Banalizando la verdad

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Rafael Uzcátegui

El pasado 12 de abril el presidente Nicolás Maduro instaló la “Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas” que según la nota difundida por la cadena Telesur (http://bit.ly/1MtDafG) “busca esclarecer los hechos violentos perpetrados por la derecha desde 1999”. El acto de instalación reiteró lo advertido por Provea un día antes, cuando en un comunicado expresó que el primer mandatario venezolano banalizaba este mecanismo de justicia transicional, que ha demostrado su valía en situaciones complejas en otros países de la región.

Como desde Provea sabíamos que cualquier cuestionamiento a esta iniciativa iba a ser calificado de “golpista” o “pitiyanqui”, el pronunciamiento tuvo que recordar el historial de la organización: “En opinión de Provea, quien condenó el golpe de Estado en el 2002, solicitó medidas cautelares de protección en la fecha para altos funcionarios –incluyendo el presidente Chávez-  y ha venido exigiendo la investigación y sanción para todos los responsables de los muertos y heridos durante las jornadas de violencia, con este anuncio el presidente Nicolás Maduro está banalizando y vaciando de contenido un mecanismo para alcanzar la justicia en todos y cada uno de los casos, y con ello ampliando la situación de impunidad que los ha caracterizado hasta el día de hoy”.

Lo curioso de este capítulo es que el gobierno está reconociendo que sus órganos responsables no son capaces de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante su gestión, y que por lo tanto debe crear algo nuevo


Como se expresó en su momento la decisión de crear una tercera Comisión de la Verdad por parte del gobierno bolivariano incumplía los estándares internacionales de derechos humanos que rigen en la materia, y que han sido aplicados en las experiencias regionales. Según el informe “En búsqueda de la verdad. Elementos para la creación de una Comisión de la verdad eficaz”, realizado por  El Centro Internacional para la Justicia Transicional –con larga experiencia en casos concretos-, la credibilidad de una CV se alcanza tras a) Seleccionar miembros con excelente reputación moral y profesional; b) Garantizar independencia total de cualquier interferencia política; c) Establecer procedimientos transparentes para la investigación y d) Establecer un diálogo con la sociedad civil, en particular con organizaciones de víctimas. Además una CV debe contar con el apoyo de las partes interesadas, ganarse el respeto de las sociedades y cumplir de manera consistente con un código de conducta. Como se afirmó, y fue ratificado por los hechos, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no garantiza ninguna de las condiciones anteriores.

Provea hace cada una de sus afirmaciones en base a criterios técnicos, estándares en derechos humanos y evidencias que prueban sus afirmaciones. La nota en la que Telesur difundía el acto, citada anteriormente, se titula: “Maduro invita a la derecha a integrar Comisión de la Verdad”. Según la nota de Correo del Orinoco (http://bit.ly/1SbaBCZ), la Comisión está integrada por 6 funcionarios gubernamentales, siendo su “Coordinador jefe” el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, 7 miembros de organizaciones claramente comprometidas con el ideario bolivariano y 4 diputados del llamado “Bloque de la Patria”, para un total de 17. Según el portal oficial Iguana TV (http://bit.ly/1Wsy85A) el presidente Maduro afirmó en el acto de instalación: “Hoy las cuatro sillas que estaban estimadas para recibir a cuatro miembros de la oposición quedaron vacías”. Según la extraña lógica del primer mandatario es suficiente 4 espacios para miembros de los partidos políticos opositores para que su iniciativa tenga “equilibrio”, excluyendo así al resto de los sectores de la sociedad.

Pudiéramos citar una larga lista de emprendimientos anunciados por el presidente Maduro que, a pesar de la propaganda, tienen corta vida. En esta oportunidad la mayor preocupación de Provea tiene que ver con que la trivialización de este mecanismo obstaculizará, en un futuro, la creación de un mecanismo de justicia transicional, una verdadera Comisión de la Verdad, que investigue todos y cada una de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, como lo han hecho estas figuras en Brasil, Argentina o Perú.

Provea ha estado comprometida desde sus inicios, y también desde el año 2002, con el fin de la impunidad. Ese año uno de sus fundadores, Raúl Cubas, una figura de reconocida independencia, estatura moral y compromiso con los derechos humanos, era el candidato para presidirla. Sin embargo, al no haber condiciones para un funcionamiento con independencia y con estándares claros de actuación, declinó su participación. En aquella oportunidad, no obstante, la iniciativa fue entorpecida por los dos principales sectores políticos del país.

Lo curioso de este capítulo es que el gobierno está reconociendo que sus órganos responsables no son capaces de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante su gestión, y que por lo tanto debe crear algo nuevo. Las Comisiones por la Verdad son parte de los 4 mecanismos de justicia (las otras son acciones penales, reparaciones y reforma de las instituciones) que se han definido internacionalmente para épocas en transición, desde situaciones de conflicto y represión estatal. ¿Estamos en transición entonces, señor presidente?

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