Uribana, de nuevo noticia

Rafael Uzcátegui

Uribana ha vuelto a ser noticia. Los horrores que ocurren en su seno la han convertido en un ícono similar a lo que representó el “Retén de Catia” en el pasado. El drama penitenciario, que padecen 50.000 presos en el país, afecta de manera directa a medio millón de venezolanos –sumando 9 familiares por preso- y de manera indirecta a toda la sociedad. El resto estamos pagando un alto precio por nuestra indiferencia: Mientras perdure ese tipo de mazmorras, la situación de violencia e inseguridad continuará agudizándose. No obstante hay niveles en las omisiones. Ante la reciente audiencia en la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas los representantes del Estado (José Vicente Rángel Avalos y Luis Damiani, por citar dos) negaron que en las cárceles venezolanas hubiera hacinamiento. Sin duda el trofeo de la indolencia se lo lleva la ministra del área, Iris Varela. Descartando el conocimiento acumulado sobre experiencias en materia penitenciaria, ha recurrido permanentemente al voluntarismo ideológico. El fracaso de la ficción de “la humanización penitenciaria” está a la vista. Lo último ha sido la imposición de un régimen disciplinario, literalmente, de cuartel militar, que tampoco ha resuelto nada. Su ignorancia, empero, está costando vidas. Ella tiene responsabilidad política por cada una de las personas que ha perdido la vida dentro de las cárceles durante su gestión.

La soberbia oficial en el tema, de seguir insistiendo en políticas contraproducentes, va a generar los resultados conocidos. La ministra debe abandonar su cargo para facilitar las investigaciones no sólo sobre los hechos recientes, sino sobre las pesquisas pendientes de la masacre de comienzos del 2013. ¿Hacen falta más muertos para ello? Además, se debe escuchar a las organizaciones sociales y populares que han venido pidiendo la salida de la Guardia Nacional Bolivariana de los penales, no sólo por el maltrato sino por todos los negocios amparados por los uniformados. Por último, con humildad, aprender de quienes han venido estudiando, tanto en Venezuela como en otras latitudes sobre regímenes sancionatorios de delitos. Y hay mucha literatura y experiencias concretas. En 1877 el anarquista Pedro Kropotkin realizó la conferencia “La cárcel y su influencia moral sobre los presos” en donde tras su disertación afirmó: “El primer deber del revolucionario será abolir las cárceles: esos monumentos de la hipocresía humana y de la cobardía”. @fanzinero

La sociedad post-petrolera

Rafael Uzcátegui

Hace pocos días la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) difundió un pronunciamiento al cumplirse 15 años de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La coalición que agrupa casi una veintena de iniciativas asociativas recordó el avance que había significado la inclusión de todo un capítulo, enlistado bajo el número 8, referente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. También rememoraron, además, que la principal demanda indígena incluída en la Carta Magna, el derecho a la tierra, no se había cumplido como establecía el texto constitucional. El artículo 119 reconoce los derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan, y la disposición transitoria decimosegunda establecía dos años como plazo para que las mismas fueran demarcadas y entregadas a las comunidades. No solamente los tiempos no se cumplieron, sino que como establece la propia COIAM al día de hoy apenas se ha demarcado y entregado el 12.4% de los territorios.

Las razones para estos resultados son múltiples: Desde el desconocimiento de los funcionarios sobre la especificidad de los derechos de los pueblos originarios; la fragmentación, cooptación e institucionalización de una parte significativa del movimiento indígena hasta una visión que jerarquiza la llamada “seguridad nacional” y la soberanía al cumplimiento efectivo de los derechos. Sin embargo, a nuestro juicio la mayor razón de fondo tiene que ver con el proyecto de desarrollo impulsado por el gobierno nacional, basado en la explotación y exportación de recursos minerales y energéticos, muchos de ellos bajo territorios indígenas. Como se recordará el propio “Plan de la Patria”, actualmente en aplicación, estableció que para el 2019 habríamos duplicado la producción de petróleo y gas en el país. Frente a este objetivo, cualquier iniciativa denominada como “ecosocialismo” es un simple adorno.

Sin embargo la visión de la Venezuela rentista y de la “siembra petrolera” no es solamente patrimonio de los gobiernos bolivarianos recientes. Las propuestas de los voceros de los partidos políticos opositores no se alejan del modelo, sino que lo refuerzan. Un buen ejemplo es el reciente documento “Todo el petróleo para todos los venezolanos” difundido por Leopoldo López, desde prisión. Las ideas allí vertidas fueron suficientemente discutidas hace bastantes años por Arturo Uslar Pietri, Alberto Adriani y Juan Pablo Pérez Alfonso, y con diferentes énfasis han protagonizado la vida de este país en los últimos 100 años.

En el resto del continente el debate sobre las sociedades post-extractivas está suficientemente posicionado, con nociones y reflexiones verdaderamente nuevas de las cuales podríamos aprender para contextualizar a nuestra realidad. Podríamos empezar por revisar lo que ha dicho Eduardo Gudynas, desde el Centro Latinoamericano de Ecología Social, sobre las transiciones a un momento post-petrolero. Aunque nosotros estemos en otra, es una de las discusiones medulares en la región para superar la pobreza mediante un proyecto civilizatorio respetuoso del medio ambiente. (Publicado en el diario 2001)