Seguid el ejemplo que Sarayaku dio

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En nuestros pasados dos artículos hemos versado sobre el derecho que tienen los pueblos indígenas de ser consultados sobre las políticas a desarrollar en sus territorios, basados en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Un segundo instrumento que recoge diferentes derechos indígenas, como el de la consulta previa, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la ONU en el año 2002.

Una novedad de esta declaración con respecto a otras normas que protegen derechos indígenas es que, en su artículo 30, se establece específicamente que no deben desarrollarse actividades militares en tierras indígenas antes de ser consultados, a través de procedimientos apropiados y por medio de sus instituciones representativas. Asimismo, la declaración establece otras situaciones en donde los Estados deben desarrollar procesos de consulta con las comunidades originarias: “Antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado” (artículo 19); “Antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”. (Artículo 32.2); “No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y  equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso” (Artículo 10) y “Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado” (Artículo 29.2).
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OIT y derechos indígenas

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

De manera lenta y tozuda, después de años de colonización y acorralamiento, los pueblos indígenas han logrado mediante la movilización y denuncia el reconocimiento de sus derechos en muchas dimensiones, desde la simbólica hasta la jurídica. En esta última, hay una serie de declaraciones y convenios firmados por los Estados, que los obligan a tener una serie de prerrogativas a la hora de tomar decisiones sobre las políticas públicas que afecten comunidades originarias.

Aunque pareciera que derechos indígenas y derechos laborales tuvieran poco que ver, ha sido una instancia famosa por su vigilancia en las condiciones de trabajo en todo el mundo quien ha promovido un convenio que garantiza una de las principales reivindicaciones de los pueblos indígenas en el continente: Ser consultados previamente sobre cualquier proyecto a desarrollarse dentro de sus territorios. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha redactado un convenio con el número 169 enfocado en los pueblos indígenas y tribales, que desde el año 1991 ha entrado en vigor, “reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”, como reza su preámbulo.
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Buscando comida China en Caracas

Desde que llegué a Caracas, en 1994, la comida china ha sido el alimento más barato consumido por los caraqueños. No hay fin de semana en que una familia de por estos lados “resuelva” la papa del domingo con el clásico combo de arroz especial, lumpias, chopsuey y costillitas. Ni hablar que los chinos son el “tomadero” favorito para quienes desean una espumosa al menor precio posible. Sin embargo a costa de repetición, quitando el procedimiento mecánico de llenar el estómago con lo disponible, la cosa aburre. Y aburre bastante. La mayoría de los restaurantes chinos de la capital han sido clonados de un molde que alguien rompió y tiró al Guaire en algún momento. Por ello siempre estoy atento a los chinos que puedan ofrecer, en esa combinación calidad-precio, alguna variación, por ligera que sea, y acá no cuenta las costillitas sal y pimienta por si acaso.

La franquicia Kung-fu del Centro Comercial Paseo El Hatillo parecía, a primera vista, ofrecer algunas variaciones al menú de toda la vida: Fideos Singapur, Tizán variado al vapor, bolas de pan chino rellenas de cerdo y vegetales, sopa wantón y costillitas. Y sí, hay otras cosas, pero el menú para dos personas, con refrescos, casi fueron 300 bs. Un precio alto para la calidad y servicio del sitio. ¿Un puntaje? 5 sobre 10.

 

Los indignado-as de Frankfurt

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Brevemente y bajo un pertinaz aguacero, pasé por el campamento de indignados/as en el centro financiero de Frankfurt, Alemania. Entre 20 y 30 carpas, mas toldos con espacios comunes, constituían en ese momento la infraestructura, aunque no podía evaluarla bien pues debido al clima, la gente estaba dentro de sus carpas y todos los materiales y exhibiciones que ponen para las asambleas estaban resguardadas. Por fuera parecía todo muy revival de los 60´s, pero quedarse con esa impresión es muy superficial. Sin embargo los afiches de convocatoria podían leerse por toda la ciudad, y algunas manifestaciones con 25.000 personas habían encontrado eco en la prensa alternativa europea, a pesar de ser Alemania el país que menos ha sido afectado por la crisis. Será para una próxima indignación cuando pueda enterarme más y conversar con la gente…

Leo y difundo: Provea deplora que presunto autor intelectual de Masacre de El Amparo sea vocero de la campaña electoral

(Caracas, 20.07.12) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) lamenta que en los últimos días una persona conocida por su presunta participación en La Masacre de El Amparo, uno de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el país, se haya convertido en vocero de la campaña electoral por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Como se recordará el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín junto con el comisario Henry López Sisco, entre otros, formaba parte en el año 1988 del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable del asesinato de 14 personas el 29.10.88 en hechos que fueron conocidos como “La masacre de El Amparo”, y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los amparitos”.

Tres días antes de la Masacre de El Amparo, el 25 de octubre de 1988, un helicóptero del CEJAP se estrelló mientras realizaba labores de inteligencia. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la tripulación se encontraba el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en el operativo denominado “Anguila III”, una operación ejecutada finalmente por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La presunta participación intelectual de Rodríguez Chacín en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644, folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaró ante la justicia militar “fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a “Hipólito” –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar, una vez más, de preparar ese enfrentamiento”.  El 20.06.94 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del CEJAP, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictó un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos, entre ellos el Capitán Rodríguez Chacín.

Provea considera que la designación de Chacín como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la región Los Llanos, lo cual le confiere un especial protagonismo en la actual campaña electoral significa un aval a la impunidad y es contradictoria con el discurso del partido de gobierno acerca de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes del pasado. Así como en su momento Provea solicitó las investigaciones acerca de las denuncias contra el diputado José Sanchez Mazuco por violaciones a los derechos humanos, seguiremos insistiendo en realizar averiguaciones oficiales en contra de funcionarios del gobierno señalados en delitos similares, como es el caso del diputado por el PSUV Roger Cordero Lara, autor material de la llamada Masacre de Cantaura.

Sobre el caso de Rodríguez Chacín y la Masacre de El Amparo Provea exige a los poderes públicos:

1.- Que se cumpla con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció la obligación de elaborar a más tardar para el 25 de junio de 2010 un cronograma detallado de las gestiones que realizará para investigar los hechos  identificar, y en su caso, sancionar a los responsables;

2.-En cumplimiento de la Ley para Sancionar los crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 el Ministerio Público investigue al ciudadano Ramón Rodríguez Chacín como presunto autor intelectual de la masacre de El Amparo.

3.- La Fiscal General de la República de respuesta a la solicitud realizada en agosto de 2009 por los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes para que se reúna con ellos en la población de El Amparo