Ley y difundo: USI: La Ley de Educación Universitaria es una aberración antidemocrática

Unidad Socialista de Izquierda

La Asamblea Nacional ha aprobado, de madrugada y en Misa de Gallos, la Ley de Educación Universitaria sin consultar a los trabajadores, estudiantes y profesores que integran la comunidad universitaria de todo el país. El grado de autoritarismo empleado por el PSUV y el PCV para aprobar la ley es directamente proporcional al contenido antidemocrático de este instrumento legal, que elimina la precaria democracia universitaria actual y liquida la autonomía universitaria, concentrando en el Ministerio de Educación Universitaria la mayoría de las competencias que hoy constituyen atribuciones del autogobierno universitario.

La promulgación de esta ley se produce en el contexto de una ofensiva antipopular emprendida por el gobierno y la Asamblea Nacional, encabezada por una Ley Habilitante mediante la cual el Ejecutivo legislará durante 18 meses, y en cuyo marco se ha anunciado el aumento del IVA. Además de haberse aprobado de forma inconsulta y apresuradamente varias leyes que restringen las libertades democráticas, mediante las cuales se impone un mecanismo para la censura en internet, se establecen sanciones a diputados que disientan de sus partidos, se prohíbe la adscripción de organizaciones políticas a corrientes internacionales, se amarra el control gubernamental sobre las organizaciones del mal llamado “poder popular”, se interviene en los asuntos internos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre otras medidas profundamente regresiva.
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Ley Habilitante: Profundizando la dictadura del capital energético en Venezuela

Rafael Uzcátegui

El pasado 17 de diciembre la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada en un 97% por el oficialismo y cuyas funciones finalizaban el 04 de enero del 2011, aprobó por un período de 18 meses una Ley Habilitante para el presidente Hugo Chávez bajo el argumento de atender la emergencia suscitada por las lluvias en el país. De esta manera el primer mandatario puede aprobar, de manera unilateral, decretos con fuerza de ley en nueve ámbitos de la administración pública. Los sectores opositores venezolanos han hecho énfasis en que dicha habilitante secuestra competencias de los diputadas y diputados que, tras ser electos el pasado 26 de septiembre, debieran empezar sus funciones el próximo 05 de enero y en donde, a diferencia del presente cuerpo legislativo, cuentan con una representación de importancia. La discusión, al tomar estos énfasis, enmascara otros temas a nuestro juicio mucho más sustanciales: Durante año y medio el presidente Chávez tendrá la facultad de realizar, discrecionalmente y sin ningún tipo de debate previo, negociaciones en materia de exploración y comercialización de recursos energéticos, la principal industria del país.

Según la información difundida por la propia agencia estatal de noticias AVN, el octavo ámbito en el cual el presidente Chávez tiene facultades habilitantes es uno denominado, eufemísticamente, Cooperación Internacional: “Competencias del Ejecutivo Nacional para la celebración de contratos de interés público de carácter bilateral o multilateral, destinados a desarrollar sectores estratégicos y a atender las consecuencias de desastres naturales”. Para un lector o lectora desprevenida la oración le recuerda las más de 100.000 familias damnificadas en Venezuela. Lo clave, sin embargo, no es el altruismo con las personas sin techo, sino la potestad de negociar expeditamente con dos o más países contratos en el único sector estratégico que posee Venezuela: sus recursos naturales no renovables.

Y es que como “cooperación” se han realizado recientemente ventas de petróleo venezolano plagadas de irregularidades de toda índole. Un ejemplo lo constituye el acuerdo celebrado el pasado 16 de septiembre de 2010, denominado “Ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre cooperación para financiamiento a largo plazo”. Como lo explicó el activista anticapitalista e investigador de la geopolítica petrolera Pablo Hernández, en esa fecha Cilia Flores, como presidenta de la Asamblea Nacional; Dario Vivas, como primer Vicepresidente; Marelis Pérez, como segunda Vicepresidenta; Iván Zerpa como Secretario y Victor Clark como Subsecretario, firmaron sin ningún tipo de análisis o discusión de rigor lo que seis días antes acordó la delegación venezolana en Beijing tras las gestiones del Ministro Jorge Giordani. En resumen los términos del acuerdo son el otorgamiento de dos créditos a Venezuela pagaderos en un plazo de 10 años: uno por 10 mil millones de dólares y el segundo por 70 mil millones de la moneda china yuanes Renminbi, para contribuir según el contrato “a la internacionalización del signo monetario de la República Popular China”. El préstamo tiene dos particularidades. La primera es que será pagado, en cómodas cuotas, no con dinero sino con petróleo: “para el año 2010, no menos de 200.000 barriles diarios; para el año 2011, no menos de 250.000 barriles diarios; para el año 2012 hasta la fecha en la que las obligaciones bajo el Acuerdo de financiamiento hayan sido total e incondicionalmente cumplidas, no menos de 300.000 barriles diarios”. La segunda “particularidad” es que una parte del crédito será entregado en electrodomésticos de fabricación china. Si en la primera conquista cambiamos oro por espejos, en la dominación del capitalismo global canjeamos petróleo por lavadoras. La posibilidad de realizar acuerdos de esta naturaleza, sin ningún tipo de obstáculos internos, es el sustrato de la actual Habilitante, en un momento de crisis económica que obliga al gobierno bolivariano a captar recursos para financiar su campaña electoral para el 2012.

El rol asignado a Venezuela por parte del flujo mundial actual de capitales es el de proveer, de manera constante, segura y confiable, energía al mercado global. Ese papel ha sido ratificado y profundizado por un gobierno que con una retórica antiimperialista ha revertido el proceso de nacionalización de la industria petrolera ocurrida en el país en el año 1976. Vaciando de significado a las palabras, se ha denominado como “soberanía energética” la firma de acuerdos por períodos entre 30 y 40 años con trasnacionales como Chevron, Repsol, ENI y British Petroleum, entre otras, institucionalizando la figura jurídica de empresas mixtas mediante las cuales el Estado venezolano las hace socias, y no concesionarias como antes, de todo el proceso de exploración, refinamiento y comercialización de energía.

