Venezuela: El Ejército en las aulas

Rafael Uzcátegui (Colaboración para boletín de la Internacional de Resistentes a la Guerra)

De manera similar al resto de los países latinoamericanos, un militar es el principal mito fundacional de Venezuela. Simón Bolívar, el “padre de la patria”, es recordado como un gran estratega militar. Su figura, como estatua montada a caballo en gesto heroico, o su busto que muestra su jerarquía dentro del llamado “ejército libertador”, señala el centro de todas las ciudades y pueblos del país. De manera especial, el militarismo es parte importante de la cultura e imaginario de los venezolanos y venezolanas. Al propio Bolívar se le atribuye la autoría de la frase “Ecuador es un convento, Colombia es una universidad y Venezuela es un cuartel”. Durante 51 años del siglo XXI esta antigua exportadora de café y cacao, posteriormente sustituidos por el petróleo como principal industria del país, fue gobernada por caudillos, de “personalidad carismática, con amplia red de relaciones y con una fuente de recursos considerable y permanente”. En esos años el principal aporte venezolano a la sociología regional fue la teoría del “cesarismo democrático” postulando un gobierno basado en la reelección permanente de un líder carismático, un “gendarme necesario”, asiduo a la concentración del poder. Un Simón Bolívar al infinito.

Si bien las escuelas, liceos y universidades venezolanas siempre han reflejado la ideología dominante, y con ella la noción acerca del soldado y el ejército como garante de eficiencia sobre un universo civil corrompible, desde la remilitarización de la figura presidencial con la llegada al poder de Hugo Chávez –el último primer mandatario de naturaleza militar gobernó hasta el año 1958- se ha dado un nuevo impulso a la intención de educar a los jóvenes, en los salones de clase, en valores propios y exclusivos de las Fuerzas Armadas.

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Lo que define a una vivienda “digna”

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El ministro de vivienda, Ricardo Molina, ha confirmado recientemente el incumplimiento del tren ejecutivo en materia habitacional, el derecho social más rezagado del conjunto de políticas públicas promovidas por el gobierno bolivariano. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento el ministro reincide en estimar en 150.000 las casas a construir para este año. Desde el 2005 todos los titulares de la cartera han puesto en esa cifra las metas de edificación de soluciones habitacionales. Sin embargo, año tras año no se han levantado ni la mitad de esa cantidad. En promedio el Ejecutivo Nacional ha edificado menos de 30.000 viviendas al año, unas 82 casas al día. El objetivo propuesto por Molina obligaría al gobierno a construir unas 416 diarias, una cifra 5 veces más de lo que ha demostrado, en los hechos, la capacidad gerencial bolivariana para asegurar el derecho a un techo digno.

Como organización de derechos humanos deseamos que el Ejecutivo pueda cumplir, progresivamente, las expectativas creadas a las 13 millones de personas que en Venezuela necesitan su propia vivienda. Sin embargo, los mensajes emitidos por el alto gobierno son espasmódicos y contradictorios, y no corresponden a un plan nacional de construcción con metas definidas a corto, mediano y largo plazo, con reglas de juego claras. Lo que ha primado, hasta ahora, es la improvisación y las buenas intenciones, con resultados conocidos. Por otra parte, abordar el problema del déficit habitacional colocando el énfasis únicamente en la cantidad anual de casas por construir, es simplificar el problema. Diferentes arquitectos, ingenieros y expertos en el área, cuya opinión es secundada por Provea, opinan que el ideal es un plan masivo de creación de suelo urbanizable, por un lado, y retomar una política integral de rehabilitación de barrios, en donde hay una experiencia anterior al período bolivariano cuyos aspectos positivos pudieran replicarse y adaptarse a las necesidades actuales. Sin embargo esta experticia es permanentemente desestimada por motivos ideológicos, lo que es ejemplo de un diseño de políticas públicas en vivienda que, entre otras cosas, se caracteriza por la exclusión de los actores no estatales.

