Protestas 2014: Balance 365 días después

hulktachiraColumna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

En opinión de Provea el ciclo de manifestaciones que caracterizaron el primer semestre del año 2014 comenzaron el 4 de febrero en el estado Táchira, cuando un grupo de estudiantes universitarios protestaron por el presunto ataque sexual contra una compañera. Doce meses después, y desde una perspectiva de derechos humanos, realizamos el siguiente balance sobre aquellas jornadas:

1) El Estado como responsable del incremento de los niveles de violencia: La detención de los primeros manifestantes en el estado Tàchira el 04F, y luego otros en los días siguientes, generó una respuesta del movimiento estudiantil que se inició en las ciudades del interior del país y llegó a Caracas el 12 de febrero. La convocatoria a la movilización ese día fue criminalizada por el propio primer mandatario. A la 1 de la tarde se realizaban movilizaciones masivas en 12 ciudades del país, de manera absolutamente pacífica, donde sólo se registraron incidentes en la ciudad de Caracas, cuando los manifestantes fueron repelidos con el uso de armas de fuego –con el resultado del asesinato del activista  Juan Montoya del izquierdista Secretariado Revolucionario de Venezuela- y, por otro lado, ocurrieron actos vandálicos en la sede de la Fiscalía. Finalmente serían 3 las personas asesinadas en la capital durante ese dìa. Automáticamente, altos voceros gubernamentales responsabilizaron de las muertes a los propios manifestantes, sin embargo, videos difundidos incluso por medios progobierno mostraron a funcionarios policiales y paramilitares simpatizantes del gobierno disparando contra los manifestantes. Ademàs de responsabilizar a los manifestantes como responsables de los asesinatos, las autoridades sugirieron la prohibición de otras movilizaciones. Para Provea cada vez que el gobierno ha obstaculizado el ejercicio de la manifestación pacífica, ha estimulado la aparición de la protesta violenta.

2) Persiste la impunidad estructural en el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía: Luego de un año del inicio de las protestas, de la totalidad casos que investiga la Fiscalía en una ínfima parte se ha dictado una sentencia firme contra los responsables. Tanto las violaciones a los derechos humanos, como los delitos ocurridos en el contexto de las protestas, continúan en impunidad. Persiste el incumplimiento del derecho a la manifestación y la libertad de asociación tal como se encuentra consagrado en la Carta Magna, además de otras normativas como la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y el manual de procedimiento de la Policía Nacional Bolivariana para controlar manifestaciones. Las organizaciones documentaron graves violaciones ocurridas en los centros de detención.

3) A nivel internacional se conoció más la situación de deterioro de los DDHH en Venezuela: Los diferentes pronunciamientos realizados durante los hechos, que incluyen el Alto Comisionado de DDHH de la ONU y algunas de sus relatorías y el informe especial de Amnistía internacional, entre otros, expresaron su preocupación frente al deterioro de los derechos fundamentales y la institucionalidad democrática en el país.

4) Aparición de nuevos patrones de violación a los DDHH: El uso de grupos paramilitares para el enfrentamiento a los manifestantes constituye una de las más preocupantes tendencias surgidas durante las jornadas. El propio caso del homicidio de Juan Montoya revela la vinculación entre estos grupos irregulares y los cuerpos policiales estatales. Otra novedad fueron los ataques contra residencias e inmuebles por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares donde se escenificaron las protestas.

5) Continuidades y rupturas dentro de la cultura de protesta venezolana: La “guarimba” una forma de protesta potencialmente violenta fue una de las 20 estrategias diferentes de protesta, desarrolladas durante las jornadas, en su mayoría pacíficas. La expansión del fenómeno y su coordinación en redes sin centro visible constituye una novedad, donde las manifestaciones ocurridas en el interior del país fueron tan importantes como las ocurridas en Caracas. Los datos reflejan que a pesar de su protagonismo mediático, las protestas violentas fueron minoría respecto a las pacíficas. Las demandas políticas fueron las principales en la capital, sin embargo en el resto del país las exigencias sociales formaban parte del discurso de los grupos movilizados. En Caracas y otros centros urbanos las protestas se escenificaron en espacios territoriales de clase media, mientras que en otras ciudades incorporaban sectores populares y rurales. El crecimiento de la hegemonía comunicacional estatal estimuló el uso intensivo de redes sociales por parte de los manifestantes. Un año después las organizaciones de derechos humanos insistimos en el respeto del derecho a la manifestación pacífica y ante protestas violentas el uso de los principios internacionales del uso diferenciado y progresivo de la fuerza.

Lamentamos que las regulaciones recientes (Ley del Sistema de Protección Popular para la Paz y la resolución del Ministerio de Defensa) insistan en jerarquizar, ante las demandas ciudadanas en la calle, el aspecto represivo sobre los canales democráticos de respuesta a las demandas.

