Nodos & redes: Una parábola llamada Víctor Martínez

victorfamiliaRafael Uzcátegui

Si usted lo hubiera visto llorar como yo, también se le hubiera enfriado el guarapo. Aquel fortachón de casi dos metros de altura, calvo y de bigotes, que ha sido luchador social de toda la vida y diputado durante un ratico, que ha conocido prisión y se ha enfundado un revolver para caminar por la calle, por si las dudas. Que no le ha temblado el pulso para denunciar, con nombre y apellido, a los policías y militares corruptos. Ese Víctor Martínez lloró desencajado un 26 de noviembre, y a la distancia yo lloré con él. Ese día, por las cámaras de televisión del parte noticioso, Víctor confirmaba la tragedia: “La revolución que ayudé a llegar al poder fue la que me mató a mi hijo”. La síntesis de la frase, que parece haberse creado para difundir por twitter, resume como pocas la metáfora de vida de un hombre que, a su vez, resume la historia de un pueblo que apostó por un proyecto político llamado “proceso bolivariano”.

Recuento del luchador popular

Víctor Martínez nació en Guanarito, estado Portuguesa, en el seno de una familia tan pobre que cuando se mudaron a Barquisimeto invadieron un terreno baldío al oeste de la ciudad para construir su casa, y que a falta de todo lo internaron en un albergue para menores. De ese sitio Víctor se escapó, varias veces, caminando durante horas hasta su casa, lo que algunos piensan fue el inicio de una rebeldía sorda que comenzó a crecerle detrás de las costillas. Su propia carestía lo llevó a solidarizarse con los excluidos, iniciando su camino dentro de las luchas sociales de la mano de la Juventud Obrera Católica y la Teología de la Liberación, así como diferentes organizaciones de izquierda. A comienzos de los 90´s Víctor entró en contacto con el movimiento sedicioso que se gestaba dentro de los cuarteles. En 1992 empeñó su propia casa para financiar el levantamiento de noviembre. Tras el 27N fue detenido por su participación. Tras ser liberado, Víctor participa en el movimiento popular que pedía la liberación de los presos políticos, los militares golpistas, además de participar en diferentes luchas de las zonas populares de Barquisimeto. Es acá que como candidato, Hugo Chávez duerme varias veces en su casa, a pocos metros de donde años después caería mortalmente herido Mijaíl.

En 1998 con el cambio de gobierno, Víctor es uno de los coordinadores del naciente Movimiento V República en el estado Lara, siendo electo como diputado por la asamblea legislativa. Víctor creía en los postulados redentores de la revolución bolivariana, y desde su puesto de poder continuó haciendo lo único que sabía: ponerse de lado de los desfavorecidos, señalando con nombre y apellidos a los funcionarios policiales abusadores. Estas denuncias se amplifican en programas de televisión y radio regionales de su propia factura, lo cual aumentaba su reconocimiento como luchador popular. Poco a poco comenzó a percatarse que sus compañeros de partido se convertían en cómplices de las situaciones que, hasta ayer, denunciaban. Víctor comenzó a denunciar estas situaciones e, inclusive, realizó varios informes sobre las diferentes corrupciones de funcionarios civiles y militares para el propio presidente Chávez. Sus denuncias no se investigaron y, paradójicamente, desembocaron en su expulsión del MVR y su inhabilitación política.

El ostracismo político no lo amilanó y desde los medios de comunicación continuó denunciando delitos y violaciones de derechos humanos, señalando a sus excompañeros de partido. Es en su programa de televisión donde familiares de abuso policial acordaron crear un Comité de Víctimas, al cual se incorpora el hijo de Víctor, Mijail Martínez, quien comienza a realizar un documental de la lucha de los sectores populares contra la impunidad. Mijaíl es asesinado por tres sicarios un 26 de noviembre de 2009. En un sentido y concurrido entierro el comentario recurrente era “el asesinato era un mensaje para su padre”. Mijaíl Martínez, junto a su padre había visitado a Hugo Chávez en la cárcel de Yare. Dos días después del crimen, la cadena presidencial realizada desde el propio estado Lara omite su nombre. Víctor, un fortachón de dos metros de altura, descompuesto declara a los medios de comunicación: “Chávez, te hago corresponsable de la muerte de mi hijo”. De las pocas llamadas de condolencia que recibió de las esferas de poder recuerda la de Iris Varela: “Víctor, ¡te echaron una vaina!”.

Cruzada contra la impunidad

Ante la inacción de las autoridades, Víctor comienza a investigar por su propia cuenta a los autores materiales del crimen. A su teléfono comienzan a llegar llamadas de personas con datos con el que comienza a armar aquel rompecabezas. En una mezcla de audacia y vocación suicida Víctor desarrolla su propia “inteligencia social”, haciendo cosas que sí las relatamos acá pondrían, aún más, en peligro su integridad. De esta manera ubica a los tres autores materiales, comenzando en solitario una operación para que sean detenidos, juzgados por el crimen y sean confirmados los nombres de las personas que pagaron por el asesinato. Es así como logra dibujar el mapa de la corrupción e impunidad en la región.