Una política coherente en vivienda, desde una perspectiva de derechos humanos, no es solamente construir, de cualquier forma, cuatro paredes y un techo para las familias necesitadas. Una vivienda “adecuada” es definida, según la interpretación del párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), por los siguientes componentes:
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Leo y difundo: Tribunal decidirá el lunes libertad de Rubén González

Clavel Rangel (Correo del Caroní)

Ferromineros y residentes de Ciudad Piar asistieron a la audiencia número 27 del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González.

La comparecencia comenzó a las 9:30 de la mañana y se postergó hasta las 4:00 de la tarde en el Tribunal Penal Sexto de Juicio, bajo la responsabilidad de la jueza Magda Hidalgo.

En la mañana tanto la defensa, como la fiscal tercera del Ministerio Público -Fátima Urdaneta- presentaron a sus últimos testigos. En la jornada de la tarde se promovieron pruebas escritas que fueron leídas a los presentes en el juicio oral y público.

La defensa en las manos del abogado Ítalo Atencio consignó las ediciones del 20 y 27 de agosto de 2009 de Correo del Caroní en la que intentó dejar constancia de los motivos que movieron a los trabajadores durante la protesta de 16 días ejecutada en Ciudad Piar.

El Ministerio Público presentó una planimetría hecha sobre las locomotoras durante el mes de agosto de 2009, así como un informe presuntamente emanado de la gerencia de protección de planta de Ferrominera Orinoco (FMO).

Atencio solicitó a la juez que la última prueba consignada por la Fiscalía no fuese tomada en cuenta considerando que, según su argumento, no se ajusta a los requisitos que establece la ley, como por ejemplo y según su estudio, no hay constancia que el informe consignado haya sido elaborado por alguna dependencia de FMO o la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

La fase de conclusiones comenzará el 28 de febrero a las 9:00 de la mañana, indicó la juez a los presentes. Se espera que el mismo día se le dicte sentencia al secretario general privado de libertad desde hace un año y un mes en la sede de Patrulleros de Caroní.

La inocencia del sindicalista Rubén González: Un mar de testimonios

He tenido el honor de ser parte de la constelación de personas que ha acompañado al sindicalista Rubén González durante sus 15 meses de cautiverio, por el sólo hecho de defender los derechos laborales de sus agremiados. Como se recordará, el Secretario General de Sintraferrominera se encuentra privado de su libertad desde el mes de septiembre del 2009, por haber apoyado la paralización de actividades en la empresa para solicitar el cumplimiento de la contratación colectiva y el pago de deudas con los trabajadores.

Aprovechando una fugaz visita a Puerto Ordáz, tuve la suerte de coincidir con una de las audiencias del largo juicio contra el sindicalista, realizada el 15 de febrero en el Palacio de Justicia de la ciudad. Aunque nos incorporamos cuando el juicio ya habia comenzado, pudimos escuchar buena parte del testimonio de Rigoberto Carrero, quien ha trabajado en Ferrominera durante 25 años. Carrero fue enfático al reiterar que ni hubo eventos violentos durante los más de 15 días de paralización y, mucho menos, Rubén González participó o alentó que se atacaran bienes de la compañía u otras personas. Las palabras del veterano trabajador eran conmovedoras “Nosotros dormiamos en el piso, en los cartones, para darnos apoyo unos a otros (…) Nosotros estuvimos todo el tiempo allí, incluso con nuestras familias. Cocinábamos, se mató una res, algunos trajeron gallinas, otros hacían sancocho. En todo momento fue pacífica”.

