Un coloquio en Sao Paulo


Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

 

Del 13 al 20 de octubre pasado se realizó en la ciudad de Sao Paulo el XII Coloquio Internacional de Derechos Humanos, realizado por la ONG brasilera Conectas. El objetivo de este evento, que congregó a activistas de 39 países, era discutir colectivamente desafíos resultantes de los nuevos temas en la agenda de derechos humanos del sur global, así como compartir estrategias innovadoras utilizadas por los participantes para proteger mejor las garantías de dignidad de hombres y mujeres.

La metodología de esta intensa semana de debate fueron las ponencias y los grupos de trabajo, además de discusiones sobre casos prácticos, un foro abierto y una visita al Memorial de la Resistencia. La temática fue variada y pertinente: “Desarrollo económico y violaciones a los derechos humanos”, donde se insistió en la puesta en cuestión del modelo de desarrollo basado en la minería por todas sus secuelas en comunidades indígenas y campesinas, así como al medioambiente; “Límites de la comunidad internacional y el uso de la fuerza”, día en el que se balancearon las consecuencias de las intervenciones militares, sus motivaciones geopolíticas y aquellas situaciones en las que a pesar de la gravedad de la crisis, las Naciones Unidas no actúan con la misma determinación que en otros países. Con dolor escuchamos los testimonios de los activistas de Siria y Guinea Bassau, describiendo el sufrimiento y asesinato en sus países a la par que pedían abiertamente, como única alternativa, la intervención de una fuerza multilateral en sus territorios; “Fortalecimiento de las ONGs en el sur global”, en donde compartimos los retos y frustraciones comunes en la lucha por los derechos humanos; “Conocimiento para la acción”, jornada en la cual Provea describió su trabajo de 23 años de investigación para la exigibilidad de derechos humanos y, por último, “Tecnología y derechos humanos”, estudiando casos de campañas exitosas mediante el uso de las redes digitales y los adelantos audiovisuales.

Todas las discusiones fueron a puerta cerrada en la Fundación Getúlio Vargas de la ciudad, salvo la noche del lunes en que la conocida Librería Cultura de la Avenida Paulista abrió las puertas de su auditorio para la discusión “Mundial y Olimpíadas: ¿Quién gana?”. A casa llena el ex capitán de la selección nacional del Brasil, Raí Oliveira, a nombre de la asociación “Atletas por la Ciudadanía” y una representante del “Comité Popular de la Copa” describieron las consecuencias negativas para la ciudad en ser la sede de dos megaeventos deportivos: Desplazamiento forzado de barrios enteros para la construcción de infraestructuras, la militarización de las ciudades y el maquillamiento de la pobreza. Esa noche escuchamos también el relato de Patrick Bond, académico y activista residente en Suráfrica, quien fue encarcelado por estar repartiendo panfletos anti-xenofobia durante el Mundial de fútbol anterior.

 

El cónclave fue propicio para el reencuentro de representantes de organizaciones de derechos humanos latinoamericanas quienes discutimos, fuera del programa, estrategias para fortalecer el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos. Asimismo pudimos mapear agendas comunes de trabajo. Por ejemplo, las tendencias compartidas por nuestro país y Ecuador, país que vulnera su propio ordenamiento legal promoviendo una agresiva expansión de la economía extractivista. De boca de los representantes de la Fundación Pachamama y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos de Ecuador comprendimos mejor la valiente lucha del pueblo indígena Sarayacu rechazando la realización de proyectos energéticos en su territorio, lo cual fue respaldado por la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado ecuatoriano realizar consultas previas con las comunidades originarias antes de realizar emprendimientos extractivos.

 

No podemos dejar de comentar la visita al Memorial de la Resistencia, una institución dedicada a la preservación de la memoria de la represión política en el país, edificado en lo que entre los años 1940 y 1983 fue sede del Departamento Estatal de Orden Político y Social del estado de Sao Paulo. La reconstrucción parcial de lo que fue un centro de detención y torturas contra activistas políticos recrea las celdas en las que fueron confinados dirigentes sociales durante la dictadura, que según algunas cifras estiman en 500 personas el monto de sus desaparecidos. Este esfuerzo es parte de la voluntad política del Estado brasilero en castigar los delitos de derechos humanos ocurridos en el pasado, para lo cual se ha promovido una “Comisión de la Verdad” que investigue los hechos y realice recomendaciones. Mientras leíamos las inscripciones en la pared de las celdas, reconstruidas por los propios sobrevivientes del centro, no podíamos quitarnos de la cabeza las deudas del propio Estado venezolano en la materia, y la contradicción que algunos de los autores materiales e intelectuales de los crímenes que se rechazan, en el discurso, estén ejerciendo roles en el alto gobierno y sean postulados por el oficialismo para cargos de elección popular.

 

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