Libre tránsito y protesta

rafael uzcateguiRafael Uzcátegui

La falta de respuestas del Ejecutivo a los reclamos de la ciudadanía tiene como una de sus consecuencias el aumento de la protesta social. Todas las ONGs que monitorean el derecho a la manifestación pacífica coinciden en que las principales motivaciones para la movilización son la exigencia de derechos laborales, vivienda y seguridad. Ante la ausencia de una cultura democrática de abordaje a fenómeno movimientista se ha venido imponiendo la intolerancia. Para intentar legitimarla, diferentes voceros han enarbolado un discurso contradictorio con la vocación social y popular que protagoniza las propagandas gubernamentales. Uno de sus argumentos ha sido la supuesta preservación y jerarquización del derecho al libre tránsito sobre el derecho a la protesta.

Esta matriz de opinión, que uno supondría propia de gobiernos conservadores, ha sido refutada por el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai. Un relator es un funcionario de la ONU que interpreta las normas establecidas por el derecho internacional en materia de derechos humanos, las cuales se encuentran en los pactos y tratados suscritos por los diferentes Estados. Los relatores reciben permanentemente información de los países sobre los temas de su incumbencia, realizando recomendaciones a los gobiernos y realizando, de tanto en tanto, informes sobre las garantías del derecho. En su informe de mayo de 2012 el Relator coincide con la evaluación que establece que la libre circulación vehicular no debe anteponerse automáticamente a la libertad de reunión pacífica. “En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos humanos ha indicado que “las instituciones competentes del Estado tienen el deber de diseñar planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión… –incluido- el reordenamiento del tránsito de peatones y vehículos en determinada zona”. Además, recordó que “en una sociedad el espacio urbano  no es solo un ámbito de circulación sino también un espacio de participación”.


Esta matriz de opinión que erróneamente antepone el derecho al libre tránsito al de manifestación fue el que avaló que la reforma del Código Penal, aprobada en el 2005, penalizara el cierre de calles con 4 a 16 años de prisión. De esta manera se ilegalizó uno de los mecanismos históricos de protesta del movimiento popular venezolano: el cierre de calles para llamar la atención de las autoridades. Se cuentan por decenas los líderes vecinales, sindicales y comunitarios que hoy se encuentran sometidos a régimen de presentación en tribunales por haber trancado una vía. Las autoridades, si respetan lo establecido en la Constitución, en cambio, deberían tomar todas las medidas para preservar la integridad de manifestantes, peatones y choferes, estableciendo vías alternativas de circulación y creando mecanismos para el diálogo con los manifestantes con el fin de atender a sus demandas.

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