Zonas Económicas Especiales: Derechos laborales en riesgo

maquiladoras1Rafael Uzcátegui

El pasado 18 de noviembre, mediante facultades habilitantes el presidente Nicolás Maduro publicó, en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.151, el decreto 1.425 con la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. Esta decisión, que proporciona el piso jurídico para el establecimiento de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” en el país, por un lado es la decisión más preocupante en los últimos años respecto a la vigencia de derechos laborales en Venezuela y, por otro, un mensaje del Ejecutivo sobre su viraje a políticas de libre mercado.

Se denomina zona económica especial (ZEE o SEZ por sus siglas en inglés) a una región geográfica que posee un marco jurídico diferente al resto del país, cuya finalidad es incrementar la inversión extranjera en ese territorio al ofrecer amplias ventajas para la inyección de capitales foráneos. El Banco Mundial las define como “áreas geográficas delimitadas dentro de las fronteras nacionales de un país donde las reglas de los negocios son diferentes, generalmente más liberales, que aquellas que prevalecen en el territorio nacional”. Según este ente existen más de 3.500 ZEE ubicadas en 130 países. China ha sido un gran promotor de la implementación de ZEE, tanto así que un estudio sobre la materia, realizado por José Manuel Orozco, concluye que “han sido el motor fundamental para la modernización del país, tan sólo en 2003 dos provincias (Guangdong y Fujian) generaron 303 billones de dólares, convirtiéndose en la sexta economía más grande del mundo y la décima en exportación”. Y ha sido precisamente como resultado de los acuerdos económicos con el país asiático por parte del presidente Maduro, que se implementan las ZEE en Venezuela.

La Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo aprobada por el Ejecutivo está en sintonía con las características de las ZEE en cualquier lado del planeta. Resumiendo, define una gran área geográfica que hará caso omiso a la organización político territorial actual, cuyo polígono puede abarcar varios municipios de varios estados. Estas áreas tendrán un coordinador nombrado directamente por el presidente, por lo que no será de elección popular, con amplias competencias en materia económica. Las ganancias generadas poseerán una administración especial, por lo que serán independientes del presupuesto nacional, y quizás de difícil contraloría social. Según la ley en estas zonas se modificará el patrón monetario y cambiario, para agilizar el comercio exterior y exportaciones. Además, de manera similar a las que existen en el resto del globo, tendrán “incentivos económicos y fiscales especiales”, artículo 27, que intentarán hacerlas atractivas para los capitales exógenos.

No obstante lo anterior, el principal motivo de preocupación tiene que ver con la vigencia de los derechos laborales. En el año 2013 el gobierno promovió la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), y el propio presidente Chávez declaró cuando la rubricó “es producto de un largo proceso de luchas y batallas”. Pues esa ley, de avanzada según el propio gobierno, no es la que normará las relaciones laborales dentro de las ZEE. La ley de las ZEE indica: “El Presidente podrá definir el régimen especial y extraordinario de contrataciones” dentro del apartado de incentivos para las empresas. Dentro de los acuerdos China-Venezuela ya se ha anunciado la inversión asiática en varias de las ZEE en el país, de la mano de empresas como Citic Group, Sany Heavy Industry y Jac Motors.

Defensores de derechos laborales en el mundo han cuestionado la ausencia de garantías para un trabajo digno y decente dentro de las ZEE. Para Filipinas, por ejemplo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) informó: “En las ZEE las fuerzas de seguridad impiden la sindicalización, y los trabajadores que quieren organizarse se arriesgan a ser despedidos y a que sus nombres sean incluidos en listas negras”. En su informe mundial de 2011 alertaron sobre “la explotación de la mano de obra mayoritariamente femenina en las zonas francas industriales -como también se conocen a las ZEE- de todo el mundo”. Para Nicaragua afirmaron que el inicio de las ZEE coincide con la expansión de la economía basada en maquilas para el país y sólo después de duras luchas, algunos derechos laborales comienzan a ser reconocidos. Para República Dominicana informaron en el 2008: “De las 57 empresas que operan en las zonas francas industriales (ZFI) y que emplean unos 155.000 trabajadores, los sindicatos nos informan que sólo se les ha permitido sindicalizarse en ocho de ellas”. En un reporte sobre cómo la Organización Mundial de Comercio promueve las ZEE, la CSI afirmó: “Las ZFI son conocidas por la represión de los derechos sindicales y por las horas extraordinarias que obligan a hacer a su personal. Es habitual que los gobiernos dejen a esas zonas fuera del marco de cobertura de la legislación laboral o no tomen medidas cuando se infringe dicha legislación, especialmente en lo referente a horas de trabajo y derechos sindicales”.

La propuesta libre de los fanzines

Rafael Uzcátegui

La popularización de la fotocopiadora Xerox, inventada en 1938 pero masificada apenas en los años 60´s, permitió la aparición de un nuevo tipo de editores, aquellos que sin las presiones de los grandes tirajes de las imprentas offset o rotativas, podían duplicar sus boletines o revistas, literalmente, según la demanda, caminando un paso más en la democratización de la comunicación. Un hito ocurrió en julio de 1976 cuando un joven londinense llamado Mark Perry, influido por la contracultura punk en su apogeo, decide crear y fotocopiar una publicación que divulgue los músicos y actitud presentes detrás de los imperdibles y los pelos de colores. Sin las tensiones de la venta de publicidad o pagar los costos de altas impresiones, aquella revista sudaba irreverencia desde su aparición, tomando el nombre de “Sniffin glue” (Oliendo pega) por una canción de los Ramones. Del primer número de Sniffin Glue se fotocopiaron 50 copias. 14 ediciones después se vendieron 15.000. Aquel tipo de publicación se denominó “fanzine”, diminutivo de “fanatic magazine” y germinaron como hongos, desde la escena punk hasta el resto de las contraculturas y movimientos sociales.

Un fanzine, entonces, es una publicación de aparición irregular y libertad creativa, usualmente fotocopiada, destinada a comunidades de intereses específicos que no se identifican con otras revistas más tradicionales. Entre nosotros, quizás, los primeros fanzines fueron realizados por el movimiento juvenil “Poder Joven”, influenciado por los aires internacionales del mayo francés y locales de la renovación universitaria ucevista, muchachada cercana al partido Movimiento al Socialismo (MAS). Años después, la aparición de punks criollos también trajo la edición de fanzines, alrededor de las bandas Sentimiento Muerto y Desorden Público. A comienzos de los 90´s en Caracas se editaban “Anacreonte en horas muertas”, “Karacas resiste y Ataka” y “Correo A”, entre otros, pero entre los años 92 al 94 fue Barquisimeto la capital nacional de las llamadas “publicaciones alternativas”, con series con títulos como “El Caleidoskopio”, “El Provo”, “Caput Juves” o “Que hay de nuevo viejo”. Otras que circularon de mano en mano fueron “El Ghetto” y “Tierra bajo tierra”.

