Humano Derecho con la Asamblea de Ciclismo Urbano de Caracas

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Con los miembros de la Asamblea de Ciclismo Urbano de Caracas, Ana Cecilia Pereira y Abelardo Tucapel para hablar del ciclismo urbano como sistema de transporte y una alternativa más saludable, ecológico y humana para la ciudad y los ciudadanos.

En esta emisión además te traemos 10 nanocanciones que concentran en pocos segundos buen punk y rock.

La Asamblea de Ciclismo Urbano de Caracas agrupa a los colectivos de ciclistas de la ciudad con el propósito de unir fuerzas para la promociona la bicicleta como medio de transporte. Esto se hace con tomas simbólicas de la ciudad y rodadas masivas.

La asamblea también busca que las instituciones públicas y privadas incorporen políticas que beneficien la bicicleta como medio de transporte.

Las bandas que suenan en este Humano Derecho: S.O.D, T.O.T, Crass, Columpio Banquito, Rudimentary Peni, Crash y Los Dólares.

Femicidio: El problema ignorado

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Como lo recuerda la Organización de Estados Americanos (OEA), hasta 1992 el término “femicidio” venía siendo usado por el periodismo en forma coloquial para referirse al asesinato de mujeres. En ese año Diana Rusell y Jill Radford le dan un contenido jurídico y social al concepto en su texto “Femicide: The Politics of Women Killing (Femicidio: la política de asesinato de mujeres)”, definiéndolo como el asesinato de mujeres, cometido por hombres, por el hecho de ser mujeres. Ellas lo desarrollaron con el objetivo de visibilizar los motivos de género detrás de las muertes de las mujeres a manos de los hombres: los intentos de controlar sus vidas, sus cuerpos y/o su sexualidad, hasta el extremo de castigar con la muerte a aquellas que no acepten este sometimiento.

El término comenzó a ser desarrollado a posterioridad. Marcela Lagarde tomó el concepto “femicide” de las autoras pioneras y lo apuntaló como feminicidio, pues mientras la acepción original fue explicada como la muerte de mujeres sin especificar las causas de estas muertes, el término feminicidio describía mejor la construcción social de las muertes, así como la impunidad que las rodea.

Fue a partir del año 2007 en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los organismos de protección regional de derechos humanos, incorporó el término feminicidio en su discurso, luego de hacer el estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer realizado por el Secretario General de la ONU, que a su vez usó el término en su documento. De manera paralela la Corte Interamericana de Derechos Humanos utilizó “feminicidio” en la sentencia del caso “González y otras”.

En el año 2008 el Comité de Expertos (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (Mesecvi), al realizar su cuarta reunión aprobó una “Declaración sobre el femicidio” la cual se ha convertido en referencia para hablar sobre el tema.

En primer lugar la declaración establece que en América Latina y el Caribe los femicidios son “la manifestación más grave de discriminación y violencia contra las mujeres”. Los altos índices de violencia contra ellas, su limitado o nulo acceso a la justicia, la impunidad que prevalece a los casos de violencia contra las mujeres y la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, entre otras causas, inciden en el aumento de las muertes.
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Ciudad y derecho al espacio público

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La idea más interesante de la pasada propuesta de reforma constitucional de 2007, rechazada por el voto popular, fue la del “derecho a la ciudad”, de la cual después se ha hablado poco, pese a que la ausencia de espacio público -debido a los territorios controlados por la delincuencia y la polarización política- es uno de los dramas de la Venezuela contemporánea.

