Carta Democrática para principiantes

Rafael Uzcátegui

El 11 de septiembre de 2001, durante el 28° período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americano, realizado en la ciudad de Lima, sus diferentes países miembros acuerdan la aprobación de un documento que expresara el compromiso de todos los países del continente con la democracia, es decir la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legítimamente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad. La resolución, que fue objeto de un paciente debate, era una herramienta de actualización e interpretación de la Carta fundacional de la propia OEA, dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional.

No era casualidad que este documento, titulado “Carta Democrática Interamericana”, fuera aprobado finalmente en ese país. El continente había experimentado los traumas de las dictaduras militares en varios de sus países, y una manera más refinada, pero no por ello menos grave, había sido experimentada por el Perú entre los años 1990 y 2000: La dictadura de Alberto Fujimori. Este país andino había sido testigo de cómo sin el preponderante protagonismo militar de otros años, en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, un gobierno elegido por la soberanía popular podía torcer las instituciones de la democracia para finalmente acabar con ella. Tras el retorno de la democracia al Perú, su primer presidente Alejandro Toledo se convirtió en el anfitrión de la reunión de la OEA que intentaba, como lo expresó su Secretario General de la época, el doctor César Gaviria, contar con un plan colectivo para responder si en alguno de los Estados parte su democracia se colocaba en riesgo, tratando de evitar que se repitiera la triste historia de dictaduras en América Latina.

este instrumento es un mecanismo de diálogo diplomático que complementa cualquier iniciativa local de restitución de la democracia.

Fue así como, de manera soberana, todos los Estados de la región consensuadamente aprobaron la creación de un mecanismo de cooperación mutua para ayudar al restablecimiento de la institucionalidad democrática donde fuera necesario.

El proceso de discusión de la Carta Democrática Interamericana duró aproximadamente un año. Sus primeros rastros se encuentran en la Declaración de Quebec, Tercera Cumbre de las Américas de abril de 2001. Dos meses después, en Costa Rica, se presentó un documento base para su debate, que se transformó en uno definitivo el 6 de septiembre en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, antes de ser aprobado en Lima.

Todo este proceso, como registran las minutas de las discusiones, contó con la participación entusiasta de Venezuela. Hugo Chávez siguió con atención el debate y ordenó a su embajador en la OEA, Jorge Valero, que introdujera en la discusión el término “democracia participativa”, como superior a la noción la democracia representativa. Salvo esta preocupación conceptual el Estado venezolano estuvo de acuerdo con la adopción de un mecanismo institucional para abordar, de manera multilateral, situaciones de ruptura democrática en la región. Una muestra de ello es que, en el año 2009, ante el golpe de Estado ocurrido en Honduras, Hugo Chávez ordenó a su canciller Nicolás Maduro que solicitará formalmente a la OEA el inicio de la implementación del mecanismo a este país.

La Carta Democrática Interamericana no contempla ningún tipo de medida intervencionista o de fuerza en el país sometido a su jurisdicción. Al contrario, como lo expresó César Gaviria “el texto recoge el sentido preventivo de la Carta en la referencia del uso de las “gestiones diplomáticas” y “los buenos oficios” en la medida que un gobierno lo requiera o lo solicite. Esta norma le da un sentido de gradualidad que nos permite contribuir con nuestras acciones a la preservación y fortalecimiento de la institucionalidad democrática”.

Por otra parte, este instrumento es un mecanismo de diálogo diplomático que complementa cualquier iniciativa local de restitución de la democracia. Como proceso, la Carta Democrática contempla una serie de acciones, como informes especiales, de las cuales la más grave es la suspensión del Estado del ejercicio de su derecho a la participación en la OEA, imposibilitándole de participar en cualquiera de sus diferentes organismos y grupos de trabajo. Inclusive si esta amonestación ocurre, la Asamblea General de la OEA continuaría realizando gestiones de carácter diplomático para la restitución de la institucionalidad democrática. Una de ellas es la posibilidad de realizar visitas al país, para que una delegación de la OEA pueda conversar con los diferentes actores para escucharlos en persona y presentar un informe de la situación, así como recomendaciones adicionales.

La aplicación de las sanciones diplomáticas presentes en la Carta Democrática necesitan del voto de las dos terceras partes de los Estados miembros. Y para que esto ocurra, la comunidad internacional debe estar lo suficientemente informada de la gravedad de la situación. Y esto ocurre, entre otras cosas, cuando los actores sociales emiten claramente mensajes sobre la ausencia de democracia en el país. (Publicado en Correo del Caroní)

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