La última vez que Víctor conversó con Iris Varela ella le pidió que no fuera más a los medios de comunicación con la denuncia del asesinato. “Vamos a formar una comisión en la Asamblea Nacional para investigar tu caso”. Víctor nunca recibió el supuesto informe parlamentario y continuó llamando a las cosas por su nombre. Varela ya no le responde las llamadas.

Hoy, ante la inminencia de otros 26 de noviembre Víctor Martínez sigue en su cruzada personal contra la impunidad. Afirma que los verdaderos asesinos de su hijo están libres, y que la mano que movió los hilos, el autor intelectual, sigue gozando de los privilegios del poder.

Caso Mijaíl en el Comité contra la Tortura

Mijail MartínezColumna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

Como se recordará, recientemente después de una mora de más de 10 años Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en audiencia realizada en Ginebra. El Comité, informado sobre la situación de los últimos años en el país, realizó una serie de preguntas muy específicas ante los representantes del Estado, entre los que se encontraban José Vicente Rangel Avalos y Luis Damiani, que fueron insuficientemente respondidas sugiriendo la falta de voluntad política del Ejecutivo para erradicar este delito.

En su lista de preguntas, en el informe previó que el Comité entregó al Estado venezolano para que fueran respondidas en dicha audiencia, los comisionados entre otros asuntos solicitaron información sobre las investigaciones por la muerte del defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez. Citamos literalmente la interrogante: “Sírvanse –los representantes del Estado venezolano- proporcionar información sobre: (…) La muerte del defensor Mijaíl Martínez, el 26 de noviembre de 2009 en Barquisimeto, Estado de Lara, y las agresiones y amenazas recibidas por su padre, Víctor Martínez, en junio de 2010 y en enero de 2012, presuntamente por distribuir panfletos acerca de su muerte”. Ni en los documentos proporcionados previamente por el gobierno venezolano, ni en las respuestas de sus representantes hubo una respuesta a esta interrogante. Cuando se recordará otro año de impunidad en este caso, es importante mantener viva la memoria de los hechos.

Como relató Cofavic al propio Comité contra la Tortura “el 26 de noviembre de 2009 fue asesinado, presuntamente por sicarios en el estacionamiento de su residencia  en la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, el joven defensor de derechos humanos Mijaíl Martínez,   quien trabajaba con el Comité de Víctimas Contra la Impunidad. Antes de su asesinato estaba  realizando un importante documental sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales en el estado Lara, denunciados por el Comité de Víctimas Contra la Impunidad, organización a la que apoyó como defensor de derechos humanos desde su fundación.

Por su parte, el Sr. Víctor Martínez, padre de Mijaíl, es un reconocido luchador social del estado Lara, desde muy joven fue miembro de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), destacándose como activista social y del Movimiento Obrero de Base en el Estado Lara. Luego fue electo diputado del Consejo Legislativo del estado Lara instancia desde donde inició una campaña de alta visibilidad en la opinión pública regional sobre varios casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el estado Lara y la impunidad con la que actuaban los grupos narcotraficantes en la zona”.

El caso de Mijaíl Martínez alcanzó repercusión mediática debido a su condición de activista de derechos humanos, pero ejemplifica la impunidad que rodea a decenas de casos similares en toda la geografía venezolana. Además de las irregularidades en la investigación –que han motivado a que la familia tenga que realizar pesquisas por su cuenta-, la omisión de la Defensoría del Pueblo, la dilación de los juicios y retardo procesal a los presuntos responsables, el caso alcanza otra connotación debido a la hipótesis de crimen por motivaciones políticas, como ha venido denunciando insistentemente los Martínez. La triste paradoja que es Víctor, quien estimuló y acompañó la conformación de comités de víctimas de abuso policial e impunidad en la región, luego se convertiría el mismo en un afectado por la violencia.  Uno de los señalados como autor intelectual del hecho por los allegados de Mijaíl ha sido el ex gobernador del estado Lara Luis Reyes Reyes, un señalamiento grave que debería ser investigado y aclarado por las autoridades.

En una trayectoria que han realizado otras personas en su misma situación, Víctor Martínez se ha sobrepuesto a su dolor para insistir en la lucha contra la impunidad. Recientemente ha creado la Fundación Mijaíl Martínez para mantener viva la memoria de su hijo, y entre las primeras actividades se encuentra la realización de un festival de poesía, actividad cultivada por el adolescente. Además, alimentan una bitácora digital en http://justiciaparamijailmartinez.blogspot.com/, con el que utilizan las redes sociales como herramienta de lucha por los derechos humanos.

