Transiciones a la Venezuela post-petrolera

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Provea ha venido alertando acerca de la degradación al medio ambiente producto de la actividad extractiva petrolera. Desde hace varios años denunciamos que los esfuerzos que realiza la estatal PDVSA para disminuir el impacto ecológico negativo es, a todas luces, insuficiente. En diferentes puntos del país diferentes comunidades rurales e indígenas son afectadas por la contaminación de aire, agua y suelos producto de la minería. Esta situación es constante en otros países de la región que, al igual que el nuestro, se encuentran en proceso de expansión de su economía primario-exportadora de recursos energéticos. Sin embargo, en comparación, en ellos hay dos diferencias importantes: 1) Un activo movimiento social de base enfrentado a los grandes proyectos de infraestructuras a beneficio de la minería y a la ampliación de los diferentes yacimientos, y 2) Un variado tejido social, que incluye universidades e instituciones, que han puesto en el debate público la necesidad de planificar transiciones hacia una economía post-petrolera. En este último punto los intereses no provienen solamente de los ecologistas radicales. Diferentes economistas y funcionarios han afirmado que por un lado el recurso no es renovable y que, a pesar que algunos rubros (como el crudo pesado) existen reservas hasta dentro de 200 años, estiman que el mundo en algunas pocas décadas será menos dependiente de los hidrocarburos de lo que es en la actualidad. En resumen, que la gallina de los huevos de oro tiene un rendimiento finito.

Diferentes organizaciones sociales de la región promueven activamente tanto la denuncia al llamado “neoextractivismo” como una serie de alternativas para realizar un proceso de transición a un desarrollo diferente. Por ejemplo, el Centro Latinoamericano de Economía Social (CLAES) ha propuesto una serie de medidas que permitan armonizar las necesidades energéticas humanas con la sustentabilidad ecológica, en el entendido que la transición a una economía post-petrolera debe dar cortos pero firmes pasos. Algunas de estas son:
 – Moratoria a la exploración de nuevas reservas fósiles: Además de los impactos ambientales ya conocidos de la explotación de hidrocarburos convencionales y los aún mayores de los no convencionales, las reservas probadas de estos recursos fósiles contienen más carbono del que se puede emitir para evitar un cambio climático peligroso. Por lo tanto no tendría sentido aumentar la cantidad de reservas de algo que no vamos a poder utilizar.

– Cálculo de los costos sociales y ambientales: Este es un instrumento económico bastante aceptado –aunque poco utilizado- y que cuenta con antecedentes. En el caso de la explotación y utilización de hidrocarburos, la sola incorporación de los costos sociales y ambientales en las evaluaciones previas o en los precios finales haría inviables muchos emprendimientos y aplicaciones. Hasta ahora los costos de la energía no contabilizan los daños al medio ambiente y a las comunidades aledañas a los yacimientos.

– Reorientación de subsidios. Los subsidios a la explotación, transporte y consumo de hidrocarburos llegan a cifras exorbitantes en muchos países. Es difícil sostener el argumento de que las energías renovables no son competitivas cuando se las compara con fuentes fósiles tan altamente subsidiadas y que no incorporan como costo los impactos que ocasionará. Retirar los subsidios a los fósiles y reorientarlos a las renovables volvería más competitivas a estas fuentes.

– Aprovechamiento del financiamiento internacional sobre Cambio Climático: La preocupación internacional sobre el cambio climático ha impulsado la creación de fondos, políticas y mecanismos de mercado orientados a la promoción de las energías renovables. Si bien es probable que esto por si solo sea insuficiente, no deben ser desaprovechados.

– La realización de Evaluaciones Ambientales Estratégicas y de Impacto Ambiental como base de los nuevos acuerdos de producción de energía

– Utilización de indicadores de “empleabilidad” para la aprobación de nuevos proyectos: Uno de los criterios generalmente utilizados para medir la capacidad de distribución de la riqueza de una industria es la cantidad de fuentes de trabajo que genera. Para el caso de la energía el indicador utilizado es el que relaciona la cantidad de empleos directos con la cantidad de energía consumidos por la industria en cuestión.

Como claramente lo establece el CLAES los cambios necesarios para poder alcanzar una matriz energética sustentable son muchos, deben darse en diferentes ámbitos y sectores y requieren de profundas transformaciones políticas y tecnológicas. No obstante, existen herramientas conceptuales, jurídicas y económicas con potencial para iniciar el período de transiciones. La profundidad y velocidad de esos cambios dependerá de las acciones que desde los distintos ámbitos de la sociedad (política, académica, institucional, etc.) tomen en esa dirección. Si alguna consecuencia buena puede derivarse del reciente derrame petrolero de Monagas es internalizar la necesidad de comenzar a pensar y promover, la Venezuela post-petrolera.

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