ONG y Referendo Revocatorio

Rafael Uzcátegui

El mecanismo revocatorio incluido en la Constitución mediante referéndum, como único dispositivo de democracia directa, fue una de las novedades de la Carta Magna de 1999. Por ello su activación ha significado un aprendizaje democrático para el país. Su lógica es permitir que la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de los cargos electos por votación popular, al cumplirse la mitad de su mandato. Si el mismo ha sido eficiente y ha cumplido las expectativas de los electores, el funcionario sería reiterado en sus funciones. En caso contrario, los electores deciden apartarlo de sus funciones para que sea sustituido por otro que pueda conseguir mejores resultados en la gestión pública. En vez de obtener un cheque en blanco por el período para el cual han sido electos, presidentes, alcaldes y gobernadores tendrían la presión de mostrar resultados positivos en el ejercicio de sus labores para poder salir airosos de la posibilidad del escrutinio de la contraloría social y ciudadana. Por ello la inclusión del mecanismo revocatorio constituyó un paso más allá de la tradicional democracia delegativa y representativa venezolana que ha sido hegemónica hasta el día de hoy.

Si un funcionario o funcionaria, seguro de sí, promueve la evaluación a su gestión a la mitad del período, y sale aprobado por la consulta popular, se relegitima. Recordar que el propio Hugo Chávez, en el año 2004, calificó la activación del mecanismo por un grupo de electores como un “Referendo Confirmatorio”. Los resultados le dieron la razón, de una manera tal que sus opositores no intentaron promover un nuevo revocatorio durante su período presidencial comprendido entre los años 2007 al 2013.

Las ONGs no somos neutrales ni pasivos ante la vulneración de derechos. Por ello nuestra participación institucional en el actual escenario revocatorio es acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, exigiendo a las autoridades condiciones democráticas y aceptables para su efectiva realización

Siendo la experiencia revocatoria un aprendizaje para el conjunto de la sociedad venezolana, ¿Cómo debería ser abordado por las organizaciones de derechos humanos? Ese fue el tema de un debate público al cual Provea y otras ONGs convocaron el pasado 30 de agosto.

Los integrantes de las organizaciones de derechos humanos ejercen sus derechos políticos, por lo que tienen su propia opinión y afinidad político-partidista o ideológica, siendo escogida esta libremente. Sin embargo, un emprendimiento de esta naturaleza debe ser independiente y autónomo de las organizaciones partidarias y doctrinarias, pues su fidelidad es a los principios presentes en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, por lo que debe proteger y resguardar los derechos de todas y cada una de las personas, sin distinción ni discriminación por ninguna razón.

La frontera entre la opinión institucional y personal es porosa, y como seres humanos hay quienes han errado al jerarquizar su identidad ideológica sobre la de ser un defensor de derechos humanos. Por esta razón cualquiera que sea la opinión de los activistas sobre el desempeño del funcionario, si debería ser revocado o no, una organización como Provea debe abstenerse de tomar posición sobre la opinión de los electores que debería imponerse.

Siendo esto así, ¿cómo debería abordar una ONG un escenario revocatorio como el que está planteado en Venezuela? La respuesta es: Defendiendo el derecho que tienen los ciudadanos a solicitar su implementación y participar en el mismo, sin obstáculos inaceptables y en condiciones que sea respetada la decisión de la soberanía popular. En resumen, defendiendo el derecho a la participación de los venezolanos, que incluye que puedan solicitar referendos revocatorios contra funcionarios cuya gestión deseen evaluar.

Este enfoque es más que pertinente ante la actual ofensiva autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro, cuando ha sido casi desaparecidas las posibilidades que los ciudadanos sean consultados sobre decisiones que afecten a sus vidas. Por ejemplo el diálogo tripartito para estimar los aumentos del salario mínimo, que antiguamente incorporaban la opinión de los gremios patronales y sindicales, y que hoy es decidido unilateralmente por los personeros estatales. Un segundo ejemplo, la promoción de un proyecto como el Arco Minero del Orinoco, en donde se entregaría en concesión el 12% del territorio venezolano, sin realizar los requisitos constitucionales de consultar previamente, de manera libre e informada, a las comunidades indígenas que serían afectadas. Por ello los obstáculos a la posibilidad que sea activado un referendo revocatorio para evaluar la gestión presidencial deben inscribirse en las negativas e interferencias a que la democracia venezolana sea en realidad participativa y protagónica.

Las ONGs no somos neutrales ni pasivos ante la vulneración de derechos. Por ello nuestra participación institucional en el actual escenario revocatorio es acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de este derecho, exigiendo a las autoridades condiciones democráticas y aceptables para su efectiva realización. Cada uno de los miembros de estas asociaciones decidirá si, a título personal, participan o no en el proceso como un ciudadano más. Sin embargo, como organización debemos defender los derechos de quienes desean promover un referendo revocatorio, de quienes no lo desean e, incluso, los derechos del propio funcionario cuyo desempeño sería examinado, vigilando que el desarrollo del mecanismo se realice en condiciones institucionales equitativas e imparciales. (Correo del Caroní)

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