Privatización bolivariana

Rafael Uzcátegui

En un reciente artículo de opinión, a propósito del cobro de un impuesto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por el uso del “ozono” en las instalaciones, el profesor Luis Fuenmayor Toro calificó la acción como “privatización del aire en el aeropuerto”. El razonamiento no deja de tener fundamento. A nuestro juicio, formaría parte de una tendencia general promovida por los gobiernos bolivarianos en ejercicio: El progresivo desprecio por lo público y la promoción, por diferentes vías, de lo privado. Paradójico, por decir lo menos, al provenir de un gobierno que se califica a sí mismo como “socialista”. Esta privatización, no obstante, se realiza por mecanismos abiertos o camuflados, incluso una mezcla de ambos. El deterioro estructural de la sanidad pública y el estancamiento de las misiones destinadas al sector salud desentona con la contratación de seguros privados por parte de las propias instituciones gubernamentales, lo cual privilegia el uso de clínicas privadas por parte de sus trabajadores. Quienes no contamos con este beneficio, ante la falta de respuesta de las instituciones estatales sanitarias, nos vemos obligados a acudir a las clínicas particulares. Privatización por la vía de los hechos. Mala señal emitió Hugo Chávez al tratar su dolencia en hospitales extranjeros, un privilegio que la mayoría de los venezolanos no podemos pagar.

Una segunda privatización de facto tiene que ver con el transporte público. El estado de las unidades y los terminales de rutas suburbanas e interurbanas revela por si sólo las consideraciones sobre lo que debería ser la calidad del servicio, privilegiando como única política mantener el bajo precio de los pasajes. El país con el más reducido precio por la gasolina tiene como contraparte el peor servicio de transporte masivo. La presión para solucionar la necesidad de movilización por mecanismos individuales, el taxi o el auto personal, es alta. Por otra parte la popularización de los centros comerciales entre nosotros es reflejo del retroceso del espacio público y, hay que decirlo, su monopolización por intereses privados, incluyendo los de la delincuencia. En este sentido, las diferentes denuncias sobre el uso de funcionarios policiales y militares sería una extensión de la privatización del derecho a la seguridad ciudadana.

Entendemos lo público como el bien común, accesible a todos independientemente de sus particularidades religiosas, étnicas o ideológicas. Si algo se ha “socializado” en los últimos años son los intereses particulares y sectoriales, no realmente los colectivos. Con o sin el adjetivo de bolivariana, como en el resto de los países de la región, la ciudadanía tiene un precio, uno muy alto debido a la poca estima por lo “público” en un país modelado por la renta y la ficción ideologizante petrolera. @fanzinero

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