Víctimas del estado de excepción

Rafael Uzcátegui

No se puede descontextualizar el aceleramiento del deterioro social del país de la decisión del pasado 13 de mayo: decretar un estado de excepción y emergencia económica que, lejos de solucionar los problemas, los ha venido profundizando. Y que, como su fuera poco lo anterior, ha significado la ruptura del hilo constitucional y el marginamiento de la democracia por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Los antecedentes de este sui generis golpe a la Carta Magna se iniciaron cuando el gobierno autorizó, mediante un decreto que se colocaba por encima de la constitución y autorizaba a los cuerpos policiales y la Fuerza Armada para usar armas en el control de manifestaciones. A pesar de los cuestionamientos a la llamada “Resolución 08610”, Nicolás Maduro insistió en su aplicación. En su momento alertamos sobre las graves consecuencias, temores que se han venido ratificando en los hechos de los últimos días cuando, a pesar de la hegemonía comunicacional estatal, se han difundido las imágenes de guardias y policías desenfundando armas ante los reclamos de la población.

Tras la irregular designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se generaría una alta impunidad tanto para delitos como para las violaciones de derechos humanos. El socavamiento de la independencia del principal supremo del país antecedía el fujimorazo tropical a realizarse pocos meses después. El decreto de estado de excepción de mayo incluía dentro de los poderes sin poder a la Asamblea Nacional, constituyendo una preocupante declaración de beligerancia contra la población bajo la excusa de la “guerra económica” y la doctrina de la seguridad nacional, en la cual el Estado es más importante que su población.

Cualquier proceso de diálogo debe pasar por la vuelta a la democracia formal y la derogación del estado de excepción y emergencia económica, deteniendo el proceso de empobrecimiento general de la población y generando garantías para el disfrute de los derechos sociales.


En segundo término, el estado de excepción creaba la figura de los “Comités Locales de Abastecimiento y Distribución” (CLAP), integrados por miembros del partido de gobierno con la finalidad de centralizar y distribuir los pocos alimentos disponibles y participar en labores de seguridad y control del orden público.

Las primeras víctimas del estado de excepción, lamentablemente, comienzan a contabilizarse. Jenny Elizabeth Ortiz Gómez, de 42 años, inauguró la lista negra muriendo a consecuencia de disparos de perdigones en su rostro. El pasado 5 de junio un grupo de aproximadamente 300 personas de los barrios Bolivariano y Andrés Eloy Blanco, en San Cristóbal, intentaron saquear varios galpones, supuestamente pertenecientes a la gobiernación del Táchira, donde se encontraban depositados bultos de arroz, azúcar y productos cárnicos. Ortiz intentaba escapar de la represión de la Policía del Táchira cuando un funcionario le disparó dos perdigones a su rostro, con la intención de causar el mayor daño posible, el cual resultó fatal. El Ministerio Público imputó como presunto responsable al funcionario Yeisy Reneé Burgos Moreno.

Tres días después, el 9 de junio, un intento de saqueo en Petare, área metropolitana de Caracas, originó el despliegue del componente militar Guardia Nacional Bolivariana, quien disparó contra el disturbio y generó la muerte de José Antonio Tovar, de 21 años. El Ministerio Público anunció la designación del fiscal 125ª de Caracas, Jorge Alejandro rebolledo, con el propósito de dirigir la investigación.

El 11 de junio en la población de Cerezal, aledaña a Cariaco en el estado Sucre, la población que reclamaba acceso a los alimentos tras dos semanas sin recibirlos fue enfrentada por una comisión mixta de la policía del estado y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). De un lado piedras, botellas y palos. Del otro bombas lacrimógenas, perdigones y disparos. 11 personas resultaron heridas, mientras que Luis Josmel Fuente Bermúdez, de 21 años, fue muerto. Como responsable fue detenido el sargento de la GNB Carlos Eduardo Moreno Licet. Ante el lamentable saldo, Provea afirmó: “La forma como vienen actuando los cuerpos armados del Estado en el control de manifestaciones es consecuencia de la creciente represión que se vive en el país, la ejecución del estado de excepción y de la Resolución 08610 mediante la cual el gobierno autoriza a los cuerpos policiales y la Fuerza Armada a usar armas en el control de manifestaciones”.

Desde la aprobación del estado de excepción todos los días se han registrado protestas por acceso a la comida en diferentes puntos del país. Al cierre del presente artículo la ciudad de Cumaná era testigo de lo que se aseguraba era una ola de saqueos a diferentes comercios, los cuales habían generado por lo menos una persona fallecida, Carlos Colón Castañeda según informaciones del portal El Pitazo. Si se confirma la autoría por parte de funcionarios policiales o militares el saldo fatal del estado de excepción continuará sumando nombres.

Cualquier proceso de diálogo debe pasar por la vuelta a la democracia formal y la derogación del estado de excepción y emergencia económica, deteniendo el proceso de empobrecimiento general de la población y generando garantías para el disfrute de los derechos sociales.

(*) Coordinador General de Provea

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