Por lo anterior es que la Ley Habilitante, junto al paquete legislativo de emergencia, continúa disciplinando a la población venezolana para que asuma el modelo productivo de maquila energética, sin transformar significativamente la calidad de vida de las mayorías y lejos de realizar cambios estructurales que justifiquen el adjetivo “revolución”. Venezuela forma parte del proceso de construcción de nuevas gobernabilidades en la región, que han desmovilizado a los movimientos sociales que contestaron a la aplicación de las medidas de ajuste en la década de los 90´s, relegitimando tanto al Estado como a la democracia representativa para cumplir las cuotas de exportación de recursos naturales para los principales mercados del mundo.

Cinco -primeras- impresiones sobre la Ley de Educación Universitaria

Rafael Uzcátegui

En el momento que este texto se escribe, la Asamblea Nacional realizaba la segunda discusión del proyecto de Ley de Educación Universitaria, un instrumento jurídico de importancia pues norma el sistema de educación superior en el país. El proyecto tiene múltiples aspectos positivos, como el mantenimiento de la gratuidad para las instituciones públicas, sin embargo adolece de muchas inconsistencias de forma y fondo que la hacen una ley inaceptable.

01
La primera es que ha sido un proyecto de ley que ha sido promovido, discutido y finalmente aprobado de manera elitesca y excluyente, contradiciendo cualquier noción acerca de la democracia participativa y protagónica. Su primera y segunda discusión se ha realizado en medio de una paralización de universidades como consecuencia de las lluvias en el país y, además, en fechas previas a los feriados de fin de año. El universo de interesados e interesadas directos de la ley no ha sido debidamente consultado por un lado, y por el otro, no se ha promovido un clima que permitiera una ley universitaria producto de un consenso entre sus diferentes actores. La falta de transparencia y opacidad ha creado el caldo de cultivo para la gran mayoría de las especulaciones sobre las motivaciones y objetivos de la ley. Además, en si misma, la metodología utilizada dista mucho de las idílicas nociones pedagógicas presentes en su redacción. Al mismo tiempo, la aprobación de la ley se realiza en un momento en que otros cuerpos normativos están siendo aprobados de manera atropellada y antidemocrática, aparejado a la aprobación de una Ley Habilitante que desconoce la voluntad popular expresada en las elecciones del 26 de septiembre. No se puede obviar que la Ley de Educación Universitaria se ha aprobado en el contexto de atribuciones dictatoriales por parte del Presidente de la República y una interrupción del hilo constitucional tan grave como el ocurrido en el año 2002.

02
La ley de educación universitaria impone inconstitucionalmente el socialismo. Y esto siguiendo la argumentación producto de la consigna difundida en el pasado por el presidente Chávez: “Dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada”. En la Carta Magna aprobada en el año 1999 no aparece por ninguna parte la palabra socialismo, y la propuesta realizada a fines del 2007 para adjetivar de “socialista” al Estado venezolano fue rechazada por los votos. En la propuesta de Ley de Educación Universitaria discutida por segunda vez aparecía el término “socialista” 9 veces, en diferentes sectores álgidos del texto. Por ejemplo cuando se define la educación universitaria como “un bien irrevocablemente público (…) en el marco de la construcción de una sociedad socialista”. O en el título de la sección tercera del articulado: “Desempeño, Servicio Comunitario y Contribución de la Educación Universitaria con el Modelo Productivo Socialista”. Y aquí no se trata de tenerle especial animadversión al adjetivo “socialista” –el mismo caso sería si el adjetivo fuera “libertario”-, sino que la imposición de este modelo en particular se ha realizado cupular y subrepticiamente, contrariando lo que se encuentra establecido en la Carta Magna de 1999, “la mejor constitución del mundo” según el propio Hugo Chávez y negando, de facto, la diversidad presente en la sociedad venezolana. Al establecer el “socialismo” como paradigma de la educación universitaria se termina empobreciendo el propio conocimiento generado en una comunidad que de por sí debería promover el debate y la confrontación entre las diferentes corrientes de pensamiento. Conocimiento que no dialoga con otros, necesariamente diferentes, es pensamiento que se estanca.

03
La ley introduce conceptualizaciones discrecionales y más propias del campo político que del propiamente pedagógico. ¿Qué significa una pedagogía universitaria “crítica”?, ¿Qué denota el “potencial liberador del ser humano”?, ¿De qué se emancipa la educación “emancipadora”?

04
La ley crea, por decreto y de manera artificial, nuevas instancias de gobierno en las universidades que hasta la ley no existían en ninguna parte, las cuales socavan la autonomía universitaria. Además impone a los estudiantes una serie de “deberes”, dentro de los cuales existen dos que no tienen nada que ver con su experiencia de aprendizaje: 1) “Contribuir con el fortalecimiento y defensa integral de la soberanía nacional” y 2) “Contribuir con el desarrollo de los planes estratégicos de la Nación”.

05
Una ley no crea mágicamente un proceso social –En el promedio de los casos son los procesos sociales los que son institucionalizados a posteriori por una reglamentación-. La Ley de Educación Universitaria, que regirá a todas las universidades del país públicas y privadas, un universo estimado de XX personas, describe una situación que ni existió en los centros de estudiantes, escuelas, facultades o universidades controladas en el pasado por la izquierda, ni tampoco en micro en los centros de educación superior creados por el gobierno (UNEFA, UBV). Esta ley ideologiza un proceso complejo como es el educativo, desconociendo por ello cualquier experticia que intente resolver sus taras y limitaciones concretas en el mundo real. Lo que no pudo hacer la izquierda venezolana en su larga estadía en el mundo de educación superior, desarrollar emprendimientos pedagógicos progresistas o ganarse a la mayoría de la comunidad universitaria para un proyecto de este tipo, se intenta imponer con una ley salida de un laboratorio burocrático y cuyos contornos no han sido validados en ninguna parte.

