EPU y derecho a la salud

Columna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos mediante el cual éste vigila regularmente el cumplimiento por cada uno de los 192 estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. El EPU es un proceso de revisión interestatal destinado a mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno. Este año se realizará por cuarta oportunidad, esta vez a un grupo de 48 países, entre ellos, Venezuela. La fecha pautada para la revisión es el próximo 7 de octubre. De esta manera, al país le tocaría su próximo EPU en el 2015.

En materia de salud el gobierno del presidente Chávez tiene políticas positivas que presentar. Entre ellas la atención primaria de salud a familias pobres a través de la Misión Barrio Adentro, en sus distintos niveles. La reducción de la tasa de mortalidad infantil y neonatal y mejora en la esperanza de vida al nacer.

Sin embargo, paralelamente el Estado mantiene una conducta omisiva al no promulgar una ley orgánica que cumpla el mandato de constituir un sistema público nacional de salud y garantizar un financiamiento fiscal adecuado para cubrir las necesidades sanitarias de personal, infraestructura, insumos y programas preventivos. El Plan Nacional de Salud 2009/2013-2018 (PNS), elaborado por el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (MPPD) y el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), establece principios no integrales y centralistas de gestión sanitaria, desconociendo los principios de integralidad y descentralización que rigen en la Constitución Nacional (artículos 84 y 85). En este sentido, el Estado conserva una separación indebida entre las redes de centros públicos existentes y enfoca sus esfuerzos en la red Barrio Adentro, bajo coordinación de una delegación médica del Gobierno de Cuba. Además la Misión Barrio Adentro no está adscrita al MPPS sino al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia. A finales de 2009 el Gobierno nacional declaró en emergencia dicha misión por la paralización del 50% de sus centros (2.149 abandonados de 4.298 construidos, y 1.199 funcionando a medio turno) a causa de problemas.

Por otra parte, la red de centros públicos de salud tradicionales compuesta por 211 hospitales que atienden al 60% de la población, presentan una severa deficiencia de disponibilidad de servicios, debido al cierre parcial o total de unidades e terapia, quirófanos y salas de consulta en 40% de éstos, motivado a renuncias masivas del personal médico (50% de unos 23 mil médicos graduados y retiro de médicos residentes de postgrados), influyendo en ello la suspensión indefinida de las contrataciones colectivas. Además, en el 60% de estos hospitales públicos se iniciaron obras de reparación incorrectamente planificadas de manera simultánea y aún no terminadas desde el 2007, sobre lo cual reposan en la Asamblea Nacional expedientes de contratos fraudulentos por 4.000 millones de bolívares sin procesos licitatorios ni fecha de entrega de obras. Como consecuencia, han aumentado las denuncias de fallecimientos de personas por denegación de atención en hospitales públicos y el ascenso de la mortalidad materna y la mortalidad neonatal.

Asimismo, las coberturas de vacunación han sido bajas en los últimos años (entre 40 y 50% en la población de 0-5 años de edad) por reducciones de presupuestos y debilidades en sistemas de compra y almacenamiento, causando aumentos de enfermedades prevenibles como sarampión, parotiditis, hepatitis B, fiebre amarilla y fiebre mayaro; así como se han venido presentando fallas crónicas en el suministro de medicamentos antirretrovirales que afectan actualmente a 50% de las personas con VIH, y el aumento del número de muertes por sida, pasando de una tasa de 4.65 muertes por cada 10 mil habitantes, a una tasa de 6.08 muertes por 10 mil habitantes entre 2002 y 2007. Las estadísticas epidemiológicas reportan también aumentos sostenidos de dengue, malaria o paludismo y tuberculosis; y se han producido denuncias graves de contaminación en reservorios naturales de agua, embalses y acueductos de los estados Carabobo, Aragua, Miranda, Bolívar y Zulia. En los últimos años, la información pública en salud es cada vez más escasa, situación agravada con suspensiones frecuentes de la publicación de los boletines epidemiológicos por parte del Ministerio de Salud.

El aspecto clave del proceso del EPU es la implementación rápida y plena de las recomendaciones incluidas en el informe de resultados para mejorar el respeto por los derechos humanos sobre el terreno. Por ello, esta evaluación puede ser una oportunidad tanto para reforzar las políticas públicas positivas en materia de salud como para subsanar las fallas existentes, con el objetivo de un mayor disfrute del derecho a la salud para todos y todas las venezolanas, sin exclusión de ningún tipo. (Correo del Caroní, 19.09.11)

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