Esta iniciativa se enmarca en el contexto de tradición asociativa que existe en el estado Lara, que ha generado respuestas grupales de diferente tipo, como grupos cooperativos y diferentes emprendimientos de economía social, culturales y de políticas de base. Quien visite la ciudad y transite por la zona oeste de la urbe, podrá contemplar los diferentes murales sobre reivindicaciones populares, varios de ellos sobre el caso Mijaíl Martínez.

En opinión de Provea la impunidad, junto con la situación de pobreza que afecta a sectores importantes de la población, son las situaciones más graves en materia de derechos humanos. Las irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia –que incluye la dantesca situación de los recintos penitenciarios- afectan, particularmente, a los grupos más vulnerables. Y los problemas, como se demostró en la audiencia del Comité contra la Tortura, empiezan a ser conocidos por la audiencia internacional.

Militares y corporativismo

A girls poses next to a tank after the military parade to commemorate the 20th anniversary Venezuelan President Hugo Chavez's failed coup attempt in CaracasRafael Uzcátegui

En el pasado seminario “Unión cívico-militar o militarización del país”, realizado el lunes 10 de noviembre en la Sala E de la UCV, y donde tuvimos la oportunidad de participar, nos quedó dando vueltas la frase dicha por Rocío San Miguel, directora de la ONG “Control Ciudadano”, citamos apelando a nuestra memoria: “Quienes señalan la posibilidad de un golpe de Estado olvidan el corporativismo propio de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué dar un golpe de Estado si ya los militares como institución están gobernando?”.

El corporativismo, como concepto, remite a un sistema de organización o pensamiento, económico y político, que considera a la comunidad como un “cuerpo” sobre la base de la solidaridad social orgánica, la distinción funcional y los roles entre los individuos. Cuando escuchamos decir que los militares responden “con espíritu de cuerpo” es que a pesar de sus diferencias internas han desarrollado un sentido tal de pertenencia que un ataque contra uno de sus miembros es percibido como una amenaza al conjunto, por lo que el colectivo completo estaría convocado a responder en aras de su autopreservación.

Lo anterior tiene relación con una discusión histórica sobre las diferentes valoraciones realizadas sobre las Fuerzas Armadas como institución. Para buena parte de los marxistas las relaciones de clase se reproducen a lo interno del ejército, lo que generaría antagonismos entre la tropa y sus mandos similares a los que ubican entre el proletariado y los dueños de los medios de producción. De allí la calificación, habitual en América Latina, de los soldados como “obreros del fusil” y las diferentes estrategias para influenciar a los rangos bajos y medios a un proyecto “revolucionario”. Desde una perspectiva libertaria la mirada es diferente. Teniendo en cuenta el espíritu corporativo de los uniformados, la reiteración de una ideología, ritos, valores y símbolos devienen en que los militares se conviertan en una clase en sí mismos, por lo que hay mucha más probabilidad que un soldado raso se solidarice con los mandos de su batallón que con los vecinos de su barrio.

En este orden de ideas la defensa corporativa que realizan las Fuerzas Armadas sobre sus integrantes haría imposible, por citar ejemplos del pasado, la sanción a los responsables intelectuales y materiales de las masacres de El Amparo, Yumare, Cantaura y el Caracazo; explicaría la falta de sanciones a los militares golpistas del 2002; reiteraría las afirmaciones de las ONGs históricas acerca que los tribunales militares son un mecanismo de impunidad en caso de violaciones a los derechos humanos que involucran a funcionarios. También, condenaría a la soledad a los civiles que esperan que los militares atiendan a sus llamados de ponerse de espaldas a sus compañeros de armas.

Afortunadamente el foro ucevista puso las cosas en su sitio, y recordó que somos los civiles, y no los militares, quienes de manera democrática y humanista debemos consensuar un proyecto de país con libertas y justicia social para todos. (Publicado en el diario 2001)

Maduro promueve políticas creadas por Alvaro Uribe

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Como nos recuerda Wikipedia, la “política de seguridad democrática” en Colombia fue una política promovida por el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez que propuso un papel más activo de la sociedad colombiana dentro la lucha del Estado frente a la amenaza de grupos insurgentes. Según esta noción debía ser la sociedad, y no sólo los órganos de seguridad, quienes debían colaborar para defender la soberanía del país y derrotar a los grupos guerrilleros. Entre las propuestas desarrolladas estuvo la creación y promoción de las llamadas “redes de cooperantes”.

Según el sitio web del ejército colombiano: “La red de cooperantes es un instrumento al que pueden vincularse de forma voluntaria los ciudadanos y que existe con el objetivo de proteger a la población civil, a través de la prevención de actos terroristas y criminales. La Red de Cooperantes sirve para establecer un canal de comunicación eficaz entre la comunidad y la Fuerza Pública, con el fin de combatir el terrorismo y la delincuencia común”. Uribe le dio un barniz constitucional a esta instancia al invocar el artículo 95 de la constitución neogranadina: “todos los colombianos tienen el deber de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.