Buhoneros y derecho al trabajo

Piquete de la GN en La Hoyada, 20.12.10

Desde hace dos días, por lo menos, hay enfrentamientos entre los vendedores informales de Caracas y funcionarios policiales y militares debido a los operativos para impedir que vendan en las calles de la ciudad. Como trabajo por el centro de la ciudad, me ha tocado ver con mis ojos algunas escenas de las trifulcas, en donde funcionarios de la Guardia Nacional, en moto, disparan bombas lacrimógenas y perdigones contra los buhoneros y buhoneras, que en algunos puntos han intentado cerrar el paso con basura en llamas y containers a mitad del camino.

Desde hace algunos años las autoridades locales han hecho diferentes anuncios sobre políticas de reubicación de vendedores informales. Recientemente, el alcalde Jorge Rodríguez ha anunciado que se han creado “15000 puestos de trabajo dignos” en la ciudad, para que puedan trabajar. La mayoría de los mercados anunciados han quedado a medio construir. Uno de los funcionarios encargados de sacarlos de las calles, incluso con malas maneras, ha sido el ex tomista de la UCV Sergio Sánchez. Sin embargo la muestra mas contundente de la ineficacia de las medidas adoptadas son las tensiones entre los vendedores de la calle y los funcionarios policiales de los días recientes. Sin reubicar, sin fuentes estables de empleo, con una alta inflación, con la imposibilidad de poder llevar dinero para la casa, tienen que pelear por un metro de acera en donde poder ofertar sus bienes a la gente.

Uno se pregunta el porqué si en años anteriores, en fechas aledañas al 24, se ha logrado establecer una tregua y permisarle que vendan en las calles por pocos días, en la actualidad no se llega a un acuerdo similar. Algunos piensan que afean las calles, sin embargo antes de lo estético está el derecho al trabajo, el poder llevar pan a casa. En Venezuela, casi la mitad de la fuerza laboral se encuentra en situación de informalidad, una dimensión que ni en la Cuarta República ni en la Quinta, ha podido revertirse con políticas estables y coherentes, y en donde, como en muchas otras cosas, ha primado la demagogia y la improvisación.

Aprobada en segunda discusión ley de censura a Internet

El Libertario

Al final de la tarde del lunes 20 de diciembre la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, tras realizar su segunda discusión, la “Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos”, una reforma a una ley anterior cuya principal novedad fue la inclusión explícita de normativas que afectan los contenidos a ser difundidos por medios electrónicos, no sólo por los proveedores de servicios o administradores de sitios webs, sino también por los usuarios y usuarias.

El artículo 28 de la ley establece como prohibiciones la difusión de los siguientes mensajes por Internet:

a) Inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia.

b) Inciten o promuevan y/o hagan apología al delito.

c) Constituyan propaganda de Guerra

d) Fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público.

e) Desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas.

f) Induzcan al homicidio.

g) Inciten o promuevan el incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

Los numerados como a, b, c, d, e y g tienen un alto contenido discrecional y una interpretación exclusivamente política. Las sanciones previstas por la difusión de los anteriores mensajes serán adjudicadas no solamente a los responsables de los medios electrónicos, sino también a los proveedores de servicios. Los dueños del medio electrónico serán sancionados con multas entre 3250 a 211250 bs (entre 755 y 49000 dólares). Asimismo se establecen multas cuando se difundan alguno de los mensajes prohibidos anteriormente, se utilice el anonimato o “Promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público”. De esta manera el gobierno venezolano prohíbe que por Internet se convoque al ejercicio al derecho a la manifestación pacífica.

Las autoridades pueden suspender por 72 horas la difusión de los mensajes y dar inicio a medidas cautelares innominadas a los infractores e infractoras. La aprobación de esta ley forma parte del paquete de leyes que, con la excusa de la emergencia por lluvias, el gobierno venezolano esta aprobando de manera extraordinaria, y que junto a la Ley Habilitante constituyen la interrupción del hilo constitucional más grave realizado en el país desde el año 2002. De esta manera el presidente Chávez y la Asamblea Nacional bajo su control están promoviendo una democracia dictatorial en Venezuela.

Si desea consultar el texto completo de la ley en: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?attachment_id=9516

La frontera democrática

Rafael Uzcátegui

En el contexto que permite la vigencia de los derechos humanos para el año 2010 en el país, Provea ha sostenido que se ha venido implementando, de manera no democrática, el proyecto político denominado “Socialismo del Siglo XXI”. Los recientes acontecimientos, la solicitud y aprobación de una Ley que le confiera poderes habilitantes al Presidente de la República, así como la discusión y progresiva aprobación extraordinaria de un paquete de aproximadamente 13 leyes, han agravado -como nunca antes- el desconocimiento de la Carta Magna aprobada por todos y todas las venezolanas en el año 1999.

No es la primera vez que el presidente Chávez ha gobernado con facultades habilitantes, entendidas como la posibilidad de aprobar leyes de manera expedita y unilateral sin la aprobación del parlamento. Recientemente, un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que “la posibilidad de que los órganos elegidos democráticamente para crear leyes deleguen esta facultad en el poder ejecutivo no constituye en sí mismo un atentado contra la separación de poderes o el Estado democrático”. Sin embargo, la reciente Ley Habilitante aprobada por 18 meses se da en un contexto diferente a las anteriores: Socava, previo a su instalación, las funciones de un nuevo cuerpo legislativo electo por el voto popular. La existencia de vacíos jurídicos al respecto, ha permitido que sean desconocidos los resultados de las elecciones del pasado 26 de septiembre, donde la mayoría del país seleccionó la renovación y pluralidad del hemiciclo parlamentario. La aprobación de una Ley Habilitante por parte de diputados y diputadas a punto de finalizar sus funciones constituye una grave estrategia para limitar al mínimo las competencias de la próxima Asamblea Nacional, ignorar el equilibrio y separación de poderes y concentrar el gobierno en la figura presidencial.
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Año 2000: De paseo por Coyoacán

En el año 2000 tuve la suerte de viajar por tres semanas a México. Pocas veces me he sentido tan orgulloso como cuando, después de trabajar por un año, pude irme a la agencia de viajes y pedir un pasaje de ida y vuelta al DF, pagándolo de mi propio bolsillo. La huelga de la UNAM languidecía, y aterrizaba a la capital mexica para ver de cerca toda la movilización por los casi 180 detenidos y detenidas, tras el allanamiento de la policía mexicana.