La masificación de internet hizo que los fanzines en papel perdieran fuerza al migrarse, bajo el formato blog, al mundo digital. Lo que tanto defendieron los editores de fanzines, que cualquiera pudiera expresarse por medios de bajo costo, era accesible a cualquiera que hiciera un click. Redes sociales son otro paso en la posibilidad de que la gente común pueda compartir contenidos e intercomunicarse libremente. Sin embargo, hay quienes siguen siendo apasionados de los formatos físicos, oler la tinta sobre el papel.  Si usted es uno de esos, está cordialmente invitado a la 1era Feria de Publicaciones Independientes “Un zine fin de semana”, a realizarse este domingo 14 de diciembre, de 3 a 7 de la tarde, en la sede del Banco del Libro de Caracas. La entrada es libre. (Publicado en 2001)

Nodos & Redes: Motilones contra Rockefeller

Rafael Uzcátegui

Después de Simón Bolívar, el petróleo constituye el segundo mito fundacional de la sociedad venezolana. ¿Alguien lo duda? Junto a la figura ecuestre del Libertador, o los bustos repartidos en toda la geografía patria, debería estar la figura inmutable de Arturo Uslar Pietri, alrededor de cuya frase “Sembrar el petróleo” orbitan todos los proyectos políticos de la modernidad en este rincón del Caribe. Si usted revisa todas las propuestas del espectro político, desde la izquierda insurgente armada hasta la centroderecha, todas parten de la idea que somos un país rico en minerales e hidrocarburos, para desde allí construir su propuesta para lo que consideran desarrollo y progreso nacional: Los rojos con mayor participación del Estado, mientras que el resto arriman el hombro hacia la empresa privada. Tenemos petróleo, hay que sacarlo de la tierra y venderlo, punto. En esto coinciden el plan de la patria madurista o la propuesta temática de Leopoldo López.

Es quizás por este pacto de caballeros, no escrito, que los relatos que contradicen esta forma de pensar han sido silenciados, y por cayapa. La historia, escrita por los vencedores de la extracción energética, ha relegado al fondo del baúl del olvido la guerra que los antiguos motilones, los indígenas barí, declararon contra las empresas petroleras durante por lo menos 40 años en la frontera colombo-venezolana. Y por lo poco que se sabe, en varias ocasiones lograron que campamentos petroleros huyeran en estampida bajo el asedio de las flechas.

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Nodos & Redes: Kurt Wilckens, el ángel vindicador

Rafael Uzcátegui

Un militar asesinado a sangre fría en medio de la calle. Así comienza la película “La Patagonia rebelde” (Argentina, 1974), cuyo guion se ha inspirado en los cuatro volúmenes de la obra “Los vengadores de la Patagonia trágica”, escrita por el historiador Osvaldo Bayer sobre las huelgas obreras ocurridas en La Patagonia en 1921. La víctima es el teniente coronel Héctor Benigno Varela, cuya orfandad frente al tirador podía despertar solidaridades equívocas de entrada, que el film se encarga de desmontar a través de su hora y 42 minutos de duración. Varela comandó una misión militar encomendada por el presidente Hipólito Yrigoyen para aplacar, por todos los medios posibles, las huelgas que protagonizaban los trabajadores rurales por la mejora de condiciones laborales. El resultado fue un aproximado de 1500 obreros muertos, la gran cantidad de ellos fusilados por el ejército argentino. Las narraciones sobre la carnicería despertaban la indignación del movimiento obrero en la capital del país, especialmente dentro del sector anarcosindicalista, impresas en diarios como “La Protesta”, cuyos cien mil ejemplares impresos cada 24 horas dan una idea de la popularidad de las ideas bakuninistas en la época.

Uno de los lectores de La Protesta era un pacifista, tolstoiano y vegetariano de origen alemán llamado Kurt Wilckens. Su dolor por lo que leía llegó al punto de preparar, de manera solitaria, un atentado contra el que consideraba el mayor responsable de la masacre. Para el 27 de enero de 1923 Wilckens lo tenía todo preparado. Al divisar a su objetivo, a la salida de su domicilio, en el barrio de Palermo de Buenos Aires, le arrojó una bomba y fracciones de segundo antes de que explotara vio horrorizado como una niña de 10 años, Maria Antonia Pelazzo, se atravesaba entre el artefacto y el militar. Lo que ocurrió describe por si sólo la naturaleza del alemán: Cubrió con su cuerpo a la menor por lo que sus graves heridas lo dejaron en el sitio. Aun así alcanzó a sacar una pistola y propinar 4 tiros al teniente coronel. En la cárcel, postrado en una cama, Wilckens es asesinado por un antiguo policía de la Patagonia y miembro de la Liga Patriótica Argentina, Ernesto Pérez Millán. Alegando demencia, Millán es recluido en un Hospicio, donde a su vez fue asesinado dos años después por un interno de nombre  Esteban Lucich. Las sospechas sobre la autoría intelectual de este crimen recayeron sobre el anarquista de origen ruso Germán Boris Wladimirovich, quien es torturado hasta la muerte. Su silencio estoico no revelaría si había urdido el plan en complicidad con otros.

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Nodos & Redes: El día que los punks le cantaron al cura

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Rafael Uzcátegui

“¡Hoy nos vestimos de negro para recordar a Monseñor Romero!” repetía la estrofa que, entre contorsiones, escupía Elías Yánez por el micrófono, al frente de la banda hardcore caraqueña Víctimas de la Democracia frente a un puñado de malencarados peliparados. Analicemos la escena un momento. Una banda punk que le dedica una canción a un sacerdote religioso, quizás la única que desde la aparición del fenómeno, en 1977, lo ha hecho. ¿Cómo es que una banda que despotricaba de todo y contra todo, haciendo honor al género, tenía como referente a un hombre con sotana?

El arzobispo Oscar Arnulfo Romero fue un sacerdote católico salvadoreño que denunciaba las  violaciones a los derechos humanos, manifestando su solidaridad con las víctimas de la violencia estatal, promoviendo un ejercicio pastoral identificado con los sectores populares. La guerra civil protagonizada por el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ocasionó, en 12 años a partir de mediados de los ochentas, 75.000 muertos y desaparecidos.

Entre 1978 y 1979 Monseñor Romero denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de campesinos, obreros y sacerdotes en general, en el contexto violento y represivo que vivía el país. Sus discursos fueron transmitidos por radio, señalando los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas. En agosto de 1978 publicó una carta pastoral donde reiteraba el derecho del pueblo a la organización y al reclamo pacífico de sus derechos. El lunes 24 de marzo de 1980 fue asesinado cuando oficiaba una misa en la capilla del hospital de La Divina Providencia, San Salvador. Su muerte conmocionó a la región, convirtiendo a Romero en un símbolo de dignidad latinoamericana. Lo curioso de esta historia es que no provenía de algunos sectores de la iglesia que, influenciados por los procesos de insurgencia que se desarrollaban en la región, promovían la llamada “teología de la liberación”. Incluso, los referentes de Romero eran conservadores y cercanos, en algún momento, al Opus Dei. En diferentes ocasiones cuestionó abiertamente la influencia de lo que describía como un marxismo ribeteado de cristianismo. Era tanto así que, cuando fue designado Arzobispo de San Salvador en 1977, la derecha política de El Salvador creyó que su figura mantendría el status quo y las “buenas relaciones” de la iglesia con la clase empresarial.

