Enseñanzas de la Masacre de El Amparo

amparo6Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 29 de octubre se cumplieron 25 años de la masacre de El Amparo.  En esa fecha fueron asesinados 14 pescadores en el sector caño La Colorada, cerca de la población de El Amparo, estado Apure,  por efectivos militares y policiales que integraban el Comando Específico “José Antonio Páez”  (Cejap).

El gobierno de Jaime Lusinchi usó los medios públicos para intentar convencer a la población que se trataba de unos guerrilleros colombianos  y que los patriotas funcionarios estaban defendiendo la soberanía nacional. Sin embargo el testimonio de dos sobrevivientes, Wollmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias desmontó la mentira gubernamental. El pueblo de El Amparo rechazaba en la calle los señalamientos contra algunos de sus habitantes. En el resto del país, la protesta encabezada por el movimiento estudiantil rechazaba el crimen de Estado.

El poder del Estado continuó avalando la mentira. La investigación de los hechos fue asumida por la justicia militar, quienes llegaron incluso a condenar a los dos sobrevivientes y absolver a los asesinos materiales e intelectuales. Como el sistema de administración de justicia en el país garantizó la impunidad, a las víctimas no le quedó más alternativa que acudir a las instancias internacionales de protección: Primero a la Comisión y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 14 de septiembre de 1996, ocho años después, la Corte sentenció ordenando investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como la indemnización de las víctimas. Durante el gobierno del ex presidente Rafael Caldera se pagó el 95% de esas indemnizaciones y en el año 2005, durante el gobierno del expresidente Chávez, el 5% restante. En los dos gobiernos, sin embargo, reinó la impunidad. En los dos gobiernos algunos de los asesinos ocuparon cargos gubernamentales.
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Reforma de Ley de Conscripción Militar es inconstitucional (y 2)

A girls poses next to a tank after the military parade to commemorate the 20th anniversary Venezuelan President Hugo Chavez's failed coup attempt in Caracas
Columna de Provea redactada en Correo del Caroní por Rafael Uzcátegui

En nuestro anterior artículo describíamos como el proyecto de reforma a la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional tras haber sido aprobado en primera discusión, se pone de espaldas a las garantías contenidas en el artículo 134 de la Constitución, que establece “Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública”. Si se aprueba la iniciativa como se encuentra redactada en la actualidad, se restablecería la obligatoriedad del servicio militar por cuatro razones: 1) Se obliga a todos los venezolanos y venezolanas a inscribirse en un registro de naturaleza castrense, 2) No figuran como causales de no prestación del servicio militar la posibilidad de elegir un servicio civil o ejercer la libertad de conciencia (artículo 61 CRBV), 3) Sólo se podría prestar el servicio civil tras haber sido seleccionado como “No elegible” por presentar enfermedad, ser sostén de hogar, estar casado-a o tener sentencia firme de prisión, 4) El servicio civil, que en la CRBV posee el mismo rango que el militar, quedaría subordinado a este, siendo operativizado bajo jurisdicción y reglamentación castrense.

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