El vértigo del vacío

eleccionesRafael Uzcátegui

Si usted revisa los votos emitidos  en las elecciones presidenciales, entre 1998 y 2013, podrá constatar las curvas de crecimiento de los dos principales bandos políticos en pugna. El dato electoral, es cierto, no constituye toda la realidad, pero es un hecho que no puede soslayarse en cualquier análisis sobre la dinámica sociopolítica de cualquier país. La tendencia oficialista tuvo su mayor apogeo entre los años 2000 y 2006, lo cual coincide con el período de lanzamiento de las políticas sociales denominadas sociales. De allí al 2012 continuó el crecimiento, hasta llegar al tope de alrededor de ocho millones de sufragios para el candidato Hugo Chávez, con un margen sólido de diferencia de millón y medio de votos de su principal contendor. El mejor momento electoral del oficialismo, con un candidato casi ausente y la promesa de implementar una radicalización de su proyecto en base al estatismo comunal, dio paso al vértigo del vacío: La súbita ausencia del líder de un proyecto edificado en base al culto a la personalidad. Las interrogantes orbitaban en torno a cuánto “proceso” y cuánta “revolución bolivariana” serían posibles en su ausencia. Por ello, el resultado de las primeras elecciones presidenciales sin Chávez ofrecerían varias lecturas. Una de ellas tenía que ver con el margen que separaría al vencedor del ganador. Los resultados hasta ahora conocidos reflejan, en contraposición al 7 de octubre, el peor momento electoral del movimiento bolivariano, el cual apenas en 6 meses perdió todo el capital electoral que un Hugo Chávez había acumulado entre el 2006 y 2012, y cuyos guarismos sugieren que la opción no bolivariana sería la primera opción de triunfo en una próxima cita electoral de envergadura nacional. Uno podría preguntarse si todo el escándalo de los últimos días y la estrategia del llamado comando “antigolpe”, que incluye fantasmagóricos ruidos de sables, ficticios actos de vandalismo contra centros de salud y adjudicación de razones políticas a muertos por la peste  de nuestra violencia cotidiana, no tiene otro fin que darle largas a una discusión insoslayable aguas adentro en el movimiento bolivariano: La erosión del liderazgo de Nicolás Maduro, la pérdida de apoyo en los sectores populares, hasta octubre el sólido bastión del bolivarianismo y, por último, el comienzo del fin de la hegemonía política del chavismo en la sociedad venezolana. El único “golpe” posible a ser escuchado estos días sería el estrepitoso sonido de la caída. El trasvase electoral sugiere que eso que conocimos como “chavismo” sólo es posible bajo la conducción personal y omnipresente de Hugo Chávez.  Los tiempos son propicios para pensar y promover la necesidad de nuevos liderazgos colectivos, así como la recuperación de la autonomía beligerante de los movimientos sociales. @fanzinero

Manifestación y terrorismo de Estado

Yendrick-SánchezColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

A partir de las elecciones del 14 de abril, las organizaciones de la coalición Foro por la Vida hemos estado activadas a raíz de las diferentes denuncias sobre situaciones de violencia y vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Una comisión conformada por Cofavic, el Centro para la Paz y los DDHH de la UCV y Provea visitamos la ciudad de Barquisimeto para escuchar los testimonios de lo que parecen las más graves violaciones al derecho a la manifestación pacífica, derecho a la libertad personal y derecho a la integridad ocurridas en el marco de la crisis política desencadenada por los resultados electorales.

Alrededor de 80 personas fueron privadas de su libertad en la ciudad crepuscular por haber participado, o haber estado cerca, de la manifestación en los alrededores del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante los días 15 y 16 de abril. Aunque los testigos afirman que la cantidad fue mucho mayor, se calcula que una cuarentena de personas fueron heridas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. De la información procesada hasta los momentos, dos parecen ser las “novedades” del tipo de represión realizada en la capital larense. Por un lado manifestantes heridos como consecuencia de disparos de perdigones “a quemarropa”. Varios afectados nos relataron cómo fueron impactados de estos cartuchos de plástico, en cuyo interior se encuentran pequeñas bolas de plomo, apenas a dos metros de distancia. Pudimos observar las heridas de una de las víctimas, cuyo impacto fue de una distancia tan corta que el perdigón se alojó completo en su ingle, generándole una dolorosa herida de 8 centímetros de diámetro. Todas las evidencias sugieren que los funcionarios militares utilizaron los perdigones como si de armas tradicionales de fuego se tratara, con el objetivo expreso de causar el mayor daño a los manifestantes, como fue el caso de Ehisler Vasquez, de 20 años, a quien los perdigones le desfiguraron la mitad del rostro.

