TSJ: Réquiem de los derechos constitucionales

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El derecho de petición es el derecho de solicitar información de interés público a un ente, órgano, funcionario o funcionaria competente para ello. Esta posibilidad se encuentra garantizada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 51, que afirma que “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo específico”.

Lo anterior significa varias cosas: a) Cualquier personas, sin distingos de ninguna clase o índole; b) tiene el derecho constitucional de exigir ante un órgano, ente, funcionaria o funcionario público en ejercicio de una potestad pública (de conformidad con las competencias que el mismo tenga asignadas); c) una respuesta adecuada con información de nuestro interés y en coherencia con la petición realizada; d) En un tiempo oportuno de conformidad con la ley: e) De lo contrario, los funcionarios o funcionarias responsables deben ser sancionados conforme a la ley.
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