Todo este énfasis es una respuesta a los señalamientos en contra del líder sindical, y que han sido convenientemente visibilizados por los medios del Estado, como AVN, quien en una nota de prensa difundida después de la entrevista a González por CNN, afirmó que: “Rubén González fungía como secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintra-Ferrominera) cuando encabezó en el estado Bolívar una violenta huelga, que incluyó el ataque a pedradas de un tren que cargaba mineral de hierro hacia Ciudad Guayana, en la que resultó herido su conductor y se produjeron daños cuantificados en 200 mil dólares a la locomotora. Por ese hecho, el juez Beltrán Javier Lira, a petición de la Fiscal III del Ministerio Público con competencia en Salvaguarda, Fátima Paiva, emitió una boleta de captura contra González por los presuntos delitos de agavillamiento, daños al Patrimonio Público, restricción de entrada al sitio de trabajo y cierre de vías públicas”. Todo un ejemplo del tipo de periodismo que se realiza desde el gobierno, y que tiene en unos lamentables seguidores a los medios del periodismo estatal como Aporrea, para quienes el caso de Rubén González, simplemente, no existe. Ante la invisibilidad y la descalificación, estos paladines de la comunicación obligan a que sea la CNN quien ventile un caso de violación a la libertad sindical y el derecho constitucional a la huelga. El mundo dado vuelta.

En Puerto Ordáz tomé el testimonio de uno de los trabajadores, quien corrobora las palabras de Carrero. Lamentablemente, no pude grabar otros testimonios, aunque había muchos trabajadores en el juicio deseosos de contar su versión. Como casi todos han sido convocados como testigos en el juicio, no querian hacer nada que pudiera entorpecer lo que debe ser una sentencia favorable para el sindicalista. También pude grabar el testimonio de Yadith, la esposa de Rubén, exigiendo justicia en lo que es la primera separación física de ambos en más de 25 años de casados.

Testimonio del trabajador Junior Mejía:
http://www.ivoox.com/trabajador-ferrominera-niega-participacion-ruben-gonzalez_md_535606_1.mp3″ Ir a descargar

La necesidad de reconstruir un movimiento sindical que defienda, sin concesión, los derechos de las y los trabajadores

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 05 de febrero se realizó en Caracas una marcha nacional de trabajadores y trabajadoras en defensa del empleo, el salario, por la libertad del sindicalista Rubén González y contra la criminalización de la protesta. La actividad fue organizada, desde finales del año pasado, por el Frente Autónomo de Trabajadores en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), una plataforma de corrientes sindicales, congregando a más de 10.000 asalariados y asalariadas de los sectores público y privado, e incluso a sindicatos que anteriormente se habían ubicado en alguno de los extremos del espectro político, incluyendo el oficialista.

Como la mayoría de los movimientos sociales del país, el sindicalismo venezolano ha sido presa de la polarización y electoralización de sus agendas reivindicativas. Si a esto le sumamos las propias contradicciones y falencias heredadas y acumuladas a través del tiempo, en los últimos tiempos el gremialismo obrero ha profundizado su crisis como herramienta efectiva en defensa de los derechos laborales. Por estas razones el FADESS no sólo ha levantado expectativas, sino también azuzado los miedos de quienes pretenden mantener al sindicalismo relegado y domesticado en el sitio  donde actualmente se encuentra. Del sector conocido como “opositor” se intentó, a última hora, soslayar el énfasis sindical de la convocatoria y sobreponer, artificialmente una vocería y demandas provenientes de los partidos políticos. A pesar de cierta prensa, como pudo observar cualquiera que efectivamente se haya acercado a la manifestación, esta intención no prosperó, y la movilización mantuvo su naturaleza como espacio de construcción de y para la masa laboral del país. Del lado gubernamental la reacción fue mezquina. Por un lado se asegura -hasta el día de hoy- que la convocatoria fue ínfima e insignificante. En segundo lugar que la movilización fue cocinada y encabezada por “la derecha” y los “partidos políticos golpistas”. En último lugar, que quienes caminaron ese día de Parque del Este hasta Los Cortijos no tienen legitimidad ni como sindicalistas ni como trabajadoras y trabajadores (¿?). El diputado Francisco Torrealba, del PSUV, definió la protesta como “la marcha de los vagos”. Que un movimiento social nuevo, con autocrítica y aires de renovación de las prácticas políticas y los liderazgos, en defensa de sus derechos vaya ganando espacio en el país y debilite la polarización maniquea, intranquiliza por igual a ciertos sectores del oficialismo y la oposición.
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Mi peor momento del día

Foto de FoxMulder Ven, de su Flickr

6 ó 6 y 30 de la tarde. En la intersección de las líneas 1 y 3 del Metro de Caracas, un sistema de transporte subterráneo inaugurado en 1983 en la capital venezolana, se agolpa una multitud en el andén, dirección La Rinconada. Aún es posible atisbar el esplendor del transporte público orgullo de la ciudad de los techos rojos a comienzos de los 90´s, sin embargo, la falta de inversión y planificación, para un valle cada vez más poblado de gente, pasan factura.