Una tarde me fui de paseo por Coyoacá, una linda zona donde quedaba, entre otras cosas, la famosa Casa Azul de Frida y el Museo de León Trotsky, a pocas cuadras, el caserón donde sería asesinado. El hogar de la pintora interesante, con muchas de sus obras en las paredes. La última morada del autor de la revolución permanente mostraba una esplendor de tiempos pasados.

17.02.90: Sentimiento Muerto y Zapato 3 en Barquisimeto


El 17 de febrero de 1990 Sentimiento Muerto, Zapato 3 y WAG se presentaron en el Anfiteatro “Oscar Martínez” de Barquisimeto. Las dos primeras bandas habían editado sus primeros discos, y traían a la capital crepuscular una muestra del “rock en tu idioma” de factura criolla. El recital contó con una asistencia respetable, que bailó pogo con el tema “Descargar” de los Muertos y rockeó con los temas de Zapato. ¿Quién teloneó por Barquisimeto? No lo recuerdo. Lo que sí es que después me fui caminando a casa, satisfecho. Aca dejo una digitalización del pedazo de entrada que aun conservo.

Eterna Inocencia: “Hazlo tu mismo”

¡Yo estoy seguro de, lo que no quiero ser!

Todo comienza como una casualidad
de repente nos pusimos a tocar en un garage
fuimos conociendo gente y un mundo por recorrer
experiencias y viajes inolvidables

¿Como es que lo estan haciendo?
¿no salen en television?
¿como es que viajas tan lejos?
no todo el mundo puede comprender!
no suenan en la radio, ni salen en los diarios
se que este estilo de vida no todos lo pueden comprender!

Yo jamas pense que esto seria tan facil
juntarme con amigos para divertirme
creando musica y alternativas
al margen de una industria que tritura sueños..
Que dificil perecer!

Ahogado en un contrato, sin alegria creadora
sintiendote estancado
no todo el mundo puede comprender!

El panorama cambia, si vas sincerando vos
todo tiene otro sabor aunque muchos no puedan comprender!

Yo estoy seguro de, lo que no quiero ser!
Deja que el rock lo flashen otros, flashen otros, flashen otros
Deja que el rock lo flashen otros, flashen otros, flashen otros

Del panfleto al hashtag, la nueva anatomía de las protestas

Las tácticas utilizadas por los estudiantes británicos durante las protestas contra el alza de las tasas universitarias fueron casi de guerrilla. Los jóvenes compartieron toda la información con mapas actualizados en tiempo real y un hilo constante sobre la situación de las fuerzas policiales, es decir los hashtags de Twitter. Las iniciativas que parecían no coordinadas, lograron su meta utilizando esta red social.

Anteriormente, cualquier movimiento subversivo requería de un panfleto, una hoja volante cuya producción se hizo más sencilla al aparecer la fotocopiadora; aunque siguió siendo una estrategia lenta para poder llegar a un mayor número de personas. Después, el teléfono celular y el “pásalo” comprobó su eficacia para dar a conocer dónde y cuándo se va a montar una protesta.

Hoy en día, los teléfonos inteligentes han resultado en una revolución, volviendo a la información accesible, fácil de compartir y de actualizar. Sam, uno de los programadores de la página de este grupo de jóvenes, comenta que “todo el mundo es un colaborador potencial en un acto masivo de uso de fuentes múltiples”, con lo que nos invita a volvernos ciudadanos activos para la denuncia de las injusticias que suceden a nuestro alrededor.

Paso dos: organización de la protesta

Tradicionalmente cualquier protesta requería un liderazgo claro, un catalizador que encarnara las inquietudes de quienes estaban dispuestos a salir a manifestarse. Alguien a quien seguir, un personaje carismático capaz de movilizar, casi siempre un buen orador.

Los ejemplos en la historia son numerosos.

En las protestas del siglo XXI, los líderes continúan jugando un papel preponderante, pero, como demostraron esta semana los estudiantes en Londres, lo que mejor funciona es el trabajo en red, el “networking”.

Uno de los participantes en las protestas, el estudiante Aaron Peters, apunta en su cuenta de Twitter que el uso de las redes sociales es capaz de crear eventos impredecibles para sorprender a las fuerzas del orden.

En las protestas antiglobalización de 2001, hubo un intento de convocar movimientos con el “pásalo”, pero fracasó. Según Peters, con las posibilidades que dan los teléfonos inteligentes, las cosas han cambiado.

Paso tres: los titulares

En los viejos tiempos, era el cronista, un periodista el que le ponía un titular a la protesta para que a la mañana siguiente los ciudadanos se enteraran de lo que pasó, con los testimonios de los actores más relevantes, siempre la policía y los políticos.

Los ideólogos de una marcha casi siempre terminan indignados cuando todo un día de marchas se ve reducido en un diario a una foto de una manifestante bonita con un cartel ingenioso.

En 1999, el lanzamiento del medio de comunicación alternativo Indymedia cambió las cosas. Pero ahora, Indymedia también se ha visto eclipsado por los teléfonos inteligentes y herramientas como Flicker o la popularidad de algunos blogs.

De hecho, los estudiantes que mantienen ocupada la University College de Londres tienen su propio sitio en internet. “Todo el mundo es un colaborador potencial en un acto masivo de uso de fuentes múltiples”, dice Sam, uno de los programadores de la página.

Con todo, parece que asistimos al nacimiento de una nueva forma de salir a la calle a protestar, ¿es la revolución del teléfono inteligente conectado a internet?

