Peña Nieto y Maduro unidos por la globalización

ZEEColumna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

El pasado 29 de septiembre el presidente mexicano Enrique Peña Nieto presentó a su país su iniciativa de “Ley de Zonas Económicas Especiales”, calificado como un “plan innovador de desarrollo”, que busca impulsar la economía en el sur de México, donde se localiza el 60% de municipios con niveles importantes de marginación. Según el discurso oficial, este modelo de desarrollo, basado en experiencias similares a nivel internacional como la China, busca generar empleos, atraer inversiones y elevar la calidad de vida de la población. Acompañado de los gobernadores de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán, el Ejecutivo Federal anunció que varios de los beneficios prometidos no se verían a corto plazo: “Lo que nos hemos propuesto es que antes de que concluya este gobierno se hayan instalado las primeras empresas ancla que permitirán generar cadenas de proveedores y nuevos empleos de calidad”, afirmó el primer mandatario azteca.

Peña Nieto comentó algunas de las características del proyecto. La primera es una perspectiva de mediano y largo plazo, vigencia que necesita de una ley que lo haga sostenible; se facilitarán los trámites administrativos para los inversionistas, para lo cual se creará una ventanilla única para todos los trámites de gobierno, los cuales estarán sujetos a una sola jurisdicción. Además, se establecerían convenios de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. En ellos, como se explicó, se incluirán los compromisos y obligaciones para instrumentar las zonas de manera ágil y coordinada, así como otras facilidades e incentivos que los gobiernos locales puedan aportar. En cuarto lugar se contará con instrumentos de planeación y ejecución acordes con las mejores prácticas internacionales, mediante una delimitación clara y un programa de desarrollo de largo plazo para la zona y su área de influencia, junto con un plan maestro de desarrollo industrial. Asimismo, el proyecto de ley incluiría mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo y la operación de las zonas.
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La valía de la CIDH

cidh_visitaColumna de Provea en Correo del Caroní, redactada por Rafael Uzcátegui

Estando en Ciudad de México, con motivo de nuestra participación en la reunión anual de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (Ramalc), tuvimos el privilegio de seguir de cerca el ambiente con motivo del primer aniversario de la desaparición de un grupo estudiantes en el estado de Guerrero, caso conocido como los “43 de Ayotzinapa”. El debate ocupaba los titulares de los periódicos, pues el hecho, donde también resultaron asesinadas 9 personas, ponía sobre la mesa la grave situación de la desaparición forzada en el país azteca, el control territorial por el narcotráfico, el estado de la educación pública en el país y el tipo de educación recibida por los estudiantes en las escuelas normalistas mexicanas. Sin embargo, a pesar de los antagonismos entre los diferentes actores sobre las responsabilidades materiales e intelectuales -unos apuntan al narcotráfico, otros al propio Estado, hay un consenso en reconocer el importante trabajo realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como se recordará, un mes después de los sucesos la CIDH otorgó medidas cautelares a los sobrevivientes y familiares de Ayotzinapa, en virtud que su vida e integridad estaba en riesgo ante las denuncias que realizaban. En el marco del cumplimiento de éstas, en el que el Estado mexicano se comprometía a resguardarlos, se acordó la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, avalado por la OEA, levantara información sobre la idoneidad de las investigaciones realizadas por el gobierno. Hace un par de meses el GIEI difundió un primer informe, de alta experticia técnica, en donde refutan muchas de las “verdades históricas” sobre el caso establecidas por la administración de Peña Nieto, una de ellas que los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal por miembros de la banda “Guerreros Unidos”. El informe, de más de 500 páginas, generó polémica entre las autoridades, pero a su vez recordó la importancia de contar con mecanismos regionales de protección a los derechos humanos.
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Solidaridad en Tenochtitlán

ayotzi_07Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcátegui

Recientemente tuvimos la oportunidad de estar en la Ciudad de México para la reunión anual de la Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (Ramalc), una iniciativa heredera del movimiento de objeción de conciencia -no ir al servicio militar por razones personales- que existió en la región en la década de los años 90. Desde diferentes realidades y contextos, gobiernos progresistas y conservadores, se denuncia el consenso tácito en la militarización de los territorios y los cuerpos como mecanismo disciplinatorio.

El evento tuvo como gran telón de fondo el primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normalista de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que se ha convertido en ícono mundial del oprobio y la impunidad. Además de la movilización anunciada para el 27 de septiembre, días antes los familiares de las víctimas comenzaron un ayuno frente a la Catedral Metropolitana, ubicada el frente de la Plaza del Zócalo en la capital. Como solidaridad, la Ramalc redactó un saludo a los familiares y las organizaciones de apoyo, que transcribimos en su integralidad:

“La Red Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe (Ramalc), presente en la Ciudad de México a los 23 días del mes de septiembre de 2015, con representantes de los países Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Paraguay, Cuba, Brasil, Bolivia, antimilitaristas de Serbia, y Estados Unidos, junto a sus pares de México, queremos expresar nuestra solidaridad con las madres, padres familiares víctimas de los 43 normalistas alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en el Estado de Guerrero.
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El problema no es la jueza, sino el sistema de justicia

a0b2895f7942e64eb8f3fc13a2106164Columna de Provea en Correo del Caroní redactada por Rafael Uzcategui

La sentencia contra el dirigente político Leopoldo López y los tres estudiantes ha visibilizado, por lo menos para un sector que no se había percatado, del irregular funcionamiento del sistema de administración de justicia en Venezuela. Dejemos algo claro de entrada: No se trata de si usted o yo nos simpatiza o no la propuesta política del líder del partido Voluntad Popular, sino del escrupuloso respeto al debido proceso, una condición necesaria para cualquier tribunal que se precie como justo e independiente.

