Zach y Mann: abogados del CNE

Rafael Uzcátegui

Los venezolanos y venezolanas estamos viviendo momentos de desasosiego e incertidumbre. La cadena de acontecimientos se suceden sin parecer tener una hilación racional. Como un paciente desorientado ante una terapia de shock (que Naomi Klein describía sólo como propia de los gobiernos neoliberales), no terminamos de descifrar un acontecimiento cuando otro lo sustituye tanto en novedad como en escándalo.

No obstante, debemos escoger un hito para, a partir de él, intentar explicar la desencadenación posterior. Seleccionamos el 20 de octubre, fecha en la cual se suspendió el proceso del Referendo Revocatorio (RR), y que en la humilde opinión de este columnista el gobierno cruzó la frontera democrática para adentrarse en terrenos de la dictadura. Hay quienes opinan que ese día el gobierno activó un mecanismo leguleyo para ganar tiempo y poder llevar el RR a un terreno más favorable, hacerlo a partir del 15 de enero de 2017. Me puedo equivocar, pero sostengo que estamos ante una situación mucho más grave: El cumplimiento de las amenazas sobre la no realización de elecciones hasta que el gobierno pueda garantizar obtener resultados favorables. Y si esto es así, la dilación puede ser infinita. Usted pensará que lo mío es una exageración, pues el Consejo Nacional Electoral ya ha colocado fecha para la realización de elecciones regionales. Pues yo le respondo repitiendo las palabras recientes de Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano (OEV): No existe fecha de realización de comicios para gobernadores, sino el anuncio que el CNE podría, y recalco el verbo en condicional, podría generar condiciones para celebrar los comicios a finales del primer semestre de 2017. Y si usted piensa que esto resta a mi argumentación, como el experto electoral hizo, le recuerdo que similares declaraciones realizó Tibisay a comienzos de año sobre la posibilidad que las regionales se hicieran cuando legalmente deberían: Diciembre de 2016.

No sólo se cumplieron las amenazas, sino que el CNE nos ha dicho que ha abandonado los criterios técnicos que mantuvo, por lo menos, hasta el pasado 6 de Diciembre. Ese CNE, que se tomó todo el tiempo posible para realizar el proceso de depuración, contabilización y validación de ese 1% de “manifestaciones de voluntad”, nos anunció ese 20 aciago que el procedimiento que había implementado era insuficiente, y que más valía la opinión de tribunales menores, sin competencia electoral, para suspender el derecho a evaluar la gestión de Maduro. Si John Zach y Michael Mann, los apoderados legales de los famosos sobrinos, fueran abogados del CNE podría sostener que sus directivos son tan “estúpidos”, “novatos” e “inexpertos” que cayeron en una trampa tendida por la oposición venezolana. Lo cierto es que con su escueta nota de prensa, el CNE abandona el barniz de independencia que alguna vez tuvo y se somete a los designios del poder judicial, y con ello del propio Ejecutivo. @fanzinero

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