La ficción neoliberal

Rafael Uzcátegui

La vocación estadocéntrica de muchos y muchas de las partidarias de “El Proceso” tiene varias explicaciones. Una de ellas es su fe sobre la presunta arremetida neoliberal en la región, por la cual los gobiernos denominados “progresistas” constituyen un muro de contención. Este argumento en los años noventas era discutible, pero en los días que corren es absolutamente erróneo.

Hace dos décadas, tras la caída del Muro de Berlín y la profecía del fin de la historia, el llamado Consenso de Washington era el paradigma impulsado en el continente, lo cual incluía programas de ajuste macroeconómico y la promoción de la reducción de la soberanía estatal y sus funciones en la sociedad, roles que pasarían a ser satisfechos por el mercado. El recetario neoliberal que se aplicó reiteró su incapacidad para la reducción de la pobreza en la región, considerada la principal violación a los derechos humanos, y originó desordenes y resistencias hercúleas, de las cuales la primera conocida fueron los hechos del Caracazo. A su vez, los adelantos tecnológicos en materia de comunicaciones catapultaron la propia recomposición de la arquitectura capitalista en el mundo, con lo que los flujos de dinero ya no poseen, como antaño, equivalentes materiales o territoriales.

El nuevo siglo trajo consigo una redimensión de las propias funciones estatales, evidente para el caso de los países exportadores de energía. En el llamado “neoextractivismo progresista” el Estado tiene una función primordial en el apuntalamiento de la competitividad nacional en el mercado mundial de hidrocarburos. Profundizando el modelo de economías de enclave Venezuela, Ecuador y Bolivia aumentan las regalías por el producto y establecen alianzas comerciales, conservando la mayoría accionaria, con las empresas trasnacionales del ramo, lo cual constituye -como en nuestro caso y a pesar del discurso-, una reversión del proceso de nacionalización de la industria. Los Estados-Nación han mutado de sujetos soberanos al rol de actores estratégicos, ocupándose de sus intereses en un sistema global de interacción, donde existe una soberanía compartida sistémicamente.

Repitiendo un discurso con veinte años de atraso, muchas y muchos adeptos al gobierno no perciben que contribuyen a legitimar la estatización de la vida cotidiana,  donde se pretende que los cambios aparezcan por decreto y mediante el subsidio al voluntarismo mágico. Lo resultante de un proceso que no viene genuinamente desde abajo es un artificio maquillado por la propaganda. Si atenemos a la última encuesta de valores de Grupo de Investigación Siglo XXI, después de 12 años somos un país 87% antiabortista, 72% machista y 69% homofóbico. ¿No estábamos en una “revolución”? De la ficción estatista a la ficción a secas. (Tal Cual 14.11.11)

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