La segunda tendencia, y de gran preocupación, fue que tras como fue anunciado por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz el 16 de abril, los manifestantes encarcelados están siendo juzgados por delitos tipificados en la llamada Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el financiamiento al terrorismo. Como se recordará la plenaria de la Asamblea Nacional aprobó dicha normativa jurídica que consta de 89 artículos, que busca, según las notas de prensa institucionales, “prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar” los delitos del crimen organizado y el financiamiento a actos terroristas, como lo indica su artículo 1, y de esta manera reforzar la política de seguridad del Estado venezolano.

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Provea y la quema de los CDI´s

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Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El domingo 14 de abril realizamos un operativo especial con motivo de las elecciones nacionales para recibir cualquier denuncia sobre irregularidades en el marco de la jornada electoral. Los hechos desencadenados hicieron que nuestra jornada extraordinaria se extendiera por unos días más. Hicimos turnos especiales para poder recibir y asesorar denuncias, independientemente del signo político de sus denunciantes.

El 15 de abril comenzamos a recibir llamadas sobre hechos violentos en diferentes partes del país, contra partidarios del oficialismo y de la oposición. Uno de las situaciones más preocupantes fue la presunta quema de Centros de Diagnósticos Integrales. Aquel huracán nos sobrepasó. Urgía reunirse con otras organizaciones para concertar acciones en medio de la crisis. Nuestras primeras declaraciones públicas rechazaron enérgicamente cualquier acto de violencia. Asimismo pedíamos a la ciudadanía ejercer la manifestación de manera pacífica y, a las autoridades, garantías para ejercer este derecho. Además, solicitábamos al Consejo Nacional Electoral activar los mecanismos para despejar cualquier duda razonable acerca del resultado de los comicios, tal como lo había expresado el presidente Maduro la noche del 14.

No fue hasta el 16 de abril que pudimos corroborar las denuncias sobre vandalismo en los CDIs. Nuestra metodología se orientó en tres direcciones. La primera fue recopilar y filtrar toda la información sobre el tema publicada en los medios estatales, digitales e impresos. La segunda consistió en un trabajo colaborativo junto a diferentes amigos de Provea, los cuales se tomaron la tarea de ir personalmente al sitio de los sucesos, tomar fotos, y verificar el estado de los centros de salud. La tercera fue recopilar y filtrar las noticias aparecidas en los medios no estatales. Nuestro interés por documentar lo mejor posible los hechos de violencia contra centros sanitarios dio paso al asombro, cuando comenzamos a constatar que si bien los CDI´s  y sus trabajadores habían sido víctimas de ataques y agresiones diversas, que debían ser rechazadas tajante y enérgicamente, ningún centro asistencial del país mostraba signos de haber sido quemados o vandalizados en la intensidad sugerida en la denuncia difundida tanto por medios oficiales como por alguno de los altos voceros del Ejecutivo. Esta notoria ausencia en los medios estatales, especialmente en las versiones impresas de Correo del Orinoco y Ciudad CCS, fue corroborada por las fotografías recibidas de los diferentes infoactivistas. Debido al carácter noticioso del hecho, periodistas de medios regionales fueron a las sedes de la Misión Barrio Adentro llegando a las mismas conclusiones que Provea: Ningún CDI del país, entre el 15 y el 18 de abril del 2013, había sido incendiado o vandalizado gravemente.

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Venezuela y gasto militar

noakColumna de Provea para el Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

 

Hoy 15 de abril se celebra, alrededor del mundo, el Día Mundial de Acción contra el Gasto Militar, iniciativa coordinada por la Oficina Internacional de la Paz y apoyada por la Internacional de Resistentes a la Guerra, la red antimilitarista más antigua del mundo, con sede en Londres. En la región diferentes iniciativas y organizaciones circulan un pronunciamiento en donde exigen que los países latinoamericanos no gasten más dinero en juguetes de guerra “y hace que las gigantescas sumas de dinero que van al gasto militar no puedan ser usadas para el gasto social, tan necesario en nuestra región”. Si bien los fenómenos de golpes de Estado continúan siendo una realidad entre nosotros, los antimilitaristas recordaron que el mayor destino de las importaciones de armas es la represión interna “en particular contra comunidades indígenas en defensa de sus tierras y en lucha contra proyectos extractivistas, como también contra movimientos sociales, que casi como un fenómeno generalizado son fuertemente criminalizados”.