Fuente: BBC

Preguntas frecuentes sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (LDSPAN)

Rafael Uzcátegui

1) ¿Qué es la LDSPAN?
– La LDSPAN es un proyecto de Ley que, sin ningún tipo de divulgación o consulta previa, fue presentada en la agenda de discusión legislativa de la Asamblea Nacional el pasado lunes 12 de diciembre de 2010. Según su propia exposición de motivos “su ámbito de aplicación legal –son- las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado organizadas para desarrollar actividades con fines políticos o actividades para la defensa de derechos políticos, que atenten contra la soberanía, la independencia de la Nación, el ejercicio de las instituciones nacionales o de las autoridades legalmente constituidas”. Asimismo, la ley persigue dos objetivos: 1) “proteger el ejercicio de la libertad política y la autodeterminación nacional ante cualquier injerencia extranjera a través de ayudas económicas o aportes financieros que puedan estar destinados a atentar contra la estabilidad y funcionamiento de las instituciones democráticas legalmente constituidas” y 2) “normar la protección del Estado ante la participación de connacionales o extranjeros en el territorio nacional que, bajo el patrocinio de venezolanos, organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, desacrediten, irrespeten, vilipendien o agravien a las instituciones del Estado, su funcionamiento y a sus representantes”.

2) ¿La LDSPAN no tiene como objetivo impedir que los partidos políticos reciban apoyo extranjero para fines desestabilizadores?
– La LDSPAN tiene a los partidos políticos como uno de sus ámbitos a regular, sin embargo hace una definición de los actores que serán normados por dicha ley tan amplia que prácticamente engloba a todas las iniciativas sociales del país. El objetivo manifiesto de la LDSPAN es asfixiar a todas las organizaciones populares del país que no reciban salarios, subsidios o beneficios del gobierno o de la empresa privada nacional.

3) Mi organización no participa en elecciones ni tiene “fines políticos”. ¿También seremos normados por la LDSPAN?
– Sí. El artículo 3 de la LDSPAN establece como “organizaciones con fines políticos” aquellas que realicen tres tipos de actividades: 1) Promuevan la participación de los ciudadanos en los espacios públicos; 2) Ejerzan control sobre los poderes públicos y 3) Promuevan candidatos que aspiran ocupar cargos públicos de elección popular. Dos de las tres actividades que según la ley definen una “organización con fines políticos” no tienen nada que ver con procesos electorales. Al contrario tienen que ver con formas de actuación bajo la cual pueden ser descritas casi todas las iniciativas populares y sociales del país, lo cual es reforzado por un segundo tipo de organizaciones descritas en dicha ley, las “organizaciones para la defensa de los derechos políticos”: “aquellas que tengan por finalidad en su constitución promover, divulgar, informar o defender el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”.

4) ¿Cuáles son los derechos políticos de la ciudadanía de los que se hablan en la LDSPAN?
– Si bien la LDSPAN no explicita cuáles son los derechos que califica como políticos, este tipo de derechos se encuentran registrados en los artículos 62 al 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos son: el derecho a participar libremente en los asuntos públicos y la formación, ejecución y control de la gestión pública (62), el derecho al sufragio (63), el derecho a la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos (66), el derecho a la asociación con fines políticos y a postular candidatos/as (67), el derecho a la manifestación pacífica (68) y el derecho al asilo y refugio (69). Todas las organizaciones o iniciativas que promuevan uno o varios de los derechos anteriores serán normadas por la ley.

5) ¿No es lo “normal” que se exija que las organizaciones venezolanas se financien exclusivamente con dinero de los propios venezolanos y venezolanas?
– El artículo 4 de la LDSPAN exige que el patrimonio y demás ingresos de las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, deben ser conformados exclusivamente con bienes y recursos nacionales. Sin embargo esta petición desconoce la propia historia de los movimientos sociales por la justicia social y la libertad en todo el mundo. Todas las iniciativas de cambio en el mundo han trascendido las fronteras y han puesto en práctica la solidaridad entre iguales: desde el propio movimiento independentista de Simón Bolívar hasta los emprendimientos revolucionarios y de construcción del socialismo durante todo el siglo XX. Incluso la candidatura del año 1998 del hoy presidente Hugo Chávez contó con grandes aportes económicos de fuera de Venezuela. El internacionalismo revolucionario y el derecho a la cooperación para la promoción de los derechos humanos son dos conquistas de la humanidad.

6) ¿Por qué debo preocuparme si los únicos que reciben donaciones del extranjero son los grandes partidos políticos de oposición?
– Los partidos políticos opositores no son los únicos que reciben aportes económicos internacionales. Muchas de las iniciativas sociales y populares que conocemos, desde Fe y Alegría y otras organizaciones de iglesia, pasando por los sindicatos, organizaciones ecologistas, indígenas y colectivos de izquierda no partidista reciben algún tipo de apoyo de sus organizaciones hermanas del exterior, especialmente cuando participan en redes regionales o globales de solidaridad y combate a la pobreza y las injusticias sociales. Desde el momento de aprobación de la LDSPAN ya no podrán recibir donaciones para su funcionamiento, para la impresión de sus publicaciones o administración de su sitio web o para asistir a eventos en el extranjero.

7) Si esto es así, ¿Por qué el diputado Mario Isea afirmó en televisión que la norma no prohibirá el financiamiento foráneo a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el país?
– Porque miente. Todas las organizaciones de derechos humanos de Venezuela promueven la participación de los ciudadanos en los espacios públicos y el ejercicio del control sobre los poderes públicos, por lo cual pueden ser calificadas de “organizaciones con fines políticos” y ser penalizadas por la ley.

8 ) ¿Cuáles serán los castigos para las “organizaciones con fines políticos por recibir ayudas económicas desde el extranjero?
– Según el artículo 6 serán sancionados con multa equivalente al doble del monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes. Esto vale tanto para las organizaciones como para las personas naturales. También hay un castigo de inhabilitación política, entre cinco y ocho años, por reincidencia.

9) ¿Sólo serán penalizadas aquellas personas y organizaciones que reciban dinero del exterior?
– También serán castigadas aquellas organizaciones y personas que inviten a Venezuela a hombres y/o mujeres que “emitan opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía”. Por esto se establece una multa comprendida entre cinco mil a diez mil unidades tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes.