Fue una experiencia personal la que removió, y reacomodó, las sensibilidades de Romero. El 12 de marzo de 1977, el padre jesuíta Rutilio Grande, amigo íntimo, fue asesinado en la ciudad de Aguilares junto a dos campesinos. Grande llevaba cuatro años al frente de la parroquia, donde había promovido la creación de comunidades cristianas de base y la organización de los campesinos de la zona. El propio presidente de la República informó al monseñor sobre la muerte de Grande, prometiendo una investigación sobre los hechos que nunca se realizó. A lo interno de la iglesia afloraban los reproches contra Grande y algunos excusaban su asesinato.  A pesar de la oposición de la jerarquía eclesiástica Romero convocó a una misa pública. A partir de ese día ya no sería el mismo hombre.

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Nodos, redes y antipoder: Los retos actuales en la defensa de los DDHH

Rafael Uzcátegui

Durante mucho tiempo la disputa de hombres y mujeres por la transformación del mundo era, básicamente, una confrontación ideológica. Lo que conocemos como modernidad fue, entre otras cosas, la creencia que poseyendo las herramientas adecuadas –el método científico- era posible conocer, comprender y pensar la realidad, para modificarla. Fue así como la aparición de las llamadas ideologías políticas –liberalismo y socialismo en todas sus variantes, principalmente- intentaron legitimarse basándose en su supuesta forma de pensar científica. Cada ideología se estructuró y proyectó a sí misma como un supuesto cuerpo lógico y coherente de pensamiento, el cual había descifrado la totalidad de la experiencia humana y contenía la mejor manera para optimizar la vida en sociedad. Como cada una era promesa de paraíso en la tierra, intentó que sus afiliados crecieran cuantitativamente lo suficiente para hegemonizar la política y, por extensión, la vida cotidiana de los seres humanos. Esta disputa protagonizó todo el siglo XX, y como sabemos, no solamente ocasionó muchos muertos, sino que las propias ideologías demostraron ser respuestas parciales, y en ocasiones contradictorias, para la complejidad de las sociedades y, por otro lado, herramientas limitadas para explicar la propia subjetividad de hombres y mujeres.
Esta pretensión omniabarcante y totalitaria –en el amplio sentido del término- de la confrontación ideológica tuvo, a nuestro entender, una primera fractura con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, realizada en 1948. No es casualidad que este catálogo del “deber ser” haya sido enunciado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Holocausto Nazi y las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki demostraban el lado irracional e inhumanos de los avances científicos. Esta declaración estableció que, independientemente de las cualidades de cada ser humano, había un conjunto de valores que eran iguales para todos, y que debían ser respetados. En el fondo, aunque la proclama no lo hizo explícito postulaba lo que todas, sin excepción, las ideologías negaban: El derecho a la alteridad, a ser diferente. Es por esta razón que en este tiempo de exigencias fragmentarias, cuando en casi todo el mundo se sospecha de quien tenga la receta salvadora para todo, la lucha por más y mejores derechos humanos es el gran telón de fondo.

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Nodos & Redes: Guillermo López: editor orgullosamente pirata

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Rafael Uzcátegui

Yo conocí al primer editor de libros piratas en Venezuela. Su nombre era Guillermo López, una persona oriunda de España que, como muchos de su generación, abandonó aquello huyendo de la larga noche del franquismo. Conversé con él por primera vez en su casa, en el corazón del estado Yaracuy, donde también funcionaba su sello editorial “Libros Apolo”. De contextura delgada, alrededor de un metro sesenta de estatura, perfil de nariz aguileña y sempiterno cabello encanecido pues ya había pasado, hacía rato, los 60 años. No obstante una férrea autodisciplina basada en la comida natural y ejercicio, lograba lo que muchos veinteañeros de la época, como yo, no podían a pesar de sus esfuerzos: Subir la cuerda de gimnasia, hasta el techo, que colgaba de uno de sus galpones de libros. Autodidacta feroz, Guillermo tenía amplios conocimientos de aritmética, física y astronomía. Anticipándose años a los argumentos 2.0, fue el primero que me habló acerca del conocimiento como patrimonio universal y la necesidad de ponerlo, mediante la lectura, al alcance de todos. Por eso se convirtió en editor, para estimular el acceso a los libros. Empezó a editar, sin licencia, clásicos de la literatura para venderlos a bajo costo. Y como aquello tuvo la demanda suficiente para que el catalogo se ampliara, Libros Apolo inauguró el mercado de la piratería en el país, que pronto tuvo una competencia que, por malas artes, allanamientos y decomisos, querían el territorio que él había sembrado como un pionero. No pudieron.

Abstemio, vegetariano y anarquista

Guillermo era, políticamente, un anarquista. Lo cual era coherente con su naturismo, ascetismo, ateísmo y aprendizaje no escolarizado. Entró a Venezuela por Puerto La Cruz, en un año que si me comentó no recuerdo, y a pesar de no tener título alguno trabajó durante años en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) como bioanalista e investigador. Luego pasó a Valera, influenciado por Ivan Illich y la búsqueda de una vida comunitaria cercana a la naturaleza. Cuenta la leyenda que sus primeras ediciones trataban sobre la promoción de las actividades deportivas, y que sus primeras nociones sobre la distribución de publicaciones fueron representando, por estos lares, revistas humorísticas ibéricas. Durante un período fue el responsable de que las publicaciones más avanzadas del socialismo antiautoritario en habla castellana circularan en Venezuela: Comunidad (Uruguay), El Viejo Topo y Bicicleta (España). Aquel extraño ácrata, mezcla de Tolstoi con Stirner, prefirió mantenerse alejado de las polémicas del exilio anarquista español en Venezuela que traía en sus maletas, como parte del equipaje, las polémicas y fantasmas consecuencia de la derrota de la Guerra Civil Española. Mientras en Caracas catalanes y madrileños se disputaban la concesión de la CNT, el creó su acracia particular en Nirgua. Allí acudieron, durante buena parte de los 90´s, la muchachada proto-anárquica e irreverente que hacía sus campings y convivencias en aquellos terrenos fértiles. Allí llegó de todo, desde los que buscaban su lugar en el mundo, los indigestados de lecturas universitarias hasta los pícaros. Estos últimos sacaban en consignación lotes de libros para la venta que nunca pagaban. Sin embargo, el viejo les seguía fiando. Nunca abandonó la expectativa que la juventud de alguna parte tuviera la intención, genuina, de cambiar las cosas para mejor. Cuando no veía candidatos aquí, los buscaba en las Exposiciones Universales, a las que asistía con la secreta esperanza de encontrarlos.

