EPU y derecho a la salud

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual éste vigila regularmente el cumplimiento por cada uno de los 192 estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. El EPU es un proceso de revisión interestatal destinado a mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno. Este año se realizará por cuarta oportunidad, esta vez a un grupo de 48 países, entre ellos, Venezuela. La fecha pautada para la revisión es el próximo 7 de octubre. De esta manera, al país le tocaría su próximo EPU en el 2015.

En materia de salud el gobierno del presidente Chávez tiene políticas positivas que presentar. Entre ellas la atención primaria de salud a familias pobres a través de la Misión Barrio Adentro, en sus distintos niveles. La reducción de la tasa de mortalidad infantil y neonatal y mejora en la esperanza de vida al nacer.

Sin embargo, paralelamente el Estado mantiene una conducta omisiva al no promulgar una ley orgánica que cumpla el mandato de constituir un sistema público nacional de salud y garantizar un financiamiento fiscal adecuado para cubrir las necesidades sanitarias de personal, infraestructura, insumos y programas preventivos. El Plan Nacional de Salud 2009/2013-2018 (PNS), elaborado por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (MPPD) y el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), establece principios no integrales y centralistas de gestión sanitaria, desconociendo los principios de integralidad y descentralización que rigen en la Constitución Nacional (artículos 84 y 85). En este sentido, el Estado conserva una separación indebida entre las redes de centros públicos existentes y enfoca sus esfuerzos en la red Barrio Adentro, bajo coordinación de una delegación médica del Gobierno de Cuba. Además la Misión Barrio Adentro no está adscrita al MPPS sino al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia. A finales de 2009 el Gobierno nacional declaró en emergencia dicha misión por la paralización del 50% de sus centros (2.149 abandonados de 4.298 construidos, y 1.199 funcionando a medio turno) a causa de problemas.
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