10) ¿Esta ley no perjudicará también a las organizaciones de apoyo al gobierno bolivariano?
– Una ley penaliza a todas las personas y/o organizaciones sin distinción. Esta normativa prohíbe que el propio Partido Comunista Venezolano (PCV), El Militante, Marea Socialista, la Coordinadora Cultural Simón Bolívar, APORREA, ANMCLA, Redes de mujeres bolivarianas y colectivos ecologistas bolivarianos, por nombrar algunas, reciban ayuda económica de activistas internacionales o puedan asistir a eventos fuera de Venezuela, salvo si sus pasajes son pagados por su propio bolsillo o por el gobierno bolivariano.

11) Si esta ley se aprueba, ¿cuál será el futuro de las organizaciones sociales?
– El trabajo de las iniciativas sociales se reducirá al mínimo, y con ellos los beneficiarios y beneficiarias de sus actividades, salvo que sean financiadas por el propio gobierno o la empresa privada.

Si desea descargar el proyecto de ley completo AQUI

Agredido defensor de DDHH Carlos Correa frente a la AN


Carlos Correa es un activista de vieja data en el país, a pesar que para algunos la Historia, con mayúsculas, comience en el año 1999. El 27 de febrero de 1989, como parte del equipo de Fe y Alegría, estuvo sorteando la censura para transmitir la verdad de la represión militar contra la población indefensa. Años después fue Coordinador General de Provea y, ahora, dirige la ONG Espacio Público. Hoy jueves 16, junto a otros activistas por la libertad de expresión, fue a la Asamblea Nacional a solicitar un derecho de palabra para expresar sus argumentos contra la reforma de la ley resorte y ley de telecomunicaciones. En ese escenario, fue agredido por un grupo de personas, quienes además lo amenazaron de muerte.

La agresión contra Carlos Correa debe ser rechazada con firmeza por todas las personas de este país. Que la violencia y el autoritarismo no gane un centímetro más en Venezuela.

Recibo y difundo: Jacinto López: 23 meses de impunidad

“Hace 23 meses, el 1º de enero de 2009, mi hijo Jacinto Elías López Velasco fue secuestrado en Cabudare y asesinado en un sector de la Lomas de Tabure en el municipio Palavecino, por una banda de sujetos que aún continúan delinquiendo y cobrando víctimas.

Siete balazos acribillaron sus 22 años, a su familia y a todo el derredor que compartía sus afectos. Siete disparos que periódicamente me arrebatan el sueño para despertar con la frente perforada, los peronés quebrados y las mejillas rotas.

Hace 23 meses el pasado y el futuro se desintegró.

No quisiera caer en el lugar común de pretender hablar por muchos, cuando el dolor es exclusivo de sus tenedores. Pero, ¿qué diferencia mi dolor del que pueda sentir otro padre o madre, cuyo hijo o hija le fue arrebatada por la delincuencia? Creo que todos sufrimos y somos víctimas a fin de cuentas, pero en nada se parecerá nunca mi hijo al del vecino afligido, o al de otro secuestrado y muerto, aún siendo producto de la violencia, en nada puede parecerse una vida a otra, por el sólo hecho de ser víctimas.

Es una enlodada estrategia que busca presentar la violencia como una epidemia, antes que aceptarla como consecuencia de una praxis y discurso político que desde hace años domina el país y tiende a convertirse en política de Estado.

Del hecho han conocido la Fiscal 5º Dra. Norma Cocenza y la Fiscal 52 con competencia Nacional Dra. Erika Paredes, primeramente; La Fiscal Superior del estado Lara Dra. Lucila Sirit; la Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega; la Fiscal 2ª Dra. Cristina Coronado, quien fue nombrada como titular de otra Fiscalía; para luego encargarse la Dra. Lucía Anzola, actual titular de la Fiscalía 2ª. Su asistente el Dr. Rubén Pérez y actualmente el Dr. Vladimir, en ese orden. También la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional , ante la cual intervine en abril de 2009 y se comprometió a nombrar una sub comisión que investigaría el caso….

A la fecha la investigación espera por actuaciones que reposan en manos del CICPC.

Aún los presuntos autores materiales, tres de ellos con solicitudes de aprehensión libradas desde marzo del 2009, continúan libres, delinquiendo, cobrando nuevas vidas como diario tributo a la muerte y la impunidad.

Mi accionar ente el Ministerio Público me ha permitido apreciar el colapso de las fiscalías ante los increíbles volúmenes de denuncias que a diario reciben, sumados a los casos acumulados que representan aproximadamente el 90 % de los expedientes que llevan. Existen fiscalías que llevan más de doscientas mil investigaciones, en manos de tres, a lo sumo cuatro fiscales por despacho, lo que los atiborra y los hace incontrolables.

El luto se apoderó del día a día. Nadie escapa a salvo de un mal que de adueñarse de la noche, se apoderó de las calles, de las casas, de los tribunales, las fiscalías y los cuerpos de seguridad.

 

Las organizaciones de derechos humanos, tales como el Comité de Víctimas Contra La Impunidad son amedrentados arrebatándoles hijos, como el caso de Mijail Martínez, que fue aparte de un arponazo al corazón de su familia, un claro mensaje para el resto del Comité, conformado no sólo por víctimas, también por padres y madres.

La impunidad se consolida con el miedo. Toda disidencia es combatida política y militarmente.

Las autoridades no escapan de ser presas del delito, como el caso del propio hijo del gobernador del estado, víctima de un intento de secuestro o sicariato, el cual, gracias a dios, no llegó a concretarse. A diario vemos funcionarios policiales abatidos por la acción del hampa; en otros casos amparando a delincuentes y hasta delinquiendo con uniforme y arma de reglamento.

