Mil protestas en un día. Sobran razones

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En el museo de la semiótica deberá quedar ese particular razonamiento de los funcionarios de Estado para los cuales cualquier protesta, más allá de los predios de Maiquetía, es una muestra de legítima indignación de los pueblos oprimidos, mientras que cualquier movilización en el patio es la avanzada de un proyecto desestabilizador teledirigido por fuerzas ocultas desde el extranjero.  Esta lógica fue invocada, recientemente, en boca de Aristóbulo Istúriz, vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un ex gremialista del Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA) para quien hoy la protesta de trabajadores por sus derechos son guarimbas desestabilizadoras que responden a un plan diseñado fuera del país. Nada diferente a la lógica estatal de los gobiernos anteriores, lo sorprendente es que provenga de una persona que hasta ayer ejercía sus derechos constitucionales presionando a los poderes públicos en la calle.

¿Hay razones para la protesta laboral? Diversos problemas que vienen aquejando a los y las trabajadoras del país son fuente de conflicto desde hace más de tres años. La no discusión de convenciones colectivas, principalmente en el sector público, una inflación anual del 30%, la violación al ejercicio de la libertad sindical, los despidos injustificados, el no pago de deudas acumuladas y la crisis por la que atraviesan las industrias básicas de Guayana son algunos de las situaciones que generan descontento.

En la creciente protesta social desarrollada en el país, el sector laboral encabeza las acciones de exigibilidad de derechos. La indignación ante las masivas y reiteradas violaciones se traduce  paros, huelgas, tomas de establecimientos, cierre de calle, concentraciones y otras modalidades. Durante todo el 2010 los trabajadores realizaron la cantidad de 1121 acciones de protesta, de un total de 3114 realizadas en el país, lo cual equivale al 36% del total. Por su parte, en el primer semestre de 2011 de un total de 2365 protestas, el sector laboral protagonizó 989, es decir, el 41,82%, lo cual evidencia una línea ascendente de descontento y disposición a reivindicar sus derechos.

Particular malestar causa  la no discusión de las convenciones colectivas. Hay empresas del Estado con más de cinco años con su pliego laboral vencido y sin discusión. Los trabajadores de la administración pública introdujeron el 07.08.07 ante la Inspectoría del Trabajo el proyecto de Convención y el Ejecutivo Nacional se niega a discutirla. El derecho a la convención colectiva en el sector público se violenta igualmente cuando son incorporados como “contratados” un número importante de trabajadores. Bajo dicha figura no quedan amparados por las convenciones.  Existe un creciente proceso de  tercerización en el sector público mediante el cual se mantiene a trabajadores por muchos años con contratos anuales sin que puedan gozar de muchos beneficios.

En el sector privado la situación no es muy diferente. Hay una constante violación a las convenciones colectivas y con frecuencia se realizan despidos injustificados o se pone fin a las relaciones laborales y no se paga las prestaciones sociales. Los trabajadores de la planta Coca Cola Femsa, realizaron una huelga de  27 días para forzar la firma del contrato colectivo, que amparó a 1.200 trabajadores de esa compañía

Resalta igualmente los reiterados obstáculos que colocan patronos públicos y privados al trabajo de los sindicalistas. Se complementa con la judicialización del ejercicio de la libertad sindical abriendo procesos penales a dirigentes sindicales por convocar paros y huelgas. Uno de los casos más recientes es el de los trabajadores de Sintracallao. La Fiscalía Quinta del Ministerio Público en la población de Tumeremo, estado Bolívar imputó a cuatro trabajadores por participar en la paralización de la mina Isidora donde opera la empresa de capital mixto Venrus.

Como ha relatado Carlos Patiño, presidente del Sindicato del INCES, la respuesta de los patrones es el desconocimiento de las organizaciones gremiales y, como ha ocurrido dentro de la institución de la que forma parte, la promoción desde arriba de sindicatos amarillos que intenten confundir y dividir los anhelos de la masa asalariada.

Por todas estas razones, diversas organizaciones sindicales agrupadas en el El Frente Autónomo Nacional por la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS) están convocando para el próximo 20 de octubre a una Jornada Nacional de Protesta bajo el lema “Mil protestas en un día”. Su motivación se encuentra dentro del no disfrute de los derechos laborales garantizados en la Constitución. Para Provea esto es un saludable síntoma de la recuperación de la agenda laboral por parte de un sector del sindicalismo del país. El disfrute de los derechos laborales tiene como necesaria precondición la existencia de organizaciones sindicales insobornables en la defensa de las condiciones de trabajo de sus agremiados y agremiadas. Como ha planteado el FADESS, es necesaria la refundación del sindicalismo venezolano, dejando atrás toda una serie de vicios e irregularidades.

El Ejecutivo Nacional tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación. A pesar de las matrices criminalizadotas esgrimidas por personas como Aristóbulo Istúriz.

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