Se acercan los faros del tren. El gusano mecanizado anuncia sonoramente su llegada a la estación. La muchedumbre se agolpa a los espacios marcados. El calor, intenso. Se abren las puertas y, en una silente sincronización, empieza un extraño performance: un concierto de codazos, empujones, rodillazos y patadas pujan por entrar y tomar por asalto un asiento. Durante dos o tres segundos largos el forcejeo es intenso. Una niña se aferra a la mano de su madre. Sin embargo, mi peor momento del día ocurre inmediatamente después: Aquella muestra de escasez y subdesarrollo no se percibe como angustia: se vive como gracia. El clima general, dentro de aquel vagón a punto de salir a su destino, es de comedia. Las risas y sonrisas cruzan buena parte de los rostros. No importa tener que soportar las humillaciones cotidianas: el cénit de la “viveza” venezolana es conquistar, literalmente a dentelladas, un asiento en el Metro. Burlarse de uno mismo, a falta de chistes mejores, es la peor de las rutinas. Trágame tierra y vuélveme a escupir.

Marcha de trabajadores/as en Caracas, 05.02.11: Un video y un volante

 

El chavismo y sus falsos críticos son los responsables de la crisis venezolana

Volante entregado en la marcha de trabajadores y trabajadoras del 05.02.11 en Caracas

Hace 12 años que el gobierno bolivariano viene prometiendo construir el paraíso en la tierra. Sin embargo, lo único que nos ha traído es un mayor empobrecimiento para quienes vivimos de nuestro salario, mientras una nueva burguesía se enriquece a nombre de la “revolución”. Del otro lado se encuentran los políticos que dicen representar la salvación, sin embargo, son los mismos que durante cuarenta años gobernaron y robaron al país. La inflación, flexibilización de las condiciones laborales, alto costo de la vida, inseguridad, desempleo, desabastecimiento, falta de viviendas, crisis de los hospitales y los servicios básicos son responsabilidad de la Quinta y la Cuarta República. la única opción que tenemos es construir una alternativa, radicalmente enfrentada y diferente, a las burocracias del PSUV y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 

Todos los gobiernos oprimen y reprimen.
Sólo los movimientos sociales y sindicatos autónomos e independientes promueven reales transformaciones de la sociedad
Contra la criminalización de la protesta y la tercerización laboral ¡movilización popular!

Libertad para el sindicalista Rubén González

Desde mediados del año 2009, Rubén González, Secretario General de Sintraferrominera, se encuentra preso por apoyar una huelga de trabajadores para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Rubén González es un preso político, privado de su libertad por ejercer el legítimo derecho a la huelga y a la manifestación. De esta manera el gobierno de Hugo Chávez intenta disuadir a los trabajadores tanto de las empresas básicas de Guayana, como del resto del país, a que denuncien sus precarias condiciones de trabajo y exijan sus derechos laborales. Libertad inmediata para Rubén González. Libertad plena a todos los procesados por participar en manifestaciones por derechos sociales en Venezuela
Periódico El Libertario