Librería de pueblo itinerante

Libros Apolo, con o sin sello editorial, no sólo puso al alcance de mucha gente las obras de Rómulo Gallegos, Miguel de Cervantes, Erich Fromm o García Márquez, en formatos de bolsillo, papel económico y bajo costo, en aquellos días un tercio del PVP de la edición original. También promovió títulos de cultores criollos del naturismo como Lutecia Adam o Keshava Bat. Gente de 40 ó 50 años debe recordar aquella larga camioneta pick-up que desembarcaba aquellas ediciones en todas las ferias de pueblo del centro-occidente del país sobre mesones portátiles. Sin embargo, los potenciales lectores se castraban por esa parte de la cultura petrolera que grita que, con tanto pozo y tanta mina, el conocimiento es menos importante que un buen amigo en el partido de gobierno. Con los años Guillermo bajó sus propios estándares y se alegraba que la gente leyera aunque fuera algo, sea lo que sea. Por ello, y por mantener las cuentas en cualquier color que no fuera rojo, progresivamente incorporó los libros de autoayuda y metafísica en su inventario. Para los soberbios, que es lo que más abunda en la juventud revolucionaria, eso era “prueba irrefutable de su carácter pequeño-burgués”. Por el otro flanco estaban los que estaban en el mundo de la piratería editorial exclusivamente por negocio, usando la siempre corruptible policía venezolana para hacer operativos con mucha prensa, vaciar los galpones de Libros Apolo y así asegurarse lo que en términos capitalistas se conoce como monopolizar el mercado.

Guillermo falleció el 3 de julio de 2012 en Valencia. Sus restos, como deseó, fueron cremados. Durante dos décadas, por establecer un tiempo, fue el editor pirata más importante del país. Los lectores compulsivos del país deben tener en su estantería algún 1984, El coronel no tiene que le escriba, El arte de amar o Casas Muertas de su factura. En sus días de Nirgua me dijo, cuando la conversación giraba en torno al ateísmo agnóstico, que no era el alma de las personas la que trascendía, sino el recuerdo y la influencia de sus acciones en las personas que lo habían conocido. El tiempo ha demostrado la inconsistencia de los “revolucionarios” más estridentes y sectarios. Por mi parte, mantengo el referente de aquel individualista anarquista cuya propia vida demostró que la alteridad, a pesar del entorno hostil, era posible. (Publicado en Contrapunto.com)

Nodos & Redes: Fotogramas de la disidencia israelí

Rafael Uzcátegui

En la pasada fase del conflicto de la ocupación israelí de la Franja de Gaza, la solidaridad con las víctimas renovó una de las taras del movimiento pro-Palestino proveniente de la izquierda: la judeofobia o anti-semitismo. Con base a una encuesta difundida durante aquellos días, que aseguraba el mayoritario apoyo del pueblo israelí a los bombardeos a los territorios ocupados, la condena a todo lo relacionado a los judíos invisibilizó las voces, a veces conscientemente, de los ciudadanos de Israel opuestos tanto a la ocupación como a la guerra. Sahar Vardi, una activista israelí ligada a la Internacional de Resistentes a la Guerra, difundió un artículo, traducido por el periódico venezolano El Libertario, donde desdibuja el maniqueísmo: “para poder entender lo que está pasando ahora mismo en la sociedad israelí, hay una necesidad de romper esa dicotomía -no hay buenos y malos israelíes, no hay buena o mala Israel-. Hay un sistema de miedo y militarización, del separatismo, que sostiene el status quo. Dicho sistema se alimenta de los recursos humanos en la máquina de guerra y lo más importante: obtiene el apoyo público para lo que estamos viendo ahora en Gaza. Mucho puede decirse acerca de la militarización de la sociedad israelí, cómo el sistema educativo sirve para asegurar que los jóvenes sirvan en el ejército, cómo las campañas que avergüenzan públicamente a quienes no lo hacen, cómo se están aprobando proyectos de ley para vincular el disfrute de los derechos civiles a la prestación del servicio militar, etc, pero en momentos como estos, mientras que una operación militar se lleva a cabo y los soldados están muriendo, esto llega a su extremo”. En su interesante texto, Vardi también reflexiona sobre los intereses económicos presentes en el conflicto: “Este constante estado de guerra también tiene sus beneficios para algunos, y la economía de Israel es hoy muy dependiente de la industria militar, una industria que se basa que conflicto continúe, así las armas pueden ser probadas y mostradas al mercado. Esto significa que hay, incluyendo a los políticos, quienes tienen un interés económico claro en no encontrar soluciones pacíficas sostenibles”. En este punto sólo recordar que el gobierno de Hugo Chávez compró más de 50 millones de dólares en armamento al Estado israelí.

Coalición contra el muro

Anarquistas Contra el Muro (ACM) es el nombre de una organización, compuesta por israelís y palestinos, que desde el año 2003 realizan acciones directas como respuesta a la construcción del muro israelí construido en la zona ocupada de Cisjordania. Según su sitio web “El grupo trabaja en cooperación con activistas palestinos en una lucha común y popular contra la ocupación”. El inicio del grupo data del año 2003, cuando a tres años de la segunda Intifada un pequeño grupo de activistas antiautoritarios, que ya realizaban trabajo en la zona ocupada, decidió formar la iniciativa. Su primera acción fue tomar parte de una carpa de protesta de en el pueblo palestino de Mas´ha, donde el muro se estaba construyendo y dividía a la comunidad de tal forma que la mayoría de la población quedaría en el lado israelí. Durante cuatro meses se mantuvo una presencia constante, convirtiéndose en un punto de encuentro para diferentes activistas que deseaban rechazar la política del Estado israelí. En agosto del 2003 el campamento se mudó al patio de una casa amenazada con demolición. Durante dos días se bloquearon con los cuerpos el paso de los bulldozers, con decenas de arrestos por parte del ejército. El terreno finalmente fue demolido y el campamento desmantelado, pero aquellos hechos inspiraron acciones sucesivas en diferentes zonas de conflicto. La presencia de activistas israelís en las manifestaciones intenta disminuir los niveles de violencia de la represión. Sin embargo, muchos de ellos terminan en prisión, con lo que el movimiento debe recaudar dinero para poder realizar la defensa legal en los tribunales. La popularización de las redes sociales ha contribuido a dar visibilidad a las acciones y argumentos de ACM, así como a denunciar ante la comunidad internacional los excesos de la política israelí en las zonas ocupadas. Se estima que ACM esta conformado por alrededor de 50 activistas y un número indeterminado de simpatizantes, estando presentes en marchas y acciones en poblaciones como Salem, Anin, Biddu, Beit Awwa, Budrus, Dir Balut, Beit Surik y Beit Likia, entre otras.