 

Venezuela tiene mucho que decir en el tema, pues en el año 2012 fue el país de América Latina que liderizó las importaciones de material bélico según las cifras disponibles en el Instituto de Investigaciones por la Paz de Estocolmo (Sipri). Durante el año pasado el país importó armamento por una cantidad de 643 millones de dólares, un 6.8% más que lo gastado un año antes, cuando pagó 602 millones de dólares por las armas adquiridas en el 2011. El 63.7% de las armas compradas el año pasado fueron adquiridas a Rusia (410 millones de dólares), 17.8% a China y un 8.5% a España. Otros montos menores fueron negociados con Ucrania, Holanda, Alemania y Suiza. Comparando el monto global con la Ley de Presupuesto 2013, el gobierno venezolano gastó más dinero en compra de armas que en instituciones que afirma son sus abanderadas en las políticas sociales, como el Ministerio de Comunas y Protección Social, Agricultura y Tierras, así como Vivienda y Hábitat. De hecho, la carrera armamentista endógena gastó 3 veces más en armas que en el Ministerio del Servicio Penitenciario, 3.5 veces más en equipo bélico que lo destinado a deportes y cultura, 9.3 veces más en armamento que lo destinado al ministerio de mujeres y 19.6 veces más en instrumentos para la guerra que lo destinado para el ministerio de pueblos indígenas.

 

Cuando hacen falta inversiones en infinitas áreas, como en la repotenciación tecnológica de las Empresas Básicas para la generación de empleo digno, el gobierno venezolano invierte sumas generosas en armas, beneficiando a intermediarios y los llamados “perros de la guerra”, mientras paralelamente habla sobre la necesidad del desarme de la población. Esta no es la única paradoja de la voluntad humanista y de cultura de paz del gobierno bolivariano. En junio del 2005 Venezuela adquirió 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov AK-103 (una variante del clásico AK-47) a la Federación Rusa en una transacción por valor de 54 millones de dólares. Según las notas de prensa el objetivo era introducir dicho fusil de asalto “como arma de uso común en la Fuerza Armada Nacional”. La orden de compra incluyó accesorios: 74 millones de cartuchos calibre 7,62×39 mm, 2 mil juegos de repuestos, 50 juegos de calibradores, 2 mil manuales de empleo y 5 simuladores unificados para entrenamiento de tiro con el fusil. El negocio, además, incluía la transferencia de tecnología con lo que Venezuela se convertirá en el único país fabricante de AK-47 y sus variantes en la región. El seguimiento del convenio ha sido difícil por la opacidad de las informaciones. En un informe realizado en el año 2006, Amnistía Internacional calificó a los fusiles Ak como “la máquina de matar preferida en el mundo”.

 

La carrera armamentista del Estado venezolano no es una tendencia nueva. Un estudio de la ONG venezolana “Laboratorio de Paz”, basada en las cifras del Sipri, demuestra que entre los años 1980 y 2010 Venezuela se posicionó cómodamente en el segundo puesto, detrás de Chile, como el país de la región que más compró armamento gastando, durante esas tres décadas, un monto de 6.934 millones de dólares. De esta cantidad casi el 50% del monto total fue para adquirir aviones de combate (3.472 millones de dólares), seguida por barcos (1.727 millones de dólares) y los misiles (676 millones de dólares). Un dato interesante es que entre los años 1980 y 2010 no fueron los Estados Unidos, como comúnmente se cree, quienes más exportaron armas a la región, vendiendo en total 8.891 millones de dólares. En primer lugar, con un monto mayor se ubica la actual Federación Rusa quien vendió 9.272 millones de dólares a los países de la región. Precisamente son los rusos quienes liderizan la actual exportación de armas a nuestro país, rodeados de una incomprensible aura de país “antiimperialista”.

 

Venezuela: 14-A: La importancia del margen

Rafael Uzcátegui

En lo personal no espero sorpresas en los resultados de las elecciones del próximo 14 de abril, donde la cúpula madurista será relegitimada en las urnas para un nuevo período presidencial de 6 años. Lo más interesante, a mi modesto entender, será el margen que separe al ganador de la candidatura de Henrique Capriles.