Fidelidad a los derechos humanos: Condenándose al desierto

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

Como organización social, Provea trabaja en base a unos valores concretos, los cuales son la promoción y defensa de los derechos humanos, con énfasis en los llamados derechos económicos, sociales y culturales. A pesar que se desarrollan diferentes estrategias para incidir en su vigencia en el país, el apego a este mandato es la razón principal de su existencia, independientemente de los gobiernos de turno y de las circunstancias que faciliten o dificulten esta labor. En la década de los 90´s, por ejemplo, Provea cuestionó la llamada “Ley de vagos y maleantes”, pues la misma era origen de diversos atropellos a la dignidad e integridad de las personas. En aquellos años sostener esta opinión era impopular y condenaba a las organizaciones de derechos humanos a trabajar casi en la soledad. Los sondeos de opinión pública, ante el aumento de la inseguridad, sostenían la necesidad de la “mano dura” contra la delincuencia, y dicha normativa era percibida como un dique para los antisociales. Si algún calificativo era frecuente contra la Provea de aquel tiempo era ser “defensora de delincuentes”. A pesar de esto no se retrocedió en señalar, cada vez que era posible, el carácter vejatorio de dicha reglamentación.

Aunque las circunstancias han cambiado, y los adjetivos son otros, Provea sigue siendo fiel a su principio de la defensa irreductible de los derechos humanos de todos y todas las venezolanas. Es por esta razón que, en su momento, se alertó acerca de la poca pertinencia de impulsar candidaturas a diputados a personas señaladas de realizar, como funcionarios públicos, actos contra la dignidad humana. Como se recordará Provea advirtió que la posible elección de José Sánchez “Mazuco”, respaldado por los llamados factores opositores, como de Roger Cordero Lara, respaldado por el oficialismo, constituía un potencia aval a la impunidad por parte de los diferentes sectores políticos. Ambos fueron electos, y lo coherente por parte de una ONG de derechos humanos era la solicitud, por igual, de iniciar procedimientos para el allanamiento de la impunidad parlamentaria de ambos, facilitando así las investigaciones por parte del Ministerio Público. Hemos observado, con tristeza, como se ha visibilizado o silenciado los señalamientos contra alguna de estas dos personas debido a motivaciones y conveniencias particulares, incluso por personas y organizaciones que afirman promover la equidad y la justicia en la sociedad. En un país polarizado como el nuestro, que se señalen responsabilidades independientemente de la filiación política de los presuntos implicados o implicados, es condenarse al desierto.
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Provea solicita a la AN el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a autor material de Masacre de Cantaura

En una comunicación remitida el 26.01.11, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), solicitó a la Directiva de la Asamblea Nacional el inicio de los procedimientos correspondientes para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Roger Cordero Lara (PSUV), autor material del asesinato de 24 personas, el 04 de octubre de 1982, en la llamada “Masacre de Cantaura”. En su comunicado Provea aseguró: “Nos preocupa que se use la inmunidad para favorecer la impunidad. Avanzar en la búsqueda de justicia en el caso de la Masacre de Cantaura obliga al parlamento a generar políticas y acciones que faciliten las investigaciones y sanción a los responsables”.

A continuación transcribimos la totalidad de la comunicación, que fue recibida y sellada por la Asamblea Nacional el 26.01.11:

“Caracas 24.01.2011
Ciudadanos:
Fernando Soto Rojas y Aristóbulo Isturiz
Ciudadana Blanca Eekhout
Integrantes de la Directiva de la Asamblea Nacional.
Presente:

Reciban de parte de quienes integramos el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) un cordial saludo. Como ustedesconocerán, desde el año 1988 hemos promovido y defendido la vigencia de los derechos humanos en el país. Durante 22 años hemos acompañado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. En el golpe de Estado de 2002 velamos por la integridad física y personal de algunos de quienes hoy conforman el parlamento y el gobierno incluyendo al propio presidente Chávez.
Durante 22 años hemos luchado contra la impunidad y reclamado justicia frente a graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos 22 años acompañando a las víctimas de la masacre del El Amparo ocurrida en 1988 y con nuestra asesoría logramos la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de víctimas de graves violaciones a los derechos. Hoy continuamos exigiendo justicia en este caso.
En 1999 mediante una acción de amparo constitucional logramos desclasificar el expediente de la masacre de Yumare, el cual estaba clasificado por la justicia militar como secreto. Esa acción permitió avanzar luego en las investigaciones y reapertura del caso en los tribunales civiles.
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