Gays radicales

Como nos cuenta el israelí Uri Gordon, en su libro “Anarchy alive! Anti-AuthoritarianPolitics from Practice to Theory, Kvisa Shkhora (Lavandería Negra) es un grupo de Tel Aviv conformado por lesbianas, gays bisexuales y transgéneros tanto contra la ocupación israelí como por la justicia social. El grupo, creado para la marcha del orgullo gay en 2001, irrumpió en el evento cuando cerca de 200 personas portaban una gran pancarta que decía “No puede haber orgullo en la ocupación”. Desde entonces el grupo ha crecido, vinculando diferentes formas de sometimiento y sumando adhesiones mediantes fiestas queer públicas y gratuitas. Como explica Gordon “El movimiento queer radical israelí tiene un doble rol: por un lado promueve la solidaridad con los palestinos, reivindicándose anticapitalistas y políticamente antagonistas dentro de las principales corrientes de la comunidad GLBT; por el otro, hace énfasis en la libertad de orientación sexual contra la ocupación”. Para quienes la solidaridad con Palestina es benevolentemente acrítica, los testimonios de miembros de Kvisa Shkhora recuerdan la fuerte homofobia presente en la sociedad palestina: “después de varias acciones y discusiones nuestra visibilidad es ahora aceptada y bienvenida. Esto no puedo decirlo de nuestros compañeros palestinos, así que en los territorios normalmente volvemos al closet”.

En 2006 debido a diferentes presiones los organizadores de la  marcha del orgullo gay en Tel Aviv transformaron la movilización en una vigilia, los queer radicales israelís participaron ondeando banderas de varios países y transformando el evento en una manifestación espontánea contra la guerra. La policía acordonó el sitio y declaró ilegal la vigilia, tras lo cual empezaron a golpear a los manifestantes. El grueso de la comunidad gay se retiró del sitio y posteriormente condenaron las acciones de quienes “secuestraron el evento”. Esto avivó la discusión sobre la despolitización y banalización a lo interno del movimiento GLBT en Israel.

El poder de las imágenes

Activestills es una iniciativa fundada en 2005 por un grupo de fotógrafos israelís y de otros lados unidos por la convicción sobre la posibilidad de las imágenes para potenciar cambios políticos y sociales dentro del país. Según su manifiesto presente en su sitio web se ven a sí mismos como parte de la lucha contra todas las formas de opresión y violaciones a la libertad. Ellos trabajan varios temáticas a lo interno de Israel y Palestina, incluyendo la lucha popular palestina contra la ocupación, derechos de las mujeres y migrantes, Franja de Gaza, derecho a la vivienda, derechos de los animales y más. Lo dicho. Si a usted no le convencen las versiones de Telesur y CNN, puede complejizar su mirada visitando http://www.activestills.org (Publicado en Contrapunto.com)

La Guajira: Militares y criminalización en tierras wayúu

territorio Rafael Uzcátegui

Si uno es de otro lado y llega a Maracaibo, rápidamente se da cuenta que hay, para decirlo sin herir susceptibilidades, algo mal con los wayúus. Una situación que, terminología de derechos humanos, se calificaría como discriminación. Después de las tres de la tarde usted no consigue ningún transporte, desde el terminal de buses de la ciudad, que lo lleve a la Guajira, la tierra donde se concentra el que es, y de lejos, el mayor pueblo indígena de Venezuela. Después de esa hora, para cruzar el río Limón, debe ir hasta un sitio llamado “bomba Caribe”, conocido como “el terminal Guajiro”, en uno de los extremos de la capital zuliana, para tomar un transporte en un terreno baldío y rodeado de aguas negras, desprovisto de cualquier servicio. Con suerte, abordará una “perrera”, camionetas pickup con tablones en la parte de atrás, para estar en dos horas en Paraguaipoa. Esto era antes. Desde diciembre del año 2010, tras la creación de un distrito militar en el municipio, el viaje dura, debido a la cantidad de alcabalas por el camino, el doble. Las organizaciones indígenas de la zona han venido pidiendo la derogación de lo que califican como “militarización” de su territorio y “criminalización” del pueblo wayúu. Y es que el operativo bautizado como “Operación bachaqueo”, de combate al contrabando de extracción, es realizado por los uniformados verde-oliva.

José David González, coordinador del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, una iniciativa con 15 años de trabajo, nos explica: “Desde el 2010 el presidente Hugo Chávez decretó la Guajira como distrito militar número 01. A raíz de eso empezó una serie de problemas de la Fuerza Armada con el pueblo wayuu, porque estamos en una zona fronteriza y estratégica para Venezuela. El decreto no fue consultado con las comunidades indígenas, fue una decisión unilateral por parte del presidente”. González enumera los casos que llevan registrados, muertos, heridos, torturados y desaparecidos, y uno se sorprende por la invisibilidad de una realidad que, en cualquier otro país, sería escandalosa. Nos encontramos en la sede de Fe y Alegría de Paraguaipoa ante una docena de activistas indígenas wayúus. Todos, al igual que González, están inscritos en el PSUV. La gravedad de las denuncias que hacen, sin embargo, hiciera que algún oyente desprevenido los ubicara en el otro extremo del espectro político. Fermín Montiel, registrador municipal y vocero de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Zulia (ORPIZ) nos dice: “-la militarización” ha golpeado bastante, tanto que nuestros hijos han pensado que hay la necesidad de mudarse, porque en la Guajira no se puede vivir. ¿Qué ha pasado?, que con más controles por parte de los militares se retroalimenta el contrabando, porque el contrabando está más intacto que nunca”.

Bachaqueo de corbata y uniforme

Un extraño consenso de los medios de comunicación regionales de ambos lados responsabiliza a los indígenas de la situación de desabastecimiento de alimentos y los controles para el consumo de gasolina. De Paraguaipoa a Paraguachón, un trayecto de 15 minutos, uno observa a niños vendiendo envases de gasolina a 800 bs como quien ofrece pañuelos kleenex. No obstante el ex rector de la UCV, Luis Fuenmayor, apeló a la calculadora para argumentar que los llamados bachaqueros eran otros. En un texto recordó que voceros oficiales estimaron que el contrabando de extracción de combustible, a través de la frontera con Colombia, alcanzaba 100 mil barriles diarios, que representaban 16 millones de litros. Ni “pimpineros” ni envases escondidos en automóviles pudieran movilizar dicho volumen, sino 800 gandolas de 20 mil litros de capacidad cada una para poder transportarla por tierra. Todos con quienes conversamos señalaban la participación activa de las fuerzas armadas en el negocio. Incluso, describen montajes en los operativos realizados. Sailyn Fernández, periodista comunitaria de Fe y Alegría relata: “Es un show. Se hizo una transmisión por televisión y se dijo una cantidad de carros que habían decomisado. Incluso un familiar le pidieron el favor que tenía que quedarse ahí para que le tomaran fotos como si fuera una persona que lo habían agarrado con camiones y pipas cargadas”.

