Nueva hegemonía y criminalización de la defensa de DDHH

Rafael Uzcátegui (Colaboración para revista SIC)

En una declaración harto conocida, el actual Ministro de Comunicación apuntó que la estrategia informativa del Estado pasaba por construir la hegemonía comunicacional. De esta manera Izarra rescataba, como política de Estado, el concepto construido por el filósofo italiano Antonio Gramsci. En resumen, plantea que la dominación no es fruto exclusivo de los aparatos represivos estatales, sino también de una “hegemonía cultural” por la suma de la influencia del sistema educativo, la religión y los medios de comunicación, quienes expresarían y reforzarían una ideología determinada.

Lo anterior expresa -cosa que los hechos confirman-, el deseo de diferentes funcionarios gubernamentales de sustituir un sesgo por otro de signo contrario, imponiendo una suerte de nuevo pensamiento único. En la práctica esto tiene diferentes consecuencias para la pluralidad inherente a la democracia. Una de ellas ha sido  – también política de Estado-  la criminalización de la protesta que en el caso de los defensores y defensoras de derechos humanos constituye una grave violación tanto de la Carta Magna como de las obligaciones contraídas por el país en la materia.

Datos duros, recopilados por Cofavic, demuestran que en el período comprendido entre diciembre del 2009 y diciembre del 2010 se registraron 50 casos de ataques contra la integridad de activistas, lo cual afectó a 38 personas. Los patrones detectados fueron amenazas y actos de hostigamiento (40%), campañas de descrédito (28%), ejecuciones extrajudiciales (8%), privaciones de libertad (8%) detenciones arbitrarias mientras ejercían el derecho a manifestar pacíficamente (6%); lesiones y ataques (4%); judicialización por recepción fondos (4%) y, finalmente, seguimiento y vigilancia (2%).

La situación anterior no es aislada y forma parte, según estudio del patrón elaborado por la Fundación por la Defensa del Debido Proceso de México de “una cadena de acontecimientos cuyo cumplimiento revela la presencia de una política de criminalización gubernamental”. En el primer peldaño de su análisis establecen el cierre de los canales y mecanismos de diálogo y negociación por parte del Estado, lo cual obliga a las organizaciones populares al aumento de intensidad y radicalización de sus movilizaciones (cierre de vías, huelgas de hambre, tomas simbólicas, etc), como manera de llamar la atención de las autoridades ante la ausencia de vías institucionales de canalización y satisfacción de sus demandas. Según cifras de Espacio Público y Provea para el año 2010 se realizaron 3.315 manifestaciones en Venezuela, una cantidad que duplicó, en apenas tres años, la cifra registrada en el año 2007, cuando se contabilizaron 1.576 situaciones. Provea afirmó que, además del aumento de la conflictividad, existe un proceso de radicalización de la manifestación pacífica. Esto lo demostraría la realización de 105 huelgas de hambre en el período octubre 2009 – septiembre 2010, un extraordinario aumento del 700 % respecto al período anterior, cuando apenas se habían detectado 5 casos. Una táctica que refuerza el autismo estatal es la invisibilización de las demandas de los afectados y afectadas por violaciones a sus derechos. Las protestas de las comunidades populares encuentran difícilmente difusión en el universo de medios de comunicación estatales, incluyendo –con algunas honrosas excepciones- a los autodenominados medios alternativos y comunitarios. Esta práctica constituye una violación al derecho a la libertad de expresión e información por parte de los medios públicos y es una manera de criminalizar doblemente a los sectores movilizados: Una vez por la propia exigencia abierta de sus demandas. La segunda por utilizar medios privados señalados como “contrarrevolucionarios” y “golpistas”. ¿Un ejemplo? La no cobertura de la privación ilegítima de libertad del sindicalista Rubén González durante 15 meses.

El segundo eslabón de la cadena lo constituye la deslegitimación y desprestigio contra los voceros, voceras y grupos sociales que ejercen abiertamente su derecho a la manifestación. Esta campaña de descrédito se caracteriza por que los funcionarios y funcionarias no discuten las motivaciones y hechos que generan el descontento, sino que interpelan la legitimidad de los propios actores movilizados, sugiriendo su naturaleza “mercenaria”, su pertenencia a un “plan desestabilizador” u “organizaciones extranjeras”. Si bien las acusaciones son realizadas desde diferentes actores institucionales, sus cajas de resonancia más activas son medios de comunicación públicos y profesionales (periodistas, investigadores o abogados) que si bien responden a una dinámica cuyo epicentro es el Ejecutivo -con el cual mantienen una relación indirecta-, aparentan que sus señalamientos son parte de la preocupación de un sector de la ciudadanía.

El tercer escalón de la escalera de criminalización lo constituye la represión directa y la judicialización de las personas que exigen el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Para ello se realizan detenciones selectivas y se somete a los defensores y defensoras a largos y engorrosos procesos penales, que aleatoriamente terminan con una sentencia de cárcel, suficientemente ejemplarizante para desestimular al conjunto de la organización social pero en una cantidad que no desencadene una respuesta de calle mayor de los sectores afectados. A mediados del año pasado un grupo de personas, miembros del Partidos Socialista Unido de Venezuela (PSUV), solicitaron a la Fiscalía iniciar una averiguación por la recepción de fondos y “traición a la patria” de 15 organizaciones del país, incluyendo en la lista varios grupos de derechos humanos. A pesar de las solicitudes de información, se desconoce el status de este expediente, lo cual condena a los interpelados a la incertidumbre. Esta iniciativa se relaciona con la promoción de un marco jurídico que obstaculizaría la recepción de fondos internacionales para el trabajo de la sociedad civil independiente, base de la labor de las ONG´s en todo el mundo. Por un lado la publicada en Gaceta Oficial  “Ley de Defensa de la Soberanía Política y al Autodeterminación Nacional” (LDSPAN), y por otro, la “Ley de Cooperación Internacional”, aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional.

La última fase que revela una política sistemática de criminalización de la protesta es la realización de acusaciones extravagante sin pruebas, que persiguen intimidar a  todos aquellos que, a contracorriente de la nueva hegemonía, se organizan para defender sus derechos. Un ejemplo reciente es revelador: los señalamientos que responsabilizaban a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), de los trágicos hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de El Rodeo. Las acusaciones se iniciaron en el Ministerio de Interior y Justicia, replicándose desde diferentes medios de comunicación estatales. Como consecuencia la esposa de Prado recibió llamadas amenazantes en su domicilio que afirmaban que el activista “sería el próximo en caer”, motivando la temporal inhibición del defensor de los derechos humanos en aras de resguardar a sus seres queridos.

Las y los defensores de DDHH del mundo, incluyendo los de Venezuela tienen un compromiso con los valores de la democracia, la justicia social y la libertad. Pero también uno más fuerte, con personas de carne y hueso, las víctimas que acompañan en el resarcimiento de sus derechos. Contra esta vocación, no hay intimidación que valga. (SIC Agosto 2011)

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