Crisis social y crisis económica

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

En este comienzo del 2015 la preocupación por la situación económica ha desplazado a la inseguridad como la principal inquietud de los venezolanos. Los recientes anuncios del presidente Nicolás Maduro han hecho énfasis en el tema, planteando un debate público sobre los niveles y montos de medidas que ya ha decidido implementar a lo largo del año. Debido al costo político que suponen, el primer mandatario busca la mayor legitimidad posible mediante la convocatoria a un diálogo con diferentes sectores. Es lamentable que dicha voluntad de consensuar medidas no se realice en otras áreas tan importantes de la vida del país, donde continúa primando la exclusión y discriminación por razones políticas.

Desde Provea sostenemos que no será posible solucionar la crisis económica sin primero solventar la crisis social que la origina, la cual vulnera por igual derechos sociales y políticos de las mayorías. Hay que tener clara esta dimensión, para no caer en el error de jerarquizar la discusión sobre ajustes macroeconómicos y aumento de ingresos no petroleros del Estado como si esto fuera a solucionar mágicamente el debilitamiento integral de la democracia –y Provea sostiene que democracia es, entre otras cosas, combate a la pobreza-. Recordemos los tiempos en que el presidente Chávez contó con dineros extraordinarios que le permitieron impulsar medidas como las misiones sociales, que si bien tuvieron impactos positivos, no atacaron las causas estructurales de la exclusión y, como hoy se ratifica, no eran sustentables en el tiempo.

¿Cuál es la crisis social que tiene como una de sus consecuencias, a nuestro juicio, la crisis económica? En primer lugar la abierta violación del pacto social de 1999, que ha derivado que el principal marco jurídico por el que se norma al país sea una Carta Magna diferente, impuesta por leyes y decretos e implementada por la vía de los hechos. La ausencia de reglas de juego constitucionales claras tiene como contraparte la estatización de la vida cotidiana de los venezolanos, teniendo sus funcionarios alta discrecionalidad para tomar medidas que han influenciado, negativamente, en los mecanismos de generación de riqueza. El ejemplo más claro han sido las improvisaciones, imposturas y anteojeras ideológicas que han caracterizado las medidas para el campo (desinversión, ausencia de acompañamientos para proyectos financiados, sicariato e impunidad contra campesinos, flexibilización de las relaciones laborales, dolarización del rubro y estímulo a la importación, expropiaciones compulsivas) que han contribuido durante década y media al debilitamiento de la seguridad alimentaria, tal como lo conocemos en el día de hoy.

Un segundo elemento tiene que ver con la ausencia de contrapesos institucionales y la desaparición de mecanismos de control y sanción, que incluyen los canales para el ejercicio de la contraloría social por parte de los ciudadanos, que alientan la corrupción y malversación de los dineros públicos. El ejemplo más escandaloso lo representan los 20.000 millones de dólares que el propio presidente reconoció fueron entregados a empresas inexistentes –un monto similar al que Maduro está buscando en préstamos en el exterior- sin que hasta el día de hoy haya una persona investigada. Esta impunidad tiene dos situaciones íntimamente ligadas: 1) Las irregularidades presentes en un sistema de administración de justicia no independiente y 2) La inexistencia de la información de acceso público sobre los diferentes indicadores de gestión de gobierno, que no sólo incluyen estadísticas económicas oficiales, sino también los informes de gestión de cada uno de los ministerios.

Un tercer elemento social, pero que repercute en la economía, es la pulverización de las asociaciones naturales e independientes de la gente: la cooptación, desnaturalización y estatización de los movimientos sociales mediante diferentes estrategias, que incluyen como contexto la creciente militarización. Para decirlo gráficamente: En una sociedad la gente se vincula, lo más libremente que puede, para el disfrute colectivo de derechos. En un cuartel sus integrantes obedecen, acríticamente, y esperan que sus mandos resuelvan todo.

Como organización de derechos humanos nuestra propuesta ante la crisis es la construcción, entre todos, de una agenda social y de derechos que incluya lo económico, y no como lo que plantea actualmente el gobierno, que es una agenda económica de ajustes que incluye, como paliativo, algunos subsidios estatales. No se puede hablar de aumento de la gasolina sin hablar de la mejora del transporte público urbano e intraurbano; no se puede hablar de la devaluación del bolívar sin plantear la mejora de los servicios públicos que garantizan un nivel de vida digno.

Resolver la crisis social es una precondición para solventar la crisis económica. Para ello son importantes principios como el respeto irrestricto de la Constitución y de las libertades democráticas contenidas en ella, en la promoción del hecho participativo y protagónico que necesita, por naturaleza, la participación de todas y todos.

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