Si bien Maduro tiene la opción ganadora, como heredero transitorio del capital político construido por Hugo Chávez durante más de una década, será difícil que mantenga la votación a su favor sobre los ocho millones de votos, cifra de sufragios recibida por el propio Chávez el pasado 07 de octubre. La promesa de remontar los 10 millones de votos, conjurada como mantra en su campaña electoral, no pasa de ser una mera consigna. Y ellos lo saben. El comportamiento electoral del llamado “chavismo popular” o de base, será la variable más interesante de las elecciones del próximo domingo. Si bien se encuentra motivada por el fallecimiento del líder y transmutará el acto comicial en un acto religioso de comunión con su recuerdo, la intensidad y masividad de su asistencia a las urnas pudiera mantener la cifra de votos oficialistas orbitando alrededor de los ocho millones. Sin embargo, por primera vez estaría votando para presidente por un candidato diferente a Hugo Chávez, y el estilo y contenidos de la campaña de Maduro, en medio del duelo, pudiera conspirar para disuadir un porcentaje no menor del voto rojo. La subjetividad y emocionalidad son valores que en política son gaseosos y delicados.

Maduro puede bajar la cantidad de sufragios recibidos, pero mantener el margen de diferencia en millón y medio de votos, lo cual sería su mejor escenario para salvaguardar su autoridad como vocero del movimiento bolivariano. Es importante subrayar la temporalidad otorgada a Nicolás por el propio Chávez en la conducción del llamado “proceso”. El zurdo de Sabaneta pidió que lo hicieran presidente en las elecciones convocadas a raíz del “hecho sobrevenido” –su enfermedad y deceso-. Otra cosa, y muy diferente, es que fuera el líder que lo sustituyera, en lo sucesivo y para siempre, en la conducción de la llamada “revolución bolivariana”. Por esta razón el liderazgo intrabolivariano será, con toda seguridad, fuente de conflictos y fragmentaciones. Que Maduro mantenga el margen de millón y medio de votos ralentizaría los, a mediano plazo, predecibles cuestionamientos a su rol de liderazgo.

Si el margen entre Maduro y Capriles, en cambio, oscila alrededor de los 500 mil votos catalizaría la crisis de liderazgo a lo interno del movimiento bolivariano y convertiría al 15 de abril, 24 horas después de las elecciones, como el primer día de la campaña de revocatoria en su contra a ser convocada, cumpliendo con los requisitos legales, para el año 2016.   Un final de fotografía, con un margen estrecho de 200 mil votos, sería explosivo no sólo para la autoridad madurista dentro del bolivarianismo, sino para la propia hegemonía política del chavismo.

Además de la potencial fragmentación del movimiento bolivariano, el gobierno de Maduro debe enfrentar la crisis de la economía y el desbordamiento institucional de la movilización ciudadana por exigencia de derechos. Estos tres vectores, relacionados entre sí en múltiples configuraciones, pronostican años de gobierno muy difícil y la necesidad de tomar decisiones con múltiples consecuencias.

Autogol en salud

rafael uzcateguiColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 16.02.2013 el Vicepresidente Nicolás Maduro anunció la intervención del Hospital de Coche en Caracas. La misma se realiza como respuesta a una ejemplar protesta, realizada de manera unitaria, por pacientes y personal de la institución Empleados para denunciar la falta de insumos y precarias condiciones del lugar. Durante su alocución, el Vicepresidente Maduro expresó que la decisión era  “para planificar soluciones en conjunto y así lograr atender de manera óptima las necesidades de los pacientes”. Es decir, un hospital que está bajo responsabilidad del Ejecutivo Nacional es intervenido por el Ejecutivo para coordinar acciones para prestar un mejor servicio de salud. Curioso el asunto, pero no sorprendente. La razón, la grave crisis de dicho centro médico, que no es diferente al estado de la red hospitalaria tradicional en el país.

La Memoria y Cuenta del Ministerio de Salud indicaba hace siete años  que se remodelarían y modernizarían 150 hospitales en todo el país. En el año 2008 cuando hospitales que dependían de las alcaldías fueron pasados al poder central el presidente Chávez, expresó “Vamos a levantar esos hospitales y a ponerlos de primera línea, bajo nuestra responsabilidad”.  En junio de 2011 nuevamente el Presidente anuncia que se aprobaron recursos para remodelar 30 hospitales en todo el país. Visto los planes anunciados y los recursos, el resultado lógico debería ser que el pueblo venezolano contara con una red pública  hospitalaria nacional eficiente, bien dotada y con adecuada infraestructura. Sin embargo, la realidad es otra. La crisis hospitalaria del país es ampliamente conocida.

Ante la contundente protesta de pacientes y personal del hospital de coche al Vicepresidente no le quedó más alternativa que reconocer la crisis existente en dicho centro de salud.  A los pocos días una protesta similar es realizada en el hospital Pérez Carreño. En esta oportunidad en vez de dar una respuesta política, abrir canales de diálogo para solventar los problemas del centro hospitalario, se optó por el camino de la represión. Paradójico en un gobierno que ha afirmado que desea comportarse frente a la protesta popular diferente que en el pasado.
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