El Poder Judicial y el Ministerio Público, deben garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la Leyes , que consagran la JUSTICIA y EL DERECHO A LA VIDA como bienes fundamentales de la sociedad. Y ambos Poderes, en medio del aluvión delincuencial no alcanzan a producir las urgentes soluciones que todos reclamamos

El delito tiene un definido territorio, especie de campus vacacional, custodiado, inexpugnable, con coliseo incluido y con premios por delinquir tan variopintos como jugar en el principal estadium de la localidad contra el equipo y el público que se les antoje y el beneficio de las autoridades del MPPIJ y el MP.

El crecimiento del delito en todas sus expresiones es sin lugar a dudas, producto de la impunidad. Delincuentes y funcionarios han tasado cada una de las ejecutorias: la “fuga” de un delincuente; la “decisión” de un juez; la siembra de drogas, la “medida cautelar”.

Todos los sectores que pueden dirimir sobre el delito se encuentran seriamente cuestionados y no existe instancia que actúe contra ello.

La fractura social tiende a dilatarse y convoca a ciudadanos, víctimas y comunidades a producir soluciones, que como lo evidencian los medios, termina en comunidades o grupos enardecidos linchando, quemando y cobrando hechos y situaciones ante las cuales las autoridades son blandengues o incapaces de actuar.

La crónica roja no existe en los medios oficiales y es común encontrar en sus páginas, referencias a las heridas sufridas por una dama hondureña que reclamaba por Celaya, o por los muertos y herido de la Franja de Gaza, pero ignoran los resultados de la guerra intestina que padece el país y cobra la vida de cientos de venezolanos todas las semanas.

Los gritos y aullidos desgarradores de las víctimas, actúan como señales de humo que enturbiaron el aire y el paisaje del país para siempre.

Debemos continuar luchando, reclamando JUSTICIA, enfrentando la impunidad y recuperando el único espacio propio de cada ciudadano: la vida.

Pero, la lucha debe saltar de nuestros corazones y papeles a la calle, donde la muerte, la impunidad y la injusticia reinan. Y abatirla tendrá un costo aún mayor, el cual no quiero presagiar.

CARLOS EDUARDO LÓPEZ FALCÓN

Barquisimeto. 03/12/2010

Venezuela: Terapia de choque para estatizar y disciplinar la vida cotidiana de la población

Rafael Uzcátegui

Con el argumento de contar con mayor eficacia para revertir las consecuencias de las copiosas lluvias de finales del 2010, las cuales han dejado un saldo de más de cien mil damnificados, el presidente Chávez ha solicitado a la Asamblea nacional le sea concedida una nueva ley habilitante que le permita gobernar, expeditamente por la vía ejecutiva, durante un período de 12 meses. Esta solicitud, sin embargo, viene acompañada de la exigencia a la propia Asamblea Nacional para que apruebe de manera extraordinaria, sin un amplio debate nacional que pudiera justificar los adjetivos “participativo” y “protagónico”, una serie de leyes que incidirán en el disfrute de los diferentes derechos políticos y sociales consagrados en la Constitución de 1999.

El paralelismo anterior no es casual. Después de contar con un período, entre los años 2006 y 2008, de control casi total de los espacios de poder en el territorio nacional y un inusitado caudal de ingresos económicos por el alza internacional de los precios del petróleo, el proyecto político bolivariano se enfrenta al escenario, por lo menos formal, de tener que lidiar con una Asamblea Nacional con un importante sector controlado por los partidos políticos de oposición y, por otro lado, las consecuencias de una crisis económica que le impide desplegar, con el mismo énfasis, los mecanismos clientelares de años atrás. Después de una década de gobierno y con una agenda que ha priorizado la oferta ideológica sobre la resolución de los problemas concretos de la gente, la relación cualitativa entre los amplios sectores de apoyo popular y el presidente Chávez se ha transformado. El sustento, que anteriormente era de una fidelidad incontestable, se ha problematizado hasta niveles que han hecho tambalear el caudal de votos que pudieran asegurar la reelección en el año 2012. El descontento ha alcanzado cuotas tales que el año 2010 cierra como uno de los mayores lapsos de conflictividad en el país, registrándose, según el conteo de la ONG en derechos humanos Provea, más de 9 manifestaciones al día, de las cuales casi el 80% son por reivindicaciones sociales: falta de vivienda, ausencia de servicios básicos, malas condiciones de trabajo, entre las principales.
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Premios afuera, castigos adentro

Columna escrita para el espacio de Provea en Correo del Caroní:

El pasado 7 de diciembre Provea recibió, en la ciudad de Ottawa en Canadá, el Premio John Humphrey Freedom por su trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela. Este galardón, creado en 1992, representa el más importante premio concedido por el Parlamento canadiense a través del Centro Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático, lo cual permitió al coordinador general de Provea realizar una breve pero fructífera gira por varias ciudades del país explicando la situación de los derechos humanos en Venezuela. Esta es la primera vez que una organización venezolana se hace merecedora de dicho galardón, reconociendo la constancia y coherencia de Provea en su trabajo a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Sin embargo este reconocimiento internacional contrasta con la creciente campaña de hostigamientos, descalificaciones y obstáculos que a nivel interno deben sortear tanto Provea como el resto de las organizaciones sociales que intentan defender las garantías fundamentales presentes en la Carta Magna de 1999. Este martes la Asamblea Nacional discutirá una ley que, de aprobarse según el anteproyecto propuesto, representa el mayor riesgo para las organizaciones de la sociedad civil de los últimos 20 años, una ley que podría condenarlas a desaparecer. La amenaza de la Ley de Cooperación Internacional (LCI) no es solamente para las organizaciones no gubernamentales cuyo funcionamiento depende, en buena medida, de la solidaridad internacional. Como lo expresa el artículo 1 y 3, y se explicita en el renglón 15 de la versión que ha circulado extraoficialmente -pues la misma se ha mantenido oculta- una amplia gama como las comunidades, las organizaciones públicas no estatales, universidades, sindicatos y demás agentes sociales en actividades relacionadas con la cooperación internacional serán regidas por la normativa. Y la cooperación internacional no es entendida únicamente por el financiamiento de proyectos por parte de embajadas o fundaciones internacionales, sino como “la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, tecnología, fortalecimiento de las capacidades institucionales, formación del talento humano y recursos materiales, económicos, financieros, tanto del ámbito público como del privado, desde el exterior hacia la República Bolivariana de Venezuela”. Y en tiempos de trabajo en redes sociales que trascienden las fronteras nacionales, salvo algunos casos concretos, esto abarcaría a todas las iniciativas sociales del país.