Las anormalidades en el juicio llevado en su contra son tan burdas que han obligado a pronunciarse a personas y organizaciones que han tenido expectativas con el proyecto político bolivariano. Por ejemplo la organización WOLA, siglas de The Washington Office on Latin America, una iniciativa de larga data dentro de Estados Unidos cuyo auditorio es y ha sido la intelectualidad progresista y de izquierda en las tierras del Tío Sam, cuyos informes y opiniones son citados para personalidades como Noam Chomsky. “La condena de López es una muestra flagrante de la voluntad del gobierno de criminalizar a los opositores políticos”, dijo Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA. “El uso del sistema legal para castigar a los opositores políticos no tiene cabida en una democracia”, expresó.

David Smilde, asesor de la organización por su parte expresó: “La gravedad de las acusaciones del gobierno contra López demanda un proceso judicial serio. Sin embargo, el juicio mostró escaso respeto por la evidencia real y apenas siquiera tenía la pretensión de independencia judicial”. En su comunicado WOLA dijo: “Por ejemplo, el tribunal permitió que el gobierno presentara más de un centenar de testigos, mientras que todos los testigos del demandado fueron excluidos del proceso menos dos. Por otra parte, la jueza que presidió tiene solamente un nombramiento provisional, y por lo tanto podría ser removido por el gobierno en cualquier momento. Esta situación precaria elimina cualquier oportunidad de independencia judicial que la jueza hubiera querido ejercer”.
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Recuerdos del futuro

recuerdos-del-futuroRafael Uzcátegui

A nuestro entender, el escenario menos traumático de resolución de la crisis venezolana sería que, tras el despliegue de un diverso y amplio movimiento destituyente, la ciudadanía pudiera expresar su opinión sobre la continuidad o no del presidente Nicolás Maduro en el poder en el año 2016, derecho presente en la Constitución. Sin embargo, para que esta posibilidad se materialice, deben suceder varias condiciones previas.

Las elecciones ofrecen una fotografía de la realidad, nos guste o no a los abstencionistas. El primer elemento sería que en los próximos sufragios parlamentarios se cristalizara un mensaje claro de reprobación de la gestión gubernamental. A pesar que la anulación de las votaciones para el Parlamento Latinoamericano impide tener un dato de las tendencias a nivel nacional, la proporción de diputados seleccionados en uno u otro lado reflejarían el malestar. Sostenemos que los actuales esfuerzos del Ejecutivo apuntan a que la oposición alcance, a duras penas, la mayoría simple en el hemiciclo. En el supuesto que los no bolivarianos sumaran la mayoría absoluta, el tsunami interno de las fuerzas bolivarianas sería indetenible, lo cual reflejaría con claridad las tendencias y pugnas internas entre los grupos herederos del barinés. Y aunque le pese a los oposicionistas más furibundos, no hay transición posible sin la fragmentación de la cohesión endógena.

Nuestra hipótesis, por diferentes razones, es que la oposición sólo obtendrá una modesta mayoría simple en el parlamento, lo cual si bien será mostrada como una victoria sobre la “guerra económica” por el Ejecutivo, ralentizando sus disidencias internas, reordenará -como tendencia irreversible- el panorama político venezolano. La segunda precondición –estimulada por una mayoría simple o catapultada por una absoluta- sería la confrontación abierta, y despiadada como todos los odios mellizales, entre el chavismo y el madurismo. Un referendo revocatorio sólo sería posible si un sector importante de los “soy-chavista-pero-no-madurista” se incorpora decididamente en su activación, en la lógica de salvar algo del legado supremo de la “derecha endógena” en el poder.

Un tercer elemento, dramático, es la exacerbación de la crisis económica. Si esta es el gran telón de fondo, el malestar ciudadano y movimientista amenazará desbordar el pragmatismo quietista partidista, que aconseja esperar que Maduro pague todos y cada uno de los platos rotos, esperando un hipotético “mango bajito” en las nacionales del 2019. Un amplio emprendimiento destituyente podría devolver autoestima y sentido a la participación de la gente, prefigurando nuevas relaciones políticas y de contrapoder en lo que ha sido un tejido asociativo devastado por la polarización.

Otros componentes son cuánta impunidad necesitaría el sector militar para permitir una transición, lo que merecería todo un artículo de análisis. También cuánto hemos aprendido como país de la última década y media, pues el haber llegado hasta acá, como he insistido en este espacio, es mucho más profundo y complejo que haber optado, ingenuamente, por algo llamado “socialismo bolivariano”. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

Actualización 07.12.12: Evidentemente me equivoqué sobre la modesta mayoría simple opositora. Los resultados dieron un margen bastante importante entre uno y ambos, pues la expresión del descontento chavista se expresó electoralmente, lo que era incierto. No tengo problemas en admitir mis errores de pronóstico, que siempre existirán. Sin embargo creo que la honestidad intelectual es, precisamente, reconocer cuando se erró y enmendar los analisis consecuentes.