La doble discriminación hacia las mujeres wayúu

Viajamos en la perrera al atardecer, bajo una tormenta eléctrica que nos sugiere que el relámpago de Catatumbo ha perdido su brújula y huye de tierras “alijunas”. En cada alcabala los soldados nos hacen bajar, pero a nosotros, con pinta de universitarios, apenas si nos hacen caso. La atención es hacia los indígenas, a quienes les revuelven sus cosas con desdén. Antes de partir, por transportar dos sacos de cemento, el conductor entrega con un disimulo sin práctica, un rollito de billetes a los funcionarios. “Cada saco de cemento lo venden a 80 bs en Maracaibo, ya con sobreprecio” –nos explica uno de los pasajeros-. Al llegar a la raya cuesta 800 bs”. Cada wayúu debe demostrar que no es un contrabandista. Abundan los cuentos de presos en el retén de El Marite por transportar 4 litros de aceite y 4 pollos. Mercedes González, mujer wayúu, participó en un taller de la Defensoría del Pueblo sobre la llamada “visión crítica de los derechos humanos”. A partir de ahí creó la Fundación Integral de los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Zulia (FUNDEDHIZ), que atiende a los indígenas privados de libertad: “El Centro penitenciario de Marite tiene una capacidad para 600 personas. Ahora hay 650 mujeres y 300 hombres” nos dice. Junto al hacinamiento el retardo procesal es la constante.

Que haya más mujeres que hombres presos por delitos de contrabando es un reflejo de la sociedad matriarcal predominante en la etnia wayúu. Mientras los hombres pastorean las mujeres hacen todo lo demás, incluyendo las compras para la familia. Como consecuencia son doblemente estigmatizadas en la ciudad: por ser mujeres y por ser indígenas. “no podemos entrar a un supermercado en Maracaibo, porque si nos ven de manta –vestimenta típica indígena-, ellos nos dicen “vienen a bachaquear” y nos ponen el ojo de una vez: “estas mujeres traen de más, estas mujeres van a llevar esto, son contrabandistas” relata Sailyn Fernández.

La deuda social

Las alcabalas y sus colas no solamente traen incomodidad sino algunos problemas añadidos. “El semestre pasado yo deje de estudiar, por las colas y esas cosas. Se perdía demasiado tiempo para ir a Maracaibo” afirma Beatriz Aguirre, la joven directora de la casa de la cultura de Paraguaipoa. Los ambulatorios trabajan en horario restringido. Los médicos y enfermeras logran llegar a las 10 de la mañana. Y debido al cierre de las vías después de las 6 de la tarde, deben comenzar a recoger sus cosas a las 3 de la tarde. Además de los servicios, la militarización está afectando las propias tradiciones culturales indígenas. La reunión social wayúu más importante es el velorio, que ya no puede juntar a familiares venidos de toda la Guajira, colombiana y venezolana, como antes: “para nosotros un velorio es sagrado, es el atender a un familiar que viene desde lejos. Colocábamos grandes cantidades de comida, sacrificábamos a los animales para esa persona, porque es un ser querido que está partiendo de nuestro lado. Eso también ha tenido que reducirse, porque no te dejan pasar una paca de harina, no te dejan pasar una paca de arroz” explica la periodista de Fe y Alegría.

Wolfan Fernández, del Consejo Municipal de Estudiantes Indígenas de la Guajira, recuerda el incumplimiento de las promesas oficiales con la zona “Mientras el Estado no genere las políticas que vayan en función de atender las necesidades sociales, culturales y educativas del pueblo Wayúu, vamos a seguir en lo mismo”. En una carta entregada al músico Manu Chao en su última visita al Zulia, la wayúu Libia Fernández “en este mismo momento hay jóvenes, recién graduados de bachilleres que de lunes a viernes se visten de estudiantes universitarios y que los fines de semana deben ser y actuar como bachaqueros, porque sus padres y ellos no conocen o no tienen otra fuente de entrada para costear sus gastos, porque no todos son líderes políticos y o PSUVISTAS que reciben sueldos o becas de alguna misión, no todos tienen amistades con ministerios o viceministerios”.

El diálogo como camino

José David González no se cansa de reiterar que su camino es el diálogo con las autoridades: “Hemos hecho comunicados a todas las instituciones, entregando las 9 propuestas para el buen vivir como pueblo wayuu y añú. Dentro de esas propuestas está la de una mesa de negociación, para que el acercamiento del Estado sea a través de ese espacio intercultural en el marco del diálogo y el respeto. Que todas las actuaciones sean evaluadas por el pueblo wayuu, primero, segundo por sus autoridades tradicionales. Otra propuesta es la formación a los funcionarios policiales y militares en materia indígena, tomando en cuenta la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas en su artículo 9. Si continúa la falta de respuestas y los maltratos, las organizaciones están dispuestas a ir a Caracas a introducir un documento a la máxima instancia judicial e intentar, a través de un amparo constitucional, que se revise, que se anule ese distrito militar ya que atenta contra el pueblo wayuu, contra la vida y contra los derechos humanos que establece la constitución”. (Publicado en El Cambur)

Justicia: Unos más iguales que otros


Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 5 de julio el Tribunal Sexto de Control del circuito judicial penal del estado Carabobo, a cargo de la juez Yoibeth Escalona, aprobó el beneficio procesal –que permite a los funcionarios salir de la cárcel, aunque los obligaba a presentarse cada siete días en el juzgado– a los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana Paola Barroso y Franklin García. Los uniformados estaban siendo señalados como responsables del asesinato de la estudiante de 23 años de edad Geraldine Moreno, ocurrida en la ciudad de Valencia. Como se recordará, según el testimonio de sus familiares, recibió los disparos de  efectivos de la GNB en el rostro la noche del miércoles 19 de febrero durante una manifestación en el sector Tazajal del municipio Naguanagua. “Eso fue como a las 8:00 p.m en el frente de su casa en las residencias Bayona Country I, ella fue cobardemente arremetida con un arma que dispara perdigones, que no eran plástico sino de hierro”, relató una prima. La estudiante del quinto semestre de Citotecnología en la Universidad Arturo Michelena, se encontraba con cuatro amigos y desde su residencia observaba a las personas que protestaban en la esquina de la calle donde había una barricada, cuando al sitio llegaron seis efectivos de la GNB en motocicletas, para enfrentar la manifestación.

El país estaba conmocionado por la cantidad de personas muertas en el contexto de manifestaciones. Desde Provea habíamos solicitado la investigación y sanción tanto para los responsables de delitos de homicidio, civiles que actuaron contra otros civiles, como para los violadores de derechos humanos, funcionarios públicos contra ciudadanos. La Fiscalía solicitó la medida con el argumento que la investigación de la muerte de Moreno, a pesar de todos los testigos que señalaban a la GNB, no había terminado. Sin embargo, para otros casos que no involucraban a funcionarios de los cuerpos de seguridad, los jueces habían mantenido la privación de libertad, mientras duraba el juicio, alegando que los detenidos estaban incursos en crímenes de lesa humanidad. La decisión forma parte del cuadro de irregularidades que orbitan alrededor del sistema de administración de justicia del país donde, recordando aquella obra de George Orwell, unos son más iguales que otros.