Como garantía para el suministro de información Alvaro Uribe decidió asegurar el anonimato de los informantes. El ejército lo explica así “La Red de Cooperantes garantiza la reserva de la identidad de los cooperantes y la confidencialidad de la información que proveen a la Fuerza Pública”. La información podía suministrarse de manera personal, por correo electrónico o a través de una llamada telefónica. Cuando Uribe creó esta figura la denominó “redes de informantes” y daba una remuneración económica. Ante las críticas de las organizaciones de derechos humanos cambió su denominación a “redes de cooperantes” y eliminó el pago. Varios de los casos de violación de derechos humanos, que se han conocido como el legado oscuro del presidente colombiano, tuvieron como inicio la información anónima de estas “redes de cooperantes”, siendo la contraparte de los llamados “jueces sin rostro” que dictaban sentencia en los tribunales.

Resulta paradójico que este mecanismo, que genera un ambiente favorable para la violación de derechos humanos, este siendo utilizado por un gobierno que dice distanciarse de la ideología y estilo del ex presidente colombiano. Desde comienzos del año 2014 diferentes altos voceros del Ejecutivo Nacional, empezando por el primer mandatario, han promocionado la figura de los llamados “patriotas cooperantes”, una persona no identificada que suministra información a las autoridades. En las manifestaciones ocurridas en el primer semestre del año, los expedientes recogían los señalamientos de “patriotas cooperantes” contra los privados de libertad en el contexto de las protestas. Al respecto, el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, se pronunció: “La figura del patriota cooperante o ciudadano delator no está establecida en la legislación venezolana, por tanto se encuentra al margen de la ley. Resulta alarmante la utilización de una figura ilegal por parte del Sistema de Justicia Venezolano, abriendo la posibilidad de que cualquier ciudadano acuse a otro sin pruebas y sin asumir la responsabilidad del acto. Este hecho deja el camino libre para la calumnia, la difamación o la injuria, generando así un alto riesgo de persecución por motivos inaceptables como las diferencias políticas, religiosas, sexuales o ideológicas, lo que representa por tanto una amenaza a los Derechos Humanos de los venezolanos”.

En una alocución televisada del 23.10.14, a propósito de la aprobación vía habilitante de la Ley de Precios Justos, el presidente Maduro contabilizó en 27 mil los patriotas cooperantes existentes en el territorio venezolano. El 04.10.14, cuando anunciaba políticas contra la inseguridad, expresó según la cobertura de Telesur: “Maduro reiteró el llamado a los venezolanos a elevar la vigilancia revolucionaria frente al terrorismo, para que sean “millones de ojos, de oídos, de hombres y mujeres justicieros, patriotas cooperantes”, quienes se integren a la lucha en defensa de la patria”. Un mes antes, el 01.09.14 en un acto del PSUV en el Teatro Teresa Carreño afirmó “Vamos a formar nuevos patriotas cooperantes. Debemos formarnos haciendo revolución, resolviendo problemas”. Por su parte el programa televisivo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, utiliza información de los “patriotas cooperantes” para las noticias que lee en cada emisión. Informaciones no corroboradas, suministradas por otros “patriotas cooperantes” son difundidas por el sistema nacional de medios públicos.

Los patriotas cooperantes de Nicolás Maduro están inspirados en las redes cooperantes de Alvaro Úribe. Es una pena que sean las políticas violadoras de DDHH las que unan, mediante un invisible cordón umbilical, a dos mandatarios que se ubican en polos ideológicos presuntamente antagónicos, unidos por su desconocimiento del significado del derecho al debido proceso.

“Plan de la patria” y extractivismo

Rafael Uzcátegui

El programa del gobierno del presidente Nicolás Maduro es una continuación de las líneas estratégicas definidas por su antecesor Hugo Chávez, descritas en el denominado “Plan de la Patria 2013-2019”. Entre los objetivos del plan se encuentra duplicar la cantidad de petróleo y gas comercializada, hasta llegar para el año 2019 a los 6 MMBD en el caso del petróleo (artículo 3.1.1.1)  y 11.9 MMPCD para el gas (artículo 3.1.1.2).

No obstante, la explotación de nuevos yacimientos y la conformación de empresas mixtas se han venido realizando sin cumplir los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). En primer lugar la no realización y  difusión de los estudios de impacto ambiental, tal como se encuentra expresado en el artículo 129 de la CRBV: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural”. Un segundo precepto incumplido es el relativo a la obligatoriedad de realizar procesos de consulta previa, libre e informada, a los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo expresa el artículo 120 de la CRBV: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.

