Derecho a la ciudad

Rafael Uzcátegui

Datos de la Unión Iberoamericana de Municipalistas señalan que en América Latina cerca del setenta y cinco por ciento de  las personas viven en ciudades. Por eso, a nuestro humilde entender, la propuesta más interesante de la fallida reforma constitucional del año 2007 era el “derecho a la ciudad”. Sin embargo, esta no fue una propuesta inventada por el bolivarianismo. El término apareció en 1968 cuando el intelectual francés Henri Lefevbre escribió “El derecho a la ciudad”, donde describe como las urbes habían sido monopolizadas por los intereses del dinero y no por los deseos de sus habitantes. Su propuesta era restaurar el sentido de ciudad, creando condiciones para un mínimo de calidad, transformando a la ciudad en “el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”.

En el año 2004, tres años antes, un conjunto de movimientos sociales y populares, organizaciones no gubernamentales y otros actores, tras un proceso de elaboración y debate que comenzó en 1992, elaboraron una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad donde se perfila con mayor claridad el contenido de este nuevo derecho. Según el documento el derecho a la ciudad es: Un hábitat que facilite el tejido de las relaciones sociales; sentirse parte de la ciudad; vivir dignamente en la ciudad; convivencia; igualdad de derechos y posibilidad de acceder a mecanismos de gestión colectiva. Según la propuesta se realiza el derecho a la ciudad cuando hay: Ejercicio pleno de la ciudadanía y gestión democrática de la ciudad; función social de la ciudad y de la propiedad urbana; igualdad y no discriminación; protección especial de grupos y personas en situación vulnerable; impulso de la economía solidaria; planificación y gestión social de la ciudad; producción social del hábitat; desarrollo urbano equitativo y responsable; derecho a la información pública; libertad e integridad; participación política; derecho a la justicia; derecho a la seguridad pública; acceso al agua y suministro de servicios públicos domiciliarios y urbanos; transporte público suficiente y de calidad; vivienda; trabajo y un medio ambiente sano y sostenible.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad basa su propuesta en tres ideas. La primera es el ejercicio pleno de la ciudadanía mediante el disfrute de todos los derechos humanos; la segunda es la gestión democrática de la ciudad a través de la mayor participación directa y participativa posible y, por último, la función social de la propiedad y de la ciudad, siendo lo predominante el bien común sobre el derecho individual de propiedad: el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano.

Entre nosotros, la inseguridad se ha convertido en el mayor enemigo de nuestro derecho a la ciudad, obligándonos a recluirnos en espacios privados y zonas de confort individuales. La ciudad siempre será el espacio privilegiado del espacio público, donde nos encontramos con quienes son diferentes a nosotros para reconocernos en los problemas, y aspiraciones, que nos son comunes. (Publicado en 2001)

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