Este episodio de injusticia se repitió recientemente en Puerto Ordaz, paradójicamente el Día Internacional de Derechos Humanos. El 10 de diciembre la jueza Miguelina Maneiro decidió dejar en prisión a los 3 trabajadores de Sidor detenidos por haber participado en la última huelga de la compañía, realizada el 19 de septiembre. De esta manera Rederick Leiva, Heberto Bastardo y Leinys Quijada pasaran entre rejas las fiestas de fin de año, lejos de sus seres queridos, por luchar por reivindicaciones laborales.

Según relató uno de los abogados de los sidoristas, la jueza ratificó la decisión de mantener a los sidoristas presos en la sede de la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la ciudad de Maturín, a 3 horas de Puerto Ordaz, con lo que a los familiares se les hace costoso y difícil visitar a los trabajadores presos. Los delitos acusados a los sidoristas son los de “asociación para delinquir” y “tráfico de armas”. Según el expediente 2014-002776 del Circuito Judicial Penal de Puerto Ordaz, la acusación se originó en una llamada anónima al Sebin, como relata en el expediente el Subcomisario William Mieres: “Recibí llamada via red telefónica de una persona con timbre de voz masculino, quien se negó a identificarse por temor a futuras represalias, informando que se encontraba (…) una mujer de contextura gruesa, de tez morena, vestía uniforma de SIDOR (…) acompañada de dos hombres (…) vistiendo uniforme de Sidor”. Según el relato de la supuesta denuncia anónima, las tres personas fueron a comprar cigarrillos en un kiosco y “a viva voz” dijeron “vamos a tomar el área de laminación en caliente de SIDOR con las armas que tenemos, vamos a sabotearla”. Tras la decisión será en el mes de enero de 2015 cuando se conozca la fecha del inicio del juicio.

La diferencia en el acceso a la justicia está a la vista. Mientras a funcionarios de la GNB acusados del asesinato de una manifestante les conceden el beneficio procesal de ser enjuiciados en libertad, por otro lado a 3 trabajadores que participaban en una huelga los sentencian a pasar la navidad y el fin de año entre rejas, por supuestamente habérseles encontrado un arma de fuego.

El sistema de administración de justicia en el país necesita una profunda reestructuración. No es posible que quienes han creado una estructura de impunidad, generadora de los altos índices de violencia que conocemos, sigan al frente de los tribunales del país. La elección de un nuevo Fiscal General ¿será un cambio o más de lo mismo?

Uribana, de nuevo noticia

Rafael Uzcátegui

Uribana ha vuelto a ser noticia. Los horrores que ocurren en su seno la han convertido en un ícono similar a lo que representó el “Retén de Catia” en el pasado. El drama penitenciario, que padecen 50.000 presos en el país, afecta de manera directa a medio millón de venezolanos –sumando 9 familiares por preso- y de manera indirecta a toda la sociedad. El resto estamos pagando un alto precio por nuestra indiferencia: Mientras perdure ese tipo de mazmorras, la situación de violencia e inseguridad continuará agudizándose. No obstante hay niveles en las omisiones. Ante la reciente audiencia en la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas los representantes del Estado (José Vicente Rángel Avalos y Luis Damiani, por citar dos) negaron que en las cárceles venezolanas hubiera hacinamiento. Sin duda el trofeo de la indolencia se lo lleva la ministra del área, Iris Varela. Descartando el conocimiento acumulado sobre experiencias en materia penitenciaria, ha recurrido permanentemente al voluntarismo ideológico. El fracaso de la ficción de “la humanización penitenciaria” está a la vista. Lo último ha sido la imposición de un régimen disciplinario, literalmente, de cuartel militar, que tampoco ha resuelto nada. Su ignorancia, empero, está costando vidas. Ella tiene responsabilidad política por cada una de las personas que ha perdido la vida dentro de las cárceles durante su gestión.

La soberbia oficial en el tema, de seguir insistiendo en políticas contraproducentes, va a generar los resultados conocidos. La ministra debe abandonar su cargo para facilitar las investigaciones no sólo sobre los hechos recientes, sino sobre las pesquisas pendientes de la masacre de comienzos del 2013. ¿Hacen falta más muertos para ello? Además, se debe escuchar a las organizaciones sociales y populares que han venido pidiendo la salida de la Guardia Nacional Bolivariana de los penales, no sólo por el maltrato sino por todos los negocios amparados por los uniformados. Por último, con humildad, aprender de quienes han venido estudiando, tanto en Venezuela como en otras latitudes sobre regímenes sancionatorios de delitos. Y hay mucha literatura y experiencias concretas. En 1877 el anarquista Pedro Kropotkin realizó la conferencia “La cárcel y su influencia moral sobre los presos” en donde tras su disertación afirmó: “El primer deber del revolucionario será abolir las cárceles: esos monumentos de la hipocresía humana y de la cobardía”. @fanzinero

La sociedad post-petrolera

Rafael Uzcátegui

Hace pocos días la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) difundió un pronunciamiento al cumplirse 15 años de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La coalición que agrupa casi una veintena de iniciativas asociativas recordó el avance que había significado la inclusión de todo un capítulo, enlistado bajo el número 8, referente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. También rememoraron, además, que la principal demanda indígena incluída en la Carta Magna, el derecho a la tierra, no se había cumplido como establecía el texto constitucional. El artículo 119 reconoce los derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan, y la disposición transitoria decimosegunda establecía dos años como plazo para que las mismas fueran demarcadas y entregadas a las comunidades. No solamente los tiempos no se cumplieron, sino que como establece la propia COIAM al día de hoy apenas se ha demarcado y entregado el 12.4% de los territorios.

Las razones para estos resultados son múltiples: Desde el desconocimiento de los funcionarios sobre la especificidad de los derechos de los pueblos originarios; la fragmentación, cooptación e institucionalización de una parte significativa del movimiento indígena hasta una visión que jerarquiza la llamada “seguridad nacional” y la soberanía al cumplimiento efectivo de los derechos. Sin embargo, a nuestro juicio la mayor razón de fondo tiene que ver con el proyecto de desarrollo impulsado por el gobierno nacional, basado en la explotación y exportación de recursos minerales y energéticos, muchos de ellos bajo territorios indígenas. Como se recordará el propio “Plan de la Patria”, actualmente en aplicación, estableció que para el 2019 habríamos duplicado la producción de petróleo y gas en el país. Frente a este objetivo, cualquier iniciativa denominada como “ecosocialismo” es un simple adorno.