La resolución Padrino López

12995992_copia.520.360Rafael Uzcátegui

El pasado 27 de enero, mediante la Gaceta Oficial 40.589, el país amaneció con la noticia de la existencia de la resolución 008610, promovida por el ministro de defensa Vladimir Padrino López, que “regula la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para regular el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”. La gravedad de la normativa es escandalosa, pues legitima la inconstitucional participación de los militares en labores de seguridad ciudadana.

Los argumentos contra la resolución Padrino López son, por tanto, jurídicos y políticos. La Carta Magna es clara en establecer, artículo 332, que los “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”, enumerando 4 cuerpos encargados de dicha labor. Por su parte el artículo 329 indica que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es el único órgano de las FANB que realiza labores de mantenimiento del orden interno. Los manuales de procedimiento policial indican que la GNB participa en la contención de manifestaciones cuando han sido superadas por la situación. Por su parte la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Venezuela en el caso del Caracazo expresa que no debe usarse, salvo situaciones extremas, a las FANB para labores de mantenimiento del orden público. No es cierto, como lo expresa la resolución, que su contenido está ajustado a estándares internacionales de DDHH. La opinión de los diferentes organismos de protección ha sido taxativa en separar las funciones destinadas a la defensa nacional, propias de los militares, y las de seguridad ciudadana, la cual deben ser realizadas por funcionarios adiestrados para el trato con civiles, lo cual no es el caso de los soldados.

La respuesta política a esta iniciativa tiene que ver con la creación de un Estado policial militarizado entre nosotros, con lo cual el gobierno de Nicolás Maduro aspira enfrentar la conflictividad social futura como resultado de la crisis económica, de las medidas antipopulares en curso y la pérdida de popularidad de su figura. Hemos descrito en otros textos como nos encontramos en un proceso de transición, en el cual los chavismos perderán la hegemonía del control político del poder. Esto explica el proceso de legitimación de capitales y blanqueos de dinero mediante la compra compulsiva, a precios inflados, de diferentes medios de comunicación nacionales. Ante la ausencia de carisma y la falta de dirección, Maduro apelará a la represión pura y dura, en una estrategia que incluye el uso de la hegemonía comunicacional a su alcance y la actuación de civiles armados contra los protestantes. Esta estrategia, militar más que política, tiene corto vuelo, pues entre otros elementos ya no cuenta con el respaldo internacional que alguna vez podía mostrar su antecesor. @fanzinero (Publicado en el diario Tal Cual)

Sanciones, legitimidad y debido proceso

Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui 

El pasado 18 de diciembre, un día después de anunciar el inicio de conversaciones entre su país y Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama firmó la denominada “Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela” que establece sanciones para funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Según la iniciativa el presidente norteamericano impondrá sanciones a quienes incurran en tres actos:

1) Haya cometido o sea responsable de dirigir u ordenar a otros, actos significativos de violencia o abusos graves en derechos humanos contra de personas vinculadas a las protestas que comenzaron el 4 de febrero de 2014;

2) Haya ordenado o dirigido la detención o enjuiciamiento de una persona debido a su ejercicio de la libertad de expresión o reunión; o

3) A sabiendas, haya asistido materialmente, patrocinado o proporcionado significativos recursos financieros, materiales, tecnológicos o de bienes o servicios en apoyo de la comisión de los actos descritos anteriormente.

Las represalias establecidas son de dos tipos:

a) El bloqueo de activos: bloquear y prohibir todas las transacciones de todos los bienes e intereses en propiedad que se encuentren en los Estados Unidos

b) La exclusión de los Estados Unidos y la revocación de la visa.

Por principios las organizaciones de derechos humanos estamos de acuerdo con las sanciones contra violadores, en el camino del acceso a la justicia para las víctimas, pero no cualquier sanción ni impuesta por cualquier organismo. Cuando la justicia del país mantiene en impunidad las situaciones denunciadas, los afectados acuden al denominado sistema internacional de protección desarrollados tras acuerdos internacionales producto de la lucha de los pueblos por la dignidad. La Organización de Naciones Unidas ha promovido para ello mecanismos de protección como el Consejo de Derechos Humanos, los Procedimientos Especiales y los órganos creados en virtud de instrumentos internacionales en la materia, compuestos por expertos independientes con el mandato de supervisar que los Estados partes en los tratados cumplan sus obligaciones. Por tanto, a nivel internacional son cualquiera de estos organismos los legítimos para revisar la situación de derechos humanos en el país y realizar recomendaciones y exigencias al gobierno venezolano sobre el comportamiento de sus funcionarios.
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