El derecho a evaluar la gestión

Rafael Uzcátegui

En un reciente comunicado la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés, solicitó a las autoridades electorales venezolanas condiciones para la realización de un referéndum oportuno. Para los poco conocedores del universo de las organizaciones sociales regionales, eso de “Oficina de Washington” puede prestarse a equívocos. Estamos hablando de una de las iniciativas progresistas de mayor prestigio dentro de los Estados Unidos, con una larga historia en revelar y condenar los abusos de la política exterior norteamericana hacia Latinoamérica. Por ejemplo, a comienzos de la década de los 80´s fueron de los primeros que señalaron los abusos cometidos por los denominados “Contras” en Nicaragua. Años más tarde cuestionarían los excesos de la “política anti-drogas” de la Casa Blanca en el sur del Rio Grande.

 

WOLA mantuvo expectativas con los progresos en materia social que se alcanzaron en los primeros años de gobierno bolivariano. Por ello, en el inicio de su pronunciamiento, expresan: “WOLA respeta los grandes avances que ha hecho el CNE en extender el derecho al voto a poblaciones anteriormente excluidas y la automatización del proceso en los últimos quince años”. No obstante, seguidamente agregan: “Sin embargo, estas condiciones, aunadas a los numerosos obstáculos en el proceso que las autoridades han creado hasta el momento, parecen estar injustamente diseñados para asegurar que tal referéndum no se produzca este año”.

 

Habla positivamente de un emprendimiento el mantenerse apegado a sus valores, aunque la crítica no consiga eco en su entorno. Donde otras organizaciones del continente han preferido callar, WOLA ha tenido la valía de llamar las cosas por su nombre: “WOLA insta a la CNE a respetar las normas constitucionales y usar su plena capacidad técnica para avanzar el proceso del referéndum de una manera oportuna”. La concreta lista de peticiones incluye que la recolección de firmas sea por jurisdicción nacional –que hoy sabemos ha sido negado-; el aumento del número de máquinas de votación y la modificación del cronograma para que la verificación de los resultados de la recolección de firmas se haga de manera oportuna. “Si todas las condiciones anteriores se cumplen –opinaron-, estamos convencidos de que, de superarse el 20% del electorado en la recolección de solicitudes del referendo revocatorio, a nivel nacional, el CNE podría organizar un referéndum revocatorio la primera quincena de diciembre”.

Mientras que anteriormente los períodos de gestión se entendían como cheques en blanco, en donde los servidores públicos tenían las condiciones favorables para toda clase de dislates, a partir de 1999 los venezolanos y venezolanas conquistamos el derecho a que en la mitad de su mandato pudiera activarse un mecanismo para que la soberanía popular pudiera evaluar el ejercicio de sus funciones

¿A cuenta de qué unos señores desde la capital de Estados Unidos opinan sobre la situación interna de nuestro país? Esto también lo responden asertivamente en su comunicado: “Como una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, WOLA no busca tomar posición en la política partidista, cosa que se debe reservar para los venezolanos. Más bien vemos un cercenamiento de un derecho humano fundamental, el derecho que tiene el pueblo de escoger a sus líderes y ejercer contraloría sobre ellos. El instrumento del referéndum revocatorio representa una expansión de los derechos políticos a raíz de la Constitución de 1999 y debe ser respetado. Instamos al CNE que garantice que el proceso del referéndum revocatorio se lleve a cabo apegado a las leyes y priorizando la expresión de la voluntad del pueblo”.
Dentro de todo lo interesante que resulta el comunicado de esta organización progresista norteamericana, se encuentra un elemento que curiosamente ha sido poco jerarquizado en la discusión endógena sobre el Referendo Revocatorio: Lo que motiva a este mecanismo es la posibilidad de la ciudadanía de evaluar la gestión de los funcionarios electos por voto popular. Mientras que anteriormente los períodos de gestión se entendían como cheques en blanco, en donde los servidores públicos tenían las condiciones favorables para toda clase de dislates, a partir de 1999 los venezolanos y venezolanas conquistamos el derecho a que en la mitad de su mandato pudiera activarse un mecanismo para que la soberanía popular pudiera evaluar el ejercicio de sus funciones. No es poca cosa esta posibilidad. Por ello lo que está en el fondo de los obstáculos, que están siendo colocados para la participación en la dinámica revocatoria, se encuentra la negativa del poder político a ser interrumpido en sus flujos de autopreservación.
Siendo este el único mecanismo de democracia directa presente en la Carta Magna, su defensa compete a todos los convencidos en la participación y protagonismo del pueblo en las decisiones sobre su destino. Si un funcionario realiza una buena gestión, no debería temer la posibilidad de ser valorado a la mitad del período de sus funciones. Se acabarían así los períodos de gracia y los contextos favorables para irregularidades de toda índole, saliendo fortalecida la llamada institucionalidad democrática, los canales mediante los cuales la gente común y corriente puede inmiscuirse en la cosa pública. (Publicado en Correo del Caroní)

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