Sin embargo la visión de la Venezuela rentista y de la “siembra petrolera” no es solamente patrimonio de los gobiernos bolivarianos recientes. Las propuestas de los voceros de los partidos políticos opositores no se alejan del modelo, sino que lo refuerzan. Un buen ejemplo es el reciente documento “Todo el petróleo para todos los venezolanos” difundido por Leopoldo López, desde prisión. Las ideas allí vertidas fueron suficientemente discutidas hace bastantes años por Arturo Uslar Pietri, Alberto Adriani y Juan Pablo Pérez Alfonso, y con diferentes énfasis han protagonizado la vida de este país en los últimos 100 años.

En el resto del continente el debate sobre las sociedades post-extractivas está suficientemente posicionado, con nociones y reflexiones verdaderamente nuevas de las cuales podríamos aprender para contextualizar a nuestra realidad. Podríamos empezar por revisar lo que ha dicho Eduardo Gudynas, desde el Centro Latinoamericano de Ecología Social, sobre las transiciones a un momento post-petrolero. Aunque nosotros estemos en otra, es una de las discusiones medulares en la región para superar la pobreza mediante un proyecto civilizatorio respetuoso del medio ambiente. (Publicado en el diario 2001)

La orfandad de llamarse Moisés Guánchez

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Rafael Uzcátegui

El pasado 26.11.14, el joven de 19 años Moises Guánchez transitaba en el vehículo de su madre por el sector El Cabotaje de Los Teques, estado Miranda, cuando intempestivamente fue abordado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Sin mediar palabras, los funcionarios interceptaron el auto, bajaron al joven del vehículo y lo apuntaron con armas largas. Las únicas palabras de los uniformados eran que bajara la cabeza, que si se movía lo mataban. En ese momento aparece una motocicleta de la Policía de Miranda, que ocasiona que los guardias se monten en su vehículo y se retiren. La policía lo ayuda a levantarse y sin registrar ni notificar el percance, le dicen al asustado Moisés “Vete de aquí, rápido”. Esta es la cotidianidad de Moisés Guánchez desde el pasado 05 de marzo, fecha en que al salir de su trabajo, en un centro comercial, fue detenido por funcionarios de la GNB en los alrededores de una de las manifestaciones que protagonizaba las noticias de aquellos días. La GNB le sembró bombas molotov, varios metros de alambre de púa, dos miguelitos y lo acusaron de haber intentado robarse dos motos, alteración de orden público, desacato a la ley, entre otros cargos. Sin embargo, no contaron con que un testigo fotografió la secuencia, desde el momento en que el adolescente es detenido en el estacionamiento del centro comercial, sin ningún rasguño, hasta cuando es trasladado con 5 heridas de perdigones, uno en la nalga y otro en un testículo, con su pantalón impregnado de sangre. Estas imágenes serían claves para demostrar las torturas y malos tratos que sufrió el joven durante su detención. Un segundo elemento valioso fue que los propios familiares de Guánchez fueron imperturbables en su decisión de denunciar los hechos en todas las instancias necesarias.

Como consecuencia, el 06.03.13 representantes de ONGs como Provea se reunieron con la propia Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, para presentarle casos como el de Guánchez. El Tribunal de Control del Circuito Judicial de Los Teques otorgó libertad plena al joven y ordenó investigar a los efectivos involucrados. Debido a la denuncia, Moisés comenzó a ser hostigado por funcionarios de la GNB, por lo que el tribunal dicta, el 28.08.14, una medida de protección a su favor, que obligaba a funcionarios policiales hacer rondas por su domicilio cada 8 horas. Sin embargo, hasta el pasado 26 de noviembre, no se había cumplido. Esto no es lo único. Uno de los funcionarios de la GNB involucrados continúa asignado en el Comando de Los Teques, no se ha iniciado ningún procedimiento judicial por las torturas y, como han informado los fiscales a la familia, algunas de las pruebas, como la ropa ensangrentada de aquel 05 de marzo, han “desaparecido”.

A pesar de las pruebas y la supuesta voluntad del Ministerio Público, la vida de Moisés Guánchez se ha convertido en un suplicio consecuencia de la impunidad. Cuando esto se escribe ha tenido que mudarse de su domicilio y paralizar sus estudios, en previsión de su integridad. (Publicado en el diario 2001)

La impostura “revolucionaria”

Rafael Uzcátegui

En estos días, como ha sido la costumbre en los últimos años por estas fechas, parte del bolivarianismo inicia una cruzada contra lo que ellos denominan “el consumismo de fin de año”. Seremos claros desde el principio: Una campaña que teniendo sentido en los países del llamado “Primer Mundo”, debido a sus altos niveles de ingreso y demanda, es una impostura burocrática y autoritaria en países como Venezuela. Hace algunos diciembres atrás escuchamos por primera vez las argumentaciones endógenas sobre el asunto. Lo paradójico, en esas contradicciones que forman parte intrínseca del llamado “proceso”, el vocero sobre la esencia capitalista de las fiestas de fines de año, en aquel programa de Venezolana de Televisión era Roberto Malaver, uno de los llamados “robertos”, creativo publicitario durante la década de los 90´s de varias reconocidas agencias de publicidad del país. Así que era precisamente el autor intelectual de varias de las campañas de mercadeo más exitosas en la Cuarta República quien pontificaba sobre la malignidad de lo que denominaba “compras impulsivas” de finales de año.

En Estados Unidos y Europa la gente puede comprar lo que quiera durante los 365 días del año. Sin embargo, en países como los nuestros, la gente común y corriente utiliza sus utilidades de finales de año para adquirir lo que no ha podido en los once meses restantes. Un presupuesto popular promedio, en años anteriores, destinaba un pedazo para darle un cariñito al hogar, otra parte para vestimenta, una más para regalos y lo que quede para los insumos de las festividades. Aunque este año, con crisis económica y alta inflación, los aguinaldos no darán para tanto.

La soberbia “revolucionaria” trata de imponer a los demás una moralidad falsa y descontextualizada. La esencia totalitaria de la idea del “hombre nuevo” radicaba en obligar a toda la humanidad, a perder su identidad y diversidad, para asumir el discutible martirologio cristiano de Ernesto Guevara: O eres como yo o eres un enemigo a exterminar. Teniendo mi ética particular, no soy nadie para imponérsela por la coerción a los demás. Entre nosotros, no obstante, los promotores de ese raro ascetismo son aquellos que arriesgaron poco o nada antes de 1998, y cuyo estatus de clase media fue proporcionado por la renta petrolera que hizo posible la institucionalización de la otrora izquierda insurgente criolla. Los que se aprovecharon de los mecanismos de ascenso social creados por el pacto de Punto Fijo, la universidad pública, y hoy, bajo la lógica de los conversos, intentan convencer que la historia de Venezuela comenzó en 1999. Esa izquierda que consumía, para repetir acríticamente, los eslóganes de otras realidades y cuyo auditorio hoy se lo deben a la lealtad al caudillismo del Siglo XXI y no por un esfuerzo intelectual o material propio. Esos, que teniéndolo todo, tuitean #bajaledosalconsumismo a los que hacen largas colas para intentar alargar sus menguados ingresos. (Publicado en Tal Cual)