Militares y corporativismo

A girls poses next to a tank after the military parade to commemorate the 20th anniversary Venezuelan President Hugo Chavez's failed coup attempt in CaracasRafael Uzcátegui

En el pasado seminario “Unión cívico-militar o militarización del país”, realizado el lunes 10 de noviembre en la Sala E de la UCV, y donde tuvimos la oportunidad de participar, nos quedó dando vueltas la frase dicha por Rocío San Miguel, directora de la ONG “Control Ciudadano”, citamos apelando a nuestra memoria: “Quienes señalan la posibilidad de un golpe de Estado olvidan el corporativismo propio de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué dar un golpe de Estado si ya los militares como institución están gobernando?”.

El corporativismo, como concepto, remite a un sistema de organización o pensamiento, económico y político, que considera a la comunidad como un “cuerpo” sobre la base de la solidaridad social orgánica, la distinción funcional y los roles entre los individuos. Cuando escuchamos decir que los militares responden “con espíritu de cuerpo” es que a pesar de sus diferencias internas han desarrollado un sentido tal de pertenencia que un ataque contra uno de sus miembros es percibido como una amenaza al conjunto, por lo que el colectivo completo estaría convocado a responder en aras de su autopreservación.

Lo anterior tiene relación con una discusión histórica sobre las diferentes valoraciones realizadas sobre las Fuerzas Armadas como institución. Para buena parte de los marxistas las relaciones de clase se reproducen a lo interno del ejército, lo que generaría antagonismos entre la tropa y sus mandos similares a los que ubican entre el proletariado y los dueños de los medios de producción. De allí la calificación, habitual en América Latina, de los soldados como “obreros del fusil” y las diferentes estrategias para influenciar a los rangos bajos y medios a un proyecto “revolucionario”. Desde una perspectiva libertaria la mirada es diferente. Teniendo en cuenta el espíritu corporativo de los uniformados, la reiteración de una ideología, ritos, valores y símbolos devienen en que los militares se conviertan en una clase en sí mismos, por lo que hay mucha más probabilidad que un soldado raso se solidarice con los mandos de su batallón que con los vecinos de su barrio.

En este orden de ideas la defensa corporativa que realizan las Fuerzas Armadas sobre sus integrantes haría imposible, por citar ejemplos del pasado, la sanción a los responsables intelectuales y materiales de las masacres de El Amparo, Yumare, Cantaura y el Caracazo; explicaría la falta de sanciones a los militares golpistas del 2002; reiteraría las afirmaciones de las ONGs históricas acerca que los tribunales militares son un mecanismo de impunidad en caso de violaciones a los derechos humanos que involucran a funcionarios. También, condenaría a la soledad a los civiles que esperan que los militares atiendan a sus llamados de ponerse de espaldas a sus compañeros de armas.

Afortunadamente el foro ucevista puso las cosas en su sitio, y recordó que somos los civiles, y no los militares, quienes de manera democrática y humanista debemos consensuar un proyecto de país con libertas y justicia social para todos. (Publicado en el diario 2001)

Maduro promueve políticas creadas por Alvaro Uribe

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Como nos recuerda Wikipedia, la “política de seguridad democrática” en Colombia fue una política promovida por el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez que propuso un papel más activo de la sociedad colombiana dentro la lucha del Estado frente a la amenaza de grupos insurgentes. Según esta noción debía ser la sociedad, y no sólo los órganos de seguridad, quienes debían colaborar para defender la soberanía del país y derrotar a los grupos guerrilleros. Entre las propuestas desarrolladas estuvo la creación y promoción de las llamadas “redes de cooperantes”.

Según el sitio web del ejército colombiano: “La red de cooperantes es un instrumento al que pueden vincularse de forma voluntaria los ciudadanos y que existe con el objetivo de proteger a la población civil, a través de la prevención de actos terroristas y criminales. La Red de Cooperantes sirve para establecer un canal de comunicación eficaz entre la comunidad y la Fuerza Pública, con el fin de combatir el terrorismo y la delincuencia común”. Uribe le dio un barniz constitucional a esta instancia al invocar el artículo 95 de la constitución neogranadina: “todos los colombianos tienen el deber de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.

Como garantía para el suministro de información Alvaro Uribe decidió asegurar el anonimato de los informantes. El ejército lo explica así “La Red de Cooperantes garantiza la reserva de la identidad de los cooperantes y la confidencialidad de la información que proveen a la Fuerza Pública”. La información podía suministrarse de manera personal, por correo electrónico o a través de una llamada telefónica. Cuando Uribe creó esta figura la denominó “redes de informantes” y daba una remuneración económica. Ante las críticas de las organizaciones de derechos humanos cambió su denominación a “redes de cooperantes” y eliminó el pago. Varios de los casos de violación de derechos humanos, que se han conocido como el legado oscuro del presidente colombiano, tuvieron como inicio la información anónima de estas “redes de cooperantes”, siendo la contraparte de los llamados “jueces sin rostro” que dictaban sentencia en los tribunales.

