Gamelote “ecosocialista”

Rafael Uzcátegui

La contraparte a lo que el pre-bolivarianismo cuestionó en los 90´s como “meritocracia” ha sido el voluntarismo ideológico, que en nuestros predios ha tenido consecuencias que todos y todas estamos sufriendo en los actuales momentos. Personas que sólo por su adherencia al partido de gobierno, y no por su experiencia en el tema, tomaron decisiones en cargos de importancia cuyas consecuencias afectaron a muchas personas. El menosprecio al conocimiento terminó afectando principalmente al proyecto que apoyaban, que en buena parte fue sostenido no por un cambio real de paradigmas sino por la abundancia de recursos económicos proveniente de la llamada “década de los commodities”.

Lo anterior viene a cuento por la defensa, no sorprendente a estas alturas, que varios próceres del bolivarianismo vienen realizando del proyecto Arco Minero del Orinoco. Entre el abanico se encuentra Jorge Arreaza, donde las notas de prensa lo muestran de gira por el estado Bolívar, transformando comunidades indígenas en pueblos mineros, todo en nombre de un curioso “ecosocialismo”. Ni Arreaza, ni el resto del coro, tienen idea de cuáles serán las consecuencias concretas del proyecto por la sencilla razón que no se ha hecho el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), una de las condiciones que pone la Constitución para la promoción de iniciativas de tal envergadura. Todas las ofertas sobre minería ecológica y bombardeos humanitarios, a falta de la información técnica y los estudios de campo, son simplemente gamelote.

Un proyecto minero que intervendrá el 12% del territorio venezolano tendrá secuelas previsibles de diverso tipo. Al desarrollarse en las riberas del Orinoco, la primera cuestión a determinar sería el impacto en los recursos hídricos y en la erosión de suelos. El abanico de impactos suma y sigue: La calidad del aire,  vida silvestre y biodiversidad. No podemos olvidar las consecuencias sociales, la posible erosión en la forma de vida de las comunidades originarias, el desplazamiento y migración de personas, la perdida de acceso al agua potable y medios de subsistencia, secuelas sobre la salud pública y lugares sagrados, bienes históricos y sitios de interés cultural. Por último el aporte estimado al cambio climático del emprendimiento.

Un último detalle sobre el EIA. Un combustible que ha encendido la conflictividad regional en las multitudes opuestas al extractivismo ha sido que el diagnóstico haya sido realizado por instituciones que no generan confianza a la sociedad: Las empresas mineras o el propio gobierno, ambos interesados en que el negocio marche como miel sobre hojuelas. En el caso venezolano el EIA debería realizarse por un tercero respetado por el conjunto: Las universidades, por ejemplo.

No sabemos si la majadería podría ser considerada alguna vez un derecho. Lo que por ahora es cierto es que la ignorancia de unos puede poner en riesgo el derecho de todos a tener una Venezuela en el futuro que no se parezca a una gran cantera a cielo abierto. @fanzinero (Publicado en Tal Cual)

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