Nodos & Redes: El Salvador: Democracia de base contra la minería

El pasado 29 de marzo de 2015 un municipio salvadoreño realizó un singular ejercicio de consulta y participación democrática desde las bases. En Nueva Trinidad, a 94 kilómetros de El Salvador y con una población aproximada de 2.103 habitantes repartidos en 46,33 kilómetro cuadrados, ese domingo se realizó una “consulta popular” para determinar si la comunidad estaba de acuerdo con permitir o prohibir proyectos mineros en la localidad.

Según los datos del Ministerio de Economía, en El Salvador se encuentran activas actualmente 23 licencias para la exploración de posibles minas de oro y otros metales, repartidas en las zonas montañosas de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Morazán, San Miguel, La Unión y Cabañas. La posibilidad de negocios extractivos en el país es de tal magnitud que el Estado salvadoreño litiga una demanda de 301 millones de dólares impuesta por la internacional minera Pacific Rim/Oceana Gold ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (Ciadi), ente del Banco Mundial. Sin embargo, debido al impacto social y ambiental como consecuencia del desarrollo de estos proyectos, diferentes iniciativas y organizaciones populares se han movilizado para exigir detener la apertura de minas en sus territorios.

En el caso de Nueva Trinidad la petición de la consulta popular se realizó tras la coordinación de activistas comunitarios locales con la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, quienes conjuntamente solicitaron una ordenanza municipal que declarara al municipio como “territorio libre de minería”. Ya otras dos localidades habían realizado una elección similar: San Isidro Labrador y San José Las Flores, quienes ya negaron oficial, e institucionalmente, la minería en sus municipios. En Nueva Trinidad participaron en total 812 personas, un importante 61,85% de su padrón electoral. Los resultados fueron: 804 votos en contra de los proyectos extractivos, 2 votos nulos, 2 inutilizados y 4 a favor de la minería. Pudo más la identidad local, el sentido de pertenencia y la conciencia ecológicas que las promesas de “desarrollo”, “empleo” y “prosperidad” que ofertaron a los habitantes los operadores mineros.

El mapa de conflictos sociales actuales en América Latina coloca a las resistencias contra proyectos de megaminería y extractivismo de primero en la lista del causal de movilizaciones

Menos propaganda, más participación

En declaraciones amplificadas por los medios del país, el alcalde José Matías Ábrego afirmó que la consulta popular fue exitosa por la participación de la población. “Estamos dando cumplimiento a la petición del pueblo sobre la prohibición minera, estamos satisfechos”, señaló. Por su parte, Yanira Cortez, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) expresó: “La participación ciudadana es importante y por medio del mecanismo de la consulta previa, libre e informada, es uno de los requisitos mínimos para vivir en democracia. Y es por esto que la PDDH felicita al tercer municipio de Chalatenango, que lleva a cabo este acto que activó un mecanismo importante de participación y fortalecimiento de la democracia”. Marcos Gálvez, de la ONG Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, dijo que “a esta consulta popular la reviste una importancia muy grande” porque en el país no se ha “logrado” la prohibición de la minería desde la Asamblea Legislativa. “De lograr resultados mayoritariamente en contra de la minería, vamos a tener una ordenanza que la prohíba”, expuso.

La consulta contó con la participación de una delegación de 24 observadores internacionales de Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Inglaterra, y Nicaragua, una delegación de nueve representantes de la propia PDDH y observadores nacionales representantes del municipio de San José Las Flores, comunidad de Sensuntepeque, departamento de Cabañas. En total fueron alrededor de 50 observadores nacionales e internacionales.

Aprender de los procesos ajenos

El mapa de conflictos sociales actuales en América Latina coloca a las resistencias contra proyectos de megaminería y extractivismo de primero en la lista del causal de movilizaciones. Cada uno de los reconocimientos oficiales sobre el impacto negativo de mantener las venas del continente abiertas ha sido como consecuencia de la presión popular y la organización autónoma y beligerante de los sectores afectados. En Venezuela, con las mayores reservas petroleras y gasíferas del continente, paradójicamente ha quedado rezagada en este escenario. A nivel social porque es casi inexistente la discusión sobre las alternativas al desarrollo rentista, lo que como consecuencia ha traído parálisis en la dimensión formal: desde 1998 se han incumplido sistemáticamente los dos mecanismos que pudieran activarse para que la democracia participativa y protagónica fuera real en el caso de los proyectos mineros: 1) La obligatoriedad de realizar y difundir un estudio de impacto ambiental y 2) La promoción de consultas previas, libres e informadas a las poblaciones afectadas por dichas iniciativas. En este sentido tenemos mucho que aprender de lo que está pasando en nuestros países vecinos, donde, con menos espectáculo y propaganda, se están realizando experiencias de democratización y articulación desconocidas en la egocéntrica “Patria de Bolívar”. (Publicado en Contrapunto.com, abril 2015)

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