Huelga no es delito

rafael uzcateguiColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

La huelga ha sido una de las conquistas más sentidas por parte del movimiento organizado de los trabajadores y trabajadoras para el disfrute de sus derechos. De hecho, los hechos que desembocaron en la proclamación del 01 de Mayo como Día Internacional de los Trabajadores tuvieron que ver mucho con la paralización de actividades como forma de protesta. El 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron una huelga en Estados Unidos exigiendo jornadas laborales de 8 horas, las cuales si bien nos parecen muy corrientes en estos días, hace más de un siglo lo usual era trabajar entre 12 y 16 horas diarias, por salarios de hambre. En aquella huelga la consigna era “ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”. En la ciudad de Chicago, epicentro industrial del país, las movilizaciones continuaron, siendo enfrentadas por la policía con un saldo de 6 muertos y decenas de heridos. Para el 04 de mayo se convocó una concentración en la Plaza Haymarket de la ciudad, a la cual asistieron 20.000 personas, originando otro enfrentamiento con un nuevo e indeterminado número de trabajadores muertos y heridos. 5 trabajadores, activistas anarquistas, fueron condenados a la horca por la refriega, pasando a la historia como los “Mártires de Chicago”.

A partir de allí la huelga se convirtió en una herramienta tan persuasiva que pasó a ser central en la estrategia del sindicalismo revolucionario. No solamente se detenían las fábricas y labores por exigencias materiales, sino que la identidad como clase era tan pronunciada que se realizaban huelgas en solidaridad con trabajadores no sólo de otras ramas productivas, sino de otros países. La condena a muerte contra dos anarquistas por un crimen que no cometieron, el caso Sacco y Vanzetti, originó en 1927 una impresionante cadena de huelgas en repudio en todo el mundo.

Entre nosotros la primera gran paralización de actividades por demandas laborales ocurrió el 14 de diciembre de 1936 en los campos petroleros de Cabimas, San Lorenzo, Mene Grande, Bachaqueros y Mene Mauroa, estado Zulia, y en el campo de Cumarebo en el estado Falcón. Aquella huelga paralizó más de diez mil obreros y trabajadores de la industria petrolera, durando 47 días. Tanto en Venezuela como en todo el planeta, los asalariados y asalariadas conquistaron derechos centímetro a centímetro tras duras jornadas de movilización, en donde la huelga era la estrategia estelar beligerante.

Es paradójico entonces que un gobierno que afirma reivindicar las tradiciones del socialismo revolucionario, adjetivándose a sí mismo como “obrero”, sea precisamente el Ejecutivo que con sus actos esta ilegalizando la posibilidad que los trabajadores y trabajadoras paralicen actividades para la exigencia de derechos. Provea sostiene que, debido a diferentes mecanismos, se está criminalizando el derecho a la huelga en el país. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT) junto a la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, son las expresiones más preocupantes de ese andamiaje restrictivo

En diciembre de 2002, en el marco de un período de intensa conflictividad política, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Los Títulos IV y V contemplan la clasificación de las llamadas Zonas de Seguridad y las Sanciones y Penas ante la violación de los preceptos señalados en dicho instrumento legal. Un ejemplo de las víctimas de este articulado ha sido el sindicalista de Ferrominera Rubén González. En el año 2009 Provea calculó que por delitos tipificados en el Código Penal y por “violación de zona de seguridad” 2.400 luchadores sociales se encontraban en regímenes de presentación en tribunales tras haber sido privados de su libertad en el contexto de una manifestación.

Por su parte, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), aprobada en mayo de 2012, está orientada a la criminalización de la protesta y la proscripción de las formas de lucha que históricamente ha adoptado el movimiento obrero. Provea denunció a esta Ley como potencial violadora de los derechos humanos debido a su ambigua definición de “acto terrorista” y “delincuencia organizada”. Por otra parte la Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del año 2009, crea en su artículo 50 la figura de los llamados “cuerpos de combatientes”, unidades militarizadas en las empresas públicas y privadas cuyo objetivo podría ser impedir la paralización de la producción, lo que a juicio de Provea impediría el derecho a huelga usando los “combatientes” como esquiroles o grupos de choque. Esta militarización de las condiciones laborales parece ratificarse con el anuncio realizado el pasado 23.05.13 por el Presidente Nicolás Maduro para la creación de las llamadas “milicias obreras”.

Estas solo algunas de las situaciones que estamos denunciando a través de la campaña #HuelgaNoEsDelito, a la que invitamos se sumen todas las organizaciones sindicales del país.

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