Xenofobia a paso de vencedores

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Rafael Uzcátegui

El 4 de junio de 2015, después que algunas organizaciones habíamos participado en el examen al Estado venezolano sobre el nivel de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, realizado en Naciones Unidas, el presidente Nicolás Maduro asumió la batuta en la criminalización a las ONG´s. En una nota, publicada por Correo del Orinoco, se informó por lo dicho por el primer mandatario: “ONG venezolanas que son apátridas y ONG internacionales que le sirven a los intereses del imperio (…) El jefe de Estado señaló que muchas de las referidas organizaciones están constituidas por venezolanos de nacimiento”. Sí, leyó bien: venezolanos por nacimiento. En uno de sus lapsus habituales Nicolás Maduro confundió los términos, pues quería decir “venezolanos por naturalización”. Maduro se hacía eco de los comentarios televisados realizados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien en cada uno de sus programas aludía a la procedencia colombiana del anterior Coordinador General de Provea, Marino Alvarado, naturalizado y con más de 40 años de residencia en el país. Era la primera vez que constatábamos comentarios discriminatorios contra personas no nacionales por parte del primer mandatario. Lamentablemente, era apenas el principio.

Un día después, el 5 de junio, reiteraba los deslices discriminatorios. Citamos a Últimas Noticias: “El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que Colombia, país con el que comparte la mayoría de su frontera, se ha convertido en un “exportador de pobreza” hacia el país petrolero donde, dijo, existe una comunidad de 5,6 millones de colombianos. Estos inmigrantes “se vienen y todo lo que traen es necesidad y pobreza, todos vienen buscando educación, trabajo, salud, y vivienda. Colombia se ha transformado en una exportadora neta de pobreza hacia Venezuela”. De esta manera el primer mandatario instalaba públicamente una matriz de opinión para los hechos “sobrevenidos” a continuación.
Un mes después, al desplegar el llamado “Operativo de Liberación del Pueblo” se justificaban los abusos de poder en zonas populares como acciones para detener al paramilitarismo colombiano, supuesto responsable de la situación de inseguridad, violencia y desabastecimiento padecido por el país. Las notas de prensa oficiales hacían énfasis en la cantidad de ciudadanos de tal nacionalidad detenidos en cada operativo. En el caso de la ciudad de Caracas, como ha constatado Provea, la orden era someterlos a un proceso de deportación independientemente si las personas tenían sus papeles en regla o no estaban vinculados a delitos.

El ataque de grupos armados irregulares contra militares venezolanos ha sido tomado como motivo para cerrar la frontera y dictar el estado de excepción en varios municipios fronterizos del estado Táchira, una medida desconocida en tiempos del presidente Hugo Chávez. Por citar un caso, en marzo de 2012 dos militares fueron asesinados en un enfrentamiento cerca de la localidad de Rubio, y en ningún momento el presidente ordenó lo de hoy.

El presidente Maduro falsea las estadísticas y confunde los términos para justificar la arbitrariedad. El 20 de agosto afirmó: “Del 1 de enero al 31 de julio de 2015, han ingresado legalmente a Venezuela 121.834 colombianos y colombianas nuevos. ¡Es el éxodo más grande que se da en el campo migratorio en el mundo!”. No es cierto que, en este momento, se esté viviendo una situación de desplazamiento similar a otros tiempos, cuando los efectos del Plan Colombia y el conflicto armado obligaban a cientos de familias colombianas buscar seguridad en nuestro país. Si se habla de “ingreso legal” es de personas que han sellado su pasaporte en extranjería, lo cual no tiene nada que ver con deportaciones masivas forzadas.

Las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hablan de otra realidad. Hasta el año 2011 se habían recibido 19.390 solicitudes de refugio en el país, de las cuales el 98% eran de personas provenientes de Colombia. De esta cifra apenas se habían otorgado a 2.022 personas el estatus de refugiados y refugiadas.
La situación de frontera había sido descuidada hasta el día de hoy. En el año 2009 Hugo Chávez anunció la discusión y aprobación de una Ley Orgánica de Fronteras, lo cual aún se mantiene en deuda.

Cualquiera sea la condición migratoria de las personas en territorio venezolano hay derechos que no pueden ser suspendidos, como el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal. Otra garantía es la del derecho al debido proceso, por lo que el procedimiento de deportación tiene un procedimiento que debe ser respetado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecidos que los migrantes tienen derecho a ser oídos, a tener toda la información sobre el procedimiento en su contra, acceso a representación legal y revisión judicial, acceso a las autoridades consulares y condiciones de detención apropiadas.

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