Hacia el cierre de Guantánamo

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Rafael Uzcátegui

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha difundido su informe “Hacia el cierre de Guantánamo”, como ellos mismos la califican “un centro de detención que se ha convertido en un símbolo de abuso en todo el mundo”.

Como se recordará, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de los Estados Unidos decidió abrir un centro de detención en la base naval estadounidense ubicada en la Bahía de Guantánamo, Cuba, para mantener a los individuos capturados en Afganistán y otros países en el contexto de la “guerra contra el terrorismo”.

Los primeros prisioneros arribaron el 11 de enero de 2002. Desde ese día, la CIDH ha expresado su preocupación por los derechos fundamentales de los detenidos, solicitando la adopción de medidas urgentes.  La primera fue la emisión, dos meses después de la apertura de la prisión, de medidas cautelares de naturaleza general para requerir la definición del estatuto jurídico de los detenidos. Si bien las medidas cautelares han evolucionado en el tiempo y han abarcado varios asuntos específicos, tales como los alegatos de abusos y torturas contra los detenidos, hoy están orientadas hacia el objetivo de cerrar la prisión de forma definitiva.

El informe de la CIDH, basado no en una perspectiva política sino en una de derechos humanos, está enfocado en tres áreas. En primer lugar, aborda los asuntos relativos al derecho de los detenidos a la integridad personal, desde el uso autorizado de la tortura en los primeros años de las detenciones en Guantánamo hasta temas más actuales, como las condiciones de detención en el Campo 7 y la respuesta del gobierno de Estados Unidos a las huelgas de hambre. La CIDH reitera su conclusión que la detención continua e indefinida de los individuos en Guantánamo, sin derecho al debido proceso, es arbitraria y constituye una clara violación del derecho internacional; las razones de seguridad pública no pueden servir como pretexto para la detención indefinida de personas sin presentar cargos en su contra o someterlas a juicio.

En segundo lugar se examina el acceso a la justicia de los detenidos y si los recursos judiciales disponibles han sido adecuados y efectivos. La Comisión expresa preocupación respecto de cómo se han utilizado las presunciones y la carga de la prueba y su impacto en el acceso a recursos efectivos. Además, se evalúa cómo operan las comisiones militares en la práctica y los importantes desafíos que enfrentan los detenidos al ejercer su derecho a tener un abogado. Asimismo, analiza el funcionamiento del proceso de la Junta de Revisión Periódica establecida en 2011, así como la ausencia de revisión judicial de las denuncias relativas a las condiciones de detención en Guantánamo.

Por último, el informe examina los diversos aspectos jurídicos y políticos involucrados en la adopción de medidas dirigidas al cierre del centro de detención y reconoce algunas acciones recientes adoptadas por el Poder Ejecutivo. Se evalúa la situación actual de las tres categorías de detenidos que actualmente están recluidos en Guantánamo: los detenidos autorizados para traslado, los detenidos que enfrentan cargos penales ante comisiones militares y los detenidos identificados para detención continua.

De acuerdo a información oficial, solamente el 8% de los detenidos en Guantánamo fueron identificados como “combatientes” de Al-Qaeda o los Talibanes, el 93% no fueron capturados por fuerzas estadounidenses y la mayoría fueron entregados a la custodia estadounidense en un momento en que Estados Unidos ofrecía recompensas por la captura de supuestos terroristas. Hasta ahora, solamente el 1% de la totalidad de prisioneros que han estado recluidos en Guantánamo han sido condenados por una comisión militar; en dos de los ocho casos la condena por apoyo material fue anulada en apelación por las cortes federales. A enero de 2015, los pocos procesos en curso ante comisiones militares se encontraban estancados en etapa preliminar, en cuya etapa se han encontrado durante varios años.

En su informe la Comisión Interamericana reitera su llamado al cierre de Guantánamo, una promesa de la administración Obama que, parece, quedará sin cumplir.

En las audiencias de la CIDH se ha presentado la situación de Guantánamo en once oportunidades. A pesar de esta realidad, los gobiernos latinoamericanos del llamado “progresismo” (Bolivia, Ecuador y Venezuela) señalan, en sus discursos, que la instancia ha sido muda ante los excesos, debido a que se encontraría “subordinada al imperialismo”. Sin embargo, como demuestran las evidencias, la CIDH ha hecho más por el cierre de este “símbolo mundial del abuso” que los gobiernos de Correa, Morales, Chávez y Maduro juntos. Por ello, no hay argumento que justifique que Venezuela se encuentre fuera de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, par de la CIDH, salvo que, como sucede en la propia cárcel de Guantánamo, haya cosas que ocultar.

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