Lo que define a una vivienda “digna”

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El ministro de vivienda, Ricardo Molina, ha confirmado recientemente el incumplimiento del tren ejecutivo en materia habitacional, el derecho social más rezagado del conjunto de políticas públicas promovidas por el gobierno bolivariano. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento el ministro reincide en estimar en 150.000 las casas a construir para este año. Desde el 2005 todos los titulares de la cartera han puesto en esa cifra las metas de edificación de soluciones habitacionales. Sin embargo, año tras año no se han levantado ni la mitad de esa cantidad. En promedio el Ejecutivo Nacional ha edificado menos de 30.000 viviendas al año, unas 82 casas al día. El objetivo propuesto por Molina obligaría al gobierno a construir unas 416 diarias, una cifra 5 veces más de lo que ha demostrado, en los hechos, la capacidad gerencial bolivariana para asegurar el derecho a un techo digno.

Como organización de derechos humanos deseamos que el Ejecutivo pueda cumplir, progresivamente, las expectativas creadas a las 13 millones de personas que en Venezuela necesitan su propia vivienda. Sin embargo, los mensajes emitidos por el alto gobierno son espasmódicos y contradictorios, y no corresponden a un plan nacional de construcción con metas definidas a corto, mediano y largo plazo, con reglas de juego claras. Lo que ha primado, hasta ahora, es la improvisación y las buenas intenciones, con resultados conocidos. Por otra parte, abordar el problema del déficit habitacional colocando el énfasis únicamente en la cantidad anual de casas por construir, es simplificar el problema. Diferentes arquitectos, ingenieros y expertos en el área, cuya opinión es secundada por Provea, opinan que el ideal es un plan masivo de creación de suelo urbanizable, por un lado, y retomar una política integral de rehabilitación de barrios, en donde hay una experiencia anterior al período bolivariano cuyos aspectos positivos pudieran replicarse y adaptarse a las necesidades actuales. Sin embargo esta experticia es permanentemente desestimada por motivos ideológicos, lo que es ejemplo de un diseño de políticas públicas en vivienda que, entre otras cosas, se caracteriza por la exclusión de los actores no estatales.

Una política coherente en vivienda, desde una perspectiva de derechos humanos, no es solamente construir, de cualquier forma, cuatro paredes y un techo para las familias necesitadas. Una vivienda “adecuada” es definida, según la interpretación del párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), por los siguientes componentes:
– Seguridad jurídica de la tenencia: “Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo”

– Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: “Todos los beneficiarios deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina y la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo”

– Gastos soportables: “Los gastos personales o del hogar deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas”. Algunos han estimado que no deberían exceder el 30% de los ingresos totales de la familia.

– Habitabilidad: “Debe poder ofrecer un espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del fríos, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad”.

– Asequibilidad: La vivienda debe ser accesible para todos y todas, prestando especial atención a quienes se encuentren en situación de desventaja”.

– Lugar adecuado: “Debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales”. Asimismo, “no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes”

– Adecuación cultural: “La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda”. Esto supone el respeto a la cosmovisión de grupos indígenas y la arquitectura tradicional del entorno, y el uso de materiales accesibles y propios de la zona.

Una vivienda, que merezca el adjetivo de digna, debe cumplir con todas las prerrogativas anteriores. Es por ello que Provea ha señalado sus preocupaciones en los proyectos anunciados por el Ejecutivo, como las Petrocasas, que incumplen alguno de los componentes descritos. Recientemente tuvimos la oportunidad de observar las Petrocasas que se han construido en los páramos andinos, en donde además de la posible toxicidad desprendida por el material –Policloruro de Vinilo, PVC- se suma la escandalosa ruptura de la cultura y arquitectura tradicional de la zona. Curiosamente, el ex ministro de Vivienda Farruco Sesto posee una casa de descanso en Apartaderos que respeta, escrupulosamente, la andinidad en materia de vivienda. Por esto no se entiende que las políticas que desean implementarse como solución a las familias sin techo de Mucuchíes sea a costa de su propia idiosincrasia, y hasta que Pequiven no difunda los informes técnicos y toxicológicos, de la salud de sus habitantes.

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