¿Defensoría del Gobierno?

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente, 5 organizaciones (Espacio Público, Civilis, Acción Solidaria, Centro de DDHH de la UCAB y Provea) han difundido el informe “Y a ti, ¿Quién te defiende?”, en donde se hace un balance de la gestión de la Defensoría del Pueblo entre los años 2007-2012.  Entre los principales hallazgos del diagnóstico a la institución que debería velar por el respeto a los derechos humanos de todos y todas las venezolanas, se encuentran:

– La escasa independencia de la Defensoría del Pueblo (DP) frente al Ejecutivo Nacional: Los elementos encontrados demuestran que existe una clara identificación de la titular de la DP, así como de otros representantes de la institución con lo que denominan “el proyecto bolivariano” del Presidente Chávez y de la coalición de partidos políticos que lo respaldan, convirtiendo a la DP en una instancia partidaria y no independiente que, si bien no recibe instrucciones directas y formales de un partido u otra entidad del Estado, actúa con apego y seguimiento a líneas del Poder Ejecutivo y su coalición. Por otra parte, la manera como se ha manejado en la práctica la selección del titular de la Defensoría del Pueblo (DP) restringe la participación directa de la sociedad civil, incidiendo negativamente en su autonomía. Un ejemplo de la anterior situación fueron los resultados del análisis realizados a los primeros 100 mensajes de la cuenta institucional en la red social Twitter de la DP. Solo el 18% de los tuits son de contenido institucional. Una cuarta parte son mensajes políticos y de apoyo al candidato a las elecciones por la colación oficial o en contra del candidato de la oposición; hay dos tuits sobre derechos humanos en Guantánamo, en contraste con ausencia total de tuits sobre situación de derechos humanos en Venezuela.

– El mandato de protección de la DP abarca tanto servicios públicos como todos los derechos humanos. Sin embargo, se observa una actividad más proactiva frente a los primeros que sobre los segundos, con importantes omisiones en el tratamiento de casos o situaciones emblemáticas, particularmente en lo que respecta a los derechos civiles y políticos. En el Informe anual correspondiente al año 2012, la DP recibió 13.037 denuncias, de las cuales el 49% correspondió a derechos civiles y políticos; de los primeros 5 derechos con mayor cantidad de denuncias, cuatro corresponden al área de derechos civiles y políticos. Para ese mismo período, toda la actuación defensorial se centró en derechos sociales y de grupos vulnerables cuya importancia es igualmente relevante, pero no existe proporción entre la atención prestada y el volumen de denuncias.

–  La DP no ha estimulado la ratificación de instrumentos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos y sus análisis y recomendaciones no toman en cuenta los estándares internacionales aplicables.

– El Informe de la DP, lejos de constituir una herramienta para el debate amplio sobre la situación de los derechos en Venezuela, viola en su presentación lo dispuesto en la Constitución y ha sido instrumentalizado como en mecanismo más de propaganda del gobierno.

– La oferta formativa de la DP asume la llamada visión crítica desde la cual se cuestionan conceptos fundamentales de los derechos humanos, se objeta y desecha la aplicación de estándares internacionales y se privilegia destinatarios identificados y comprometidos con un proyecto político determinado de manera excluyente

– La DP solo mantiene relación con organizaciones vinculadas al llamado “Poder Popular”, alineadas con el proyecto político de la revolución bolivariana. No existen espacios de interlocución ni cooperación con organizaciones independientes e históricas de la sociedad civil de derechos humanos o desarrollo social.

– La DP no colabora con las instancias internacionales y regionales de protección de derechos humanos. Se evidencia ignorancia en el manejo de las instancias y mecanismos de protección. Antes que instar al acatamiento de decisiones, se ha convertido en un vocero más de cuestionamiento y desacato a sentencias y resoluciones internacionales y regionales. Más aun, no criticó y al contrario, apoyó la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al final del documento, se realizaron una serie de exigencias para que la Defensoría del Pueblo actúe de manera institucional en base a principios de derechos humanos, entre ellas: Desarrollar sus funciones absteniéndose de expresiones, políticas o prácticas que la identifiquen con una parcialidad política; Ejercer sus facultades cuasijurisdiccionales a favor de víctimas de violaciones de derechos humanos, estableciendo un mayor equilibrio que refleje la proporción de actuaciones en las áreas de servicios públicos y derechos humanos, según el volumen de solicitudes recibidas en cada una de ellas; Aplicar los estándares internacionales en sus informes y demás actuaciones, así como en sus materiales de promoción, y educación en derechos humanos y Usar su Informe Anual como una oportunidad para el diálogo y la generación de opinión pública frente a los asuntos de derechos humanos que preocupan al país.

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