Nodos y Redes: Joe Castillo: El defensor olvidado

Joe Castillo y su familia
Joe Castillo y su familia

Rafael Uzcátegui

A finales de la década de los 90´s la frontera venezolana en el estado Zulia era una zona caliente, el tráfico de mercancías solapaba un flujo igual de importante: El de las personas que huían de los efectos de la guerra interna y el Plan Colombia en el hermano país. A esta situación se sumaba la precaria condición de las comunidades aborígenes de la zona. Fue en 1999 que la obra de dos personas, el matrimonio Castillo, que una organización se instala en la zona para tenderle una mano a refugiados e indígenas: La Oficina de Acción Social y Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques. Joe Castillo era el abogado y su esposa, Yelitze Moreno la encargada de coordinar los programas de educación y formación en derechos humanos. Ambos eran activistas conocidos que formaron parte de las comunidades cristianas de base que durante la década de los 90´s habían defendido a los humildes de los abusos de poder. Tras una estancia en Amazonas, trabajando en el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, la pareja hizo una pausa en la capital para decidir el sitio donde hacía más falta un apoyo legal combinado con el consejo espiritual.

El asesinato

Dos años después ya Joe y Yelitza habían sumado 52 casos de solicitantes de refugio con solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar del discurso humanitario oficial las autoridades negaban que hubiera movimientos poblacionales de importancia en la zona fronteriza. Tampoco se otorgaba el estatus de refugiados a los que huían de la guerra, calificándolos como “desplazados en tránsito”. El cálculo gubernamental era que hacer realidad la solidaridad de la que tanto hablaban estimularía la llegada de centenares de familias colombianas a este lado de la frontera.

El trabajo de la familia Castillo comenzó a ser peligroso para quienes hacían negocios con el tráfico de personas. Una supuesta comisión de la División de Inteligencia Militar los visitó para preguntarles sobre su actividad. También comenzaron a escuchar rumores, demasiados en una zona donde la impunidad era la norma. Ante las presiones el 15 de julio de 2003 Joe Castillo renunció a la coordinación de su Oficina, y estaba en trámites de mudarse a la ciudad de Mérida para continuar con su apostolado en una zona de menor conflictividad. En eso estaban cuando el 23 de agosto de 2003 una pareja de motorizados, en la urbanización Tinaquillo II de Machiques, disparan 15 veces contra el automóvil de los Castillo. 9 balas se alojaron en el cuerpo de Joe, quitándole la vida.

La apuesta por los humildes

El padre jesuita Alfredo Infante, actualmente director de la revista SIC del Centro Gumilla, conoció a Joe y nos hace una remembranza:

“Conocí a Joe y a su esposa en el año 2001. Yo, junto a otros compañeros, iniciaba la fundación de Servicio Jesuíta para Refugiados (SJR) en el Nula y Guasdualito, estado Apure. Él, comenzaba a trabajar con refugiados en la Vicaría de Machiques en el estado Zulia. Era un joven abogado, que junto a su esposa, habían decidido tomarse su fe y su profesión en serio, yéndose a vivir a la frontera para apoyar a la iglesia en la defensa de los DDHH de los indígenas y refugiados.
Recién había sucedido, en junio de 1999, el ingreso masivo de colombianos procedente de la Gabarra hacia Casigua el Cubo, en el estado Zulia. La implementación del Plan Colombia y sus efectos en el desplazamiento de las comunidades comenzaba a impactar seriamente nuestras fronteras. Con el apoyo del ACNUR, la iglesia a través de Cáritas en Zulia y Tachira y el SJR en Apure, iniciaba la respuesta a la crisis humanitaria que se gestaba. Joe fue clave en la consolidación de este trabajo en el Zulia desde la Vicaria de Machiques.

Recuerdo su osadía, valentía y brillantez intelectual, pero sobre todo, resaltaba de él la generosidad acrisolada por la fe. Una cosa tenía clara, lo que hacía lo hacía por sus convicciones cristianas, porque se tomó muy en serio el consejo evangélico del amor al prójimo, y eso de hacerse prójimo con el más excluido y pobre como el buen samaritano que, pone a un lado sus intereses, y sale a atender al herido del camino porque reconoce la sacralidad de la dignidad humana”.

El silencio

En julio del año 2003 la conflictividad política en el país había ido en aumento tras el golpe de Estado, el paro petrolero y los enfrentamientos entre manifestantes de uno y otro lado. En este contexto el asesinato de un defensor de derechos humanos era una mala propaganda para un gobierno que le aseguraba al mundo que era víctima de una conspiración. El asesinato de investigó mal para que no hubiera otro resultado que la impunidad. En el 2007 el caso fue elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual decidió que el Estado venezolano no tenía responsabilidad en el asesinato. Desde el crimen la oficina de derechos humanos del Vicariato de Machiques cerró sus puertas y, quienes se atreven a defender a víctimas en la zona, lo hacen de muy bajo perfil.  (Publicado en Contrapunto.com)

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