. La mayoría de los mercados anunciados han quedado a medio construir. Uno de los funcionarios encargados de sacarlos de las calles, incluso con malas maneras, ha sido el ex tomista de la UCV Sergio Sánchez. Sin embargo la muestra mas contundente de la ineficacia de las medidas adoptadas son las tensiones entre los vendedores de la calle y los funcionarios policiales de los días recientes. Sin reubicar, sin fuentes estables de empleo, con una alta inflación, con la imposibilidad de poder llevar dinero para la casa, tienen que pelear por un metro de acera en donde poder ofertar sus bienes a la gente.

Uno se pregunta el porqué si en años anteriores, en fechas aledañas al 24, se ha logrado establecer una tregua y permisarle que vendan en las calles por pocos días, en la actualidad no se llega a un acuerdo similar. Algunos piensan que afean las calles, sin embargo antes de lo estético está el derecho al trabajo, el poder llevar pan a casa. En Venezuela, casi la mitad de la fuerza laboral se encuentra en situación de informalidad, una dimensión que ni en la Cuarta República ni en la Quinta, ha podido revertirse con políticas estables y coherentes, y en donde, como en muchas otras cosas, ha primado la demagogia y la improvisación.

Aprobada en segunda discusión ley de censura a Internet

El Libertario

Al final de la tarde del lunes 20 de diciembre la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, tras realizar su segunda discusión, la “Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos”, una reforma a una ley anterior cuya principal novedad fue la inclusión explícita de normativas que afectan los contenidos a ser difundidos por medios electrónicos, no sólo por los proveedores de servicios o administradores de sitios webs, sino también por los usuarios y usuarias.

El artículo 28 de la ley establece como prohibiciones la difusión de los siguientes mensajes por Internet:

a) Inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia.

b) Inciten o promuevan y/o hagan apología al delito.

c) Constituyan propaganda de Guerra

d) Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.

e) Desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas.

f) Induzcan al homicidio.

g) Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

Los numerados como a, b, c, d, e y g tienen un alto contenido discrecional y una interpretación exclusivamente política. Las sanciones previstas por la difusión de los anteriores mensajes serán adjudicadas no solamente a los responsables de los medios electrónicos, sino también a los proveedores de servicios. Los dueños del medio electrónico serán sancionados con multas entre 3250 a 211250 bs (entre 755 y 49000 dólares). Asimismo se establecen multas cuando se difundan alguno de los mensajes prohibidos anteriormente, se utilice el anonimato o “Promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público”. De esta manera el gobierno venezolano prohíbe que por Internet se convoque al ejercicio al derecho a la manifestación pacífica.

Las autoridades pueden suspender por 72 horas la difusión de los mensajes y dar inicio a medidas cautelares innominadas a los infractores e infractoras. La aprobación de esta ley forma parte del paquete de leyes que, con la excusa de la emergencia por lluvias, el gobierno venezolano esta aprobando de manera extraordinaria, y que junto a la Ley Habilitante constituyen la interrupción del hilo constitucional más grave realizado en el país desde el año 2002. De esta manera el presidente Chávez y la Asamblea Nacional bajo su control están promoviendo una democracia dictatorial en Venezuela.

Si desea consultar el texto completo de la ley en: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?attachment_id=9516

La frontera democrática

Rafael Uzcátegui

En el contexto que permite la vigencia de los derechos humanos para el año 2010 en el país, Provea ha sostenido que se ha venido implementando, de manera no democrática, el proyecto político denominado “Socialismo del Siglo XXI”. Los recientes acontecimientos, la solicitud y aprobación de una Ley que le confiera poderes habilitantes al Presidente de la República, así como la discusión y progresiva aprobación extraordinaria de un paquete de aproximadamente 13 leyes, han agravado -como nunca antes- el desconocimiento de la Carta Magna aprobada por todos y todas las venezolanas en el año 1999.

No es la primera vez que el presidente Chávez ha gobernado con facultades habilitantes, entendidas como la posibilidad de aprobar leyes de manera expedita y unilateral sin la aprobación del parlamento. Recientemente, un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que “la posibilidad de que los órganos elegidos democráticamente para crear leyes deleguen esta facultad en el poder ejecutivo no constituye en sí mismo un atentado contra la separación de poderes o el Estado democrático”. Sin embargo, la reciente Ley Habilitante aprobada por 18 meses se da en un contexto diferente a las anteriores: Socava, previo a su instalación, las funciones de un nuevo cuerpo legislativo electo por el voto popular. La existencia de vacíos jurídicos al respecto, ha permitido que sean desconocidos los resultados de las elecciones del pasado 26 de septiembre, donde la mayoría del país seleccionó la renovación y pluralidad del hemiciclo parlamentario. La aprobación de una Ley Habilitante por parte de diputados y diputadas a punto de finalizar sus funciones constituye una grave estrategia para limitar al mínimo las competencias de la próxima Asamblea Nacional, ignorar el equilibrio y separación de poderes y concentrar el gobierno en la figura presidencial.
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