Resulta paradójico que este mecanismo, que genera un ambiente favorable para la violación de derechos humanos, este siendo utilizado por un gobierno que dice distanciarse de la ideología y estilo del ex presidente colombiano. Desde comienzos del año 2014 diferentes altos voceros del Ejecutivo Nacional, empezando por el primer mandatario, han promocionado la figura de los llamados “patriotas cooperantes”, una persona no identificada que suministra información a las autoridades. En las manifestaciones ocurridas en el primer semestre del año, los expedientes recogían los señalamientos de “patriotas cooperantes” contra los privados de libertad en el contexto de las protestas. Al respecto, el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, se pronunció: “La figura del patriota cooperante o ciudadano delator no está establecida en la legislación venezolana, por tanto se encuentra al margen de la ley. Resulta alarmante la utilización de una figura ilegal por parte del Sistema de Justicia Venezolano, abriendo la posibilidad de que cualquier ciudadano acuse a otro sin pruebas y sin asumir la responsabilidad del acto. Este hecho deja el camino libre para la calumnia, la difamación o la injuria, generando así un alto riesgo de persecución por motivos inaceptables como las diferencias políticas, religiosas, sexuales o ideológicas, lo que representa por tanto una amenaza a los Derechos Humanos de los venezolanos”.

En una alocución televisada del 23.10.14, a propósito de la aprobación vía habilitante de la Ley de Precios Justos, el presidente Maduro contabilizó en 27 mil los patriotas cooperantes existentes en el territorio venezolano. El 04.10.14, cuando anunciaba políticas contra la inseguridad, expresó según la cobertura de Telesur: “Maduro reiteró el llamado a los venezolanos a elevar la vigilancia revolucionaria frente al terrorismo, para que sean “millones de ojos, de oídos, de hombres y mujeres justicieros, patriotas cooperantes”, quienes se integren a la lucha en defensa de la patria”. Un mes antes, el 01.09.14 en un acto del PSUV en el Teatro Teresa Carreño afirmó “Vamos a formar nuevos patriotas cooperantes. Debemos formarnos haciendo revolución, resolviendo problemas”. Por su parte el programa televisivo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, utiliza información de los “patriotas cooperantes” para las noticias que lee en cada emisión. Informaciones no corroboradas, suministradas por otros “patriotas cooperantes” son difundidas por el sistema nacional de medios públicos.

Los patriotas cooperantes de Nicolás Maduro están inspirados en las redes cooperantes de Alvaro Úribe. Es una pena que sean las políticas violadoras de DDHH las que unan, mediante un invisible cordón umbilical, a dos mandatarios que se ubican en polos ideológicos presuntamente antagónicos, unidos por su desconocimiento del significado del derecho al debido proceso.

“Plan de la patria” y extractivismo

Rafael Uzcátegui

El programa del gobierno del presidente Nicolás Maduro es una continuación de las líneas estratégicas definidas por su antecesor Hugo Chávez, descritas en el denominado “Plan de la Patria 2013-2019”. Entre los objetivos del plan se encuentra duplicar la cantidad de petróleo y gas comercializada, hasta llegar para el año 2019 a los 6 MMBD en el caso del petróleo (artículo 3.1.1.1)  y 11.9 MMPCD para el gas (artículo 3.1.1.2).

No obstante, la explotación de nuevos yacimientos y la conformación de empresas mixtas se han venido realizando sin cumplir los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). En primer lugar la no realización y  difusión de los estudios de impacto ambiental, tal como se encuentra expresado en el artículo 129 de la CRBV: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural”. Un segundo precepto incumplido es el relativo a la obligatoriedad de realizar procesos de consulta previa, libre e informada, a los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo expresa el artículo 120 de la CRBV: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.

En opinión de las organizaciones defensoras de los pueblos indígenas otro derecho afectado por la expansión de la economía extractivista ha sido la demarcación y entrega de títulos colectivos de tierras indígenas, como lo expresa el artículo 119 de la CRBV. El propio texto constitucional, en su disposición transitoria decimosegunda, estableció un plazo de 2 años para la demarcación de hábitat indígena, sin embargo, 15 años después apenas se ha demarcado menos del 5% del total de territorios indígenas en el país. En opinión de la ONG Provea “la profundización de una economía de tipo extractiva en el país se realiza sin la atenuación de los impactos sociales y ambientales que genera”. Lo que se encuentra en el fondo de las maromas alrededor de la entrega de territorios indígenas, es que bajo el subsuelo se encuentran los recursos con que el poder, parafraseando a Foucault, intentará concretar su máxima aspiración: El inmortalizarse. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)