En opinión de las organizaciones defensoras de los pueblos indígenas otro derecho afectado por la expansión de la economía extractivista ha sido la demarcación y entrega de títulos colectivos de tierras indígenas, como lo expresa el artículo 119 de la CRBV. El propio texto constitucional, en su disposición transitoria decimosegunda, estableció un plazo de 2 años para la demarcación de hábitat indígena, sin embargo, 15 años después apenas se ha demarcado menos del 5% del total de territorios indígenas en el país. En opinión de la ONG Provea “la profundización de una economía de tipo extractiva en el país se realiza sin la atenuación de los impactos sociales y ambientales que genera”. Lo que se encuentra en el fondo de las maromas alrededor de la entrega de territorios indígenas, es que bajo el subsuelo se encuentran los recursos con que el poder, parafraseando a Foucault, intentará concretar su máxima aspiración: El inmortalizarse. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

DDHH y anarquismo

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Rafael Uzcátegui

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En los últimos días, a raíz de mi designación como Coordinador General de Provea para el período 2015-2018, varias personas me han hecho la pregunta “¿Cómo un anarquista defiende los derechos humanos? Como soy parte de quienes han promovido la versión antiautoritaria del socialismo, conocida como anarquismo desde el siglo XIX, comparto mis reflexiones.

Sólo un párrafo para aclarar que anarquismo es una propuesta que conjuga la justicia social con la libertad para las personas, disolviendo las relaciones de dominación entre los individuos. Siendo la rebelión permanente contra todo autoritarismo, los anarquistas o libertarios –como también se denominan- han identificado al Estado como el dispositivo central y la red de relaciones sociales que permiten el mantenimiento de la injusticia. A pesar de su invisibilización, anarquismo y anarquistas han realizado importantes aportes a la historia de la humanidad, desde las sociedades de socorro mutuo que fueron los embriones de las organizaciones sindicales, sus aportes para una pedagogía menos coercitiva, formas de organización asamblearias y horizontales hasta la obra concreta de personas como Dario Fo, Albert Camus, Ricardo Flores Magón, Gonzalez Prada, Emma Goldman por citar sólo algunas.

La teoría tradicional de los derechos humanos ha delegado en el Estado la responsabilidad de garantizarlos. Muchos de sus activistas intentan fortalecer el llamado “estado de derecho”, proponiendo leyes que faciliten el acceso a los mínimos de la dignidad humana, sancionando delitos de tortura y violaciones al derecho a la vida. Para ellos el denominado cabildeo institucional y el dialogo con las autoridades tiene como objetivo el diseño de políticas públicas con perspectivas de derechos humanos. Esta interpretación vigorizaría la propia función estatal de administrar las relaciones sociales.

Un énfasis diferente sería en sentido contrario: Destinar la mayoría de los esfuerzos en acompañar a los afectados por la acción del Estado: las víctimas de violaciones a los DDHH. La propia historia de Provea como organización se ha caracterizado por su labor de acompañamiento a los colectivos sociales afectados, jerarquizando como beneficiarios de su acción a los más vulnerables. La mirada de Provea al trabajar de manera privilegiada los denominados derechos sociales, la ha motivado a calificar a la pobreza como la situación de mayor violación a la dignidad humana, lo que ofrece una interpretación favorable para equilibrar el trabajo por derechos civiles y políticos –especialidad de la mayoría de las ONGs venezolanas- sino para reivindicar la universalidad de los derechos.

He reconocido en diferentes oportunidades que la dedicación por los derechos humanos ha mejorado mi propia visión del anarquismo. Al atender a tantos casos particulares, en diferentes puntos del país, darme una mejor idea de la complejidad de la experiencia humana. Y como consecuencia, el valor de la diversidad y la tolerancia. Que la libertad como valor supremo significa, también, la libertad de ser y pensar diferente a uno. Pensadores acratas como Tomás Ibañez han descrito lo contraproducente y negador, de cualquier atisbo de libertad, la imposición de una idea de “emancipación” a los demás. Esto no es fácil de entender para quienes, como la mayoría de quienes nos hemos educado bajo la influencia del cientificismo, necesitamos un método racional acabado para abordar la realidad.

Un segundo aporte personal del activismo en DDHH ha sido la experiencia del apoyo desinteresado y sin condiciones, base de la verdadera solidaridad, diferente a la que se brinda sesgadamente sólo a los del propio partido, que es la más frecuente. Una solidaridad mediatizada que al final es fidelidad con la ideología y no sensibilización con la persona de carne y hueso.