El artículo 6 de la propuesta se establece que las áreas susceptibles de cooperación internacional “serán las establecidas en los planes nacionales”. El Gobierno crearía, según el artículo 10, el “Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional” mediante la cual administraría los recursos que provengan del exterior. Para que las iniciativas sociales puedan acceder a ellos, deberán inscribirse de manera obligatoria ante un “Sistema Integrado de Registro”, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades a establecerse para tal efecto. Como se sugiere en el artículo 20 las iniciativas sociales tienen el “deber de información”, por lo que deben suministrar a las autoridades toda la información que le sea requerida sobre su funcionamiento. En el caso de las ONG esto no supondría un mayor problema, dado el carácter público y transparente de sus actividades, sin embargo sería una preocupante limitación para iniciativas populares que no tengan un registro jurídico de su conformación y que posean información sensible acerca de las denuncias que manejan y beneficiarios y beneficiarias que atienden. Un caso concreto los comités populares de lucha contra el abuso policial y la impunidad. En primer lugar es un despropósito exigirles que suministren la información de los denunciantes de policías y militares violadores a los derechos humanos. En segundo término, es la oda a la contradicción que para la “democracia participativa y protagónica” la legalidad -el cumplimiento de un procedimiento jurídico de registro- sea la que legitime a las iniciativas sociales y populares y no su propia actividad sostenida en el tiempo.

En los últimos años las diferentes notarías del país, mediante un procedimiento no escrito, han obstaculizado la conformación de nuevas organizaciones civiles que trabajen por la vigencia de la democracia y los derechos humanos. Otra alerta la constituye la amplia posibilidad que la administración de los recursos sólo favorezca a las iniciativas alineadas orgánica e ideológicamente con el Ejecutivo nacional.

Si se aprueba la presente propuesta de LCI se mediatizarán, de acuerdo a las prioridades gubernamentales actividades como la invitación a seminarios o eventos internacionales, la posibilidad que estudiantes o activistas extranjeros realicen pasantías o talleres en las comunidades o sindicatos del país, la recepción de donación de equipos tecnológicos o libros, que el sitio web de su organización popular sea hospedado o administrado gratuitamente en un servidor ubicado fuera del país o la realización de campañas internacionales de recepción de fondos. Si este martes recibe la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, sin modificaciones, esta reglamentación significará el mayor castigo recibido por los movimientos sociales venezolanos autónomos e independientes, entre otros actores, en la última década.

Grupos libertarios y poder popular: Dinamitando el anarquismo desde adentro

Rafael Uzcátegui
(Colaboración para el Crónica Negra, Chile)

La ausencia de espacios de intercambio, así como de mecanismos de discusión entre los y las anarquistas de América latina, precisa que cualquier tópico a ventilar sea precedido de una aclaración del lugar desde donde se origina la reflexión. La falta de continuidad orgánica, o movimientista si se desea, nos obliga a un cíclico eterno retorno, en donde no caben los sobrentendidos si lo que se desea es un real diálogo y confrontación de argumentos.

Este artículo desea cuestionar el uso del vocablo “poder popular” (PP) entre algunos círculos libertarios, sin pretender agotar una discusión que aún, salvo algunos escritos dispersos aquí y allá, no se ha dado con la necesaria rigurosidad, que debido al corto espacio tampoco será realizada aquí. Nuestra invitación a la deliberación debe comenzar con algunas aclaraciones. Quienes han venido promoviendo, en algunos países con más visibilidad que en otros, la utilización del término para sintetizar una presunta propuesta anarquista adecuada a los nuevos tiempos, lo hacen para diferenciarse de otros y otras libertarios que combaten como antagónicos, curiosamente con mucho más énfasis que al resto de la izquierda autoritaria. Según, este anarquismo de PP enfrenta a otro anarquismo que califican, siguiendo a Murray Bookchin, como “de estilo de vida”, y que caricaturizan como “dogmático”, “elitesco”, “encerrado en el pasado” y nucleado, mayoritariamente, en el denominado “insurreccionalismo”. No pretendemos negar que algunas iniciativas en el continente puedan aglutinar algunas o todas las características anteriores. Sin embargo si rechazamos con vehemencia que toda la variedad de las expresiones del movimiento libertario, desde el Rio Grande hasta la Patagonia, pueda simplificarse única y exclusivamente en este maniqueísmo: el “anarquismo organizado” –como se autocalifican los cultores del PP- versus el “insurreccionalismo”.
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Vivienda y damnificados

Las recientes lluvias han dejado un lamentable saldo de personas fallecidas y familias damnificadas que podía haberse minimizado si, en el país, existiera una clara política hacia el sector vivienda, por un lado, y se hubieran aprendido las lecciones generadas por la tragedia de Vargas, ocurrida en el año 1999. Como ha registrado año tras año el Informe Anual de Provea, familias que afirman ser damnificadas de aquella vaguada continúan demandando una política coherente y efectiva para resolver su precaria situación, protagonizando, ante la falta de respuestas, diferentes ocupaciones de terrenos baldíos e inmuebles a medio construir.

En los últimos años, ante la disminuida construcción de viviendas por parte de los entes públicos, se ha mantenido constante la cifra que afirmaba que del déficit habitacional de tres millones de casas, 800.000 correspondían a casas tipo “rancho” que debían ser sustituidas, y 1.000.000 a casas ubicadas en laderas, zonas de vaguadas y terrenos inestables de alto riesgo. Estas cifras eran conocidas y avaladas por el Ministerio de Vivienda. Sin embargo las políticas desarrolladas hacia el desarrollo habitacional han tenido los peores resultados de todas las estrategias gubernamentales dirigidas a garantizar los derechos sociales.
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