Etnomarxismo y demarcación indígena

Otro petroglifoRafael Uzcátegui

No es un secreto que la mayor demanda de los pueblos originarios está relacionada con la tenencia de la tierra. La inclusión en la Constitución de 1999 de un plazo de dos años para realizar el proceso de demarcación y titulación de territorios indígenas generó altísimas expectativas entre sus organizaciones. Con un gobierno cuyo discurso reitera su voluntad de cancelar la “deuda histórica” con los habitantes ancestrales, promueve un marco normativo favorable y establece canales para la participación política de representantes aborígenes ¿Qué ha pasado que en 14 años apenas ha podido entregar menos del 5% de tierras indígenas? Las explicaciones simplistas sobran. La que mejor ha abarcado la multicausalidad de esta mora constitucional parece ser la del profesor Luis Fernando Angosto, quien ha calificado como la “emergencia de una visión etnomarxista dogmática en la praxis gubernamental”, la causa de fondo del literal estancamiento del proceso de demarcación de territorios indígenas en el país: “no hay evidencia firme que desde el Estado se quiera reconocer y respetar modelos de desarrollo no basados en la generación de excedentes y plusvalía (…) ni modelos de desarrollo diferenciados para los pueblos indígenas dentro de la polis estatal”, nos dice. Según el académico la voluntad que fue expresada en el texto constitucional sobre la pluriculturalidad y ciudadanía diferenciada para los pueblos indígenas ha sufrido un cambio tras la aparición de una “vía socialista” para el país. La visión etnomarxista presenta a la población indígena inexorablemente unida a la estructura de clases de la sociedad nacional, estando directamente asociada a concepciones del desarrollo que, aunque postulan el respeto y mantenimiento de especificidades culturales e identitarias, contienen como objetivo el crecimiento de las fuerzas productivas como vía de “liberación del hombre” y están ligadas a nociones de progreso modernistas sobre generación de plusvalía y expansión, al infinito, de las capacidades productivas de los territorios. “El modelo socialista impulsado desde el Gobierno venezolano está condicionado por un proyecto de desarrollo nacional que implica un importante grado de centralización de planificación económica por parte del Estado. El Gobierno parece querer esquivar los obstáculos que para este modelo y su implícita concepción de soberanía supondría la existencia de unidades territoriales indígenas con autonomía. Más aún cuando esas unidades territoriales, de conformarse, ocuparían vastas zonas conocidas por su riqueza en recursos naturales” necesarias, agregamos nosotros, para el proyecto neoextractivista del bolivarianismo. Según Angosto, el etnomarxismo ortodoxo consideraría el “retraso tecnológico” como un arcaísmo ahistórico y un obstáculo para el “desarrollo”, que Chávez definió en algún momento como “socialismo petrolero”. @fanzinero

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