Siendo la estrategia de Provea brindar las herramientas para que los afectados sean los protagonistas de su propio proceso de exigibilidad de sus derechos, de allí el término de “acompañamiento”, los activistas limitan su propia “autoridad” como portadores de un conocimiento, algo llamado derechos humanos. Es por ello que las víctimas y sus familiares siempre tendrán la primera y última palabra sobre el qué hacer. Es en este movimiento de lucha contra una injusticia, de rebelión contra una inequidad, que las víctimas dejan de serlo y se transforman en otra cosa. Y cuando se ponen de acuerdo con otras personas que han sufrido situaciones similares para actuar juntos, se generan las condiciones para la creación de relaciones diferentes a las de dominación: Iniciativas democratizadoras y potencialmente libertarias que renueven los cimientos de la propia sociedad. Esta capacidad que hombres y mujeres sean dueños de su propio destino es lo que han defendido los anarquistas de toda la vida.

Anarquismo no es un corsé ideológico ni una etiqueta –de allí su vigencia. Son valores de libertad y justicia social que deben ser vividos, lo más intensamente posible, por personas de todas las procedencias imaginables. Y si entendemos a los derechos humanos como el piso mínimo para la dignidad humana, son un campo fértil para su realización.

Audiencias en la Comisión

 

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Columna de Provea en Correo del caroní redactada por Rafael Uzcátegui

La semana pasada se realizó el 149º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, donde Venezuela participó con tres audiencias. Esta jornada se realizó en la ciudad sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues esta instancia forma parte del llamado Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos (SIDH), uno de los mecanismos internacionales para garantizar la dignidad de hombres y mujeres, que como recordaremos tienen rango constitucional.

Las audiencias de Venezuela trataron sobre tres temas: Situación general de los derechos humanos en el país; Independencia del poder judicial venezolano y, por último, situación de la libertad de expresión. Esta instancia es entendida como espacio para la conciliación y el diálogo entre las víctimas y los Estados. Sin embargo, el gobierno venezolano no lo entiende así. El ánimo con que acuden los funcionarios es el de la descalificación y los ataques. Los tres funcionarios que representaron al país en esta oportunidad fueron tres: Germán Saltrón, Luis Britto García y Luis Damiani. Saltrón argumentaba que Venezuela era el país del mundo donde más se respetaban los derechos humanos. Por su parte Damiani señalaba que eran infundadas las acusaciones sobre el funcionamiento parcializado del sistema de justicia en el país. Luis Britto García, a su vez, refutó las afirmaciones acerca de obstáculos al ejercicio al derecho a la libertad de expresión. Los tribunos estatales entienden su participación como un ejercicio de oratoria incendiaria. Britto García, como reseñaron los diferentes medios de comunicación, reiteró que Venezuela no recibiría las visitas de los observadores internacionales: “¡No al turismo de derechos humanos”, exclamó en el cenit de su discurso.

Como se recordará Venezuela se retiró de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que también es parte sustancial del SIDH. Sin embargo aún puede ser observada por la Comisión, quien puede generar informes sobre la situación del país, con recomendaciones a los gobiernos para revertir situaciones, así como solicitar medidas cautelares para personas cuya vida e integridad se encuentran en inminente riesgo. Ante la falta de canales de interlocución del gobierno, estas audiencias se han convertido para nuestro país en el único espacio donde se puede tener algún tipo de feedback con representantes oficiales. La dinámica es completamente diferente en las audiencias de los otros países. Tuvimos la oportunidad de escuchar la audiencia sobre la situación de las mujeres indígenas en Nicaragua y el vocero gubernamental, defendiendo sus posiciones, declaraba que tomaría nota de las observaciones realizadas por las organizaciones y víctimas presentes en la sala.
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Otro país en el páramo

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Rafael Uzcátegui

Un reciente viaje por, como diría el poeta de Chachopo a Apartaderos, nos reveló un país con menos deterioro que el resto. Incluso, salvo algunos productos puntuales, con menor grado de desabastecimiento. En Mucuchíes abastos y mercados ofrecían, además de la Pan, dos o tres marcas locales adicionales de harina precocida. Si bien había problemas la situación política y económica no había alcanzado el dramatismo del resto del país. Con varios conocidos, también recurrentes de la cordillera merideña, hemos coincidido en que la cultura del trabajo instalada históricamente entre la población “gocha”, la inexistencia de recursos energéticos, cuya una de sus consecuencias es la cultura rentística, y la débil intervención del Estado se han conjugado para que la economía y las relaciones sociales de esa parte del país sean mucho más saludables que la del resto. La gente está acostumbrada a trabajar la tierra, incluso en condiciones climáticas y geográficas hostiles, estableciendo sus propias redes de distribución e intercambio de productos. Si el gobierno de turno otorga créditos y beneficios para el agro en la zona, muy bueno, algunos los aprovecharán. Pero si no hay elecciones y la intervención estatal es mínima, los campesinos seguirán labrando la tierra como lo aprendieron de sus padres y abuelos. En segundo término la idiosincrasia andina ha generado suficientes anticuerpos para resistir los antivalores del mal-gobierno (y por las evidencias todos lo son). El apego a la religiosidad, básicamente cristiana, es la expresión visible del apego a una serie de principios para la vida que nos recuerdan las lecciones de Durkheim sobre la importancia de los ritos y símbolos espirituales para la sociabilidad. Las anécdotas abundan, y nos hablan de una región del país que sigue siendo amable y cortés con las visitas, solidaria con los necesitados y cuyo referente de superación sigue siendo el esfuerzo propio. Es decir, lo que hasta hace algunos años asegurábamos –ya no- que era el alma de la venezolanidad.

