Leyes para vivienda

Columna de Provea en Correo del Caroní, escrita por Rafael Uzcátegui

Recientemente el Ejecutivo Nacional ha promulgado un conjunto de leyes que permitirían coadyuvar en la realización de las metas de vivienda, una de las políticas públicas definidas, recientemente, como claves para Miraflores. De esta manera se intenta revertir el amplio rezago en materia habitacional, una de las políticas públicas desarrolladas desde el año 99 con menos resultados concretos. En un análisis reciente realizado por el Coordinador General de Provea Marino Alvarado, se hizo un primer balance de este conjunto normativo: “Valoramos que por fin el gobierno se haya decidido a dar prioridad a la problemática de la crisis habitacional existente en el país –expresa el activista y abogado-. No podemos dejar de expresar nuestras dudas sobre la posibilidad que logre cumplir las metas establecidas  para este año debido a la ineficacia mostrada durante más de una década, sin embargo, aspiramos que se logre el propósito. Si de verdad alcanza a superar las deficiencias y obstáculos muchas familias serán beneficiadas  y constituiría un importante hecho de justicia social.

Entre las nuevas leyes tenemos Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela; Ley de Refugios Dignos; Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos  y Vivienda; la Ley de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos que en realidad es una reforma a la Ley de 2006; Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.

Desde una perspectiva de los derechos humanos la mayoría de las normas encuadran dentro de los componentes que integran el derecho humano a una vivienda adecuada”. En este punto recordamos que una política coherente en vivienda, desde una perspectiva de derechos humanos, no es solamente construir, de cualquier forma, cuatro paredes y un techo para las familias necesitadas. Una vivienda “adecuada” es definida, según la interpretación del párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), por los componentes a) Seguridad jurídica; b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) Gastos soportables; d) Habitabilidad; e) Asequibilidad; f) Lugar adecuado y g) Adecuación cultural. Una vivienda, que merezca el adjetivo de digna, debe cumplir con todas estas prerrogativas.

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Derechos humanos y no violencia

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Como sabemos, la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela garantiza en su artículo 68 el derecho a la manifestación pacífica y sin armas. El estudio de manifestaciones enero-diciembre 2010, realizado por Espacio Público y Provea, contabilizó un total de 3.114 movilizaciones realizadas en todos el país, reflejando que las venezolanas y venezolanos ejercen este derecho de manera abrumadora, tal como se encuentra estipulado en la Carta Magna. De la cifra total de manifestaciones apenas el 1%, es decir, 31 protestas, asumieron características violentas.
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