Nodos y Redes: Chavín de Huantar: La soledad de los principios

fujimori

Rafael Uzcátegui

Era diciembre de 1996 y muchos vimos por televisión, en tiempos pre-internet, la toma de la embajada de Japón en Lima por parte de un Comando de 14 miembros del grupo guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amarú (MRTA), cuando se realizaba una fiesta por el natalicio del Emperador Akihito. Luego de liberar algunos rehenes, entre ellos la madre del por entonces presidente Alberto Fujimori, el grupo de apresados sumaba 72 personas. Las peticiones del grupo eran varias, pero la principal era la liberación de 400 miembros del MRTA que se encontraban en cárceles peruanas. Casi 4 meses después, luego de varios intentos de negociación, el gobierno toma la decisión de retomar la sede diplomática por la fuerza. Luego de una planificada operación, que incluyó excavación de túneles y seguimiento de los emerretistas mediante diferentes tecnologías, 142 soldados comando ingresaron a la residencia asesinando a todos los guerrilleros. Aquella fue la última acción del MRTA, quien languideció tras el asesinato de su líder Nestor Cerpa Cartolini.

Cuando faltan dos años para cumplir el 20avo aniversario de lo que se conoció como la operación “Chavin de Huantar”, y la mayoría de los peruanos desean pasar la página de la guerra interna en su país, las organizaciones de derechos humanos del país no sufren de amnesia, sino todo lo contrario. La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) asegura que aquel 22 de abril varios de los sorprendidos insurgentes se habían rendido ante el ejército peruano. Y sin embargo, fueron ajusticiados. Y como no existe pena de muerte en el Perú, estos funcionarios habrían cometido violaciones al derecho a la vida. APRODEH, al no conseguir justicia en los tribunales del país, ha recorrido el camino del llamado Sistema Regional de Protección a los DDHH. Tras ser evaluado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso pasó, en el año 2011, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha anunciado que en el segundo semestre de 2015 emitirá su veredicto, lo cual ha reavivado la polémica y ha puesto a los defensores de derechos humanos en la mira de la opinión pública.

De la homofobia al terrorismo

El MRTA no fue igual a Sendero Luminoso. Según el informe de la Comisión por la Verdad y Reconciliación de Perú (CVR), fueron responsables del 1.5 por ciento de las víctimas fatales reportadas. “El MRTA –asegura la CVR- reivindicaba sus acciones y sus miembros usaban distintivos para diferenciarse de la población civil, se abstuvo de atacar a la población inerme y en algunas coyunturas dio muestras de estar abierto a negociaciones de paz. Sin embargo, el MRTA incurrió también en acciones criminales”. Si bien cuantitativamente no fue lo cruel de Sendero Luminoso (responsable del 54% de las víctimas totalizadas), cualitativamente las fronteras son menos claras. El 31 de mayo de 1989, un grupo de seis emerretistas ingresó al bar ‘Gardenias’ en el Asentamiento Humano “9 de Abril” de la ciudad de Tarapoto, en la selva Amazónica peruana. Los subversivos aprehendieron a ocho ciudadanos a los que acusaron de delincuencia y colaboración con las Fuerzas Armadas y Policiales, a los que asesinaron. La verdadera motivación, como luego se reivindicó, era la condición homosexual y transexual de varios de ellos. En febrero, en la misma población, una persona fue asesinada por el MRTA y su cuerpo fue abandonado, exhibiendo el cartel “Así mueren los maricones”.

En el expediente del caso la CIDH afirma “la Comisión reconoce que la Operación Chavín de Huántar, tenía como objetivo legítimo el proteger la vida de los rehenes (…) La CIDH no es ajena al hecho de que el secuestro de agentes diplomáticos y de civiles atenta contra principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y tiene presente asimismo que las personas bajo poder del MRTA se encontraban expuestas a un riesgo permanente contra su vida e integridad personal”. No obstante, se apunta: “Las tres personas ejecutadas -Eduardo Cruz, Herma Meléndez y Víctor Peceros- se encontraban en custodia de agentes estatales y, al momento de la ejecución, no representaban una amenaza para sus captores. Luego del Operativo, los cuerpos sin vida de los catorce miembros del MRTA fueron remitidos al Hospital Policial y, sin haber practicado una autopsia adecuada, los restos fueron enterrados horas después en diferentes cementerios de la ciudad de Lima, once de ellos como NN”.

Polémica al rojo vivo

Sobre la posible decisión de la Corte IDH el ministro de Justicia peruano, Gustavo Adrianzén, señaló “Todo me hace pensar que en los próximos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos […] va a absolver al Estado Peruano de toda responsabilidad que traerá una definitiva absolución de los comandos Chavín de Huántar”. En la acera de enfrente Pancho Soberón, fundador de APRODEH comentó para Nodos y Redes: “La justicia peruana ha reconocido que hubo, por lo menos, un caso de ajusticiamiento, así que menos de eso no puede sentenciar la Corte IDH”. La posibilidad de una sentencia contra el Estado peruano, por la actuación de quienes hoy son considerados “héroes de la patria”, ha encendido las redes sociales del país, volviendo a ventilar las acusaciones contra los activistas de “defensores de terrucos –terroristas-“ y contra la Corte IDH de ser “protectora del terrorismo marxista”. Algunos voceros políticos han sugerido, incluso, la posibilidad que el país se retire de las competencias de la Corte, siguiendo por cierto el mal ejemplo de Venezuela.

A pesar de la visceralidad que está tomando la discusión en la sociedad peruana, sin embargo hay voces tan informadas como prudentes. En un texto Rafael Rodríguez Campos refuta la versión que asegura que la Corte IDH “declarará inocentes a los terroristas”: “la CIDH no cuestiona la legitimidad del Operativo Chavín de Huántar ni el valor de los comandos (…), sino la responsabilidad del Estado Peruano al no garantizar la vida de los tres terroristas –por lo menos uno de acuerdo a nuestra propia Corte Suprema-  que habiendo sido capturados y estando rendidos fueron ejecutados extrajudicialmente”.

Sea cual sea la decisión de la Corte IDH los defensores del Perú han reivindicado el duro trabajo en defensa de la dignidad humana en contextos complejos, así como el estoicismo de mantenerse en la soledad de sus principios. (Publicado en Contrapunto.com)

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