La ausencia de “Cheverito” era palpable: monumentos como la iglesia de piedra de San Rafael de Mucuchíes se cuidaban solos. Quizás por esa inexistencia era que el turismo, comparándolo con otros destinos, seguía funcionando. Las muestras de las intervenciones gubernamentales recientes han sido lamentables. Por ejemplo las casas de plástico, “Petrocasas”, intermitentemente esparcidas en la carretera trasandina, genialidad de algún burócrata caraqueño, o los conjuntos residenciales de la Misión Vivienda que resuelven un problema, el déficit habitacional, a costa de crear otro: ponerse de espaldas a la arquitectura tradicional andina, que hace rato debió haberse declarado patrimonio cultural de la nación. Los profetas del desastre deberían visitar el páramo: hay un país, silente, del cual el resto tendríamos bastante que aprender. @fanzinero

 

El deseado renacimiento verde

rafael_cvRafael Uzcátegui

Desde finales de los ochentas y comienzos de los noventas el movimiento ecologista venezolano se había fortalecido y expandido por todo el país. Decenas de grupos, organizaciones y redes, a diferentes niveles, tenían una agenda de reivindicaciones amplia que en ocasiones confluía para incidir en temas de interés general. Cuando internet daba sus primeros pasos y no era muy conocida la teoría organizacional de redes, ya los grupos ecologistas habían tejido su propia telaraña de relaciones. Fruto de ello fue la organización en red “Unión Nacional Ecológica Social” (UNES), de la cual Jorge Padrón (hoy al frente de la organización Chunikai) fue uno de sus voceros.

De esta manera el movimiento verde criollo protagonizó luchas importantes en el país. En el año 1992 confluyó en una marcha nacional hacia Caracas para presionar por su propuesta de aprobar una Ley Penal del Ambiente, que finalmente fue legislada por las autoridades significando un triunfo para los ambientalistas. Años más tarde, en tiempos de Caldera II, de nuevo los amantes de la naturaleza se movilizaron, mediante diferentes estrategias, para detener la apertura de minas y extracción maderera en la selva de Imataca, norte del estado Bolívar, que por decisión gubernamental había sido eliminada de la figura de “reserva forestal”.

Por supuesto, no era un movimiento perfecto y había sus tensiones internas, lo que era natural dada la diversidad de tendencias que lo conformaban, desde ambientalistas light contentos con recoger basura de las playas y promover el reciclaje de desperdicios, pasando por todo el arcoiris ecologista y llegando a los partidarios de la liberación animal, aguerridos detractores de las corridas de toros y peleas de gallos. Sin embargo, de manera autónoma habían logrado crearse espacios de encuentro, una identidad común y mínimamente un discurso compartido, por lo que si la coyuntura lo ameritaba, podían acordar estrategias colectivas.

La llegada al poder de Hugo Chávez, paradójicamente, acabó con el movimiento. La defensa de los pemones que habían derribado torres eléctricas en rechazo al proyecto del Tendido al Brasil, en 1999, fue la última de sus peleas. La nueva Constitución y el recambio burocrático generaron expectativas dentro de los activistas. Algunos pasaron a la nómina gubernamental. Seguidamente, como ocurrió con el resto de los movimientos sociales, la polarización política fragmentó y neutralizó lo que había sido un tejido con amplia capacidad de convocatoria.

Como enseñanza nos queda que el problema no es que los activistas tengan su preferencia política partidista, sino que esta no debe eclipsar su agenda de reivindicaciones. Hoy, tras la disminución de funciones del Ministerio del Ambiente, la refundación de un movimiento ecologista, con una propuesta propia de país, es una necesidad. Incluso un pensamiento auténticamente ambiental despartidizado puede ser un aporte importante en la también ineludible despolarización de la sociedad venezolana. Proponemos uno de los temas: La Venezuela más allá del petróleo. (Publicado en el diario 2001)

 

Militarización en territorios wayúu

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Rafael Uzcátegui

En un reciente viaje a la zona, y tras reuniones con organizaciones sociales locales, pudimos corroborar las denuncias sobre criminalización y militarización en el territorio wayúu.