El geógrafo y urbanista español Jordi Borja ha desarrollado durante varios años la noción sobre el derecho a la ciudad. En su libro “La ciudad conquistada” apunta que aunque espacio público (EP) es un concepto propio del urbanismo, tiende a simplificarse como espacios verdes o equipamiento urbano, pero que en filosofía política es utilizado como lugar de representación y de expresión colectiva de la sociedad. Según su opinión la responsabilidad principal del urbanismo es producir EP, espacio funcional polivalente que relacione todo con todo, que ordene las relaciones entre los elementos construidos y las múltiples formas de movilidad y permanencia de las personas: “El espacio público concebido también como instrumento de redistribución social, de cohesión comunitaria, de autoestima colectiva. Y asumir también que el espacio público es espacio político, de formación y expresión de voluntades colectivas, el espacio de la representación pero también del conflicto. Mientras haya espacio público, hay esperanza de revolución, o de progreso”.
Mala noticia para nosotros: según Borja, la calidad del EP es un test fundamental para evaluar a la propia democracia existente en un país. Es en el EP donde se expresan sus avances y retrocesos, tanto en sus dimensiones políticas como sociales y culturales. El EP, entendido como espacio de uso colectivo, es el marco en el que se tejen las solidaridades de los diferentes y donde se manifiestan los conflictos, donde emergen las demandas y las aspiraciones, contrastándose con las políticas públicas y las iniciativas privadas. Y es en el espacio público, argumenta, en el que se hacen visibles, por presencia o por ausencia, los efectos segregatorios de las dinámicas urbanas realmente existentes.

¿Qué se reivindica o se denuncia en el EP? Todo. La demanda de vivienda y la oposición a los desalojos. El servicio de agua y la calidad del transporte público. Infraestructura para la cultura o el deporte y la existencia de escuelas. Limpieza y seguridad. Transporte y aire limpio. Plazas y espacios verdes. Accesibilidad y centralidad cercana. Comercio y oferta cultural urbana. Para Borja la idea de la existencia -o ausencia- de espacio público va unida a la de ciudadanía: “ser ciudadano es sentirse integrado física y simbólicamente en la ciudad como ente material y como sistema relacional, no sólo en lo funcional y en lo económico, ni sólo legalmente”. El espacio público, por tanto, es la plataforma que permite el desarrollo de la ciudadanía. ¿Acaso podemos ejercer de ciudadanos -se pregunta el catalán- si vivimos en un polígono lejos de todo o en un barrio degradado y criminalizado? ¿O sin acceso a un transporte público que nos permita ejercer nuestro derecho a la movilidad? En el caso venezolano la respuesta no es, precisamente, optimista.

Jordi Borja afirma que “el derecho a la ciudad es actualmente el concepto operativo para evaluar el grado de democracia y es el que sintetiza, orienta y marca el horizonte de los movimientos sociales democratizadores. Pero en la medida en que estos movimientos requieren el espacio público para expresarse, la calidad de este condicionará la existencia y la potencialidad de las demandas ciudadanas”.

Los altos índices de inseguridad ciudadana han ido acorralando a los venezolanos a sus cotos privados: su domicilio, la recreación privatizada en los grandes centros comerciales. Es una paradoja de nuestro tiempo que precisamente bajo un gobierno “socialista” la privatización de la vida cotidiana de la población haya alcanzado amplias fronteras, incluso la de sentirse responsable por la exposición personal a situaciones de violencia.
Es decir, aunque la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas para la gente, las personas no responsabilizan al Estado de la situación sino a sí mismos por no tomar medidas suficientes, e incluso de no ser socialmente “exitosos” como para no tener un vehículo propio y verse obligados a movilizarse en un transporte público de bajo precio y calidad.

La polarización se ha mantenido tanto tiempo, además, porque las personas han construido su imagen de los otros a través de los prejuicios recibidos a través de medios de comunicación. Un proceso de deshumanización reforzado por la ausencia de EP que exprese la real diversidad comunitaria.

Tenemos derecho a desarrollar todas nuestras capacidades y potencialidades en un entorno urbano que permita la materialización de las promesas de la democracia. Tenemos derecho a vivir en una ciudad democrática, segura, saludable, económica, accesible, pensada para los niños y la tercera edad, con servicios básicos y transporte público eficientes y de calidad. Pero esto comenzará cuando hagamos nuestra la exigencia de este derecho.