Para cualquier que quiera verlo, es evidente la discriminación que existe en el estado Zulia contra la etnia wayúu, quienes son el pueblo indígena más grande del país y cuyos miembros, según el último censo indígena, son más de la mitad de la población originaria del país. Para trasladarnos a Paraguiapoa tuvimos que trasladarnos hasta la “bomba Caribe”, conocida como el “terminal wayúu”, a las afueras de la ciudad. Un terreno baldío, sin el mínimo de infraestructura o servicios, es el abreboca del drama cotidiano que deben pasar las comunidades indígenas que deben trasladarse entre la Guajira y Maracaibo. A bordo de una “perrera”, en un viaje de poco más de dos horas, fuimos testigos de cómo las alcabalas de policías, guardias y soldados extorsionan a los indígenas por trasladar dos sacos de cemento, o uno de maíz en granos.

A comienzos de 2010 las fuertes lluvias inundaron toda la región. Pocos días después el presidente Chávez anunció la creación de los llamados “distritos militares”, de los cuales el primero correspondía a la Guajira venezolana. Se anunció que la presencia de soldados traería la construcción de infraestructura y la gestión de programas sociales. Las promesas se evaporaron cuando el énfasis se cambió al del “combate al contrabando”. Los militares instalaron alcabalas para restringir el paso de alimentos a través del puente del río Limón. Bolsas de alimentos para consumo familiar comenzaron a ser incautadas y presentadas ante los medios como resultado de la “erradicación del bachaqueo”. Por trasladar 5 pollos y 4 paquetes de harina precocida, se iniciaron los arrestos bajo delitos tipificados de contrabando.

Los wayúus han sido históricamente comerciantes. Dos décadas atrás el flujo de productos era inverso: artículos fabricados en Colombia que eran vendidos en los mercados guajiros en territorio venezolano. Usted argumentará que sí hay wayúus que compran en Maracaibo y venden más allá de Paraguachón y es cierto. Lo que es invento de la propaganda es que sean los responsables de la situación actual de desabastecimiento de productos de consumo masivo. Como cualquiera con un poco de sentido común puede concluir, los grandes camiones con mercancías varias que pasan la frontera, con la aprobación de los funcionarios, pertenecen a los grandes “bachaqueros” de cuello blanco o de cuello rojo.

Desde el inicio del distrito militar en territorio wayuu, el Comité de DDHH de la Guajira –una organización con más de 15 años de trabajo en la zona- ha contabilizan 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por  efectivos militares. Además, las organizaciones regionales señalaron a Laboratorio de Paz que 760 indígenas Wayúu están siendo procesados en tribunales, por delitos de contrabando, la mayoría mujeres. (Publicado en 2001)

Discriminación por partida doble

Graffitti en las paredes de Paraguaipoa
Graffitti en las paredes de Paraguaipoa

Rafael Uzcátegui

En un reciente viaje a Paraguaipoa, Perijá zuliano, para conversar con organizaciones sociales de la región, pudimos comprobar la dimensión del proceso de criminalización padecido por el pueblo wayúu tras la militarización de su territorio. Lo que acabamos de decir no es poca cosa. Estamos afirmando que existe la profundización de un proceso de discriminación y hostigamiento contra la etnia más numerosa del país, con más de 400 mil personas según el último censo, bajo la excusa del “combate al contrabando”.

Esta etapa del conflicto comenzó en diciembre del 2010 tras la activación de los llamados “distritos militares” en todo el país. El primero se concretó en el Perijá, con el argumento de iniciar un operativo extraordinario que permitiera solucionar la crisis generada, esos días, por las lluvias en la guajira venezolana. Las promesas de beneficios para la población se las llevó el viento. Lo que quedó fue el discurso que sugiere que todo wayúu es un potencial contrabandista, un “bachaquero” en el argot oficial, y que obliga a todos los indígenas de esa etnia a demostrarle al mundo que son inocentes. Desde ese diciembre el Comité de DDHH de la Guajira, con 15 años de trabajo en la zona, ha contabilizan 13 ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por  efectivos militares. A pesar del estado de sitio y de la suspensión, por la vía de los hechos, de garantías constitucionales –hay zonas del Perijá donde no se puede transitar-, el gran contrabando de extracción, ese realizado con la complicidad uniformada, continúa.

Como los wayúu son una sociedad matriarcal, las más afectadas son sus mujeres. Las organizaciones regionales nos señalaron que aproximadamente 760 indígenas Wayúu están privados de libertad por delitos de contrabando, y la mayor parte son mujeres. Varias de ellas en prisión –Marite, con porcentajes de 100% de hacinamiento- por haber intentado trasladar 4 paquetes de harina precocida y 3 litros de aceite. Estar en Maracaibo vestidas con su ropaje tradicional las hace víctimas de doble discriminación: Ser mujeres y ser wayúu. Cuando nos contaban la estigmatización cotidiana de la que eran víctimas, no pude dejar de pensar en las feministas oficialistas, tan preocupadas por las mujeres palestinas pero ciegas al sufrimiento de las wayúu. No a la militarización del Perijá. @fanzinero (Publicado en el diario Tal Cual)